Desarrollo jurídico y judicial, Fiscalización de estupefacientes y Gestión del sistema de seguridad son los tres programas que contaron con más financiamiento del gobierno de Estados Unidos en México. Concentraron entre 2001 y 2024 el 70 por ciento del financiamiento total a México: alrededor de 4 mil 236 millones 291 mil 847 dólares constantes de 2023. En la actual coyuntura de la elección al Poder Judicial –que modificará totalmente la correlación de fuerzas políticas en el país–, llegó el nuevo embajador Ronald Johnson, y se suma a las distintas presiones que ha ejercido sistemáticamente EU sobre México

Tercera parte. De los cuatro principales Departamentos del gobierno de Estados Unidos que aplicaron recursos para financiar proyectos en México se desprende que el sector justicia, el combate al narcotráfico y la gestión de reformas al sistema de seguridad son los tres principales programas que atraviesan la estrategia de injerencia de ese país en México, de 2001 a 2024.

Como se analizó en la segunda parte, los Departamentos de Defensa, de Estado, de Agricultura y la USAID son los principales actores que han financiado al menos 67 tipos de programas en México, en lo que va el siglo XXI.

En esa lista se encuentran desde programas de planificación familiar, educación medioambiental, derechos laborales, telecomunicaciones, energía, desarme de armas de destrucción masiva (ADM, en inglés), hasta programas para control de las ETS[enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA], fortalecer a organizaciones e instituciones anticorrupción, participación democrática y sociedad civil. También hay otros programas enfocados en modificaciones al Estado, protección de la biósfera, derechos humanos y democracia y sociedad civil.

Como se observa en la gráfica 1, según la información consultada por Contralínea, el programa con más financiamiento entre 2001 y 2024 –periodo correspondiente a los últimos cuatro sexenios en el país– es el de “Desarrollo jurídico y judicial”. Éste se enfoca en la promoción de reformas judiciales que buscan, supuestamente, fortalecer el estado de derecho, uno de los rubros esenciales para Estados Unidos, ya que analiza la fortaleza o no de una democracia a partir de la noción liberal de estado de derecho.

Incluso, en los reportes del Departamento de Estado sobre el “clima de inversiones” se puede leer que el estado de derecho es reducido al combate a la corrupción. Por ejemplo, en el clima de inversión 2023 sobre México se menciona que “la corrupción existe en muchas formas en la sociedad, incluido el sector público (por ejemplo, la demanda de sobornos o comisiones ilegales por parte de funcionarios gubernamentales) y el sector privado (por ejemplo, el fraude, la falsificación de declaraciones, etcétera), así como cuestiones de conflicto de intereses, que no están bien definidas en el marco legal mexicano”.

Reforma permanente del Estado, la constante

Desde la lógica estadunidense, la corrupción es el caballo de Troya para la reforma permanente del Estado. Es decir que el argumento de la corrupción en los distintos niveles del Estado hace necesario que se fortalezcan medidas y acciones gubernamentales para combatirla; claro, desde ese punto de vista, esto sólo se logra con apoyo de organismos multilaterales y de las organizaciones no gubernamentales que el propio Estados Unidos financia.

Es importante aclarar que no es que se esté en contra del combate a la corrupción. Eso se debe hacer. Sin embargo, cuando el combate a la corrupción planteado desde un país hegemónico implica el debilitamiento o cambio de instituciones para hacerlas afines a los objetivos de esos intereses extranjeros, es ahí donde deben existir límites.

Como el mismo Departamento de Estado menciona, el interés de fondo no es únicamente combatir la corrupción, sino abrir y adoptar las “mejores prácticas de contratación pública, la asistencia para mejorar las prácticas de integridad empresarial de las empresas mexicanas, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME), y la asistencia técnica en el marco de la Iniciativa Global de Contrataciones Públicas de la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos [USTA, en inglés]”.

La importancia de este programa es de primer orden, pues de todo el financiamiento del gobierno de Estados Unidos desde 2001 hasta 2024 representó el 48.1 por ciento, casi la mitad. Pero, además, es importante porque, en el fondo, está la adopción de un marco regulatorio por parte del Estado mexicano que es cercano a Estados Unidos.

Combate al narcotráfico

La Fiscalización de estupefacientes es el segundo programa con más recursos (866 millones 397 mil 61 dólares constantes de 2023). Representa el 14.3 por ciento de todo el financiamiento del gobierno estadunidense en el periodo de análisis, 2001-2024.

El análisis sexenal –como se muestra en la gráfica siguiente– permite concluir que, de los últimos cuatro sexenios, el de Felipe Calderón es el que recibió más financiamiento, con 430.3 millones de dólares. Es importante recalcar que fue en su sexenio en el que se inició la supuesta “guerra” contra el narcotráfico; ello, en el marco de la Iniciativa Mérida, que sometió al país a la lógica estadunidense en materia de seguridad.

Este programa está administrado por los departamentos de Estado y de Defensa. En el caso del Departamento de Defensa, es la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes la que eroga los recursos, y desde 2001 hasta 2024, financió nueve proyectos.

De éstos, el más importante es el “Programa Internacional contra la Droga (ICDP)”, que está al mando del Comando Norte de EU, y “permite al secretario de Defensa [de Estados Unidos] proporcionar apoyo a gobiernos extranjeros, como capacitación y equipo, para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada trasnacional”.

Dicho proyecto ha erogado recursos por 817 millones 384 mil 150 dólares entre 2001 y 2024. Con Vicente Fox, este programa tuvo un financiamiento por 138.3 millones de dólares; con Felipe Calderón y ya en plena Iniciativa Mérida, el recurso aumentó sustancialmente hasta 430.3 millones de dólares. Con Enrique Peña, ascendió a 248.8 millones de dólares.

Sin embargo, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la información a la que tuvo acceso Contralínea detalla que este programa se terminó. Es importante recordar que cuando terminó su cargo el exembajador Ken Salazar, reprochó que el expresidente López Obrador no aceptó ayuda en tema de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

INL financió think tanks, OEA y Naciones Unidas en México

En el caso del financiamiento que el Departamento de Estado hace en este rubro, la agencia que canaliza los recursos en México es la Oficina de Asuntos Internacionales de estupefacientes y aplicación de la ley (INL, por su sigla en inglés). Esta agencia financió a think tanks, organizaciones no gubernamentales, universidades, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de las Naciones Unidas, por un monto de 23 millones 825 mil 810 dólares [constantes de 2023] en el sexenio de López Obrador: entre 2021 y 2024.

Fueron 25 proyectos financiados entre los que destacan el otorgado al Atlantic Council, think tank estadunidense que es el brazo político de la OTAN. Ha recibido a varios expertos y políticos de renombre en EU y en México, como al exdirector de Petróleos Mexicanos José Antonio González Anaya; Luz María de la Mora, quien fuera Subsecretaria de Comercio Exterior en 2019 y antes becaria del Wilson Center, o el exembajador en México Earl Anthony Wayne.

En 2022 y 2023, El Atlantic Council recibió 252 mil 247 dólares para realizar dos estudios sobre la gestión de la frontera entre EU y México. Y otro proyecto por 52 mil 288 dólares, para financiar un estudio sobre la gestión en la frontera con EU en la que se incluye –según la información consultada por Contralínea–“subvenciones (incluyendo la participación en los ingresos), subsidios, gratificaciones y otras ayudas por las cuales se hacen pagos en efectivo a estados, otras subdivisiones políticas, corporaciones, asociaciones, y particulares; contribuciones a sociedades internacionales, comisiones, procedimientos o proyectos, ya sea en forma de suma global o como cuotas de gastos; contribuciones fijadas por tratado; subvenciones a países extranjeros”.

En el caso de la OEA, se financió un programa en 2021 por 1 millón 627 186 dólares para la “Rectificación del Observatorio Mexicano de las Drogas y las Toxicomanías en los acuerdos de asistencia Conadic concertados mediante acuerdos bilaterales, cartas de acuerdo, incluidas las establecidas en virtud de la autoridad C-175, y acuerdos de la Comisión Fulbright. La obligación de fondos no constituye una obligación a granel cuando los fondos serán subcomprometidos posteriormente mediante otros instrumentos”.

En el caso de la ONU se financiaron dos proyectos en 2021 y 2023. En 2021 fue por 396 mil 253 dólares y el programa se centró en “capacitación para el PM en materia de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas. La asistencia se otorga mediante acuerdos bilaterales, cartas de acuerdo, incluidas las establecidas en virtud de la autoridad C-175, y acuerdos de la Comisión Fulbright.

Posteriormente en 2023 se financió otro proyecto por 847 mil 819 dólares para continuar con el mismo el mismo objetivo.

Gestión y reforma del sistema de seguridad

En este rubro, fueron tres Departamentos los que realizaron el financiamiento. El Departamento de Defensa financió 155 millones 343 mil 416 dólares para la Agencia de Cooperación en materia de Seguridad de la Defensa entre 2001 y 2020. Por su parte, el Departamento de Estado financió a dos agencias por un monto de 295 millones 148 mil 36 dólares. Una de esas agencias es el INL que tuvo financiamiento por 18 millones 474 mil 210 dólares entre 2021 y 2024. La otra agencia es Asuntos Político-miliares, la cual fue financiada por 276 millones 673 mil 826 dólares entre 2012 y 2023.

Por último, la USAID financió en 2016 a la Oficina de América Latina y el Caribe a la organización Democracia Internacional por 218 mil 302 dólares para el programa “Servicios Analíticos de Democracia y Gobernanza III Contrato de Cantidad Indefinida”.

Financiamiento de EU al programa Gestión y reforma del sistema de seguridad

(Millones de dólares de 2023)

Aunque en la información consultada por Contralínea únicamente aparece este proyecto, en la página de Democracia Internacional, aparecen cinco proyectos desarrollados por esta organización. En 2009 desarrolló una evaluación integral para USAID para los programas de estado de derecho en México y Centroamérica.

En 2009, Democracy International llevó a cabo una evaluación integral del apoyo de USAID a los programas de estado de derecho en México y Centroamérica. El objetivo del estudio era examinar los desafíos políticos, económicos y sociales actuales en la región en un contexto cambiante, medir la eficacia de los programas de estado de derecho hasta la fecha en el avance del desarrollo democrático, y formular recomendaciones sobre las prioridades estratégicas para la programación correspondiente en la región durante los próximos cinco a 10 años. En el informe se dio la máxima prioridad a mejorar el desempeño institucional de las instituciones clave del sector de la justicia, elaborar respuestas viables al problema de la seguridad ciudadana y apoyar los esfuerzos para combatir la corrupción.

En 2014 otro proyecto fue dirigir un trabajo de campo para una evaluación de metodologías de prevención del delito en Ciudad de México, Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey.

En 2016 otro proyecto de evaluación de justicia comunitaria en la que “examinó las principales líneas de apoyo a la justicia comunitaria por parte de los organismos gubernamentales estatales y nacionales, e identificó lagunas y/o deficiencias en la política y práctica de la justicia comunitaria, y describió la naturaleza y el papel de la justicia comunitaria, incluyendo las implicaciones de género, en estados y municipios seleccionados”.

Justicia, combate al narcotráfico y seguridad vinculada a la impartición de justicia han sido los tres principales ejes de la injerencia de EU en México. Con estos proyectos han financiado a una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales, think tanks, universidades y empresas que han aplicado los proyectos en México.

Ante la llegada del nuevo embajador, la elección al poder judicial y las distintas presiones que ejerce EU al gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado modificaciones a leyes y a la Constitución para fortalecer el estado, regular el financiamiento y la presencia de agentes estadunidenses en el país. En la siguiente entrega se abordarán las ONG y empresas que tienen presencia en México y que se enfocaron en distintas áreas, entre ellas, las reformas a la justicia, fortalecimiento de la sociedad civil, gobernanza y estado de derecho, en donde se encuentran las principales ONG opositoras a los dos gobiernos de la cuarta transformación.

Aníbal García Fernández*

*Doctor, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la guerra fría interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.

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