Anoche, el Senado de la República aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas y se modifica la Ley General de Aguas Nacionales. La votación, avalada por Morena y aliados –PT y PVEM–, se realizó con la dispensa de todos los trámites, sin dictaminar en comisiones y sin aceptar ninguna de las modificaciones planteadas por todas las bancadas de los grupos parlamentarios. Esto, pese a las más de 40 reservas presentadas por legisladores.

En medio de confrontaciones entre senadores de la cuarta transformación y de la oposición, la minuta de reforma se aprobó con 85 votos a favor y 36 en contra; por lo que el dictamen fue turnado anoche mismo al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Con ello, el Congreso de la Unión culminó uno de los procesos legislativos más cuestionados por diversos sectores, que se oponían a los cambios planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, el centro de la iniciativa de reforma es la persona y no los grandes acaparadores del líquido vital. Señaló que la iniciativa crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, por lo que consideró que esta nueva legislación se convierte en la mayor aliada de los productores y campesinos del país. La propuesta, añadió, “elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.

Por su parte, la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el proyecto convierte el agua en un instrumento de “manipulación política y electoral”, debido a que dota al gobierno federal de la posibilidad de decidir, “de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”, lo que demuestra que es “peligroso” para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.

Sin embargo, la legisladora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), desmintió dichos señalamientos. Afirmó que la nueva legislación reconoce y otorga personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, al brindarles derechos y obligaciones claras. Asimismo, explicó que la reforma garantiza la transmisión expedita de derechos en casos de herencia, compraventas o sucesión, lo que protege el patrimonio de familias campesinas. Además, subrayó que la norma define el “uso agropecuario familiar” para resguardar la economía de subsistencia y establece con claridad la diferencia entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales.

El documento, enviado por la primera mandataria para hacer frente a las reformas del expresidente Carlos Salinas de Gortari, define el contenido del derecho humano al agua y establece las disposiciones necesarias para garantizar su acceso equitativo y su uso sustentable. Asimismo, promueve, respeta, protege y garantiza este derecho para consumo personal y doméstico, así como para su acceso, disposición y saneamiento, en concordancia con la Constitución y con los tratados internacionales suscritos por el país.

Además, la reforma plantea las instancias, instrumentos y procedimientos mediante los cuales la Federación, los estados y los municipios participarán en la tutela del derecho humano al agua. Y establece los mecanismos e instancias de participación ciudadana para el acceso equitativo y el uso sustentable del vital líquido.