Los exalmirantes Roberto y Fernando Farías Laguna –conocidos como Los Primos– sí estaban al frente de una de las redes de contrabando de combustible más sofisticadas que ha enfrentado el país, popularmente conocida como huachicol fiscal, reveló la Fiscalía General de la República (FGR).
Los exintegrantes de la Marina destacaban dentro de esa red para asegurar la capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo introducido de manera ilegal, indicó la titular de la institución de procuración de justicia, Ernestina Godoy Ramos.
Y agregó que sus cómplices intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina, gestionados directamente por Roberto Farías.
Como resultado del cateo de una bodega que Roberto arrendaba en la capital del país, las autoridades encontraron objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, y armas sin el debido registro, evidencia de que la estructura de complicidades ya estaba instalada, agregó en un comunicado grabado.
La mecánica de la red se repetía una y otra vez: los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal; servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que dejaban pasar, mientras las inspecciones –cuando llegaban a realizarse– eran una simulación, con muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados y calendarios de arribo diseñados para desactivar cámaras y evitar el registro de las descargas, detalló la fiscal.
Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, aunque una red de empresas fachada y triangulaciones financieras era la encargada de dar apariencia legítima a los ingresos de la venta. En palabras de la Fiscalía, este ciclo –cargamentos, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero– era el negocio ilegal en el que presuntamente participaron los exalmirantes Farías y sus cómplices.
Las investigaciones permitieron identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, donde se dio seguimiento al rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de la cadena ilegal.
El origen de las indagatorias se remonta a 2024, cuando el almirante Rafael Ojeda denunció ante el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval. A partir de esa denuncia, y bajo un nuevo modelo de investigación de la Fiscalía, se logró dar uno de los golpes más importantes contra el contrabando de hidrocarburos.
Dicho golpe consistió en el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. La FGR precisó que este hallazgo, más que representar el cierre de la investigación, condujo a acciones de mayor alcance, pues detrás de la operación ilegal de esa embarcación no había un contrabandista solitario, sino una compleja red criminal.
No obstante, Godoy Ramos precisó que “la responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia”, y aseguró que continuará investigando e informando sobre la situación.
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