Los cuerpos fueron encontrados, descuartizados, el 24 de mayo pasado. Quienes los secuestraron un día antes, en las inmediaciones de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez, Guerrero, se saben impunes. No sólo se conformaron con asesinarlos. Enviaron su mensaje de terror contra quienes les estorban en sus negocios: las comunidades indígenas nahuas de la Montaña baja de Guerrero que se han organizado entorno a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) Pueblos Fundadores.

José Lucio Bartolo Faustino, concejal del CNI-CIG, promotor estatal del CIPOG-EZ y concejero de la CRAC-PC-PF. Explica el funcionamiento del CIPOG-EZ y del Sistema de Seguridad Y Justicia Comunitario de Guerrero, en junio de 2018.

El golpe se resintió en toda la geografía del estado y del país. Bartolo Hilario Morales, originario de la comunidad de Tula era comandante de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Isaías Xanteco Ahuejote, originario de Xicotlán, era integrante de la misma organización. Además, ambos eran promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) y miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Apenas 20 días antes habían sido emboscados y asesinados Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI al Concejo Indígena de Gobierno (CIG) e integrantes del mismo Cipog-EZ.

Como los tres niveles de gobierno, los cárteles del narcotráfico no soportan que las comunidades se organicen y, peor aún, les hagan frente. Que se organicen para resistir el saqueo de sus montes y aguas, los trabajos forzados en plantaciones de amapola y para demandar programas sociales a los que tienen derecho.

Los Rojos y los Ardillos –antiguas facciones de lo que fue la Organización de los Beltrán Leyva– se disputan el control del territorio desde hace años, con un saldo de decenas de muertos y desaparecidos. Hoy parecen mantener una tregua entre ellos para atacar cada uno por su lado a quien consideran su enemigo común: las 16 comunidades indígenas de la Montaña baja organizadas, que el 28 de agosto de 2014 constituyeron su CRAC-PC Pueblos Fundadores, y las que se les han ido sumando en estos años. Algunas no han podido sumarse precisamente por la represión que ejercen sobre ellas las bandas de sicarios.

Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, promotor regional del CIPOG-EZ y comandante regional de la CRAC-PC-PF, durante la marcha del pasado 10 de Abril del 2019 en el marco de las jornadas a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar (al centro, viste cuéter y sombrero café, junto a la camioneta).

Estas comunidades nahuas están asentadas en dos municipios: Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera. El territorio es disputado por los cárteles del narcotráfico porque es la única entrada y salida de drogas, armas y personas. Todas las “mercancías” que trasiegan estas bandas desde y hacia los pueblos de la Montaña, tato alta como baja, deben pasar el territorio de Chilapa de Álvarez.

Precisamente la violencia, el saqueo, la explotación y la impunidad motivaron la organización de los pueblos de esta región. Ante la omisión o la abierta complicidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno con la delincuencia organizada, decidieron hacer valer el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y constituir un sistema de justicia basado en sus usos y costumbres. Con este sistema, que incluye la puesta en marcha de una policía comunitaria, enfrentan los robos, los asaltos, el abigeato… y la discriminación y criminalización que les dispensa el sistema de justicia oficial, que les fabricaba delitos a los indígenas si se negaban a trabajar para los caciques o los narcotraficantes.

Hasta la fecha, a las comunidades organizadas se les niega el derecho a los programas sociales. Les condicionan, por ejemplo, la entrega de fertilizantes.

El presidente municipal es el priísta Jesús Parra García, quien se reeligió en julio pasado, luego de cumplir un periodo como interino. Proviene de las familias “caciques” de la región. Desde que inició su gobierno, los Rojos tomaron el control de la mayor parte del municipio pero nunca terminaron la disputa con los Ardillos. Ambos grupos delincuenciales han tratado de someter a la Casa de Justicia.

Bartolo Hilario Morales, delegado del CNI, promotor local del CIPOG-EZ y comandante regional de la CRAC-PC-PF, durante el cuarto aniversario de la CRAC-PC-PF en agosto del 2018 (al centro, de gorra y chamarra sosteniendo la manta).

Los Ardillos se hacen llamar así mientras se pelean con Los Rojos o realizan actividades relacionadas con el trasiego de drogas y armas. Cuando de lo que se trata es de desplazar a poblaciones enteras, y simular un conflicto entre pobladores, se hacen llamar Por la Paz y la Justicia. Los Ardillos han desplazado a tres pueblos enteros del municipio de Zitlala. Tienen como regla descuartizar a las personas que consideran sus enemigos y que caen en sus manos.

Los criminales no permitieron que los familiares de los deudos bajaran de las comunidades para recoger los cuerpos. Aun muertos, Bartolo Hilario e Isaías Xanteco eran moneda de cambio para sus asesinos.

La sorpresa fue quien llegó a negociar la entrega de los cuerpos: el presidente municipal en persona, Jesús Parra. El trato que les propuso a las comunidades fue: entregarles los cuerpos y 1 millón y medio de pesos por cada uno; a cambio, la Casa de Justicia de Acahuehuetlán, de la CRAC-PC Pueblos Fundadores debía liberar a cuatro sicarios que están detenidos por haber participado en los asesinatos.

Isaías Xanteco Ahuejote, delegado del CNI, promotor local del CIPOG-EZ y policía comunitario de la CRAC-PC-PF.

Finalmente, y frente al escándalo que estas condiciones generaron –recogidas por medios de circulación nacional–, los cuerpos fueron entregados a las comunidades ya sin condiciones,

Las comunidades de la CRAC-PC Pueblos Fundadores reclaman hoy la instalación de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) federal. Después de estos cuatro asesinatos y de los intentos de condicionar la entrega de los cadáveres, no confían en las autoridades municipales ni estatales. Además, demandan la observación de organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

Entre las demandas de las comunidades, están las de solicitar la presencia de defensores de derechos humanos nacionales e internacionales para garantizar que no serán agredidas; la cancelación de 67 órdenes de aprehensión contra los policías comunitarios giradas precisamente por haberse erigido en CRAC-PC Pueblos Fundadores y sostener un enfrentamiento con sicarios en la comunidad de San Jerónimo Palantla, y la de discutir un plan de desarrollo comunitario con los pueblos. No desean que los programas sociales federales a los que tienen derecho sean administrados por quien consideran que es parte de la delincuencia y les condiciona o definitivamente no les entrega los recursos para la siembra y fertilizantes. Proponen que las asambleas de cada pueblo decidan qué harán con el presupuesto: traer maestros, construir escuelas, clínicas o sembrar.

¿Qué responderán a esta solicitud la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la misma dependencia, Alejandro Encinas?

A los Rojos y los Ardillos se le ha sumado una nueva banda en la región de Chilapa: los Dumbos. La reorganización del trasiego de drogas, armas y personas en la región no ha terminado.

Por cierto, en Chilapa ya se ha desplegado la flamante Guardia Nacional. Los Rojos, los Ardillos y los Dumbos siguen con sus negocios y su estela de asesinatos, desapariciones y trabajos forzados. Nada cambió.

La Montaña baja es un polvorín a punto de estallar. Y no será con el despliegue de la Guardia Nacional y la saturación de militares como se solucionarán los conflictos. De entrada, Cordero y Encinas tienen que escuchar a los pueblos.

Zósimo Camacho

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