Estados y municipios claudican en seguridad: 95% de delitos, del fuero común

Estados y municipios se lavan las manos en materia de seguridad pública. Sin embargo, los crímenes del fuero común son los que más alimentan la zozobra que viven regiones del país. En lo que va del año, se han cometido más de 1 millón y medio de delitos, 95 por ciento de ellos corresponden en su prevención y sanción a las administraciones locales. Las corporaciones policiacas estatales y municipales –resilientes o rebasadas y corrompidas– reciben en conjunto alrededor de 9 mil millones de pesos anuales. El doctor Pérez Ricart considera que no es suficiente. Propone desaparecer aquellas que se han sometido a la delincuencia y apoyar con más recursos a las que han resistido los embates. Advierte necesario devolver a las policías de todos los niveles las facultades de investigación

Entre el primero de enero y el 31 de agosto de este año, en todo el país se cometieron 1 millón 466 mil 358 delitos del fuero común, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las cifras más recientes del organismo también señalan que los delitos del fuero federal perpetrados en el mismo periodo ascendieron a 80 mil 412.

Mientras que los delitos del fuero federal presentan una reducción del alrededor del 35 por ciento desde el inicio del actual sexenio, los del fuero común se incrementaron en alrededor del 25 por ciento. Aquellos que son prevenidos y combatidos por la Federación concretaron una clara tendencia a la baja. Los que son responsabilidad de los estados y municipios sólo ralentizaron su tendencia a la alza.

Sin embargo, estados y municipios han claudicado en sus responsabilidades y fincan sus esperanzas en que la Federación resuelva los problemas de inseguridad. Las razones de esta política de brazos caídos van desde la inoperancia de las corporaciones policiacas locales por ineptitud o falta de recursos hasta por complicidad o sometimiento a grupos de la delincuencia.

La Federación prevé entregar el próximo año a los gobiernosde los estados 9 mil 210 millones 900 mil pesos etiquetados para seguridad pública. El monto es superior en 424 millones con respecto del que les destinó en 2023. El incremento cubre sólo la inflación. En términos reales,significa el mismo monto.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, que se discute en la Cámara de Diputados y debe aprobarse antes del 16 de noviembre, el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) se mantiene sin cambios. De hecho, el monto del próximo año es similar al de los últimos 5 años. No hay aumento alguno pero tampoco reducción.

En un lustro, la Federación trasladó a la seguridad de los estados y los municipios alrededor de 44 mil 500 millonesde pesos a las corporaciones policiacas estatales y municipales vía el FASP.

Al especialista en estudios de seguridad y crimen organizado Carlos A Pérez Ricart no le sorprende. Doctor en ciencias políticas por la Universidad Libre de Berlín, explica que la actual administración federal no se ha caracterizado por destinar mayores recursos a las corporaciones policiacas estatales y municipales. Y muchas de ellas, advierte, están peor que hace un quinquenio.

Se explica. El gobierno federal ha priorizado el fortalecimiento de la Guardia Nacional como instrumento para atender la seguridad pública en todo el país. Lo anterior, ante la desconfianza hacia las corporaciones estatales y municipales, muchas de ellas subordinadas a grupos del crimen organizado o, incluso, brazo armado del mismo: cómo destinar recursos públicos a policías que trabajan para la delincuencia organizada.

Profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que “no está mal” el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Sin embargo,considera, en el país se tiene que desarrollar un “modelo híbrido”, en que el esfuerzo federal vaya acompañado con la consolidación de policías estatales y municipales en los lugares en donde haya las condiciones para ello; y la desaparición en donde están sometidas al crimen para, mediante esquemas como el mando único, la función sea cumplida por la corporación estatal.

Pero tal modelo híbrido, expone, requiere de un diagnóstico de la situación de las corporaciones policiacas de todos los estados y municipios, algo que no se ha hecho.

Reconoce que el papel de los gobiernos estatales y municipales –con sus corporaciones policiacas– en materia de seguridad pública “no sólo es un tema de recursos. Es más complejo que eso”.

De acuerdo con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que rige desde el 27 de enero de 2021, en todo el país hay una fuerza policial subnacional de 255 mil 673 elementos. Están repartidos en 32 corporaciones policiacas estatales (128 mil 193) y 1 mil 796 municipales (127 mil 480). De estas últimas, algunas son tan reducidas que no llegan a la decena de elementos. Un total de 650 municipios no cuentan con policías de este tipo, principalmente porque han entrado a un esquema de “mando único” con corporaciones estatales.

En estas cifras no se incluyen a las corporaciones federales (o de carácter nacional), como la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial, las Fuerzas Armadas y otras agencias de seguridad nacional.

Integrante de la  Comisión para el Acceso a la Verdad, Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos de México de 1965 a 1990 –creada por decreto presidencial–, Pérez Ricartseñala como tarea pendiente pero ineludible formar policías “resilientes al crimen organizado”.

Señala que hay lugares en el país con “policías muy pequeñas, de municipios muy pequeños, que no tienen la capacidad institucional para resistirse a la actuación de grupos criminales”. Ahí se deben replantear el modelo de seguridad. Una opción sería el mando único o cualquier otra figura que garantice mayor apoyo por parte de las policías estatales. “Eso es lo primero, repensar de inicio cómo vamos a  configurar la estructura de la seguridad de México”.

Incluso, la propia corporación federal, la Guardia Nacional, podría encargarse de la seguridad pública de estos municipios.

En los hechos, la seguridad pública descansa en esta corporación militar en varias regiones, como las de la Montaña de Guerrero, la sierra Tarahumara (Chihuahua) o la Tierra Caliente de Michoacán. Sin embargo, no como un proceso acordado y planificado, sino como la atención a un fenómeno emergente de violencia que se volvió permanente.

En voz del investigador, “tenemos casos en Veracruz, Guerrero, Chiapas, en que la policía municipal es parte, es un brazo armado. Y, además, financiado por el propio gobierno. Entonces eso tiene que terminar”.

La segunda acción que propone Pérez Ricart consiste en otorgar facultades de investigación a las policías estatales y municipales “que sí sean resilientes, que sí funcionen”. Señala que hoy en México las policías no investigan. Actúan sólo desde el ámbito preventivo, pero no de investigación. El actual modelo otorga el monopolio de las investigaciones al Ministerio Público, es decir, a las Fiscalías. Lo anterior, considera, mantiene subutilizadas a las corporaciones policiacas.

“No sirven para para combatir el crimen; sirven para prevenir, en el mejor de los casos, algunos actos criminales. Pero no están investigando.”

Considera que México debe repensar el modo en la que está estructurada la seguridad pública. Debe decidir si es posible apoyar a las policías pequeñas, municipales, mediante un programa especial, o en definitiva desaparecerlas y hacer que la policía estatal o las policías federales se hagan cargo de la seguridad pública. La segunda parte del plan “es una reforma total a sus facultades de investigación”.

La situación de inseguridad que padece el país desde diciembre de 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la “guerra al narcotráfico”, desdibujó el sistema de seguridad de México. En la formalidad de la Constitución y las leyes, la Federación combate los delitos federales y garantiza la seguridad nacional y la seguridad interior. Los estados y los municipios, por su parte, combaten delitos del fuero común y son los responsables de garantizar la seguridad pública.

Cuestionado sobre si este esquema está vigente en México, Pérez Ricart, con currículum de docente e investigador en la Universidad de Oxford (Inglaterra), señala: “Lo cierto es que no sucede”.

Resalta que la apuesta del actual gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha sido la Guardia Nacional, “lo cual no es un error; pero no debe hacerse soloeso. Es una especie de manta, en el que se descobija algo para tapar otra cosa”.

Hoy la emergencia en materia de seguridad obliga que la tarea sea de todos, considera: del orden local, del orden estatal y del orden federal. Explica que las corporaciones están especializadas de acuerdo con su propia naturaleza. “Los policías federales, en este caso la Guardia Nacional, no tienen por qué entender y saber cuáles son las dinámicas criminales en una comunidad. Para ello se necesita el tipo de seguridad local. Del mismo modo, la seguridad local no puede atender en sistemas de crimen organizado”.

Sin embargo, en estos momentos se debe dejar de repartir culpas. “Trabajemos en la coordinación”. Y, antes que nada, en un diagnóstico nacional, pues “hay cosas que tienen que cambiar radicalmente”. Se requiere de un análisis que señale“hasta qué punto la policía municipal ya está sobrepasada. Hasta qué punto esa policía está cooptada por el crimen. Tendría que avanzarse hacia modelos híbridos: en algunos municipios grandes es necesario apostar por la consolidación de policías municipales. Pero hay municipios en que quizás eso es mucho más difícil”.

Agrega que tal valoración se debe hacer estado por estadobajo el entendido, además, de que no hay un modelo que funcione para todos. Considera acertado del actual gobierno los esfuerzos para la consolidación de la Guardia Nacional. Pero señala que ha faltado un diagnóstico claro de las corporaciones estatales y municipales. Y, en ese sentido, la responsabilidad es también “de los propios estados y de sus propias policías”.

Pérez Ricart considera que México necesita construir unamejor agencia de investigación criminal a nivel federal. Podría ser parte de la propia Guardia Nacional o independiente de ella, “pero tenemos que investigar mejor los delitos del crimen organizado”. Además, se les tiene que devolver las facultades de investigación a las policías estatales y municipales. “Debemos tener detectives dentro de los policías”.

Tal reasignación de facultades implicaría reformar el Artículo 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que de manera exclusiva todainvestigación del delito corresponde al Ministerio Público.

Sobre el combate a la corrupción detectada entre las policíasde los estados y municipios, advierte que se trata de una “tarea que se escapa a la seguridad pública”. Sobre todo,cuando estas corporaciones están expuestas a mercados ilegales tan rentables.

Combatir la corrupción con éxito en el sistema policial subnacional pasa, asimismo, por cambiar el enfoque de lucha contra el narcotráfico, explicar Pérez Ricart.

Un combate serio a la corrupción empieza por “reducir el espacio y margen de maniobra de los mercados ilegales:tendríamos que avanzar en una reforma de las políticas de drogas, que le quite poder de maniobra al crimen organizado”.

Tales cambios también implicaría limitar el número de armasque llegan del Norte al Sur. “Ningún sistema de justicia niningún sistema policial aguanta la cantidad de armas que vienen de Estados Unidos a México. Son dos temas estructurales que tienen que resolverse más allá del ensamblaje de la seguridad pública de nuestro país. Si no atendemos esos problemas, no habrá ninguna policía estatal o municipal que aguante”.

Se debe seguir combatiendo al narcotráfico, pero desde el entendido que “el narcotráfico va a existir porque el tráfico de drogas va a continuar. ¿Por qué? PorqueEstados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo y eso va a continuar sucediendo, pase lo que pase en nuestro país. Aceptemos eso como dado, como una realidad. Qué sí podemos hacer: dejar de provocar dinámicas violentas a partir de la persecución sin sentido de narcotráfico”.

A Pérez Ricart se le señala que tal cambio de enfoque en elcombate al narcotráfico no dependería solamente del gobierno mexicano. Se trata de una transformación del modelo que impuso Estados Unidos para todo el Continente.

“Lo que tenemos que hacer es distanciarnos de la política de drogas de Estados Unidos; empezar a regular algunas sustancias y dejar de continuar con el error que hemos cometido a través de los últimos 100 años: el de pegar nuestra política estatal a la de Estados Unidos. Tenemos que avanzar hacia una reforma de las políticas de drogas porque lo contrario es seguir subiendo la piedra de Sísifo. Subir la piedra a la montaña para que vuelva a caer la piedra una y otra vez al grado de obsesión. No puede ser que soldados y fuerzas especiales sigan quemando campos sembrados de amapola y marihuana mientras en Estados Unidos ya se ofrezca el consumo lúdico de la marihuana.Tenemos que definir nuestro propia política”.

El FASP, cinco ejes y 10 programas   El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP) es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Mediante este instrumento, la Federación transfiererecursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a las estrategias nacionales en materia de seguridad pública.   Los recursos deben aplicarse en los cinco Ejes Estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública relanzados con el inicio de la actual administración federal. Consta de 10Programas con Prioridad Nacional para la capacitación de policías, la adquisición de equipo y, entre otros, la construcción de infraestructura. Todo, con fines de prevención, investigación y sanción de delitos.   Estos recursos no los ejerce la Federación. En este caso, su papel se circunscribe trasladar los dineros a los estados y coordinarse con ellos en los programas que responden a la Estrategia Nacional en materia de seguridad pública. Son los gobiernos de las entidades los responsables de su ejecución, mayoritariamente en su corporaciones policiacas.   1. Programa de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública.   2. Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial.   3. Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial.   4. Programa de Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios.   5. Programa de Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional y de Ejecución de Medidas para Adolescentes.   6. Programa de Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos.   7. Programa del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública.   8. Programa del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.   9. Programa de Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto.   10. Programa de Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas.

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