En un año, ponencia de la ministra Batres reportó ahorros por casi $11 millones

FOTO: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN/CUARTOSCURO.COM

La austeridad en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama dio como resultado un ahorro anual de casi 11 millones de pesos, informó la juzgadora en un ejercicio inédito de rendición de cuentas; y también expuso que, de generalizarse en todo el Poder Judicial de la Federación, se habrían ahorrado 30 mil 342 millones de pesos, en los 14 años que tiene de vigencia la Constitución, en su apartado donde establece que nadie puede ganar más que la persona que ocupa la Presidencia de la República.

Al presentar su Primer Informe Anual de Actividades Jurisdiccionales, la funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló que, a un año de su designación como ministra, ha devuelto 1 millón 377 mil 271 pesos en efectivo. A ese monto se suma 1 millón 761 mil 944 pesos, correspondiente a las prestaciones que también ha rechazado, porque están prohibidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana.

“En total, durante este primer año de ejercicio, he ahorrado al erario 3 millones 139 mil 215 pesos. A ello hay que agregar el ahorro que mi equipo de trabajo ha logrado también. Al asumir la mística de austeridad como principio, las 79 personas que conforman la ponencia perciben una remuneración dentro del límite señalado por el artículo 127, fracción II, de nuestra Constitución, así como prestaciones ajustadas a la Ley Federal de Austeridad Republicana, que prohíbe expresamente la contratación de seguros privados de separación individualizada y de gastos médicos mayores”, indicó la ministra Batres Guadarrama.

Acompañada por su padre, una de sus hermana y su hijo, así como juzgadores, legisladores, funcionarios, académicos, intelectuales de izquierda, entre otros asistentes, detalló que: “en total, desde que cada colaborador o colaboradora de la ponencia suscribió su contrato laboral, se han ahorrado, por no recibir bonos que rebasan el límite de remuneración constitucional, 337 mil 60 pesos; por no recibir seguro de gastos médicos mayores, 1 millón 484 mil 389 pesos, y por no recibir seguro de separación individualizado, 6 millones 280 mil 463 pesos. Es decir, 7 millones 764 mil 853 pesos, que, sumados a los 3 millones 139 mil 215 pesos que he dejado de percibir, arroja un total de 10 millones 904 mil 69 pesos”.

Batres Guadarrama recordó que desde que ingresó a la Suprema Corte sostuvo que la urgencia de una reforma judicial también implicaba la austeridad como uno de sus principales ejes. “No solo como una posición ética, sino como obligación constitucional. Por eso, anuncié que, de ser designada ministra de la Suprema Corte, ajustaría mis remuneraciones al límite señalado en el artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que devolvería a la Tesorería de la Federación el monto que excediera ese límite constitucional que, como es sabido, consiste en la remuneración que percibe la persona titular de la presidencia de la República”.

De los casi 11 millones de pesos que ahorró su ponencia, la juzgadora observó que, en una cuenta de ahorro tradicional, estaría generando de 70 mil a 90 mil pesos mensuales de intereses. “Con este recurso, dos familias de cuatro integrantes podrían vivir cómodamente el resto de su vida. O alcanzaría para cubrir las pensiones de 303 personas adultas mayores durante un año”.

Lenia Batres fue más allá, al acusar el tamaño del dispendio en el Poder Judicial, derivado de los sobre sueldos y los privilegios disfrazados de prestaciones. “Actualmente, 2 mil 377 personas funcionarias del Poder Judicial superan el tope máximo de remuneraciones dispuesto por el artículo 127 constitucional. En total exceden en 2 mil 167 millones 352 mil 603 pesos el límite constitucional. Si consideramos que desde hace 14 años se encuentra vigente este límite, podríamos asegurar que el Poder Judicial ha desviado 30 mil 342 millones 936 mil 442 pesos en sobresueldos autoasignados inconstitucionalmente para su alta burocracia”.

Tras advertir que regresar dinero público no es snobismo, la conocida como “ministra del pueblo” señaló que se puede ejercer servicio público con salarios dignos, sin abusar de los recursos del erario. Y agregó que “la gente está cansada de ver pasar funcionarios abusivos que se apoderan de los presupuestos públicos. Sostengo que el servicio público no debe seguir generando nuevos ricos. Que no se vale que los funcionarios, menos los encargados de proveer justicia, profundicemos la desigualdad aprovechándonos de los recursos para todos. No se valen salarios de casi 600 mil pesos al mes, 80 veces por encima del salario mínimo de nuestro país. Devuelvo estos recursos porque creo que el buen juez por su casa empieza”.

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