FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Primera parte. La Dirección Federal de Seguridad (DFS) dio seguimiento a Claudio X González Laporte y a su compañía Kimberly Clark, años antes de que se convirtiera en el asesor del presidente Carlos Salinas de Gortari. Su expediente –identificado con el folio P/295643– lo retrata como enemigo del bienestar social, de los salarios justos y de políticas públicas que fortalecen al Estado nación; y como aliado del llamado Estado mínimo y del modelo económico neoliberal.
Las fichas elaboradas por los agentes de la extinta “policía política” registran, por ejemplo, los conflictos laborales y huelgas estalladas en la trasnacional propiedad de la familia González, entre 1977 y 1983. El pensamiento antimarxista y antisocialista de Claudio Xavier González Laporte también quedó plasmado en los archivos de la ya extinta Dirección Federal de Seguridad.
Asimismo, quedan al descubierto sus intentos por influir durante el gobierno de Miguel de la Madrid en las políticas públicas de carácter económico –para atender la crisis– y de reconstrucción, tras el sismo de 1985, así como a los conflictos laborales que enfrentó su compañía Kimberly Clark.
Del hoy opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –y padre del empresario Claudio X González Guajardo, uno de los adversarios de la cuarta transformación más visibles del sector económico y promotor de la candidatura del PRIAN a la Presidencia de la República, de la mano de la panista Xóchitl Gálvez–, también se registró su activismo contra la nacionalización de la banca durante el gobierno de José López Portillo, como el de centenas de empresarios opositores a esa medida, y como el activismo de sectores populares y del propio gobierno que la respaldaron.
Además, en los documentos se da cuenta de los viajes –a mediados de la década de 1980– que Claudio X González Laporte realizó, junto con el ya fallecido Jorge Chapa Salazar (quien era socio del Grupo Iccon y fundador de la cadena de tiendas de conveniencia 7-Eleven) a Nicaragua, Cuba y Panamá, para promover la “libre empresa”.
Las fichas –recientemente liberadas para consulta pública por el Archivo General de la Nación– revelan la cercanía de González Laporte con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, con quien incluso desayunaba para discutir las políticas públicas con las que se atendería la crisis económico financiera por la que transitaba México desde el sexenio anterior, siempre a favor de los intereses de la iniciativa privada, pues entonces encabezada el Consejo Coordinador Empresarial.
Un sexenio después, ya con Carlos Salinas de Gortari en la Presidencia de la República, el presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark profundizó su vínculo con el gobierno, al desempeñarse como asesor presidencial. Desde ese puesto de poder, González Laporte no sólo acompañó la desnacionalización y desincorporación de sectores estratégicos y empresas públicas, sino que acompañó la privatización de la banca y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El militante de la derecha y del neoliberalismo, González Laporte ha financiado las campañas de propaganda negra en el proceso electoral de 2006 –con el lema “AMLO, un peligro para México”–, y en la actualidad, mediante donativos a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por su hijo Claudio X González Guajardo, y que también ha litigado contra las principales obras y políticas públicas del gobierno de López Obrador.
En los documentos históricos se reportan diversos conflictos laborales en Kimberly Clark, algunos de los cuales derivaron en huelgas –en 1977, 1980, 1981 y 1983– porque la compañía no aceptaba aumentar el salario de sus obreros en los términos que pedía el sindicato, o por despidos masivos en el contexto de las crisis económicas de ese periodo.
Uno de ellos es la huelga de octubre de 1977: los obreros solicitaban un aumento de salarios del 25 por ciento, mientras que la empresa de González Laporte les ofrecía el 8 por ciento. Tres años después, en octubre de 1980, los trabajadores volvieron a la huelga como único camino para conseguir mejores condiciones laborales.
En febrero de 1981, nuevamente estalló una huelga. En las fichas de la Dirección Federal de Seguridad –entonces encabezada por Miguel Nazar Haro– se detalla que “en Naucalpan de Juárez, Estado de México. A las 10.00 horas, los 1 mil 300 obreros afiliados a la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Papelera, Cartonera, Celulosa y Similares de la República Mexicana, encabezados por Ángel Saucedo García –secretario general de esa sección colocaron las banderas de huelga en la factoría Kimberly Clark de México, SA, en virtud de que durante las pláticas efectuadas con motivo de la revisión del contrato Ley, no se llegó a ningún acuerdo, en el que piden los empleados el 40 por ciento de incremento salarial y la empresa ofrece el 25 por ciento. En la puerta principal de la factoría se integró una guardia de 20 personas. Vta”.
Para el 31 de marzo de ese año, la compañía se comprometió a otorgar el 50 por ciento en los salarios caídos, y el 32.5 por ciento de aumento, por lo que el líder sindical Saucedo firmó el convenio con Ricardo Guzmán Hernández, gerente general de Kimberly Clark para levantar la huelga.
Y para el 9 de junio de 1983, 2 mil trabajadores de la planta de Veracruz se fueron a huelga porque pedían un aumento salarial del 25 por ciento, y la empresa ofrecía 15 por ciento.
En las fichas elaboradas por la DFS quedó el registro de la comparecencia de Claudio X González Laporte, el 4 de octubre de 1983, ante el titular de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 15, luego de que Kimberly Clark despidió a 1 mil transportistas. La audiencia se pospuso para el 8 de septiembre de ese año porque el empresario no aceptó reinstalarlos, pero tampoco pagar la liquidación que le estaban solicitando.
La siguiente audiencia se efectuó el 4 de octubre de ese año. En ésta González Laporte acordó con los miembros de la agrupación de transportistas Miguel Hidalgo, AC, pagar 2 millones 500 mil pesos por concepto de liquidación que serían repartidos entre 74 trabajadores. En las fichas de la DFS no se explica que pasó con los 1 mil transportistas despedidos.
El 21 de octubre de 1985, el empresario Claudio X González Laporte dejó al descubierto la ideología conservadora y de derecha que profesa, al manifestarse en contra del marxismo, de los regímenes socialistas que existían en aquel momento. De acuerdo con la ficha 009-025-012 de la DFS, ese día el ahora opositor a la llamada cuarta transformación expuso una ponencia denominada “La función del empresario privado en el desarrollo económico y en la vida social”, durante la II Convención y Exposición Educacional organizada por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC, “tema considerando de permanente interés, debido a la etapa por la cual está atravesando el mundo actualmente”.
El empresario afirmó que “un fenómeno típico de nuestro siglo [en referencia al siglo XX] ha sido la aparición de países y personas que consideran que el mercado funciona de una manera tan imperfecta que sólo produce desigualdad social, explotación y crisis periódicas, por lo que el gobierno debe ser el propietario de todos los medios de producción, de tal manera que la economía obedezca a una rígida planeación central, y para imponer este programa de extremo radicalismo, es indispensable el establecimiento de una dictadura del proletariado y la superación de los derechos individuales garantizados en las instituciones de las naciones democráticas”.
Según los agentes de la DFS, González Laporte aseguró ante los miembros de la ANTAD que “en algunos aspectos, los administradores de las empresas privadas en los países centralmente planificados y los empresarios privados del mundo democrático tienen funciones que son coincidentes: ambos organizan los diferentes factores de la producción de bienes y servicios que requiere la comunidad. Señaló que en los países marxistas, las pérdidas son absorbidas por el Estado que proporciona indefinidamente subsidios para asegurar su supervivencia”.
Además, “expresó que para una nación de un crecimiento demográfico excesivamente alto, como lo es México, la inversión que crea nuevos puestos de trabajo es decisiva para lograr no sólo un rápido incremento del producto interno bruto, sino para redistribuir mejor el ingreso e impulsar así la movilidad social. Manifestó que una empresa que arroja pérdidas sistemáticamente, es una compañía que despilfarra los recursos que la sociedad le ha confiado”.
A mediados de mayo de 1985, su posición política incluso lo llevó a viajar a Nicaragua, Cuba y Panamá para promover la “libre empresa”. Los viajes los realizó en compañía del ya fallecido empresario regiomontano Jorge Chapa Salazar.
En el primer caso, estaba en pleno desarrollo la llamada Revolución Sandinista (julio de 1979-febrero de 1990), encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En aquel año, en Cuba continuaba el gobierno de Fidel Castro al mismo tiempo que se apretaba a la isla mediante el bloqueo –que aún permanece pese a que la mayoría de países que integran la ONU han votado en contra año con año–; y en Panamá se desarrollaba la turbulenta presidencia del derechista Nicolás Ardito Barletta, impuesto mediante un fraude electoral el 11 de octubre de 1984, y quien dimitió al cargo el 27 de septiembre de 1985.
Las fichas de la DFS ponen al descubierto que el dueño de Kimberly Clark no sólo estaba contra el socialismo, sino también contra el llamado Estado de bienestar, pues como centenas de empresarios agrupados en la Consejo Coordinador Empresarial, el entonces Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, la Concanaco y la Coparmex, entre 1980 y 1982 –durante el gobierno de José López Portillo– se opuso a la nacionalización de la banca.
De acuerdo con el exhaustivo seguimiento que dieron los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, la iniciativa privada a través de sus organizaciones empresariales publicó desplegados en diarios nacionales y locales en rechazo a esa medida, a la que se llegó a calificar como una política de carácter socialista que atentaba contra la libre empresa. E incluso, en septiembre de 1982, llamaron a parar la actividad industrial.
En las fichas de la DFS no sólo se da cuenta de la opinión del sector empresarial, sino también de sectores sociales, académicos y gubernamentales que estaban a favor de la nacionalización de la banca, por considerar que el manejo que había tenido el sector privado de ésta había sido desastroso, y los bancos privados eran responsable en gran medida de la crisis económica que azotaba al país.
Incluso se acusó que antes de que fuera publicado el decreto presidencial de López Portillo, los empresarios se enteraron, por lo cual habían retirado su dinero y descapitalizado los bancos.
En el sexenio del ya fallecido priísta Miguel de la Madrid, el activismo de González Laporte para influir en las políticas públicas se volvió más intenso. De acuerdo con las fichas de la DFS, su cercanía era tal, que el entonces presidente de la República asistió a su nombramiento como titular del Consejo Coordinador Empresarial, el 28 de junio de 1985.
Para julio de ese año, el empresario ya había presentado al titular del Ejecutivo federal un plan para atender la crisis económica. Y el día 25 de ese mes, González Laporte fijó “la postura de los empresarios con relación al anuncio de las medidas de política económica, tendientes a corregir la desviación que ha sufrido el ‘Programa Inmediato de Reordenación Económica’, las cuales se concretan en señalar que las medidas son de trascendencia para el país”.
Para el 7 de agosto de ese año, el dueño de la trasnacional Kimberly Clark le entregó al entonces presidente Miguel de la Madrid “un documento en el que expresa los considerados, por parte del empresariado, sobre las medidas de políticas económicas adoptadas por el gobierno en el cual considera que dicha política va en el sentido correcto, pero que, sin embargo, para que pueda tener éxito es necesario incluir algunos puntos. Al finalizar la entrevista que tuvo Claudio X González Laporte con el primer mandatario, le manifestó “la inquietud existente entre las empresas pequeñas, medinas y grandes sobre la necesidad que la instrumentación de la política adoptada no sea confusa, sino efectiva, bien hecha y concertada, de tal manera que se impida el demerito de las medidas y el surgimiento de problemas derivados”.
Las reuniones continuaron. El 12 de septiembre de 1985, el empresario desayunó con Miguel de la Madrid en la Residencia Oficial de Los Pinos. Ahí, el titular del Consejo Coordinador Empresarial le manifestó “la coincidencia existente con los puntos sustanciales de la política Económica enunciada en el III Informe de gobierno, así como darle a conocer los puntos de vista sobre algunos aspectos de la situación económica del país. “El ingeniero Claudio Xavier, dirigiéndose al señor presidente de la República, continuó diciendo: ‘desde que usted ascendió a la Primera Magistratura y dio a conocer su programa inmediato de reordenación económica (PIRE), nos identificamos con esos puntos básicos que habían sido ya señalados por el empresario mexicano, como metas deseables desde épocas anteriores como, por ejemplo, de tiempo atrás hemos venido insistiendo en que el combate a la inflación debe ser un objetivo prioritario”.
Además, en el expediente de la DFS se revelan sus gestiones para influir en la política de reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre de 1985, que cobró la vida de decenas de personas. En la ficha 009-031-003, del 9 de octubre de ese año se lee: “con relación a los movimientos telúricos ocurridos los días 19 y 20 del mes pasado, arribó al Museo Nacional de Antropología el señor presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, con el objeto de instalar la Comisión Nacional de Reconstrucción, durante la cual González Laporte, entre otros, coincidió en señalar que se debe dar todo el apoyo a la labor a reconstrucción ordenada por el presidente de la República, en razón de la vivienda, hospitales y escuelas, aportando todo el entusiasmo del sector gubernamental, empresarial, obrero y ciudadano en general. Durante estos trabajos se determinó la creación de las Comisión de Reconstrucción y Apoyo. j-jvv”
La ficha reporta también lo ocurrido un día después, el 10 de octubre: “al darse a conocer las declaraciones de este presidente [Claudio X González Laporte] del Consejo Coordinador Empresarial, con motivo de haber sido invitado a participar en la Comisión Nacional de Reconstrucción, en éstas confirma que es una gran responsabilidad el integrar dicha Comisión, porque se avocará a reconstruir mejor lo que se ha perdido a consecuencia de los sismos del mes pasado, y a nombre del sector empresarial aceptó, con la convicción por parte del empresariado que hoy más que nunca es el momento de unir y sumar esfuerzos para alcanzar las metas nacionales. Asimismo, da a conocer las etapas con las que cuenta el programa de reconstrucción. -anva”.
En congruencia con esa postura contraria al bienestar social, ahora el empresario financia campañas de propaganda negra a través de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que van encaminadas a desprestigiar al llamado humanismo mexicano. Mientras que su hijo Claudio X González Guajardo impulsa directamente la campaña de Xóchitl Gálvez, la opción que garantizaría el regreso del modelo económico neoliberal y, al mismo tiempo, una Presidencia de la República cercana al poder fáctico empresarial, como ocurrió en los sexenios de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña.
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