En último año de Lorenzo Córdova, INE gastó en salarios y prestaciones 91.8% del presupuesto

A tres días de celebrarse el proceso electoral más grande de la historia del país, con miles de cargos de elección popular, incluido el de titular del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en el último año de gestión (2022) de Lorenzo Córdova Vianello al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), el máximo órgano electoral federal responsable de garantizar unas elecciones libres y transparentes, pero que durante casi una década estuvo sometido y tomado por la derecha conservadora más rancia que hay en el país, con consejeros y funcionarios simpatizantes del PAN y del PRI.

De acuerdo con el último dictamen de la ASF, emitido el 31 de enero de 2024, el INE de Córdova Vianello realizó pagos de nómina a trabajadores fuera de tabulador; se autorizaron licencias para que empleados se ausentaran de sus labores sin que dejaran de cobrar salarios; trabajadores contratados por honorarios tardaron hasta 6 meses para entregar sus informes que comprobaran sus labores.

Además, hay inconsistencias en la supervisión y control de los procedimientos de contratación, en la prestación de servicios y adquisición de bienes, así como en la comprobación de los recursos ejercidos, toda vez que en la contratación del servicio de materiales y útiles de oficina, se omitió aplicar penas convencionales por la entrega tardía de materiales de entre 1 y 31 días hábiles posteriores al tiempo establecido en los contratos.

En el noveno año de que Córdova Vianello se desempeñó como presidente del INE, para inmediatamente después pasar a ser parte de la “marea rosa” que marchó y tomó el Zócalo de la capital del país para apoyar abiertamente a la candidata de la derecha Xóchitl Gálvez, ese instituto contrató los servicios de producción de materiales audiovisuales para radio, televisión y plataformas digitales, sin que se proporcionaran los masters finales, que es el material audiovisual o de audio, así como tampoco hay evidencia de su recepción y dictaminación por parte de alguna área administrativa.

En la Auditoría Especial de Cumplimento Financiero, correspondiente a la Cuenta Publica 2022, se da cuenta de que en un contrato del servicio de fotocopiado, en las bitácoras de lectura no aparece la firma de los servidores públicos ni el sello de conformidad de las unidades administrativas de dicho Instituto; y en otro contrato, 6 garantías de servicio por defectos de transferencia y vicios ocultos se entregaron con una vigencia de 10 días naturales y no con una vigencia de 10 días hábiles, conforme al anexo del contrato.

Asimismo, en la adquisición, desinstalación e instalación de equipos de aire acondicionado, no supervisaron que se requirieran las necesidades reales de los Centros de Verificación y Monitoreo del INE, toda vez que en la solicitud del área requirente y en la convocatoria de la licitación pública internacional abierta electrónica, se señaló la necesidad de adquirir 137 equipos, pero sólo pagaron 133.

En esos mismos equipos de aire acondicionado no se cuenta con la firma del personal del prestador de los servicios y la de los servidores públicos del INE; mientras que las garantías de los bienes presentadas contenían fechas de emisión posteriores a la entrega de los bienes, por lo que debió aplicarse penas convencionales por el atraso.

En dicha auditoría a la gestión financiera del presupuesto asignado al INE y que ascendió en 2022 a 6 mil 296 millones 212.3 miles de pesos, la ASF auditó el 92.4 por ciento (5 mil 820 millones 116 miles pesos), que incluyó 14 partidas presupuestales.

De ese gasto total, lo que más pagamos las y los mexicanos fue en salarios base, honorarios, compensaciones y prestaciones, por un monto de 5 mil 783 millones 297 mil 100 pesos, lo que representó el 91.8 por ciento del presupuesto total del INE.

En el rubro de publicidad, que el INE clasifica como “difusión de mensajes sobre programas y actividades institucionales”, gastaron 124 millones 511 mil 800 pesos; en “otras asesorías para la operación de programas”, se gastó 96 millones 526 mil 800 pesos; en servicios de “lavandería, limpieza e higiene, 116 millones 40 mil 300 pesos; en materiales y útiles de oficina, 51 millones 473 mil 200 pesos; en medicinas y productos farmacéuticos, 7 millones 909 mil 200 pesos; otros servicios comerciales, 30 millones 330 mil 700 pesos; equipo de administración, 30 millones 588 mil 200 pesos.

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