En México operan tres sistemas de vigilancia con reconocimiento facial

Aunque los sistemas de reconocimiento facial son violatorios de los derechos humanos, en México operan tres plataformas de vigilancia con esa tecnología, revela el micrositio “Reconocimiento Facial en América Latina”. En total, están involucradas 390 cámaras que recaban datos biométricos de forma masiva e indiscriminada, mismos que se comparan contra bases de datos de seguridad y el padrón electoral. Las empresas proveedoras son: Telmex, Hanwa, Micofocus, Hikvision, Integra Technologies y Dahua

En México operan tres plataformas de vigilancia con reconocimiento facial, revela la investigación Iniciativas mapeadas, del micrositio “Reconocimiento Facial en América Latina”. Este tipo de tecnología ha sido señalada por violar los derechos humanos, pues recaba datos biométricos –considerados altamente sensibles– de forma masiva e indiscriminada.

Los tres sistemas de videovigilancia involucran el uso de 390 cámaras, y utilizan los datos biométricos –recabados sin el consentimiento de las personas– para comparar los rostros con bases de datos de seguridad e, incluso, con el padrón electoral.

Se trata del Centro de Comando y Control (C29) de la Central de Abastos de la Ciudad de México (que opera 50 cámaras); el Sistema de Video-Inteligencia de Coahuila (éste involucra 300 cámaras); y el Proyecto de Videovigilancia Urbana Integral con Tecnología Analítica del municipio de  Aguascalientes (con 20 cámaras).

La investigación refiere que los proveedores de esta tecnología son: Telmex, Hanwa y Micofocus, en el caso de la Central de Abastos; Dahua, en el sistema de Coahuila; y Hikvision e Integra Technologies, en Aguascalientes.

Realizado por el consorcio de organizaciones civiles Al Sur, el estudio da cuenta de 38 sistemas de reconocimiento facial en nueve naciones de América Latina, incluidos los tres de México. Al respecto, alerta que este tipo de sistemas conlleva la recolección y el tratamiento de datos altamente sensibles, como son los biométricos. “El riesgo implícito de un sistema de reconocimiento facial es que las bases de datos sean vulneradas, filtradas o robadas, lo que equivale a despojar a todas las personas afectadas del control sobre su propio cuerpo”.

Por estos riesgos y por las violaciones a derechos humanos –como el de la privacidad e intimidad–, en diferentes países se ha empezado a prohibir o limitar el uso de estas tecnologías de videovigilancia tanto al sector público como el privado. Además de lo que ha ocurrido con el gigante Facebook –que ha limitado su tecnología de reconocimiento facial en su futura plataforma Meta, en otros países han sido las instancias legales las que han determinado esto.

Por ejemplo, en agosto de 2020 el Tribunal de Apelaciones de Gran Bretaña ha considerado que su uso es ilícito (caso de Ed Bridges contra la policía de Gales del Sur); en mayo pasado, la Corte de Justicia de Sao Paulo, Brasil, prohibió a la empresa ViaQuatro el uso de tecnología de reconocimiento facial en una ruta del metro de la ciudad; y en junio de 2021, el condado de King –Washington, Estados Unidos– estableció una prohibición a todos los departamentos del gobierno local, incluyendo la Oficina del Alguacil, a utilizar el reconocimiento facial.

Caso de la Central de Abastos

Lejos de lo que está ocurriendo en otras latitudes, la investigación de Al Sur descubre que en México estas tecnologías se utilizan de forma cotidiana. En el caso de la Central de Abastos capitalina, apunta: “la iniciativa incluye 50 cámaras con capacidad de reconocimiento facial instaladas en el mercado más grande de México, el cual es visitado por alrededor de 127 millones de personas al año”.

El estudio asegura que este sistema está activo y que el material de video se resguarda por 60 días en cualquier caso, y por tres años si es catalogado como un ‘incidente’”.

Agrega que la Secretaría de Seguridad Pública de la capital tiene acceso a toda la información biométrica recabada. “No se conoce la forma en que se conforman las listas de identificación. Según la autoridad, la eficiencia del sistema es del 94 por ciento en condiciones controladas: rostro con grado de inclinación entre 10 y 15 grados a la cámara, iluminación mínima de 300 LUX, resolución de 120 pixeles en el rostro. La autoridad desconoce las tasas de falsos positivos o negativos”. Sus proveedores son la mexicana Teléfonos de México, la surcoreana Hanwa, y la estadunidense Micofocus.

Caso Coahuila

Del Sistema de Video-Inteligencia de Coahuila, la investigación latinoamericana apunta que cuenta con unas “300 cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial instaladas en 11 ciudades del estado”.

Su estatus se reporta en etapa piloto. De acuerdo con el estudio, “se utilizan listas de excepción hechas por la Fiscalía de Justicia del Estado y es operado a nivel municipal. Sin embargo, se comparte información con autoridades de seguridad a nivel estatal y federal”.

En este caso, Iniciativas mapeadas señala que “existe interés por parte de las autoridades para utilizar bases de datos federales en el proceso de identificación, incluyendo datos de personas impugnadas por algún delito y de funcionarios de seguridad, así como del padrón electoral, el cual contiene registros de cerca de 90 millones de personas”.

En agosto pasado, una investigación del diario estadunidense The New York Times reveló que este sistema de videovigilancia –supuestamente en etapa piloto– fue usado para auxiliar al gobierno de Estados Unidos en la persecución de Jose Felan y Mena Yousif, quienes participaron en las protestas por el asesinato de George Floyd en 2020, y luego de que cruzaron la frontera con destino a México.

La proveedora de esta tecnología es la china Dahua. De acuerdo con la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), en octubre pasado, especialistas en seguridad informática alertaron el hallazgo de dos vulnerabilidades en las cámaras de vigilancia de esa marca, “que permiten evadir los mecanismos de autenticación en los dispositivos. Estas vulnerabilidades permiten a un atacante tomar control del dispositivo como una cámara, espiar y registrar el video”.

Dichas fallas se identificaron desde junio de 2021, como CVE-2021-33044 y CVE-2021-33045, “y permiten a atacantes evadir la autenticación de identidad de los dispositivos durante el proceso de identificación de usuario y afectan a la mayoría de productos de la empresa china (hasta 1.2 millones de dispositivos alrededor del mundo)”. Ante ello, Dahua pidió a sus clientes actualizar la última versión del firmware de sus dispositivos. Según R3D, en Coahuila se operan 1 mil 300 cámaras con capacidad de reconocimiento facial y no 300 como indica el estudio de Al Sur.

En su investigación No nos vean la cara, R3D indica que el gobierno de Coahuila asegura que el proyecto costó 600 millones de pesos en su primera fase. Además, señala que “la Secretaría de Seguridad Pública estatal se negó a responder desde qué fecha se encuentra operando el proyecto, bajo el argumento de que está ‘en fase de pruebas’. Tampoco fue capaz de informar sobre el número de personas identificadas o el número de personas detenidas con el uso de estas tecnologías”.

Para R3D, “el reconocimiento facial no es confiable: sus errores han llevado a que cientos de personas hayan sido detenidas arbitrariamente por delitos que no cometieron. Su margen de error puede alcanzar hasta un 95 por ciento de equivocación. Además, es una tecnología propensa a ser discriminatoria, ya que es especialmente imprecisa al identificar mujeres, jóvenes, personas no blancas y personas transgénero o no binarias”.

La organización denuncia que el reconocimiento facial ha sido usado para coartar la libertad de expresión y el derecho a la protesta, y que las autoridades lo utilizan sin rendir cuentas. “Todo se hace en la opacidad, desde la contratación hasta el uso. Esta falta de protocolos deja a la ciudadanía en una posición de vulnerabilidad y abre la puerta al abuso y la impunidad”.

Caso Aguascalientes

Acerca del Proyecto de Videovigilancia Urbana Integral con Tecnología Analítica, Iniciativas mapeadas indica que “incluye 40 cámaras con capacidad de reconocimiento facial, instaladas en 20 puntos del municipio de Aguascalientes”, Aguascalientes.

Agrega que su costo fue de 53 millones de pesos, de los cuales 14 millones de pesos se financiaron con el Fortaseg (Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública). El resto (39 millones de pesos) fue pagado con recursos públicos del propio municipio.

La investigación refiere que éste “es operado por el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), el cual depende de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel municipal. El sistema de reconocimiento facial utilizado es fabricado por la empresa estatal china Hikvision”.

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