Genaro García Luna, el “súper policía” del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, presagió su fatal destino en 2006 –en las vísperas de la supuesta guerra contra el narcotráfico que empoderó a los cárteles mexicanos–. En su libro ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, Presente y Futuro de la Policía en México, resalta:
“La delincuencia, en particular el crimen organizado, tiene mayor ventaja si cuenta con gente infiltrada en la institución que si la tiene fuera. Es más útil con información sustantiva, con acciones de traición institucional y a la sociedad, si está dentro de la policía, que si está en la calle.”
Fue más allá y asentó en el texto de 186 páginas –con prólogo de Raúl O Roldan, jefe de la División de Crimen Cibernético del Buró Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés), además comentado por María Elena Morera de Galindo, expresidenta de México Unido Contra la Delincuencia–:
“…Si una persona decide estar del lado de los criminales, lo debe hacer con todo el costo que ello implica y nunca al amparo de un arma ni de una credencial, traicionando la confianza que le da la institución.”
Genaro García Luna no imaginó que esas palabras retumbaran y cimbraran su vida luego de que el pasado 21 de febrero, el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Brookyn, Nueva York, Estados Unidos, comunicara que los 12 integrantes de un jurado ciudadano lo encontraron culpable de pertenecer a una organización criminal; conspirar para distribuir, poseer e importar cocaína, además de mentir a las autoridades de inmigración estadunidenses.
En su libró, del cual Contralínea posee copia, realiza un análisis de la situación en que se encontraban las instituciones de seguridad. Pareciera exhibir la forma en que dirigiría todo el sector apenas inciara el sexenio de Felipe Calderón. Habla de cortinas de humo al interior de los organismos para mimetizar operaciones y complicidades con el narcotráfico.
Cabe resaltar que –de acuerdo con los testigos que lo incriminaron en el juicio en Estados Unidos– para entonces, García Luna ya era parte de la delincuencia organizada. Desde la cúspide de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y, luego, de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), se dio el lujo de sostener e imputar en su libro:
“En el caso de México, el prestigio de las corporaciones policiacas comenzó a decaer hace varias décadas [escribió en 2006], cuando les fueron encomendadas funciones de control social y político”, algo que paradójicamente se profundizaría con la llegada de Felipe Calderón –mediante un fraude– a la Presidencia de la República.
“La situación se agravó con la llegada de nuevas tecnologías, que fueron aprovechadas por la delincuencia mientras que las policías en México permanecieron estáticas e inmersas en la corrupción”, añade. Durante el juicio quedaría en claro que, bajo el mando de García Luna, las corporaciones policiacas pondrían al servicio del Cártel de Sinaloa la tecnología de punta adquirida por el Estado mexicano supuestamente para combatir el crimen organizado.
“Sin herramientas reales para combatir al crimen, con una lógica operacional que aceptaba la corrupción como subsidio, el divorcio autoridad sociedad fue la consecuencia natural. Ninguna política en el mundo puede ser eficiente sin el cobijo social”, escribió. Si un gobierno no contó con cobijo social alguno fue el de Felipe Calderón, del que García Luna era el segundo hombre más poderoso.
En su interpretación, achaca la infiltración criminal a factores de la dinámica social. Expresa:
“En México la actividad criminal, hasta por lo menos la década de los sesenta, se circunscribía a un delito de bajo perfil, no violento, que operaba con el principio de la habilidad y sagacidad del delincuente” (sic).
García Luna se manejaba con la firme convicción que anotó con respecto de la conducta delincuencial: de no confrontarse con la autoridad y, por el contrario, trabajar para la autoridad y con la autoridad.
Sin embargo, también expresa en su ideario que el agotamiento del viejo modelo policiaco en México se debe “al proceso de sofisticación y desarrollo” de las actividades delictivas. Primero, porque la delincuencia tiene acceso a nuevas tecnologías, nuevas comunicaciones. Y segundo, porque la corrupción de las funciones policiacas favoreció la expansión criminal. “Empezó a evolucionar el delincuente y el delito, no así la autoridad que fue rezagándose y perdiendo cada vez más autoridad”, acepta impúdico.
Así, plantea: “mientras la sociedad mexicana se transformaba, el modelo de combate al delito se rezagó y de un modelo de control social se pasó a un modelo simplemente reactivo e insuficiente, donde había policías hasta con 50 años de servicio sin instrucción primaria y secundaria”.
Con estos policías de lo que fuera el Servicio Secreto, convertido en Dirección de Investigación, Policía y Tránsito (DIPT) y después División de Investigación para Prevención de la Delincuencia (DIPD), convivió García Luna desde su juventud y adolescencia en la colonia Romero Rubio y calles periféricas en la entonces delegación Venustiano Carranza. Se relacionó con familiares policías y, también, con delincuentes, amigos pandilleros y cómplices.
García Luna habitó una vivienda del vecindario ubicado en Herón Proal 6, colonia Primero de Mayo, dos calles al poniente del mercado Romero Rubio y donde ganó el mote del Chango, por rudo y agresivo.
El “súper policía” plasma en su texto –cortesía gubernamental, que no reporta casa editora– que al centrarse la policía, a partir de la década de 1960, en una lógica de control social más que de prevención de la delincuencia, se perdieron los hilos del combate al crimen y se empezaron a confundir las actividades delictivas con las acciones policiales.
“Se empezó a justificar una relativa eficiencia sustentada en el abuso, en la prepotencia y corrupción, lo que incubó un sentimiento generalizado de repudio y desconfianza hacia la autoridad”, indica.
García Luna señala que en las décadas de 1960 y 1970 el contrabando diseñó la plataforma para el tráfico de drogas, con protección institucional. Sus promotores: Juan Nepomuseno Guerra y su sobrino Juan García Abrego en Tamaulipas; Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, y Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes, en Sinaloa; Rafael Caro Quintero, en Jalisco; Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, en Chihuahua, y los hermanos Arellano Félix, en Baja California.
Indica que con los viejos esquemas, algunos integrantes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) se pusieron al servicio de la delincuencia organizada con su capacidad de operación. En 1985, al desaparecer la DFS y sus integrantes se fusionaran con los elementos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), surge la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN). Ésta tuvo corta vida y el 13 de febrero de 1989 nace el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), plataforma madre de donde despega García Luna para crear su imperio de corrupción.
“Mentiría si dijera que llegué al Centro de Investigación y Seguridad Nacional; el Cisen llegó a mí”, redacta arrogante en el Capítulo III de su libro. Narra su arribó al centro de espionaje casi al graduarse como ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), campus Azcapotzalco.
A la caída de la DFS, el Cisen se concibió como un servicio de inteligencia y contrainteligencia civil para la seguridad nacional. En 1989 su misión era reclutar profesionales especializados, con manejo de metodología, sistemas y tecnologías para la investigación. Las únicas restricciones: no estar involucrados con sistemas de seguridad y no tener interés en pertenecer a cuerpos de seguridad.
García Luna revela que fue seleccionado entre un grupo de pasantes y titulados de varias facultades. “Nos ofrecieron un empleo bien pagado al finalizar nuestra carrera. En mi caso me iba a desarrollar en sistemas y tecnología que en esos momentos estaba llegando a México en forma masiva a través de sistemas de telecomunicaciones, equipo de cómputo y metodología para procesar información.
“El proceso de selección se prolongó cuatro meses. Durante todo ese tiempo los aspirantes no teníamos idea de que se trataba de una nueva agencia de inteligencia”, narra.
El libro da cuenta también que, García Luna fue sometido a exámenes de control de confianza extremadamente rigurosos: polígrafo (detector de mentiras), psicológico, psicométrico, conocimientos, entorno social y situación patrimonial.
Agrega: “Lo sorprendente era que cada vez acudíamos a una etapa del proceso de selección los entrevistadores nos hablaban sobre nuestras actividades personales, amigos o relaciones, preferencias y debilidades, información que nosotros no habíamos proporcionado”.
Acreditados todos los exámenes, entrevistas, investigación personal, curso de inducción y formación básica, García Luna estaba listo en su incipiente carrera como espía. Relata que en 5 años es capacitado por servicios de inteligencia mundiales y por policías de Europa.
Sin embargo, el 1 de enero de 1994 –surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)– se evidenciaron como un órgano “puro” de inteligencia, supeditado a la Policía Federal, sin brazo operativo.
García Luna delata su parecer de entonces: “El Cisen contaba con información estratégica y táctica de la situación en el estado de Chipas, misma que, en tiempo y forma [sexenio de Carlos Salinas de Gortari], fue entregada a los usuarios definidos por la Secretaría de Gobernación, entidad a la que estaba adscrito el Centro”.
Indica que junto con el alzamiento en los Altos de Chiapas, el problema se agravó con el explosivo crecimiento de los secuestros, asaltos en carreteras y robos. La nueva realidad lanzó a los espías a la atención de la seguridad pública y persecución de los delitos. Primero se generó información de inteligencia y, después, con el uso de la tecnología y métodos de investigación se empezó a combatir el secuestro. Se ufana de las tenciones de personajes como Daniel Arizmendi López, el Mochaorejas; Andrés Calettri ,y otros, pero en ese momento se tejieron complicidades con expolicías integrados al crimen organizado y capos.
Genaro García Luna admite que desde el primero de septiembre de 2001 el presidente Vicente Fox ordena la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) e, inmediatamente, se gestiona y obtiene apoyo técnico, así como capacitación de las policías de España, Francia, Alemania, Colombia y Estados Unidos.
Los integrantes de FBI no desaprovecharon la oportunidad de instalarse en México, pues García Luna y su equipo abrieron la puerta a todas las agencias estadunidenses. Hoy tiene que dar la cara y declarar sobre sus trabajos y casos como el Rápido y Furioso, o la participación en la detención de capos en distintos puntos de México.
Asegura que el FBI destinó todos los lugares de su curso para mandos de policía en Quantico, Virginia, para el fortalecimiento de la estructura de mando de la AFI.
Louis J Freeh, director de FBI y quien dirigió esta corporación de 1993 a 2001, después de Edgar Hoover, fundador de ésta Institución, fue quien inició la intensa relación México-Estados Unidos en materia de seguridad.
García Luna identifica como otro interlocutor importante a Raúl Roldán, a quien se le nombra agregado jurídico del FBI en México.
Reconoce que el apoyo del FBI “no se limitó a soporte metodológico, técnico y de capacitación”. Por medio de Raúl Roldán el FBI amplió sus acciones y la Sección de Asuntos de Narcotráfico (NAS, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de Estados Unidos empezó a trabajar.
Revela que los integrantes del NAS desconfiaban de AFI, pues tenían fresca la memoria de una mala relación con la Policía Judicial Federal, en particular con el Instituto Nacional del Combate a las Drogas (INCD), ya que su titular, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, había sido encarcelado por sus vínculos con el narcotráfico, principalmente con el Cártel de Juárez que comandaba Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos.
Con las puertas abiertas a las agencias estadunidenses, empezaron las visitas de funcionarios estadunidenses. Suscribieron compromisos el procurador Jonh Ashcroft; Karen Tandy, administradora de la Agencia Antidrogas (DEA, sigla de Drug Enforcement Administration), y Robert S Muller, director del FBI.
Estuvo en México Antonio Camacho Vizcaino, secretario de estado de Seguridad de España, y Ronald K Noble, secretario General de Interpol y otros.
También se permitió el libre tránsito a personal de la Agencia de Armas de Fuego y Tabaco (ATF), Aduanas (US Customs) y Migración.
Con campañas mediáticas se hizo creer que la seguridad aumentaba y se lanzaron comerciales que sostenían: “en Inglaterra, Scotland Yard; en Estados Unidos, FBI, y en México, AFI.
Genaro García, en pleno régimen panista escribió:
“Para acabar con la delincuencia no van a venir ni del FBI , ni de Scotland Yard, ni de la Policía Nacional Española; para luchar contra el crimen, la única policía con la que contamos es la nuestra, estamos a tiempo de rescatarla para hacerla competitiva. Tenemos todos los elementos necesarios para lograrlo, sólo hace falta que tomemos una decisión como nación”.
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