Más de 81 millones de pesos que la Federación entregó al gobierno de Chiapas para el sector educación se ejercieron de forma irregular. La ASF documentó desde pagos a trabajadores muertos hasta la asignación salarial de algunos docentes como si fueran directivos, en una de las entidades con los peores indicadores sobre rezago educativo
Al menos hasta enero de 2020, el gobierno de Chiapas –hoy a cargo del morenista Rutilio Escandón– no había logrado esclarecer el ejercicio de 81 millones 745 mil 945 pesos del presupuesto federal, destinados al sector educación en 2018. Y es que entre las múltiples irregularidades que van desde pagos a trabajadores muertos hasta la asignación salarial de algunos docentes como si fueran directivos.
Las anomalías constan en tres informes sobre el desempeño de la Secretaría de Educación de Chiapas (Sech), y otras dependencias estatales, que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estas deficiencias se evidencian en una entidad con los peores indicadores sobre rezago educativo. En entrevista, el doctor en demografía Gerardo Núñez Medina explica que Chiapas tiene la tasa de escolaridad más baja de México: “es de 7 años en promedio mientras que la Ciudad de México anda por 11 años”.
El académico del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Uach), experto en temas como analfabetismo y pobreza, expone que los problemas del sector educación impactan en otras áreas de desarrollo, como salud o empleo, generando “un círculo vicioso muy difícil de romper”.
La primera auditoría, 2018-A-07000-19-0640-2019, explora el uso de los 18 mil 748 millones 595 mil pesos que el gobierno de Chiapas recibió, para 2018, del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone). En este caso, la ASF advierte que el probable daño a la Hacienda asciende a 28 millones 69 mil 190 pesos.
Este monto se compone de varias observaciones, partiendo de un monto que no fue regresado a pesar de que no llegó a usarse. La ASF determinó que 57 millones 69 mil pesos no fueron ejercidos y, aunque la mayoría de estos recursos fueron devueltos a la Tesorería de la Federación, “quedaron pendientes de reintegrar 6 millones 294 mil 900 pesos”.
En lo que respecta a pagos a trabajadores del sector educación, la ASF documentó un caso en el que la Secretaría de Educación de Chiapas (Sech) realizó cinco pagos, por un total de 69 mil 89 pesos, a un empleado adscrito en un centro de trabajo inactivo.
La Sech también concretó 652 pagos, por un monto total de 3 millones 429 mil 782 pesos, a 91 trabajadores comisionados a la Sección 7 del SNTE-CNTE, “en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de la Ley General del Servicio Profesional Docente”.
Otros 434 pagos, por un total de 1 millón 698 mil 439 pesos, fueron efectuados a 48 trabajadores que se encontraban durante un periodo de licencia sin goce. La ASF detalla que estos contaban con 89 plazas en 50 centros de trabajo.
El monto más grande, 7 millones 53 mil 168 pesos, corresponde a 2 mil 178 pagos efectuados a 478 trabajadores después de haber sido dados de baja de la dependencia.
La ASF también evidenció que la Sech pagó a 23 trabajadores que contaron con un cargo de elección popular durante el ejercicio fiscal 2018. Por este motivo se presume un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 3 millones 839 mil 160 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación.
Por último, este informe de auditoría documenta 951 pagos, por 5 millones 684 mil 600 pesos, que se realizaron a 79 trabajadores que habían sido identificados como decesos, es decir que habían fallecido en 2018 o incluso antes.
Una segunda auditoría, 2018-A-07000-19-0624-2019, informa sobre el uso que se dió a los 2 mil 32 millones 610 mil pesos que el gobierno de Chiapas recibió para el programa Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. De su ejercicio, se presume un daño a la Hacienda por 1 millón 856 mil 582 pesos.
El monto corresponde a pagos que deberían haber sido cancelados. Después de que la Secretaría de Hacienda de Chiapas autorizó 418 licencias con goce de sueldo y otras 29 sin este beneficio, y efectuó la baja correspondiente, llegó a pagar 9 millones 731 mil pesos a 69 personas. Aunque la ASF identificó que se llegaron a cancelar cheques por un total de 7 millones 875 mil 300 pesos, advierte que no se aclaró el destino de 1 millón 856 mil 600 pesos restantes.
La tercera auditoría, 2018-A-07000-19-0629-2019, corresponde a la revisión de los 560 millones 723 mil pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) aportados por la Federación al gobierno de Chiapas durante el ejercicio fiscal 2018.
La ASF presume un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 50 millones 782 mil 81 pesos. Esto porque aunque la Secretaría de Finanzas y Administración de Chiapas no llegó a pagarlos, tampoco los reintegró a la Tesorería de la Federación.
Finalmente, este informe de auditoría evidenció que se usaron 1 millón 38 mil 92 pesos del programa ETC para realizar 340 pagos en exceso: a personal docente se le pagó como si fuera directivo, en claro incumplimiento de la normativa.
Consecuencias del rezago
Las irregularidades detalladas se enmarcan en un contexto de rezago educativo crónico en el estado. Para analizar el problema, el doctor Gerardo Núñez Medina parte de un factor demográfico básico: “En Chiapas aproximadamente 30 por ciento de población es indígena y al menos 10 por ciento es monolingüe. Esa configuración vuelve muy complicada la aplicación de cualquier política pública”.
En entrevista, explica que la entidad tiene los problemas más graves para acceder a servicios básicos como agua, alcantarillado o luz eléctrica. Detalla que las carencias se agudizan en el área rural, y aún más en las comunidades indígenas.
“Chiapas tiene un gran rezago y si nos enfocamos al sector educación, aproximadamente 40 por ciento de las escuelas son multigrado, hablo de primarias, secundarias y bachilleratos. Eso quiere decir que en la primaria hay un solo profesor para los seis grados o a veces dos: uno para los primeros tres grados y otro para los últimos tres. Además, el profesor llega el martes a la comunidad y el jueves se regresa, si tienen tres días efectivos de clase son muchos”, lamenta.
En estas condiciones, el académico de la Uach observa que otra de las principales deficiencias del sistema educativo chiapaneco es la asignación de profesores que solo hablan español a primarias multigrado en comunidades indígenas donde una parte de los estudiantes solo habla su lengua originaria.
“Si no entienden el español, los niños simplemente se aburren y se van. La tasa de escolaridad del nivel educativo en Chiapas es la más baja en México (7 años en promedio). Y si revisas el nivel educativo de la población indígena es de como 3 años. No pueden terminar ni la primaria y es por esto: no entienden al profesor”, comenta.
Gerardo Núñez Medina también lamenta que la ausencia de políticas inclusivas tiene como consecuencia que la población indígena no pueda aspirar a cursar una carrera. “Tienen posibilidades nulas de acceder a una educación superior y mucho menos de llegar a una universidad como la UNAM o el IPN. Y no solo a universidades nacionales sino también a la Universidad Autónoma de Chiapas o a algún instituto politécnico de por aquí. No es ni siquiera el 3 por ciento de población indígena la que tiene acceso a la educación superior del estado de Chiapas”, señala.
En opinión del académico, “la administración de Rutilio [Escandón, gobernador del estado] ha quedado mucho a deber en materia de educación y de salud. Es un hombre que vestía la cuarta transformación (4T) pero no hace absolutamente nada en Chiapas. El sindicato de educación sigue con las mismas mañas y los operadores políticos en educación siguen siendo los mismos que en la época del PRI, solo les cambió la etiqueta pero los de arriba siguen siendo los mismos”.
“Ni se combate a la corrupción ni se mejora la política pública. Solo se aplican las políticas federales de la 4T y, cuando tienes suerte, llegan a tu comunidad. Pero no hay políticas implementadas desde el gobierno estatal. Ninguna política clara de que este estado ya cambió y está con la 4T, en ningún área”, concluye.
Contralínea solicitó desde el 9 de julio de 2020 una entrevista con la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, mediante la Dirección de Prensa del gobierno de Chiapas. Aunque se prometió tramitar la solicitud, el encargado dejó de contestar el 21 de julio.
