FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM
Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales. Quien fuera mano derecha de Felipe Calderón robó más de 745 millones de dólares del erario de la nación, mediante contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina, documenta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El presunto quebranto multimillonario a la Hacienda Pública ocurrió en los sexenios de Felipe Calderón –cuando las empresas obtuvieron 10 contrataciones– y de Enrique Peña Nieto –29 contrataciones ilícitas–, y también implica al gobierno de Miguel Ángel Mancera –con un contrato–, documenta la UIF.
El dinero obtenido ilegalmente se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses, acusó el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad, e la conferencia presidencial de este 9 de febrero.
“Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares. Y sigue el examen de otras operaciones: no hemos terminado”, señaló Gómez Álvarez.
Las empresas implicadas en las 30 contrataciones fueron: Nice Systems, Ltd; NUNVAV, Inc; NUNVAV Technologies, Inc; GLAC. Los contratos fueron asignados en el sexenio de Felipe Calderón desde la Policía Federal, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; y en el sexenio de Enrique Peña, del Cisen, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Los contratos implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745 millones 879 mil 384.78 dólares (unos 14 mil 171 millones 708 mil 310.82 pesos a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar).
Al respecto, el titular de la UIF expuso que “estos beneficios fueron transferidos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes muebles e inmuebles”. Añadió que también hay otros activos en territorio estadunidense, en el estado de Florida.
Pablo Gómez explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos. Por ello, concluyó que el daño a la nación ascendió a más de 745 millones de dólares.
El titular de la UIF detalló que la red está conformada por el propio García Luna, por su esposa Linda Cristina Pereyra de García Luna, y por: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Todos ellos fueron demandados por el Estado mexicano ante el Tribunal de Florida, en el juicio para que el país pueda recuperar los recursos defraudados a la Hacienda Pública.
“Hay una lista de 44 empresas que fueron utilizadas en esta trama de corrupción. Voy a mencionar, no todos los contratos puesto que son muy largos, pero vamos a poner como ejemplo de lo que estamos hablando el uso que se le dio a estos recursos por parte del grupo empresarial que tiene su sede en los Estados Unidos y que fue organizado por García Luna para llevar a cabo todas estas contrataciones que resultaron ser ilícitas durante el tiempo que este individuo fue servidor público y durante los seis años posteriores. En total, 20 años”, indicó Gómez. Se trata de las siguientes personas morales.
García Luna y el resto de personas físicas y morales que integran su red de corrupción se encuentran actualmente en la lista de personas bloqueadas. Además, explicó, desde el 24 de diciembre de 2019 la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra quienes participaron en esta confabulación, por hechos relacionados con delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero.
Respecto de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, el titular de la UIF explicó que ésta se presentó el 21 de septiembre de 2021. Además, dijo, tiene por objetivo “la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al Estado de nuestro país. El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York”.
Asimismo, Pablo Gómez aseguró que en México los procesos penales siguen su curso “y el gobierno espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante 20 años, incluyendo dentro de estos los seis años del gobierno anterior en que siguió operando esta red de corrupción de García Luna, cuando ya no era servidor público”.
Al el modus operandi del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, la UIF descubrió que para lavar los más de 745 millones de dólares defraudados al erario nacional, la red de corrupción de García Luna empleó paraísos fiscales.
En la conferencia presidencial del 9 de febrero, el titular de la UIF explicó que García Luna y sus cómplices triangularon el dinero a paraísos fiscales de El Caribe, especialmente a Barbados, y de ahí a Estados Unidos. “El gobierno de México ha bloqueado, en el caso de García Luna, solamente 29 millones 920 mil 195, puesto que una de las características de esta trama de corrupción es que el dinero se lo llevaban a Estados Unidos a través de países de El Caribe, principalmente Barbados, en donde la mayor parte del dinero se fue rumbo a Miami, Florida”, afirmó Pablo Gómez.
Agregó que “no tenían recursos en el sistema financiero mexicano, sino que usaron el sistema financiero para sacar los recursos que cobraban en los contratos que García Luna promovía que se hicieran con las dependencias públicas de México”.
Al respecto, Gómez criticó que se llegó al extremo de que al gobierno de la Ciudad de México [en el tiempo en el que gobernaba Miguel Ángel Mancera] “le cobraron una cantidad relevante [26 millones 666 mil 666.6 dólares] por un reconocimiento de adeudo de un contrato que nunca fue firmado y que no existió jamás”. El titular de la UIF dijo que esto ya fue denunciado y las autoridades capitalinas le están dando seguimiento porque tiene un origen en el presupuesto local. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera ha dado toda la asistencia y toda la información al gobierno de México.
El caso que se sigue en Estados Unidos para la recuperación de bienes implica más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo, que forman parte de los bienes inmuebles y muebles ligados a García Luna. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida.
Al respecto, Pablo Gómez dio a conocer que las propiedades aseguradas judicialmente en ese procedimiento civil contra la red de corrupción presuntamente encabezada por García Luna son:
En total, esos bienes implican un monto por 17 millones 930 mil 402 dólares. Agregó que también hay una serie de bienes muebles por 21 millones 725 mil 419 de dólares que fueron vendidos antes de que iniciara el juicio promovido por el gobierno mexicano, “pero que, de todas maneras, forman parte del juicio para ser recuperados”, indicó Gómez.
De acuerdo con la UIF, entre los automóviles que fueron comprados con el dinero defraudado al pueblo de México están: “un Fiat 500 2013, un Royce Royce 2013, un Ferrari F430, un GMC Terrain de 2006, un Ferrari California 2017, un Maserati Levante 2017, un Jeep Limited Rubicon, un Audi 4, un Lamborghini. Están ustedes viendo de lado izquierdo el nombre del que aparece como propietario y todos están en la trama, todas las personas. Un Jeep Grand Cherokee, un Cadillac Escalade Premium 2015, un Mini Cooper, un Toyota 2015, un Honda Elements, un remolque, un Smart, otro Lamborghini Huracán, un Tesla, un Mercedes Benz 2005, un Land Rover de 2018, un Toyota Camry, un Sea Ray, un Mercedes Benz 2011, un Bentley convertible continental, una embarcación Scout de 2014, un Fiat Cabriolet, un Mazda, un Ford Mustang 1970 de colección, un Mercury Montego 75 también, un Ford Mustang también de colección 1967, otro del año 69, otro del año 70, otro más del año 70.
Además, se localizó una motocicleta Harley-Davidson de 2007, otra más de 2009, un Ford Mustang 1970, un Ford Mustang de 1968 también de colección, un Mercedes Benz 2012, otro Mercedes Benz 2010, un Jaguar sedán 2011 y una motocicleta de lujo.
Ésta, dijo Pablo Gómez, “es una lista todavía parcial, es producto de una serie de investigaciones completamente comprobadas que se han realizado porque con el dinero que se robaban compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado de todos los que intervinieron en esta trama.
Estos han sido asegurados por las autoridades del vecino país del norte a solicitud del gobierno de México y como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, explicó Gómez esta mañana en la conferencia presidencial”.
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