FOTO: IVÁN MÉNDEZ/CUARTOSCURO.COM
Bajo la argucia de que había riesgo a la seguridad pública, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa otorgó por “adjudicación directa”, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la actuación de esos servidores públicos configura los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano, pues quedó al descubierto que las seis empresas adjudicadas directamente subcontrataron a otras ocho empresas para construir y dar servicios a los penales, lo que deja en evidencia el supuesto riesgo de la seguridad pública al compartir con terceros información sobre la edificación y servicios de los penales, así como la adjudicación directa por ser un asunto de seguridad pública.
Las empresas subcontratadas son: Makobil, en Chiapas; Concesionaria en Infraestructura Penitenciaria de Michoacán; Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria; Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato; CRS Morelos; Pápagos Servicios para la Infraestructura, en Sonora; Safre Infraestructura y Servicios, en Coahuila; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca.
Ante el desfalco cometido a las arcas públicas por Calderón Hinojosa y su camarilla, la Fiscalía mantiene abierto un expediente en donde identifica al expresidente de la República en “abierta colusión” con los exsecretarios de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo; de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Función Pública, Salvador Vega Casillas; además, al exoficial mayor de la SSP, Sergio Montaño Fernández, y otros 24 exdirectivos de Centros Federales de Readaptación Social, como presuntos responsables de maquinar un robo al erario público.
Otro exfuncionario involucrado es el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, cargo que ostentó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, tiempo en el cual se formalizaron convenios modificatorios, para otorgar prórrogas a las empresas para la construcción de los centros federales. Esto significó justificar las demoras y legitimar la continuidad de los contratos hasta el año 2032, con conocimiento que esto se hacia en detrimento del patrimonio del Estado.
La FGR investiga a Sales Heredia porque –como superior jerárquico del titular de la Unidad del Órgano Administrativo Desconcentrado– al formalizar los convenios modificatorios, se enteró de la ilicitud de los mismos y, no obstante ello, lo permitió y no informó por escrito a su superior jerárquico, que era el secretario de Gobernación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong.
De acuerdo con la amplia carpeta de investigación de la FGR, a la que tuvo acceso Contralínea, número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia establece también cómo el oficial mayor de la SSP durante el sexenio del panista Felipe Calderón (6 de diciembre de 2006 a 30 de noviembre de 2012), contrató como asesora para desarrollar el multimillonario proyecto a MCBains Cooper, empresa a la cual se fue a trabajar Montaño después de salir de la administración pública y en donde se le ubicó hasta noviembre de 2014 en el cargo de “manging director de MCBains Cooper”, lo que confirma la complicidad y el descarado conflicto de interés que sanciona la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.
De acuerdo con la relatoría de hechos del expediente, en el gobierno de Calderón el entonces secretario Genaro García Luna (actualmente preso en Estados Unidos y sujeto a proceso de extradición), en coordinación con el oficial mayor Sergio Montaño, “maquinaron un desfalco al erario federal a través de la realización de contratos con empresas privadas, con la promesa de disminuir los costos de administración en los Centros Penitenciarios y, a la vez, disponer de una mayor infraestructura para potenciar la capacidad de reclusión del sistema penitenciario federal, bajo el argumento de que el sector privado contara con más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento que permitieran, con menores costos económicos y sociales, contribuir a la reinserción, reservando al Estado la seguridad de los centros y la custodia de los internos, así como los servicios de salud”.
Los seis grupos empresariales beneficiarios con los ocho contratos son: Grupo Ingeniería Arquitectura (GIA), cuyo fundador y presidente es Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari; Promotora y Desarrolladora Mexicana (Prodemex), de Olegario Vázquez Aldir, empresa que forma parte del grupo hospitalario Ángeles y que incluye a Grupo Imagen y al periódico Excélsior; Grupo Tradeco, que preside Federico Martínez Urmeneta, supuesto socio del expresidente Salinas y cuya empresa era de las consentidas con contratos por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña; Grupo Homex, de Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez, exdueño del equipo de futbol Dorados y sujeto a investigación por autoridades fiscales de México y Estados Unidos por evasión de impuestos y fraude; Grupo Arendal, que preside Jesús García Pons y especializada en construcción ductos para la industria energética, y Grupo ICA (Ingenieros Civiles y Arquitectos), presidida por Bernardo Quintana Isaac.
Estas seis empresas subcontrataron a otras ocho para construir los Ceferesos número 11, Hermosillo, Sonora; número 12, Campo, Guanajuato; número 14, Gómez Palacio, Durango; número 17, Buenavista, Michoacán; número 15, Chiapas; número 16 femenil, Morelos; número 18, Ramos Arizpe, Coahuila, y número 13, Miahuatlán, Oaxaca.
Hace poco más de 11 años, febrero de 2010, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, bajo la asesoría de la empresa MCBains Cooper, presentó para su aprobación a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la descripción del proyecto para la contratación del servicio integral referido y estudios de costo beneficio.
En ese año, el secretario de Hacienda fue Ernesto Javier Cordero Arroyo, quien también se desempeñó como presidente del Senado de la República y ahora está bajo proceso de investigación por su participación en el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Este exfuncionario es uno de los acusadores del procesado Ricardo Anaya, excandidato presidencial por el PAN y quien huyó a Texas para eludir cualquier orden de aprehensión en su contra.
El 10 de diciembre de 2010, Cordero Arroyo autorizó de manera directa, previa aprobación de Calderón Hinojosa, los recursos por 199 mil 476.6 millones de pesos para la contratación plurianual del “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria para el Desarrollo de ocho Centros Penitenciarios federales dentro del territorio nacional, a través de contratos de prestación de servicios de largo plazo”, por el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2032.
La razón que arguyó el gobierno de Calderón para adjudicar de manera directa los contratos a sus amigos empresarios fue: “por el supuesto de excepción a la licitación pública, previsto por el numeral 4, fracción IV de la Ley de Adquisiciones y con la opinión de las siguientes autoridades respecto a los aspectos legales, presupuestarios y procedimentales: secretarías de Hacienda y de Función Pública, Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional y Coordinación de Centros Federales de la Secretaría de Seguridad Pública”.
En informes de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2011 y 2015 (últimos dos años del gobierno de Calderón y los primeros tres de Peña Nieto) se autorizaron 63 convenios modificatorios a los ocho contratos, lo que permitió que las empresas tuvieran prórrogas y canonjías para el diseño, construcción, instalación y equipamiento de los centros federales.
Los nuevos plazos y condiciones autorizados por Calderón y Peña a los grupos empresariales elevó el gasto del gobierno federal en un 42 por ciento, al pasar de 9 mil 3 millones de pesos anuales a 12 mil 774 millones 631 mil 220 pesos, lo que amplia el robo al erario federal hasta 281 mil millones de pesos.
En consecuencia, al comparar el costo diario promedio por interno contratado, de 1 mil 224.29 pesos, contra el que se pagaba antes de privatizar los reclusorios, se identifica que el costo por cada preso se incrementó en un 77 por ciento, con el consecuente daño patrimonial al erario federal.
La FGR consideró que el monto de la renta anual pactada a pagar por cada centro penitenciario, más la inflación generada desde la fecha en que se firmó cada contrato, así como la ocupación real de los centros, que es del 52 por ciento de su capacidad (hasta 2020, en los ocho centros sólo se utilizaron 10 mil 421 espacios de los 20 mil 148 disponibles), se estima que para febrero de 2020 las rentas que debe pagar el gobierno a las empresas privadas se incrementaron en un 42 por ciento, mientras que el costo diario promedio por interno es de 3 mil 359 pesos, sin considerar los costos que implica el pago de salarios a custodios y los servicios de luz y agua a cargo del Estado.
Otro acto que revela el engaño de Calderón y su camarilla es la autorización de suficiencia presupuestal en la construcción de los ocho centros penitenciarios, ya que se convino que serían construidos en un lapso de dos años; sin embargo, sólo dos centros fueron edificados en dicho plazo y los seis restantes tuvieron atrasos de entre 155 hasta 2003 días, sin que se advierta que se haya impuesto sanción alguna a las empresas constructoras.
Aún más, se explica en el expediente abierto, la contratación de las empresas privadas para brindar alimentación y otros servicios a los internos se realizó con la planeación de disminuir costos para el Estado, lo cual resultó totalmente contrario, ya que antes de aplicar el modelo privatizador, se tenía un costo unitario por interno de 690 pesos y se contrató por 1 mil 224.29 pesos, es decir un incremento el costo en un 77 por ciento con un cálculo de ocupación del ciento por ciento, cuando hay una subutilización del 48 por ciento.
Además, se acordaron pagos por actualización con efecto inflacionario y sobre capacidad instalada, de tal forma que a mayor subutilización mayor despilfarro de recursos, lo que se tradujo en un lucro indebido en beneficio de las empresas y en un costo por interno de hasta 3 mil 342 pesos, es decir que hay un daño patrimonial al Estado por casi 400 por ciento más de lo que se pagaba por cada preso.
Después de realizar auditorías a los ocho contratos para la construcción y servicios a reclusorios y encontrar graves anomalías de corrupción y desvíos de recursos públicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que preside el economista David Colmenares, solicitó mediante el oficio DGAFFA/IOIC/008/2019 la intervención del Órgano Interno de Control en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, para que investigara lo correspondiente.
De acuerdo con el expediente que obra en poder de la FGR, la afectación al erario público se cometió a través de varias conductas, entre otras al realizar los contratos en los años 2010 y 2011, y posteriormente a través de convenios modificatorios con el mismo propósito de prestar servicios al Estado mediante el albergue de personas procesadas y sentenciadas, lo que obliga al gobierno en turno a pagar anualmente a las empresas durante 20 años, lo significa un fraude continuado y en consecuencia el delito no ha prescrito, como pretenden hacer creer los exfuncionarios procesados y los accionistas de las empresas que también tendrán que rendir cuentas.
En cuanto a los delitos de administración fraudulenta y lucro, sin razón plenamente justificada se dejó de privilegiar la contratación a través de licitación pública, con lo que no se aseguraron las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Además, se otorgaron contratos a empresas no especializadas en el diseño y construcción de cárceles, además de impedir que participaran empresas extranjeras y tampoco acreditar la experiencia en el sistema de seguridad.
Y, por si faltara algo más, se autorizó la subcontratación de otras ocho empresas de parte de las adjudicadas, lo cual significa que por su inexperiencia sólo sirvieron de intermediarias para lucrar y hacer negocios con dinero público, encareciendo el costo de construcción y servicio para los penales. Con esa subcontratación de terceros se comprometió la confidencialidad y secrecía que se argumentó para otorgar las adjudicaciones directas.
Aunque los ocho contratos se firmaron entre los años 2010 y 2011, éstos tuvieron modificaciones hasta 2015 por las prórrogas solicitadas por las empresas adjudicadas, a pesar de haberse comprometido a terminarlos en dos años; sin embargo, el diseño, construcción, instalación y equipamiento de esos centros federales se llevaron a cabo entre los años 2012 y 2018, lo que confirma la comisión del delito de administración fraudulenta por su ejecución permanente, de tal manera que no procede ninguna prescripción como algunos involucrados plantean.
El origen de la investigación parte de una denuncia anónima presentada en 2020 ante la FGR, en donde la Agencia Décima Primera Investigadora (UEIDCSPCAJ) solicitó información al director general adjunto de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Gobernación, César Javier Montero Olmedo, sobre 24 servidores públicos que trabajaron en Ceferesos entre los años 2010-2019:
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