Expresidentes, a juicio también por endeudamiento criminal

El primer día de agosto se realizará la consulta nacional sobre la necesidad de investigar y juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Uno de los graves delitos de los cinco es el endeudamiento público que tanto afectó la soberanía de México y condujo al país al sometimiento a las políticas que marca Washington a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y, entre otros organismos, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En 1988, cuando asumió Salinas la Presidencia de la República gracias a un fraude electoral, la deuda externa era de más de 100 mil millones de dólares. En 1994 la deuda llegó a 131 mil millones de dólares, pero de 1989 a 1994 se pagó por el servicio de la deuda más de 200 mil millones de dólares: más caro el caldo que las albóndigas.

El endeudamiento fue empujando primero la liberalización comercial, el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) y finalmente la firma por Salinas de Gortari del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, poniendo a México a competir con una economía 15 veces mayor, en el caso de Estados Unidos y del doble, comparada con la de Canadá.

Esta ruta neoliberal en la que nos insertó Washington, una vez que nos ató al cuello con la soga de la deuda, llevó a la política de privatizaciones de las empresas públicas, algunas de ellas vítales para la economía, como la banca y Teléfonos de México (Telmex), incluyendo a empresas con fuerte poder de mercado. Fue el caso de la minera Cananea, además de que se cambió la Ley Minera para darle prioridad a los consorcios mineros sobre las comunidades, entregando nuestras riquezas a grandes intereses extranjeros.

Para favorecer a las corporaciones y entregarles el vital líquido, Salinas impulsó en 1992 la Ley Nacional de Aguas. Además, modificó el Artículo 27 Constitucional para privatizar el ejido y abrir el mercado de la tierra a las corporaciones agroindustriales y mineras. Así, el endeudamiento y el Tratado afectaron gravemente la economía nacional, que comenzó a ser dominada por corporaciones extranjeras que devastaron la producción nacional, industrial, agrícola y los servicios. Lo anterior provocó más endeudamiento aún. Estas políticas crearon condiciones para el desarrollo de un narco-Estado y el libre desarrollo del crimen organizado en el país. La resistencia popular creció y entonces se desató una ola de asesinatos contra los militantes sociales y diversos políticos relevantes.

En 1995, la deuda pública externa llegó a ser 26.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), en un contexto en el que las reservas del Banco de México no alcanzaban ni para pagar los intereses. En el sexenio de Ernesto Zedillo el saldo del endeudamiento externo pasó de 91 mil millones, a 70 mil millones de dólares. Pero siguió creciendo la deuda interna bruta, que son los financiamientos que obtiene el sector público en el mercado doméstico, a través de la colocación de valores gubernamentales y de créditos directos con otras instituciones, que en parte sigue siendo deuda externa. Por ejemplo, se aprobó el rescate bancario, donde la gran mayoría bancos eran extranjeros, privatizando la deuda de los magnates con el Fobaproa-IPAB (Fondo de Protección al Ahorro Bancario-Instituto para la Protección del Ahorro Bancario). Por 554 mil millones de dólares, se ha pagado alrededor de 1 billón y todavía se deben 1.2 billones: ya ha costado el doble y va a costar el cuádruple. En este punto tomó gran auge la deuda interna, que junto con la externa extrajo los recursos de la nación. Dado que la economía mexicana fue invadida por corporaciones extranjeras, gran parte de la deuda interna fue acaparada por los intereses de los oligopolios mundiales, por lo que en general la deuda pública benefició a la oligarquía mundial.

Ernesto Zedillo, siguió la política de privatizaciones, vendió la estratégica Ferrocarriles Nacionales a la Union Pacific, y con descaro luego se fue a trabajar con ellos. Desde luego que no sólo disparó la deuda pública, sino que siguió la represión. Durante su gobierno se perpetraron masacres como la de Acteal, Chiapas, con 49 tzotziles asesinados; el Charco, Guerrero, donde ejecutaron a 11 na’saavi, etcétera.

A raíz del endeudamiento acelerado del país, la liberación comercial y el aumento de la inversión extranjera, se ha expulsado a más de 10 millones de mexicanos obligados a migrar, se desató la guerra interna y la delincuencia, se excluyó a los jóvenes del estudio y el trabajo, se abandonó el campo, se privatizó el sector estatal, de destruyo la planta productiva nacional.

En el sexenio de Vicente Fox la deuda externa pública neta del gobierno federal pasó de 70 mil millones de dólares en el año 2000, a 49 mil 900 millones de dólares para 2006. Pero dejó una deuda pública de 1.7 billones de pesos. Finalmente, las ventas totales de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el sexenio de Vicente Fox fueron de 347 mil millones de dólares. Aun así, nos siguió endeudando.

Vicente Fox llegó como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia, prometiendo un “cambio”… pero fue un cambio en reversa. Para garantizar los intereses de las grandes corporaciones, se atacó la huelga de la siderúrgica Las Truchas, en Michoacán, matando a dos obreros; se encubrió el crimen del Grupo México de Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros; se asaltó Atenco, asesinando a dos jóvenes. Se reprimió en Oaxaca a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cobrando 26 vidas. Liquidó Mexicana de Aviación, despidiendo a 8 mil 500 trabajadores. Se cobijaron fraudes y despilfarros, como el programa Enciclomedia y los negocios de sus hijastros con Oceanografía. Además, orquestó el fraude electoral de 2006.

Fox firmó en 2005 el Acuerdos para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), con George Bush, comenzando la anexión de México, integrando seguridad y energía con Estados Unidos y Canadá y comenzando la sujeción militar de México al Comando Norte bajo el mando del Pentágono.

El crecimiento explosivo de la deuda externa comenzó a mediados de la administración de Felipe Calderón. En 2008 era de 37 mil 449 millones de dólares. Al entregar el gobierno, llegó a 116 mil 140 millones de dólares. Además, dejó su gestión con una deuda del sector público de 5.2 billones. En ese sexenio, el Ejecutivo recibió por ingresos petroleros 9 billones 772 mil millones de pesos. Sin embargo, el gobierno siguió endeudando al país.

Felipe Calderón, tras el fraude de 2006, desató la guerra en México por órdenes de Karen Tandy, administradora general de la agencia antidrogas estadunidense (conocida por su sigla en inglés DEA) que se reunió en octubre de 2006 en Cuernavaca, Morelos, con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, causando cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. En 2011 se contaban 200 mil muertos. Genaro García Luna, coludido con el Cártel de Sinaloa, hoy es juzgado en Estados Unidos. Calderón prosiguió la integración militar con ese país a través de la injerencia del Ejército vecino con la Iniciativa Mérida. La acción de agentes armados de Estados Unidos en México sumó a la Armada mexicana a ejercicios navales de ese país, el sobrevuelo de drones y la incorporación al Comando Norte. Entregó decenas de millones de hectáreas a las mineras, solapó los crímenes de la Guardería ABC y el de las seis trabajadoras de la cadena de tiendas Coppel en Culiacán, Sinaloa. Nos endeudó, golpeó al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), despidiendo a 44 mil trabajadores y culminó con una contrarreforma laboral que negó todos los derechos laborales.

Desde 2006 la empresa Odebrecht llegó a México de la mano de Felipe Calderón, haciendo negocios sucios al amparo del poder, como la operación Etileno XXI, firmando contratos leoninos que llevaron a Pemex a perder miles de millones por subsidiar en la venta a bajo precio de gas etano y dañando las petroquímicas de Pajaritos, en Coatzacoalcos. Fox y Calderón recibieron casi 500 mil millones de dólares, cuando el petróleo estaba arriba de 100 dólares barril. ¿Dónde quedó el dinero?

Con Peña Nieto la deuda pública subió casi 5 billones de pesos, y hay que tomar en cuenta que los contribuyentes habían erogado 5.9 billones en los últimos años, sólo por pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública. Y eso que se recibieron 331 mil 997 millones de dólares por la exportación del petróleo. Pero nos siguieron endeudando.

Y no sólo eso. Peña Nieto usó recursos ilícitos en su campaña presidencial y compró millones de votos, con la complicidad del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) hoy Instituto Nacional Electoral (INE). Solapó fraudes como la compra chatarra de Agro Nitrogenados. Con la Reforma Energética entregó el petróleo, usando 164 millones pesos para sobornar a legisladores para su aprobación. Y Peña fue cómplice de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de la masacre de Nochixtlan y de Tlalaya.

Con respecto del producto interno bruto (PIB) la deuda cerró en 2006 con Fox en 29.5 por ciento de ese indicador; con Felipe Calderón, en 37.2 por ciento en 2012, y con Enrique Peña Nieto 44.9 por ciento, en 2018. La deuda total del gobierno federal, que heredamos de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del PAN es monstruosa: rebasa los 500 millones de dólares y abarca hoy el 52 por ciento del PIB. Y aún sin pedir nuevos créditos, debido a la devaluación de la moneda, la deuda pública aumentó de 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018, a 12.3 billones en 2021, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este año se pagarán alrededor de 724 mil millones de pesos por el servicio de la deuda interna y externa. Cada año pagamos más, pero debemos más. Por soberanía, es necesario revisar esa deuda, suspender pagos, auditarla y renegociarla en beneficio de nuestro pueblo. ¡No hay que pagar a ciegas! Sigamos la tradición de todos los gobiernos patrióticos de México. En la Independencia se suspendieron pagos, igual tras la Reforma y en 1914, en la Revolución. Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, los gobiernos posrevolucionarios hasta Cárdenas lo hicieron. Los conservadores Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Santa Anna, Porfirio Díaz y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron la deuda. Hoy se pagan 724 mil millones de pesos en tiempo de crisis. Es hora de suspender pagos.

Nadie debe ser intocable. No pueden quedar impunes y deben ser investigados y castigados los crímenes de lesa humanidad y traición a la patria. Además, no podemos cargar con su herencia nefasta, ni asumir a ciegas la deuda heredada.

Por esto y más, el primer día de agosto hay que ir a votar para que se investigue y juzgue a los expresidentes, además de rechazar la carga injusta que echaron sobre nuestras espaldas: el peso de una desproporcionada deuda pública.

EZLN llama a votar por el “Sí” en la consulta popular para juzgar a los expresidentes