En Guerra Sucia y “guerra” de Calderón aumentaron desapariciones forzadas

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, especialistas en derechos humanos señalan que, en México, este delito se ha cometido con mayor énfasis en dos periodos: la Guerra Sucia, bajo administraciones del Partido Revolucionario Institucional, y la supuesta “guerra” contra el narcotráfico del panista Felipe Calderón

En la Guerra Sucia –de 1965 a 1990– y la supuesta “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón Hinojosa, las desapariciones forzadas en México aumentaron, señalan especialistas en derechos humanos. No obstante, ni la sociedad civil ni el gobierno cuentan con estadísticas acerca de este delito, considerado una violación grave a los derechos humanos y crimen de lesa humanidad.

De acuerdo con los registros del Comité ¡Eureka! y datos recabados por la organización HIJOS, por lo menos se cuentan 562 personas desaparecidas de manera forzada en el país, es decir, que involucran a agentes del Estado. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.

Las centenas de casos tienen rostro. Por ejemplo, el 19 de octubre de 1974 tropas militares detuvieron y desaparecieron al campesino Leonardo Bello Ramos, en Tecpan de Galeana, Guerrero. Al día siguiente son detenidos y desaparecidos: el expolicía Francisco Argüello Villegas y Heliodoro Mondragón Medina, en Tecpan de Galeana y Acapulco, respectivamente, indica el Informe sobre la violencia política de Estado en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otro caso es el de Rafael Castro Hernández, a quien se le vio por última vez después de ser aprehendido por agentes de la Brigada Blanca en la colonia Granjas Guadalupe, de la Ciudad de México. Su familia lo busca desde el 18 de noviembre de 1976, según datos de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los derechos Humanos en México (Afadem). De acuerdo con la CNDH, Castro era uno de los principales dirigentes del Partido de los Pobres. Como resultado de la tortura a la que es sometido, se producen las detenciones y desapariciones de Humberto Cabañas Alvarado, Carlos Alberto Benavides Alcocer, Margarito y Juan Castillo Iturio y Ramón Iturio Fierro.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación –que se actualiza cada cinco minutos– indica que en México hay 105 mil 57 personas desaparecidas o no localizadas entre 1964 y hasta el mediodía del 29 de agosto de 2022. La cifra no desglosa cuántas de éstas son víctimas de desaparición forzada.

El número aumenta día con día gracias a la cultura de la denuncia promovida desde las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, así como de las instancias del gobierno federal, como la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahora, los familiares de personas ausentes utilizan esta herramienta para apoyarse y dar con el paradero de sus seres queridos, expone Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Afadem.

De acuerdo con la contabilización del RNPDNO, el periodo de la llamada Guerra Sucia, donde gobiernos priístas reprimieron militar y políticamente a sus opositores, se registran 945 desaparecidos o no localizados, aunque oficialmente no se identifica cuántos de ellos son víctimas de servidores públicos.

Otro de los casos documentados por la Afadem corresponde a Diógenes Hernández Martínez, a quien se le dejó de ver en Tecpan de Galeana, Guerrero, el 1 de septiembre de 1974. También la de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el 24 de mayo de 1995.

Día Internacional

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En esta fecha se reconoce que este delito “se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”.

De acuerdo con la ONU, “la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”.

Datos de la Secretaría de Gobernación indican que de 1964 –año que asciende al poder Gustavo Díaz Ordaz al frente del Ejecutivo Federal, y a quien se le acusa de la matanza estudiantil ocurrida en la Plaza de Tlatelolco en 1968–, hasta el 2000 –en que se da la alternancia en el poder con la victoria del panista Vicente Fox Quesada– hay un total del 1 mil 191 desaparecidos en el país, sin que se determine cuántos de ellos tienen el carácter de desapariciones forzosas.

Con la llegada de Fox Quesada y la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado inició el incremento de denuncias. Al concluir su administración se daba cuenta de 1 mil 372 personas sin localizar en México.

Después de haberse llevado a cabo un fraude en las urnas durante la elección presidencial de 2006, asumió el mando del Poder Ejecutivo Felipe Calderón Hinojosa el 1 de diciembre de ese mismo año. Once días más tarde, el abogado panista declara la guerra contra el narcotráfico y las cifras de desaparecidos comienzan a elevarse: 2 mil 959, en 2007; 3 mil 189, en 2008; 4 mil 749, en 2009; 7 mil 328, en 2010; 10 mil 832, en 2011 y 10 mil 747, al terminar su administración. Un total de 39 mil 804. De éstos, también se desconoce cuántos fueron cometidos por autoridades y por tanto son crímenes de lesa humanidad.

No obstante, hay casos documentados donde no queda duda de que son violaciones graves a derechos humanos. Por ejemplo, la desaparición por parte del Ejército Mexicano de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes formaban parte del Ejército Popular Revolucionario, ocurrida en 2007. Apenas el 12 de agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Sedena que colabore en el esclarecimiento y búsqueda de estos dos desaparecidos, con la apertura de sus cuarteles.

El presidente priísta Enrique Peña Nieto continuó con la política heredada de Calderón Hinojosa y las cifras siguieron con tendencia al alza: 17 mil 615, en 2013; 17 mil 879, 2014; 13 mil 426, en 2015; 14 mil 617, 2016; 17 mil 301, en 2017, y 17 mil 85 desaparecidos o no localizados al final de su sexenio. Se desconoce cuántos fueron de forma forzosa.

El caso más emblemático de ese gobierno es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Por estos hechos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó una Comisión de la Verdad, misma que ya determinó que se trató de un “crimen de Estado”.

En el contexto de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones especiales: Comisión de la Verdad para la guerra sucia y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en el periodo de 2018 a 2022, las denuncias de desapariciones aumentaron a 80 mil 203, gracias al fomento del ejercicio de la denuncia y a la creación de la plataforma que permite el registro de las víctimas sin la exposición inmediata del denunciante, comentan especialistas en la defensoría de los derechos humanos. De éstos, tampoco se identifica cuántos son forzosamente.

Cifras oficiales podrían triplicarse

El abogado Sandino Rivero –del despacho Rivero y Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos– indica que la cifra de desaparecidos y no localizados podría ser tres veces mayor a la registrada. “Realmente, la cifra oficial no se acerca porque muchos casos no fueron denunciados y antes no se podía registrar a una persona desaparecida ante la Comisión Nacional de Búsqueda, como se hace actualmente.

“Dependía mucho si los familiares presentaban denuncia, cómo iniciaban esta denuncia en las fiscalías, porque seguramente, antes las iniciaban como secuestro, privación ilegal de la libertad, cuando todavía no existía el delito tipificado, por eso es que muchas organizaciones hablan de tres veces más la cifra oficial”, explica.

El abogado defensor de los derechos humanos comenta que la “naturaleza de las desapariciones forzadas es desaparecer al enemigo, a quien disiente, quien piensa diferente y no solamente a los grupos armados insurgentes. También, la desaparición [forzada] se cometía en contra de civiles que no habían decidido tomar las armas; por ejemplo en la década de 1960 y 1970, se trata de obreros organizados, estudiantes, quienes llevaban una forma de lucha distinta”, expone.

Para Sandino Rivero, una de las etapas más crueles en materia de desaparición forzada fue la llamada Guerra Sucia, pero después viene una época que se da en el contexto de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico de Calderón, “que exponencialmente todos sabemos cómo se elevó el nivel de desapariciones, tal vez ya no en un contexto de gente que disentía pero sí, incluso, me parece que entre grupos de la delincuencia organizado la han ocupado como un método de mandar un mensaje al enemigo”.

Por ello, indica: “no dudo que el Estado, incluso, por acción y omisión, puede estar involucrado en muchas de estas desapariciones; independientemente de eso, sigue habiendo desapariciones políticas actualmente o que se cometieron hace pocos años: está el tema de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que es el más claro; también, el asunto de Edmundo y Gabriel que la Suprema Corte resolvió”.

El defensor de derechos humanos indica que en esta administración es donde se ha visto un cambio con el trabajo del día a día de la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de los estados, como las de Jalisco y Nayarit. “Son muy proactivos los equipos y las personas que dirigen. Me ha tocado una experiencia grata porque realmente hay un compromiso y tiene que reconocerse, donde no hay un compromiso, porque además no se quieren coordinar, y creo que tiene que ver con los celos institucionales, son las fiscalías de los estados, que dicen que el trabajo lo tienen que hacer las comisiones de búsqueda y que a ello sólo les toca investigar”.