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Empresas de Emilio Azcárraga litigan para no pagar impuestos por 1.8 mil MDP

Empresas de Emilio Azcárraga litigan para no pagar impuestos por 1.8 mil MDP

Dos empresas de Emilio Azcárraga –dueño de Grupo Televisa– litigan en tribunales para no pagar impuestos por 1.8 mil millones de pesos

A diferencia de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, dos empresas de Emilio Azcárraga Jean –dueño de Grupo Televisa– litigan en tribunales para no pagar impuestos por 1.8 mil millones de pesos, que adeudan desde 2014. Se trata de la casa de juegos y sorteos Play City, que debe al fisco 1.3 mil millones de pesos; y del equipo de futbol América, que adeuda 574 millones de pesos por pago de ISR. Ambos negocios –que implicarían un conflicto de interés, porque los resultados del equipo deportivo impactan en las apuestas– son altamente rentables: tan sólo entre enero de 2022 y septiembre de 2023, Play City obtuvo ingresos por 4 mil 719 millones de pesos; mientras que el club América ganó 3 mil 785 millones en ese mismo periodo. Además, la casa de apuestas mantiene abierto un juicio de amparo para que se declaren inconstitucionales los cambios normativos que aplicó el gobierno de López Obrador al sector de juegos y sorteos en noviembre de 2023

El dueño de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean no mantiene la misma filosofía que la empresaria María Asunción Aramburuzabala de devolverle a México –mediante el pago de impuestos– un poco de la riqueza generada. Y es que al menos dos de sus exitosas empresas litigan en tribunales para no pagar impuestos por 1.8 mil millones de pesos.

Tras dos auditorías fiscales, el Servicio de Administración tributaria (SAT) determinó que, en el ejercicio 2014, la casa de juegos y sorteos Play City omitió pagar impuestos por 1.3 mil millones de pesos a la hacienda pública; y el equipo de futbol América, 574 millones de pesos por ISR.

Ello, a pesar de que ambos negocios son altamente rentables: tan sólo entre enero de 2022 y septiembre de 2023, Play City obtuvo ingresos por 4 mil 719 millones de pesos; mientras que el club América ganó 3 mil 785 millones en ese mismo periodo, indica el reporte financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por el Grupo Ollamani, controlador de éstas y otras empresas de Azcárraga Jean.

El caso de Play City

Play City arrastra un adeudo con la hacienda pública por 1 mil 334 millones de pesos desde el ejercicio fiscal 2014. A pesar de la incertidumbre por este adeudo multimillonario y porque aún no se le renueva su permiso, la empresa de apuestas recientemente se separó de Grupo Televisa para poder cotizar en la BMV junto al club de futbol América.

En su informe financiero, Grupo Ollamani reportó una “contingencia fiscal de la compañía relacionada con el negocio de juegos y sorteos”. Al respecto, detalló que el Servicio de Administración Tributaria inició un procedimiento de visita domiciliaria a su casa de apuestas Play City el 1 de junio de 2016. Los auditores del SAT buscaban “comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en materia de las contribuciones federales como sujeto directo, así como en su carácter de retenedor”.

El Grupo Ollamani añade en su reporte financiero que el 24 de abril de 2017, Grupo Televisa –entonces tenedora de Play City– fue informada por la autoridad fiscal de “hechos y omisiones detectados durante el desarrollo del proceso de fiscalización, que pudieran entrañar el incumplimiento del pago de las contribuciones antes mencionadas”.

Para el 30 de mayo de ese mismo año, Grupo Televisa presentó un escrito al SAT con supuestos “argumentos” y “pruebas para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en la última acta parcial”. Sin embargo, el 21 de junio de 2019, el órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda notificó a Play City el resultado de la auditoría, con el que se determinó un crédito fiscal por 1 mil 334 millones de pesos por la falta del pago del IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios).

En vez de pagar los impuestos que le eran requeridos, en su información financiera el Grupo Ollamani detalla que “el 16 de agosto de 2019, se interpuso un proceso administrativo (recurso de revocación) ante el área Jurídica de las Autoridades Fiscales”. Recurso que perdió el 7 de enero de 2021.

De nueva cuenta, en vez de saldar el pago de los impuestos, “el 19 de febrero de 2021 se presentó ante la Segunda Sala Regional en Puebla del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un juicio de nulidad en contra de la resolución dictada en el recurso de revocación de referencia, misma que se encuentra actualmente pendiente de resolución”.

Al respecto, la empresa de Emilio Azcárraga reporta que “a la fecha de este folleto informativo, no hay elementos para indicar si el resultado puede ser adverso a los intereses de la compañía”.

Acerca de la rentabilidad del negocio, apunta que “durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022 y por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023, el negocio de juegos y sorteos generó ingresos por 2 mil 496.6 millones de pesos y 2 mil 223.8 millones de pesos, respectivamente. La participación de nuestros ingresos se obtiene en salas físicas en 96 por ciento y el negocio online el 4 por ciento para septiembre de 2023”.

De esos montos, reporta que la utilidad tan sólo en el segmento de juegos fue de 588.8 millones de pesos en el periodo de nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2023, en comparación con 446 millones de pesos por el periodo de nueve meses concluido el 30 de septiembre de 2022

El negocio

A pesar de que en otros países se considera conflicto de interés que un mismo grupo empresarial tenga negocios deportivos y de apuestas –por el riesgo de amaño–, Grupo Televisa consiguió que el gobierno del panista Vicente Fox le otorgara en 2005 –a través de su entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel– la licencia para operar apuestas y casinos. Esto le permite tener uno de los clubes de futbol con mayor afición al mismo tiempo que opera un sitio web destinado a las apuestas deportivas.

Según la nueva compañía de Emilio Azcárraga Jean, “la marca PlayCity es considerada una de las mejores marcas que operan en México, el cual está conformado por:

“a. 18 establecimientos que operan como casinos en 13 estados en México: Ciudad de México (tres); Nuevo León (tres); Jalisco (dos); Acapulco, Guerrero; Aguascalientes, Aguascalientes; Ciudad Juárez, Chihuahua; Culiacán, Sinaloa; Cholula, Puebla; Durango, Durango; Hermosillo, Sonora; Metepec, Estado de México; Tepic, Nayarit; y Xalapa, Veracruz. En total, dichos establecimientos cuentan con más de 6 mil slots o terminales de juegos. Con un promedio de visitas cercano a los 4 millones al año, en las salas también se ofrecen servicios de restaurante con alimentos y bebidas de servicio premium.

“b. Un sitio web playcity.com. a través del cual los clientes pueden ingresar apuestas deportivas y de casino en línea;

“c. Los slots o terminales de juegos son de Tipo Clase III, basados en juegos tradicionales generadores de números aleatorios y bingolLatino; se opera con 45 licencias de juego de marcas reconocidas internacionalmente en la industria tales como Bryke, Aristocrat, Zitro, Ainsworth, Cadillac, IGT, entre otras. Nos focalizamos en ofrecer productos de alta gama, lo último en juegos y gabinetes para un nivel socioeconómico ABC+. Asimismo, PlayCity cuenta con un exitoso y multi nivel plan de lealtad con más de 205 mil cuentas activas, con un perfil del cliente de nivel socioeconómico ABC+, todas las salas de casino son ubicaciones premium dentro o junto a centros comerciales de alto valor.”

Además, en su información financiera se da cuenta de la situación legal del negocio, al reportar lo concerniente al permiso para operar: “los casinos y el sitio web de apuestas deportivas y casino online operan bajo un permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación [en 2005], el cual, tiene una vigencia hasta 2030. De conformidad con el plan de apertura de establecimientos del negocio de juegos y sorteos de la compañía, la autoridad competente autorizó la apertura de hasta 45 establecimientos a más tardar en mayo de 2021. En caso de que en dicha fecha la compañía no hubiera abierto los 45 establecimientos señalados, el número de establecimientos autorizados se limitaría al número de establecimientos abiertos a ese momento. La compañía solicitó a la autoridad correspondiente una prórroga para la apertura de hasta 45 establecimientos, y se encuentra en espera de respuesta de la autoridad correspondiente”.

Acerca de esa solicitud de prórroga, Grupo Ollamani revela que para 2021 sólo contaba con 18 establecimientos abiertos, y Grupo Televisa “se vio imposibilitado para abrir establecimientos adicionales debido a las condiciones económicas adversas y de la pandemia de Covid-19”. Por ello, en ese año solicitó al gobierno del presidente López Obrador “una prórroga para la apertura de hasta 45 establecimientos, y se encuentra en espera de respuesta de la autoridad. No podemos asegurar que la prórroga solicitada sea otorgada”.

Y agrega que incluso si les fuera concedida esa prórroga, la apertura de nuevos establecimientos seguiría en la incertidumbre porque se requiere de una inversión importante, “lo cual podría afectar los resultados financieros de la misma. La compañía no puede predecir la manera en la que las regulaciones que rigen su negocio de juegos y sorteos podrían afectar sus resultados de operación”.

Play City se ampara contra reforma

La empresa encabezada por Emilio Azcárraga Jean mantiene abierto un juicio de amparo para que se declaren inconstitucionales los cambios normativos que aplicó el gobierno de López Obrador al sector de juegos y sorteos en noviembre de 2023.

Grupo Ollamani indica que “el 16 de noviembre de 2023, el presidente de México emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. El Decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF. Las modificaciones al Reglamento introducen varios cambios relevantes que podrían afectar esta industria”.

Al respecto, detalla que el decreto deroga la fracción VI del artículo 91 del Reglamento, el cual señalaba la modalidad de sorteos de números y símbolos a través de máquinas; y modifica el artículo 12 segundo párrafo del Reglamento para que se encuentren prohibidas mediante una nueva redacción equiparándolas a máquinas tragamonedas.

“En términos del segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento, las ‘máquinas tragamonedas’ se definen como ‘cualquier dispositivo a través del cual el usuario juega con una apuesta, mediante la inserción de dinero en efectivo o cualquier otra forma de pago con el propósito de obtener un premio’. Los permisos para la explotación de máquinas concedidos antes de la entrada en vigor del Decreto seguirán siendo válidos en sus términos”.

Además, este cambio normativo establece que los permisos tendrán un plazo mínimo de un año y un plazo máximo de 15 años. “Anteriormente, los permisos tenían un plazo máximo de veinticinco años. Sin embargo, el decreto especifica en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio que ‘los permisos de establecimientos que se encuentren en funcionamiento actualmente que incluyan actividades no consideradas en el presente decreto se respetarán en sus términos, siempre que no excedan la vigencia prevista en el artículo 33, fracción I, de este Reglamento. De exceder este plazo, la vigencia del permiso se entenderá de 15 años improrrogables, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación”.

Por ello, el 14 de diciembre de 2023, Play City interpuso una demanda de amparo indirecto, “en el cual se reclaman las afectaciones que por su sola entrada en vigor conllevan las reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento”. El Grupo Ollamani añade que el Poder Judicial ya admitió la demanda, en la que se solicita que “se declaren inconstitucionales los artículos modificados del Reglamento, y en consecuencia se desincorporen de nuestra esfera jurídica para que no nos sean aplicados. Ya que se traducen en una prohibición a la realización de ciertos sorteos, que se consideran inconstitucionales, por contravenir el principio de subordinación jerárquica, pues de conformidad con la Ley Federal de Juegos y Sorteos, estos están permitidos en sentido amplio”.

Además, indica que el 15 de enero de 2024 y en ese mismo proceso legal, Play City pidió la suspensión provisional de los actos reclamados, y que tan sólo un día después, el Poder Judicial favoreció a la casa de apuestas: “el 16 de enero del 2024 se resolvió de manera favorable la suspensión provisional solicitada, en el sentido de que se nos permita continuar llevando a cabo nuestras actividades como lo veníamos haciendo, debiendo cumplir con las disposiciones anteriores a la publicación del Decreto impugnado”.

Y añade que “el 23 de enero 2024, se concedió a la compañía la suspensión definitiva y con esto se reafirman los criterios otorgados en la suspensión provisional”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

El Club América

En el caso del club América, se reporta una “contingencia fiscal de la compañía relacionada con el negocio de fútbol. El 19 de junio de 2020, la autoridad fiscal inició un procedimiento de visita domiciliaria a una subsidiaria indirecta de la Compañía que lleva a cabo operaciones en el negocio de futbol, con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, en materia de las contribuciones federales como sujeto directo retenedor”.

Agrega que el 18 de mayo de 2021, el SAT informó al equipo deportivo las omisiones fiscales detectadas en el proceso de fiscalización “que pudieran entrañar el incumplimiento del pago de las contribuciones antes mencionadas”. Para el 15 de junio de ese mismo año, el América presentó un escrito a la autoridad en el que asegura que “se hicieron valer argumentos y se ofrecieron pruebas para desvirtuar los hechos u omisiones consignados en la última acta parcial”.

No obstante, para el 8 de diciembre de 2022, el SAT le notificó el resultado de la auditoría “determinando un crédito fiscal por la cantidad de 574 millones de pesos en materia de ISR. En contra de tal determinante, la subsidiaria interpuso recurso de revocación ante el área Jurídica de las Autoridades Fiscales, mismo que se encuentra actualmente pendiente de resolución. A la fecha de este folleto informativo, no hay elementos para indicar si el resultado pudiera ser adverso a los intereses de la compañía”.

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