Departamentos y agencias de Estados Unidos financian, capacitan o mantienen algún tipo de asistencia a favor de organizaciones no gubernamentales, think tanks y empresas mexicanas dedicadas al sector justicia, varias de ellas que litigan contra el Estado mexicano y la 4T. México es uno de los objetivos del “poder suave” que ejerce el vecino del norte por esa vía, y aunque se conoce mucho más sobre ciertas ONG, poco se sabe de los think tanks y las empresas que particularmente han financiado proyectos enfocados a transformar el amplio sector justicia en México

Cuarta Parte. Desde 2001 hasta 2024 el gobierno de Estados Unidos financió a una gran cantidad de organizaciones para promocionar cambios en el gobierno mexicano en distintos rubros. Como se detalló en las investigaciones pasadas, esos cambios fueron promovidos principalmente por tres Departamentos, por varias agencias pero se centró en tres programas vinculados a promover reformas al sector justicia, seguridad y combate al narcotráfico.

En esta parte de la investigación se detallará cuáles son esas principales empresas que aplicaron recursos en México. La empresa que más financiamiento tuvo fue Management System International (MSI) con 209 millones de dólares (constantes de 2023). Le sigue la empresa Chemonics International Inc con 91.3 millones de dólares.

Ambas empresas tercerizan el financiamiento que obtienen del gobierno de Estados Unidos para diversos programas. Por ejemplo, MSI fue una de las principales empresas que terminaron aplicando cambios en el sector justicia, con una serie de programas para transformar este sector clave en México, que hoy vive un proceso de democratización tras la reforma al Poder Judicial.

El gobierno de Estados Unidos define que en el sector justicia se encuentran la policía, seguridad fronteriza, fiscales, expertos forenses, jueces, personal judicial, defensores públicos, personal penitenciario, abogados privados, escuelas de derecho, asociaciones profesionales jurídicas e instituciones de capacitación.

Dieciséis principales empresas, ONG y think tanks financiados por EU en México

Justicia colonizada

En el caso de MSI, de los siete proyectos que tuvo, tres concentraron el 94 por ciento de todo el financiamiento que tuvo de la USAID. Uno de los proyectos financiados fue por 87 millones 902 mil 571 millones de dólares (constantes de 2023) entre 2009 y 2016.[1] Según los datos consultados por Contralínea de fuentes oficiales del gobierno de Estados Unidos, tuvo como objetivos “trabajar con las instituciones de justicia estatales y federales para fortalecer su capacidad para mejorar la transparencia, la supervisión pública y la rendición de cuentas pública, y servir mejor a los ciudadanos mexicanos bajo las nuevas reformas constitucionales que dan forma a los códigos de policía y procedimiento penal”.

El Proyecto PROJUST, según los datos consultados por Contralínea menciona que tuvo como objetivo “proporcionar apoyo personalizado directo o indirecto a nivel estatal y federal para el impulso final hacia los plazos de reforma de 2016, ayudando a estados mexicanos seleccionados a pasar el “punto de no retorno” en sus reformas del sistema judicial, y, por lo tanto, contribuir a los esfuerzos más amplios del Gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para mitigar el conflicto, reducir la impunidad y promover un sistema de justicia más transparente y eficiente”. Este proyecto fue financiado entre 2015 y 2022 por 86 millones 954 mil 888 dólares.

Por último, otro proyecto fue por 22 millones 439 mil 876 dólares. El objetivo fue mejorar la “observación del debido proceso y aumentó la protección de los derechos de los ciudadanos. Las reformas contribuyeron a la transición del sistema mexicano de un sistema ineficiente, cerrado, escrito e inquisitorial a uno más confiable, oral y contradictorio”.

La empresa Casals y Asociados fue financiado por la USAID para aplicar nueve proyectos en México. Uno de los más importantes y relacionado con las reformas al sector justicia fue el programa “Gobernando con justicia: una gobernanza más receptiva y transparente”. Entre 2004 y 2008 obtuvo 19 millones 113 mil 431 dólares.

Destacan cuatro programas más relacionados con la justicia:

• “Mejorar las políticas, leyes, reglamentos y prácticas administrativas que afectan al sector privado. Incluye la reducción de los obstáculos a la competencia y las distorsiones injustificadas de los precios del mercado; la reducción de los obstáculos normativos y reglamentarios al establecimiento, funcionamiento y cierre de empresas; el fortalecimiento del marco jurídico relativo a los derechos de propiedad que sea equitativo para hombres y mujeres; la ejecución de contratos y la resolución de conflictos, junto con la administración de dichas leyes; la reducción de los incentivos para la corrupción y el fomento de prácticas comerciales transparentes; el fortalecimiento del marco jurídico en torno a los derechos de propiedad intelectual; mejorar las leyes y los reglamentos que afectan a la creación, difusión y utilización de la tecnología. También incluye mejorar las políticas y regulaciones que afectan a las opciones tecnológicas y los comportamientos de producción con impactos ambientales; y mejorar las políticas, leyes y regulaciones que afectan la contratación y despido de trabajadores, salarios, condiciones laborales y negociación colectiva. Incluye el apoyo a mejoras específicas, así como los esfuerzos por fortalecer las instituciones que contribuyen a diseñar y aplicar nuevas mejoras”.
• “Mejorar la capacidad y la sostenibilidad de los actores e instituciones del sector civil y penal, mejorar la coordinación entre ellos, desarrollar la demanda ciudadana para un sistema judicial eficaz y responsable, y desarrollar asociaciones para abogar por todos los ciudadanos. Los actores e instituciones del sector de la justicia incluyen: policía, seguridad fronteriza, fiscales, expertos forenses, jueces, personal judicial, defensores públicos, personal penitenciario, abogados privados, escuelas de derecho, asociaciones profesionales jurídicas e instituciones de capacitación para cada uno de ellos. Trabajar en pro de un sistema judicial equitativo garantizando la igualdad ante la ley, las normas relativas a los juicios imparciales y otros elementos de equidad procesal. Garantizar un acceso más equitativo a la justicia mediante innovaciones dentro y fuera del sistema estatal y mediante mejoras en la calidad y cantidad de los servicios judiciales, con especial atención a las mujeres, los jóvenes, los pobres y otros grupos marginados o vulnerables. Los programas centrados principalmente en la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes deberían incluirse en el elemento 5.3 del objetivo relativo a la paz y la seguridad, dentro de la esfera relativa a la delincuencia transnacional”.
• “Promover instituciones, procesos y políticas de gobernanza que sean transparentes y responsables en todos los sectores del desarrollo. Apoyo a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (incluidas las entidades de ejecución e investigación, los organismos independientes de auditoría, las comisiones anticorrupción, las agencias de contratación pública, las legislaturas, los ministerios competentes, las agencias independientes, los partidos políticos, los actores judiciales, así como las organizaciones de la sociedad civil, el mundo académico, prensa y el sector privado). Apoyar la educación cívica y las actividades de promoción para reformar las leyes y las prácticas o mejorar directamente la rendición de cuentas y la transparencia de los procesos de gobernanza en diversos sectores del desarrollo”.
• “Fortalecer el entorno legal, regulatorio, institucional e informativo que protege y posibilita el crecimiento de la vida asociativa y el desarrollo de organizaciones independientes y sostenibles de la sociedad civil (OSC). Desarrollar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para que actúen como agentes de reforma y apoyen su participación en el proceso democrático de adopción de decisiones mediante la articulación y representación de los intereses de sus miembros, participando en la prestación de servicios; y abogar por cuestiones que se conviertan en parte de la agenda pública y se reflejen en las políticas públicas. Fomentar el fortalecimiento de una cultura cívica que apoye las instituciones y los procesos democráticos, la participación activa en la vida política y cívica y las virtudes cívicas de tolerancia, pluralismo, compromiso, confianza y respeto por los derechos individuales, incluida la igualdad de género”.

La otra empresa dedicada a promover cambios en el aparato de justicia del Estado en México es Management Sciences for Development, Inc. Esta empresa tuvo cuatro proyectos entre 2008 y 2011 por 19 millones 386 mil 640 dólares. De esos cuatro, tres estuvieron relacionados con reformas al sector justicia y promoción de reformas mediante financiamiento a ONG.

Programas de Management Sciences for Development con financiamiento de EU

 Ajeno a temas de justicia, pero abiertamente en oposición al gobierno de México, la USAID financió a través de MSI un programa de “Protección de defensores y periodistas” por 7 millones 918 mil 833 dólares. Dicho programa fue entre 2021 y 2024 aumentando sustancialmente el financiamiento de 1.5 millones de dólares en 2022 a 3.4 millones en 2024.

El objetivo del proyecto fue “para la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, organizaciones estatales para prevenir y contrarrestar la violencia y las amenazas contra defensores de los derechos humanos, defensores del medio ambiente y periodistas en México. El proyecto apoyará a cinco estados objetivo en México, junto con la asistencia indirecta a otros cuatro estados, si es posible”.

ONG también operaron en el sector justicia

Sin embargo, no son solo las empresas, son también las ONG y think tanks como Fundación Idea, Fundación Ethos, Fortis Consultoría y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD) las que operaron con recursos de Estados Unidos, la incidencia en el sector justicia.

Como se observa en el mapa siguiente, además de las ONG que se mencionaron, están otro tipo de ONG que tuvieron financiamiento de Estados Unidos y de otras fundaciones y empresas para fortalecer el patrón de acumulación que se estableció sobre México en la década de los noventa y que dejó profundas consecuencias en la población mexicana.

Mapa de la injerencia de Estados Unidos sobre México

Fuente: elaboración propia

De esas otras ONG podemos destacar a la Fundación Ethos que, según su propia página de internet dice tener financiamiento de USAID, NED, INL, Banco Mundial, Ford Foundation, Kellogg Foundation, Embajada Británica de México, entre otras.[2]

Esta Fundación según los datos consultados por Contralínea recibió financiamiento por tres proyectos entre 2013-2016 y entre 2019, 2022-2024. Uno de los proyectos se enfocó en “La deducción inmediata de activos fijos y su impacto en la competitividad de México” entre 2013-2015 por 420 mil 566 dólares de 2023.

El siguiente proyecto fue para un “Estudio para determinar cómo se deberían implementar en México las asociaciones público-privadas (APP) para la innovación en cinco modalidades diferentes” entre 2014-2016 por 404 mil 959 dólares de 2023. Este programa, como el anterior se dieron justo en el momento de la aplicación de las reformas estructurales de gran calado que aplicó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por último el proyecto financiado en los años 2019, 2022-2024 por un millón 309 mil 471 dólares de 2023. Según los datos consultados por Contralínea que proceden del gobierno de Estados Unidos este proyecto fue para “El objetivo de la actividad Fortalecimiento de los sistemas nacionales y locales de lucha contra la corrupción mediante la participación de la sociedad civil y el sector privado es promover la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción (NAS) y seleccionar sistemas locales de lucha contra la corrupción en estados fronterizos clave, a través de la educación ciudadana, el compromiso y la participación del sector privado”.

Por su parte la Fundación IDEA tuvo un proyecto del Departamento de Estado y Dos más de la USAID entre 2013 y 2024. Entre 2021 y 2023 el Departamento de Estado otorgó financiamiento por 4 millones 523 mil 904 dólares de 2023. El programa fue para “Otorgar a la Fundación IDEA [recursos] para implementar el proyecto Asistencia y Apoyo Técnico de las Procuradurías Generales de México”.

La USAID financió dos proyectos más para la Fundación IDEA. EL primero fue entre 2013 y 2016 por un millón 875 mil 083 dólares para cumplir el objetivo de “Desarrollo de una política nacional para promover el bienestar de los jóvenes”.

El segundo proyecto fue para “la reducción de la impunidad y ayudará a desarrollar la capacidad tanto de la sociedad civil como del gobierno para aumentar de manera sostenible la eficacia del sistema de justicia penal en 12 estados mexicanos. (1) fortalecer la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar una resolución eficaz y eficiente de los casos, aumentar el número total de casos penales resueltos y mejorar la calidad y cantidad de las investigaciones y enjuiciamientos de delitos graves; (2) desarrollar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia para proporcionar un proceso adecuado y protección de los derechos humanos, así como servicios adecuados para las víctimas; y (3) mejorar la capacidad de las instituciones del sector de la justicia y la sociedad civil para crear legitimidad, confianza y cooperación de los ciudadanos, fomentando la responsabilidad y la participación ciudadana. Esto se logrará mediante la capacitación, la asistencia técnica, la tutoría y el establecimiento de redes entre iguales.

Este último proyecto tuvo financiamiento en 2019 por 373 mil 916 dólares, en 2022 por 550 mil 212 dólares; en 2023 635 mil 775 dólares y en 2024 662 mil 152 dólares, dando un total de 2 millones 222 mil 055 dólares.

Fortis Consultoría fue financiada directamente por la USAID, aunque junto con Fundación Idea aplicó el programa del INL para Mejora Institucional y Fortalecimiento de las Fiscalías y Procuradurías de México, MI FISCALÍA.

El proyecto de la USAID fue para “ayudará a los actores locales a abordar los factores subyacentes que impiden a las instituciones minimizar las violaciones del debido proceso y los actos arbitrarios por parte del estado (incluidos, entre otros, la detención indefinida y el uso indebido de facultades discrecionales) que atentan contra los derechos humanos, así como factores que impiden una reparación efectiva para las víctimas. JAVA se centrará en la participación de la sociedad civil en la protección del debido proceso y la mejora de la asistencia a las víctimas mediante la aplicación de estrategias que aprovechen sus capacidades existentes y mediante el fortalecimiento de la comprensión técnica de estas organizaciones para permitirles desarrollar estrategias sofisticadas de cambio de políticas. JAVA también se centrará en la comunicación de la importancia del debido proceso para fines políticos específicos y para audiencias específicas. Este proyecto fue financiado entre 2020-2024 por 5 millones 618 mil 675 dólares.

Como mencionan en su página, Fortis Consultoría además recibió financiamiento del Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y de la Open Society Foundation que, como se nota en el mapa de la injerencia ha financiado también a Fundar, México Evalúa y a Práctica –que conformó junto con México Evalúa y Di-Sentir, el Observatorio Electoral Judicial–.

Caso CEEAD, continuidad de la injerencia técnica

Un caso que llamara particularmente la atención es del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho (CEEAD). Este centro de estudios tuvo un financiamiento por 16.5 millones de dólares entre 2013-2017 y 2021-2023.

Cinco proyectos fueron financiados por la USAID por 1.9 millones de dólares entre 2013-2017 en el marco de la implementación de la modificación del sistema penal acusatorio hacia juicios orales. El CEEAD fue uno de los centros que tuvo como objetivo trabajar en las escuelas de derecho para “adaptar sus programas al nuevo sistema de justicia penal. La iniciativa fortalecerá al menos 200 escuelas de derecho, tanto públicas como privadas, ubicadas en 24 estados, con especial énfasis en aquellas ubicadas en comunidades desatendidas”.

Otros cuatro proyectos más financiados por el Departamento de Estado entre 2021-2023 por 14.6 millones de dólares para “el proyecto titulado Construcción de un sistema de certificación para los operadores del sector de la justicia en México” por un millón 939 mil 376 dólares. Otro proyecto más titulado A5344262-M003. CEEAD. Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del D. Coste y duración de la concesión Universidades como instituciones clave en la consolidación del NCJS por un millón 5 mil 962 dólares.

Los otros dos proyectos son “Acuerdo de cooperación con el CEEAD para el proyecto titulado Construcción de un sistema de certificación para los operadores del sector de la justicia en México” en 2022 por 5 millones 825 mil 410 y en 2023 por 5 millones 838 mil 203, según los registros oficiales del gobierno de Estados Unidos.

Como mencionamos, el CEEAD realizó el programa Certificación para la Justicia en México (CEJUME). Bajo ese programa –auspiciado además por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL)– preparó a personal vinculado a fiscalías en funciones de Ministerio Público, defensa penal, asesoría jurídica a víctimas y personal facilitador del Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

Según los datos de la página de CEJUME, han preparado a 12 mil 22 personas en todo el país. Los principales estados han sido Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Sinaloa, Sonora y Nuevo León.

Por último también CEEAD ha tenido vínculos de carácter académico con el Centro de Estudios Constitucionales y con la Escuela Federal de Formación Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que suele mandar personal a los congresos.

En la amplia red que conforman las empresas, think tanks y ong que cuentan con financiamiento de Estados Unidos, así como de empresas nacionales y extranjeras y fundaciones como Atlas Network, Open Society, Ford Foundation, Konrad Adenauer, Friedrich Neuman Foundation entre otras, están las que se opusieron sistemáticamente a la aplicación de reformas en materia energética, y que también aplicaron otra serie de proyectos vinculados al poder judicial. De eso hablaremos en la siguiente entrega.

[1] Nota aclaratoria. En todo el texto, los montos en dólares son dólares constantes de 2023.

[2] https://www.ethos.org.mx/ethos/financiadores

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