La atención a los feminicidios en México aún es precaria: las autoridades siguen sin aplicar el protocolo de actuación, continúan tipificando estos crímenes de odio como homicidios dolosos y en la atención a la violencia de género hay mucha discriminación, señala en entrevista Gabriela Amores Moya, maestra en derecho, feminista y defensora de derechos humanos

En México aún cuesta demostrar que los asesinatos de mujeres son feminicidios, a pesar de que el dolo significa que hay una intención de quitarle la vida por el hecho de ser mujer, considera la abogada feminista Gabriela Amores Moya. Agrega que de enero a octubre de 2021 se cometieron 2 mil 316 homicidios dolosos contra personas del sexo femenino en el país, “lo que significa que alguien con intención de quitarles la vida lo logró”.

Entre enero y noviembre pasados, en el fuero común se tipificaron como feminicidios 922 asesinatos de mujeres, de acuerdo con el informe de seguridad presentado por las autoridades el 20 de diciembre en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para la abogada Amores Moya, una de las cosas más preocupantes es que las autoridades sigan incumpliendo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio.

En entrevista con Contralínea, Amores Moya –quien desde 2010 defiende a mujeres víctimas de violencia extrema– critica que “las coordinaciones periciales han sido totalmente negligentes”. Como ejemplo cita a las coordinaciones periciales del Estado de México y al Instituto de Ciencias Forences de la Ciudad de México, que siguen clasificando como homicidios dolosos y no como feminicidios a muchos crímenes de odio.

La también directora de las asociaciones Unión Nacional de Abogadas, AC, y Perspectiva Feminista Jurídica, AC, considera que ha sido la presión social, y no la eficacia de las autoridades, por la cual muchas carpetas de investigación ministerial se han tipifiquen correctamente.

—¿Cuál es la situación del Estado de México?

—Desde un registro muy antiguo podemos encontrar que el Estado de México siempre ha repuntado por la violencia en contra de las mujeres. Estamos hablando de cuando Ciudad Juárez [Chihuahua] estaba en un máximo de violencia registrada, no que eran el único lugar delictivo: al Estado de México nadie volteaba a verlo. Si bien es claro que la población en ese estado fue incontrolable, también la complicidad ha sido parte de este incremento. Digo complicidad porque hemos encontrado en varias carpetas de investigación que el primer respondiente negligentemente hace algunas acciones para que el protocolo sea invisible o sea nulo, o no se lleve a cabo. Desde el primer responsable, el primer sujeto del proceso al que llega al lugar de los hechos o que sabe de la violencia o del feminicidio, y que negligentemente hace algo.

La abogada feminista advierte que el Poder Judicial del Estado de México tiene un sistema inhumano en términos laborales, que implica una forma de desigualdad jurídica hacia las víctimas. “Tenemos 4 mil víctimas sin justicia. Eso habla sobre lo que está viviendo el Estado de México: complicidad, exceso laboral e impunidad. Es el diagnóstico total de la impunidad en cuanto a los casos que se están registrando de violencia”.

Una de las respuestas institucionales a la violencia de género, tanto en el Estado de México como en otras entidades federativas es la alerta de violencia de género, que de acuerdo con el Inmujeres “es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa)”.

Al respecto, la maestra Amores Moya advierte que uno de los principales obstáculos para que estas alertas sean exitosas es que el personal no está capacitado para entender qué es violencia para las mujeres. “La alerta debe de existir, claro, pero deben de haber mecanismos correctos para la erradicación, no para disminuir, no para bajar: la alerta es para erradicar. Si en un municipio ya tienes más de 3 años con la alerta de género y no disminuyes, creo que es importante revisar al personal que están metiendo, y más en el Estado de México: personal que no tiene la capacidad para poder llevar a cabo este tipo de programas o este tipo de puestos”.

Violencia de género

El más reciente informe de seguridad federal indica que entre enero y noviembre de 2021 se denunciaron 233 mil 978 delitos relacionados con violencia familiar y 19 mil 484 casos de violación sexual simple y equiparada. Respecto de la atención que reciben las mujeres víctimas de este tipo de violencias, la abogada critica que “en México las agencias del Ministerio Público son el lugar donde más se discrimina a la mujer”. Ello, a pesar de que en todas las instancias –jueces, secretarios, agentes del Ministerio Público, fiscales– tienen la obligación de capacitarse con perspectiva de género.

“El gran problema es la discriminación en esos lugares donde le dicen a las víctimas: ‘mejor váyase a su casa porque su esposo la está esperando’, ‘para qué lo va a denunciar, después quién le va a dar pensión’, o ‘le puede quitar su casa’. Esos mecanismos son de intimidación y un delito por parte de las autoridades que está tipificado. En ese momento nos damos cuenta cómo los números, y si bien es claro se llama esta cifra negra que es el 98 por ciento lo que no está registrado, es por estos mecanismos de discriminación que están todavía viviendo las mujeres y que no les permite demostrar o llegar a la investigación correcta de los hechos que se está viviendo. Esto es lo que nos está afectado todavía”, señala la también consejera en la búsqueda de mujeres desaparecidas.

—¿Qué se tendría que hacer de forma urgente para cambiar este panorama tan terrible?

—Algo que es bien importante –y que sí comparto– es lo que mencionó Olga Sánchez Cordero [exsecretaria de Gobernación] en enero de 2021: nunca había habido tantas legislaciones que protegen a las mujeres. Esto es real, hay muchas leyes que yo puedo mencionar en un juicio, pero el sujeto es el que no las quiere aplicar o entender, y es querer ‘quitarse los lentes para ponerse los de género’. Creo que es obligatoriamente urgente que se revise al personal, se evalúe al personal, más en estas fiscalías que tienen que ser especializadas. Hay una obligación para poder llevar juicios en el sistema de menores de 14 años, y está en el artículo 18 constitucional: tienes que tener especialización para poder llevar juicios de menores infractores. Y así debería de ser para las fiscalías de género. En la fiscalía de género debe haber profesionalización urgente, que esté en la Constitución, para que con base en eso se obligue al personal de estas fiscalías a tener este estudio preciso y que existan resultados positivos. Que no tengamos otras 20 legislaciones con protección, cuando el Poder Judicial no profesionaliza.

Asimismo, la abogada Amores Moya insta a que el Poder Ejecutivo reaccione: “que demuestre y acepte que no es nada más lo que dejaron en la antigüedad, es que la violencia existe hoy, ayer y antes. Que recapacite en esta precisión para que en la línea jerárquica que tiene ese Poder Ejecutivo baje y dé estas soluciones inmediatas; porque en la negación es muy fácil, pero en la aceptación podríamos avanzar más como sociedad”.

Fuente: Informe de seguridad, diciembre de 2021

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