Ahora que el expresidente Ernesto Zedillo “rompió” el silencio para manifestarse contra la reforma judicial, podría explicar al pueblo de México tres expedientes que señalan al político priísta con nexos con los cárteles de Colima y de Juárez. Los documentos oficiales de la extinta PGR y de la Secretaría de la Defensa Nacional –en poder de Contralínea– acusan, por una parte, que su primer círculo familiar (esposa, suegro y cuñado) se habría involucrado con los hermanos Amezcua Contreras; y, por otra parte, que su entonces secretario particular, Liébano Saenz, estuvo presuntamente conectado con el capo Amado Carrillo. Sobre esto último, se asegura que hubo financiamiento ilícito durante la breve campaña electoral de Zedillo. El primer señalamiento se hizo tras pinchar los teléfonos de los integrantes del cártel de las metanfetaminas, mientras que el segundo, cuando la Sedena obtuvo el testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del grupo criminal que encabezaba el Señor de los Cielos, mediante un militar desertor. Ambos casos fueron enterrados gracias al poder del expresidente de México, quien en una de sus primeras acciones de gobierno asestó el mayor golpe al Poder Judicial, cuando desapareció la Suprema Corte y nombró, a modo, a todos los ministros

Tres expedientes oficiales revelan que el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León fue investigado durante su propio sexenio por supuestos nexos con los cárteles de Colima y de Juárez, hechos por los que el político priísta aún estaría impune, debido a su nivel de influencia y a los arreglos que posteriormente estableció con su sucesor, el panista Vicente Fox Quesada.

Se trata de un expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, elaborado en diciembre de 1995 por la V Región Militar y enviado directamente al entonces general secretario Enrique Cervantes Aguirre –al que se le agrega otra investigación que realizó (por separado, pero que llega a las mismas conclusiones) la entonces Procuraduría General de la República, y que se conoció como el ‘Caso LEO’–; y de una tercera indagatoria, también de la PGR –que se hizo de 1996 a 1997–, sobre el cártel de los hermanos Amezcua Contreras.

Los tres archivos –en poder de Contralínea– acusan presuntas relaciones estrechas entre los narcotraficantes y los familiares de Ernesto Zedillo (su esposa, Nilda Patricia Velasco Núñez; su suegro, Fernando Velasco Márquez; y sus cuñados, Fernando y Francisco Velasco Núñez), así como con uno de sus brazos derechos en la Presidencia (su secretario particular, Liébano Sáenz), por lo que las indagatorias de las autoridades incluyeron hipótesis que ubicaban al entonces presidente de la República como beneficiario final o autor intelectual de los presuntos negocios ilícitos.

Otra de las características de estos tres expedientes es que ninguno de ellos se inició teniendo como línea principal u objetivo primario a Ernesto Zedillo o a sus operadores, sino que se llegó a éstos como parte de los hallazgos derivados de las propias estrategias investigativas.

Y la tercera característica es que ninguno de ellos prosperó ni se judicializó. Además de que los investigadores principales fueron acosados brutalmente: uno de ellos fue asesinado (Héctor Rodríguez Armendáriz, agente especial de la PGR); otro, encarcelado (general Jesús Gutiérrez Rebollo); y otro más, exiliado (Samuel González, entonces titular de la UEDO, de la PGR).

El expediente militar

En el caso del expediente militar, la información se obtuvo del testimonio de Eduardo González Quirarte, integrante del Cártel de Juárez, liderado en aquellos años por Amado Carrillo Fuentes.

Fechado el 4 de diciembre de 1995 –apenas un año después de que Zedillo asumiera la Presidencia–, el archivo número 39872, de la V Región Militar y firmado por el general Gutiérrez Rebollo, se basa en el testimonio del subteniente desertor de la Fuerza Aérea Especialistas en Mantenimiento de Aviación, Francisco Corona García, quien tras enrolarse con el Cártel de Juárez, conoció a Amado Carrillo y a sus operadores.

El militar reveló conversaciones que sostuvo con González Quirarte, en las que aseguró que dicho narcotraficante –a quien se le atribuye haber sido el segundo en la estructura del cártel del Señor de los Cielos– reveló que su jefe había financiado a Liébano Sáenz durante la breve campaña presidencial de Zedillo.

Para entonces, Sáenz –hoy abierto opositor al gobierno del presidente López Obrador– era el secretario particular del presidente Zedillo, y tenía tanto poder, que se le consideraba el segundo al mando del país (algo así como un vicepresidente, a grado tal que en aquella época se consideraba que él pudo haber llegado a la Presidencia, como suplente de Luis Donaldo Colosio tras el magnicidio, y de quien fue jefe de información y propaganda durante su campaña, e incluso fue quien informó de su muerte tras el atentado en Lomas Taurinas).

Acerca del subteniente Corona García, el expediente indica que fue aprehendido por el delito de deserción “por el grupo de información de esta Región Militar, en esta plaza, el 3 de diciembre de 1995 y quien se encuentra relacionado con el Cártel de Juárez”

Agrega que, entre otras cosas, el militar desertor confesó que escuchó directamente a Amado Carrillo Fuentes comentarle a Eduardo González Quirarte: “compadre, ya mandé pedir el dinero para hacerle su regalito de Navidad al lic. Lievano Saenz [sic], para que nos vaya bien con Santa Claus”. Y se agrega que el regalo sería presuntamente una casa.

El subteniente Corona también dijo que había preguntado a González Quirarte “quién era el lic. Lievano Saenz [sic], porque no lo conocía, [y] éste le contestó que era el secretario particular del sr presidente de la República. También manifestó que en una plática que sostuvo con Eduardo González Quirarte en su domicilio, después del atentado que sufrió González Quirarte, éste le indicó que Amado Carrillo Fuentes llevaba buena amistad con el lic. Lievano Saenz, ya que Amado lo apoyó económicamente durante la campaña del candidato a la presidencia de Ernesto Zedillo. Incluso Eduardo González llevó personalmente unas camionetas para la citada campaña, no especificando el número de vehículos”.

Expediente LEO

Como previamente lo ha informado Contralínea, este nexo también fue descubierto en el expediente ‘LEO’, que abrió la entonces Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la ya extinta Procuraduría General de la República. Nuevamente, la línea de investigación fue la operación y estructura del Cártel de Juárez.

Esta indagatoria se le encargó al agente especial Héctor Rodríguez Armendáriz, quien tras descubrir que los tentáculos de la organización criminal de Amado Carrillo llegaban hasta la secretaría particular de la Presidencia de la República fue ejecutado el 22 de junio de 1999, en Hermosillo, Sonora. Su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, con las manos esposadas a la espalda y tres balazos en la cabeza. Meses antes, el agente había denunciado amenazas de muerte y había pedido su baja a la PGR, pero sus jefes (José Trinidad Larrieta Carrasco y el entonces procurador Jorge Madrazo Cuéllar) no le hicieron caso.

Previo a su asesinato –que nunca fue esclarecido–, Rodríguez Armendáriz investigó e integró el expediente ministerial Caso LEO, clasificado como confidencial por la PGR, que acusaba al secretario particular del Zedillo, José Liébano Sáenz, de estar implicado con el Cártel de Juárez. Posteriormente, este asunto fue cerrado supuestamente por falta de elementos.

Ello, a pesar de que el agente federal Rodríguez Armendáriz concluyó que sí había evidencias suficientes de relaciones sospechosas entre el secretario particular de Zedillo y el narcotráfico, así como con lavadores de dinero. Aunque nunca se judicializó el asunto, Liébano Sáenz sí fue citado a declarar por el entonces titular de la UEDO, Samuel González. De acuerdo con los documentos en poder de Contralínea, en aquel interrogatorio se le cuestionó, incluso, por una supuesta relación íntima de su hermana con uno de los principales narcotraficantes del Cártel de Juárez.

Como si se tratara de una novela de intriga política y redes de corrupción al más alto nivel, Samuel García fue amenazado de muerte y –a diferencia de lo que pasó con el agente especial– logró ser designado cónsul en Sevilla, España. Sólo así salvó la vida.

Cártel de los Amezcua Contreras

Otro expediente de la Procuraduría General de la República, ya cerrado y que data del sexenio zedillista, es el que señala una supuesta relación de negocios que tenía su familia política –padre y hermanos de su esposa Nilda Patricia Velasco– con el cártel de Colima, encabezado por los hermanos Amezcua Contreras, apodados los Reyes de las Metanfetaminas.

En el archivo se incluyen diversas pruebas documentales, entre las que destacan testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas –autorizadas por jueces– a los hermanos Amezcua Contreras.

El documento confidencial de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), bajo el título “Organización de los hermanos Amezcua Contreras. Tráfico internacional de efedrina”, refiere que al investigar a ese cártel con sede en Colima –estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco–, agentes federales especiales descubrieron presuntos vínculos de ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente, y los hermanos de ésta, Fernando y Francisco Velasco Núñez.

Los teléfonos de los integrantes del Cártel de Colima fueron pinchados por el Instituto Nacional de Combate contra las Drogas, en 1996 y 1997. Así, la PGR grabó miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Al frente del INCD estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien posteriormente a estos descubrimientos fue encarcelado hasta su muerte, acusado de presunto narcotráfico, pues habría recibido regalos del entonces jefe del Cártel de Juárez, el Señor de los Cielos.

El documento confidencial de la FEADS, de 43 páginas, revela los contenidos de las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996, el narcotraficante Jesús Amezcua Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro del grupo criminal, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.

Tirado le dijo a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República. Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la Oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantí­a por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.

“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República [Ernesto Zedillo], por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana [Nilda Patricia], la esposa del presidente de la República”.

No obstante, Ernesto Zedillo –quien el primer año de su gobierno asestó uno de los mayores golpes al Poder Judicial, al desaparecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación para luego nombrar a sus nuevos integrantes a modo– nunca ha respondido por estos hechos. Ahora que rompió el silencio, podría dar la cara por primera vez y aclarar los señalamientos que aún constan en los archivos históricos de la extinta PGR y de la Sedena, en poder de Contralínea.

 

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