Hay pruebas claras de discriminación en el caso de Sonora Grill, aseveró la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, indicó, la sucursal de Masaryk, en Polanco, podría ser acreedora de una sanción. El anuncio lo dará Geraldina González de la Vega Hernández, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Copred).
“Recientemente, me dijo la directora de Copred que va venir una resolución sobre el tema del Sonora Grill importante, porque no ha habido la cooperación que se esperaba que iba a haber”, adelantó la mandataria. Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la doctora Sheinbaum Pardo recordó que la capital es una ciudad de derechos, por lo que “no se puede tolerar el racismo, el clasicismo, ni cualquier tipo de discriminación hacia ninguna persona”.
En ese sentido, indicó que seguirán siendo revisados y atendidos por la Copred los casos de discriminación por parte de los dueños o personal en los establecimientos mercantiles. Recordó que en caso de algún abuso, las víctimas de cualquier tipo de discriminación pueden acercarse al Consejo para ser apoyados.
Fue en agosto de 2022 cuando la sucursal Sonora Prime-Masaryk fue denunciada por presuntos actos de discriminación. A través de redes sociales, usuarios señalaron que en el establecimiento los comensales eran asignados en zonas según su color de piel, forma de vestir y aspecto físico. El restaurante presuntamente se dividía en dos secciones: Gandhi y Mousset. En Gandhi eran asignados los comensales no caucásicos.
La empresa Sonora Grill Group negó que al interior de sus establecimientos se llevarán a cabo prácticas racistas o de discriminación. “A lo largo de 18 años nos hemos desarrollado como un grupo en el que impera el respeto, la inclusión, el servicio y el amor a nuestro país como pilares fundamentales. En congruencia con ello, desde nuestra área de cumplimiento, trabajamos intensamente para generar un ambiente inclusivo, tanto para nuestros clientes, como para nuestro equipo de trabajo”. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que sí existen esas prácticas violatorias de los derechos humanos, según adelantó la jefa de gobierno.
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