El Estado mexicano tuvo la capacidad –durante el gobierno de Enrique Peña Nieto– para esclarecer lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos; sin embargo, encubrió los hechos, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En referencia, mencionó la mentira de que los cuerpos de los normalistas rurales fueron incinerados en Cocula, Guerrero, así como “las declaraciones de autoinculpación obtenidas bajo tortura”.
Estas supuestas diligencias fraguadas de la llamada “verdad histórica” –montada por el exprocurador Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón– intentaron engañar a las familias de los estudiantes, al pueblo mexicano, y a las organizaciones internacionales que supervisaron el caso, señaló.
Respecto a la detención del exprocurador Murillo Karam y el retiro de las 21 órdenes de aprehensión de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa, la CIDH las calificó como intromisiones graves. Asimismo, indicó que con la reciente dimisión del fiscal Omar Trejo de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), se puso en riesgo los avances del caso y el acceso a la verdad y la justicia.
Durante el tercer informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, la CIDH subrayó que el Estado debe garantizar todos los recursos materiales humanos que sean necesarios para generar acciones que permitan encontrar a los estudiantes desaparecidos. Asimismo, indicó, se deben generar evidencias que demuestren jurídicamente la existencia de la criminalidad reticente en Guerrero, así como el conflicto latente entre los grupos ilegales dedicados a la producción y trasiego de drogas, en connivencia con las autoridades.
En conferencia desde la normal de Ayotzinapa, la CIDH señaló que el deber del Estado es realizar un análisis de los hechos, adoptar medidas especiales para reencausar la investigación y evitar retrocesos. Otra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana fue el fortalecimiento e independencia de los organismos especiales de investigación, puesto que no debe haber injerencia de los Poderes del Ejecutivo, Legislativo ni de nadie.
Asimismo, señaló que es necesario determinar las responsabilidades de los agentes estatales que han obstruido el acceso a la justicia.
