FOTO: DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM
En plena discusión sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conforman el llamado “bloque conservador” omitieron hacer una autocrítica a ese Poder de la Unión, en especial a sus decisiones que favorecen a los presuntos responsables de delitos de cuello blanco y del crimen organizado. Nada dijeron de la impunidad que propician las sentencias a favor de influyentes políticos o exservidores públicos que dañaron al erario de la nación, y que ahora disfrutan de esos recursos mal habidos o de su libertad sin ninguna consecuencia por sus actos.En la lista de beneficiarios de ese sistema que se busca reformar en la próxima legislatura del Congreso de la Unión están, por ejemplo, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez; el exprocurador Jesús Murillo Karam, el expresidente municipal José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa–, presuntamente vinculados al caso Ayotzinapa; el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el abogado de Carlos Salinas y amigo, Juan Collado; la exsecretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto, Rosario Robles; los exgobernadores César Horacio Duarte, Roberto Borge Angulo y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del líder priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el fiscal Uriel Carmona Gándara; el exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; y el exfiscal de esa misma entidad, Jorge Winckler.
Todos los casos han sido documentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la sección “Jueces que favorecieron a presuntos delincuentes”, contenida en el informe quincenal Cero Impunidad, que se presenta en la conferencia presidencial.
Actualmente detenido en Estados Unidos tras ser encontrado culpable de cuatro cargos por narcotráfico y uno más por falsificación de documentos, García Luna se salvó de enfrentar cargos en México gracias al juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Gerardo Genaro Alarcón López. En mayo de 2023, el juzgador desestimó una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario de Seguridad Pública.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera, el desfalco al erario nacional cometido por la red de corrupción de García Luna supera los 745 mil millones de dólares, por lo que la Fiscalía General de la República lo acusó de un presunto incremento injustificado en su patrimonio.
Sin embargo, el juez Alarcón López descartó proceder, bajo el argumento de que no se demostró que el aumento patrimonial estuviera directamente relacionado con actividades ilícitas vinculadas al ejercicio de la función pública. La decisión fue ratificada posteriormente por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Caso: Jannet Miriam Martínez Sánchez
Martínez Sánchez, quien enfrentaba cargos por delincuencia organizada y peculado relacionados con la red de corrupción presuntamente dirigida por García Luna, fue puesta en libertad el pasado 24 de junio. La extitular de la Dirección de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue aprehendida y vinculada a proceso por su presunta participación en el desvío de 5 mil 112 millones de pesos destinados a obras y servicios en penales federales.
Después de un año de detención y en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Gregorio Salazar Hernández revocó la prisión preventiva justificada. En su lugar, ordenó medidas cautelares no privativas de libertad y decretó su liberación inmediata, omitiendo los trámites de egreso obligatorios en estos casos. Se ordenó su salida directamente de la sala de audiencia, al término de la misma.
Quien fuera coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna, fue liberado de los cargos relacionados con el controversial operativo Rápido y Furioso. Éste fue ejecutado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, e introdujo ilegalmente más de 2 mil armas a México con el consentimiento del gobierno del gobierno de Calderón. El armamento fue entregado al Cártel de Sinaloa en 2009 –cuando García Luna estaba aliado a ese grupo delictivo encabezado por el Chapo Guzmán–, y contaba con unos chips para ser rastreados; sin embargo, la ATF perdió el control de éstas.
A pesar del daño que ese operativo causó, al contribuir a la violencia extrema, la jueza Novena de Distrito en Sonora, Jesús Karina Almada Rábago, dictó auto de libertad para Cárdenas Palomino el 20 de enero de 2024. Su argumento: “falta de elementos para procesar”. La acusación señalaba al colaborador de García Luna de omisión en el impedimento de la entrada clandestina de armas y municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la jueza determinó que no se presentaron pruebas suficientes y aptas para sustentar los cargos en su contra.
Actualmente, Cárdenas Palomino permanece detenido en el penal del Altiplano, enfrentando cargos por tortura contra de Mario Vallarta Cisneros–hermano de Israel– y su sobrino Sergio Cortez Vallarta, así como de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por presuntamente participar en la banda de secuestradores “Los Zodiacos”. Estos fueron detenidos el 27 de abril de 2012, y su caso se relaciona con el montaje televisivo que difundió el comunicador Carlos Loret de Mola en un noticiero de Televisa.
Cárdenas Palomino también enfrenta un proceso bajo acusaciones de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Conocido por ser el autor de la mal llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa. Como procurador General de la República en el sexenio de Peña Nieto, Murillo Karam afirmó que los 43 normalistas fueron asesinados y quemados por miembros del grupo Guerreros Unidos en el basurero municipal de Cocula, versión que fue refutada tiempo después.
El 2 de noviembre de 2023 –día feriado en México–, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal, José Rivas González, sustituyó al juez titular de la causa y fijó una audiencia de revisión de medidas cautelares. Estableció un plazo acelerado de dos horas y media, y cambió la medida cautelar a Murillo Karam de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Argumentó razones de salud, aunque el exprocurador llegó por su propio pie a la audiencia.
Su proceso por delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa aún continúa, pero ahora bajo la medida de arraigo domiciliario.
Caso: José Luis Abarca
El expresidente municipal de Iguala en el momento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue identificado como uno de los principales involucrados en este crimen. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2023, un Tribunal Colegiado le otorgó un amparo para cambiar sus medidas cautelares, lo que permitió una nueva audiencia para reconsiderar la prisión preventiva oficiosa que enfrenta por delitos graves como homicidio.
Un año antes, el juez Samuel Ventura Ramos lo había absuelto del cargo de delincuencia organizada. Este mismo juez también dictó sentencia absolutoria para 24 personas relacionadas con el caso de los normalistas, incluyendo a aquellos acusados por el intento de homicidio de Aldo Gutiérrez Solano, estudiante que quedó en estado vegetativo tras recibir un disparo por parte de un policía durante los hechos.
En el mismo caso Ayotzinapa se encuentra el proceso contra la esposa de José Luis Abarca. El 24 de abril de 2023, Jorge Mario Montellano Iturralde –magistrado instructor del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México– revocó la sentencia condenatoria de 10 años de prisión que le había sido impuesta a María de los Ángeles Pineda Villa, por delincuencia organizada. También ordenó la reposición del procedimiento, pues, a su consideración, el juez que la sentenció violó su derecho de seguridad jurídica (debido proceso, audiencia, defensa e igualdad).
De acuerdo con las declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, como parte del expediente por la desaparición de los normalistas, la señora Pineda Villa era la principal operadora del crimen organizado en Iguala. Primero se le relacionó con el cártel de los Beltrán Leyva, ya que sus hermanos Mario y Alberto Pineda Villa se desempeñaban como operadores financieros de dicho grupo delictivo, y posteriormente se le vinculó con Guerreros Unidos, pues Iguala era uno de sus centros de operación.
Los beneficiarios de ese sistema judicial que ha sido calificado como podrido va más allá de esos casos, y toca asuntos que implican desvío de recursos públicos y otras modalidades de corrupción. Ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya Austin, una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción global de Odebrecht, además de estar involucrado en el caso de la compra irregular de la planta chatarra Agro Nitrogenados.
El 23 de enero de 2024, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña concedió una suspensión provisional a Lozoya, quien había promovido un amparo contra la resolución que le negaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva justificada por su implicación en el caso Odebrecht. Esta decisión se convirtió en definitiva el 6 de febrero del mismo año, cuando dicha jueza decretó la suspensión definitiva y revocó la prisión preventiva. Estableció medidas cautelares menos restrictivas, como el uso de brazalete electrónico y la presentación periódica quincenal. Esto, a pesar de que Emilio Lozoya fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga.
El magistrado Juan Pedro Contreras Navarro también otorgó un amparo a Lozoya el 19 de febrero de 2024, anulando la medida cautelar de prisión preventiva justificada que pesaba sobre él desde 2022. Contreras Navarro argumentó que la solicitud de esta medida no estaba suficientemente fundamentada, vulnerando los derechos de Lozoya a la certeza y seguridad jurídica,
Lozoya también enfrenta acusaciones por el caso Agro Nitrogenados, donde se le imputa la compra irregular de la empresa mientras dirigía Pemex durante el gobierno de Peña Nieto. Esta compra, junto con la de Grupo Fertinal, generó acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, siendo parte de un esquema de transferencias offshore vinculado al caso Odebrecht.
Además, el juez Genaro Alarcón López –quien también fue criticado por decisiones en casos anteriores como el de Genaro García Luna–suspendió el procedimiento contra Lozoya por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta suspensión se basó en un acuerdo de reparación del daño firmado por el empresario Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), quien no ha cumplido íntegramente con los pagos acordados.
El 10 de noviembre de 2023, la jueza Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la FGR contra un inmueble de Lozoya valuado en más de 38 millones de pesos, adquirido presuntamente con recursos de procedencia ilícita.
En otro caso de fraude fiscal, el abogado de Carlos Salinas de Gortari y su hermano incómodo Raúl, Enrique Peña Nieto, Carlos Ahumada y Carlos Romero Deschamps. El juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Guillermo Aquiles Villaseñor, determinó cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, a pesar de reconocer el riesgo de sustracción del imputado.
Sin embargo, continuó interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, por el proceso en que la Fiscalía le acusaba de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, por la presunta venta simulada de un inmueble de la compañía Caja Libertad, propiedad del abogado, hasta que un juez federal lo declaró absuelto de los cargos.
En abril de este año, el abogado libró todos los procesos penales en su contra, luego de que un juez federal dio por concluido el último proceso que enfrentaba por el presunto delito de defraudación fiscal por un monto de 36.7 millones de pesos; el fallo se sustentó en la ponderación de que el delito había prescrito.
Luego de la detención de Collado, su hermana Lucía Collado se amparó contra toda posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra. El 15 de noviembre de 2023, el juez Medina Gaona otorgó suspensión provisional en favor de Lucía, mediante un “amparo buscapiés” –término utilizado en el argot jurídico para referirse a este recurso que busca conocer los elementos a disposición de la Fiscalía, en expedientes y carpetas de investigación para ganar tiempo y preparar una mejor defensa–. El argumento del juez fue que “de no otorgar la suspensión a Lucía se le podía causar daños y perjuicios de difícil reparación”.
Estuvo recluida en el penal de Santa Martha Acatitla por el caso conocido como “estafa maestra” ocurrido en el gobierno de Peña Nieto. Fue absuelta del delito de omisión por el desvío de 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales durante su función como titular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Así lo determinó el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Roberto Omar Paredes.
Uno de los casos recientemente documentados fue el de César Horacio Duarte, exgobernador priísta de Chihuahua, a quien se le acusa de delitos graves como asociación delictuosa y peculado por alrededor de 96.6 millones de pesos. El 4 de junio de 2024, sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Hortensia García Rodríguez ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que, a partir del 5 de junio, dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador de Chihuahua.
La jueza ordenó lo anterior tomando como base las dos resoluciones de apelación emitidas por la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, mismas que establecen un máximo de dos años de prisión preventiva. Fue hasta el 6 de junio que la misma jueza, tras convocar a una audiencia de revisión de medidas, cambió la prisión preventiva a domiciliaria, portación de brazalete electrónico y entrega de pasaporte.
En 2023, tres comisiones del Congreso de Tamaulipas preparaban una iniciativa impulsada por diputados de Morena, para que los gastos de seguridad del exgobernador dejaran de financiarse con dinero público, ante lo cual Cabeza de Vaca solicitó un amparo, el cual le fue otorgado por el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez.
El juez ordenó la suspensión definitiva contra el acuerdo que ordenaba el retiro de sus escoltas, pero unos meses antes, también dictó una suspensión contra la orden de aprehensión emitida por el delito de delincuencia organizada y un amparo en febrero de 2023. El político panista actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Conocido como el Príncipe de la basura, fue acusado del delito de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa, esto después de que una investigación periodística reveló que supuestamente dirigía una red de prostitución en la Ciudad de México, aprovechándose de su cargo como dirigente del PRI en 2014.
Fue detenido a finales de 2021 y actualmente se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros le otorgó un amparo en junio de este año, contra cualquier nueva orden de aprehensión, presentación y/o su ejecución que exista en su contra. Esto, tras pagar una garantía por la cantidad de 87 mil 500 pesos.
Aunque el ex dirigente priísta continúa en prisión, su abogado espera que tras esta resolución pueda promover un nuevo amparo para que enfrente su proceso en libertad bajo prisión domiciliaria.
El fiscal de Morelos fue detenido en cuatro ocasiones durante 2023, por dos imputaciones: su probable participación en el delito de retraso a la justicia por el feminicidio de Ariadna Fernanda, y por el delito de tortura. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Uriel Carmona no aplicó el debido protocolo para delitos de feminicidio y declaró de forma anticipada que la causa de la muerte de la joven había sido una broncoaspiración por intoxicación alcohólica, lo cual dio ventaja y ayudó a encubrir a los presuntos responsables del feminicidio.
Por el caso se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión: la primera por el delito de retraso a la justicia, por lo que fue detenido en agosto de 2023, sin embargo el 1 de septiembre del mismo año magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron su inmediata liberación por “no haberse respetado su fuero”.
La segunda orden fue girada por el delito de encubrimiento por favorecimiento, por lo que fue reaprehendido un día después de su liberación, pero nuevamente fue puesto en libertad, porque los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal le concedieron una suspensión provisional de la medida cautelar de prisión preventiva.
Una tercera orden fue obtenida por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador, pero otro Tribunal en Materia Penal resolvió la suspensión definitiva de la medida cautelar de prisión preventiva y ordenaron su inmediata liberación por considerar que el acusado cuenta con fuero. Para abril de este año, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió cerrar la causa penal contra el fiscal por el feminicidio de Ariadna.
En audiencia de revisión de medidas cautelares –el 29 de septiembre de 2023– solicitada por el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Marco Antonio Beltrán Moreno, determinó modificar la prisión preventiva justificada y modificarla por la colocación de un brazalete electrónico, arraigo domiciliario y pago de una garantía de 10 millones de pesos.
Cuando el juez fue exhibido en una de las conferencias matutinas del presidente, publicó un video pidiendo ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la ONU. En su mensaje señaló que “la democracia en México está en peligro” y pidió apoyo y solidaridad para empoderar la “independencia judicial”.
Ocupó el cargo de subsecretario de Finanzas de Administración en el gobierno del priísta Javier Duarte, en Veracruz. Fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y sentenciado a seis años con seis meses de prisión, el 15 de junio de 2023. Sin embargo, en agosto del mismo año la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, Zarahí Escobar Acosta, otorgó un amparo para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio.
Posteriormente, ordenó al juez de Control citar a las partes a una nueva audiencia, la cual fue llevada a cabo en octubre y se determinó el resguardo domiciliario como medida cautelar. La jueza Escobar Acosta argumentó que el juez de Control y Enjuiciamiento “no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva”. Ello, sin importar que existía un riesgo de fuga por parte del imputado.
Luego de permanecer dos años prófugo de la justicia, quien se desempeñó como fiscal de Veracruz durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes fue detenido en julio de 2022, acusado de secuestro y desaparición forzada. Un año después, el secretario en funciones de juez federal ordenó cancelar la prisión preventiva oficiosa impuesta a Jorge Winckler porque, de acuerdo con su criterio, es contraria a los Tratados Internacionales.
En la sentencia, ordenó que “se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”. Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada.
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