En el marco del Panel de Controversias sobre maíz genéticamente modificado del T-MEC, el gobierno mexicano –a través de la Secretaría de Economía– debe contrademandar a su homólogo estadunidense “debido a la ausencia de estudios científicos que garanticen por inadvertidos los maíces genéticamente modificados (MGM), es decir, libres de riesgos y de daños para la ingesta propia del pueblo”.

En cartas dirigidas a Economía, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y la Demanda de Acción Colectiva contra la Siembra de Maíz Genéticamente Modificado en México alertaron que el país no ha recibido los beneficios pactados en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además de solicitar una contrademanda, advirtieron que tras décadas de investigaciones, legislaciones y litigios sobre biotecnología, en especial desde la Demanda Colectiva Maíz –en la que participan ANEC y diversas organizaciones que conforman la CNSMNHP– “es posible asegurar que la academia, el gobierno de Estados Unidos o la industria de biotecnología no han realizado un solo estudio científico, análisis o evaluación de riesgos que mida efectivamente los impactos y efectos sanitarios que causarían los MGM sobre la ingesta de la población mexicana y el consumo de maíces, una vez que los MGM se introdujeran, voluntaria o involuntariamente, al campo mexicano”.

Para las organizaciones, las empresas de biotecnología y las autoridades estadunidenses son responsables de la carga de la prueba sobre la inocuidad del maíz que Estados Unidos exporta a México, y de sus posibles derivados agrícolas. Éstas, indicaron, cuentan con toda la información del maíz transgénico que se produce en su territorio.

“Además, para que los resultados de los análisis de riesgo sean efectivos, las autoridades sanitarias de Estados Unidos deben garantizar un manejo diferenciado de los riesgos asociados a cada evento, o deberá aceptar que las medidas de manejo serán aplicadas a toda la exportación”.

En un comunicado, las organizaciones advirtieron que “al manejo diferenciado de los riesgos, también debe aplicarse el principio precautorio, reconocido por los artículos 24.6 y 24.8 del T-MEC, que a su vez reconocen las obligaciones ambientales internacionales de los países parte, y que en este caso, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (principio 15), y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (artículo 1) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, obligan a México a aplicarlo”.

Por ello, consideraron que la contrademanda es procedente, pues en el Panel de Controversias del T-MEC que busca anular el decreto presidencial del 2023 –que regula el maíz transgénico en México– las empresas basadas en el vecino país solicitaron apoyo de su gobierno para demandar a México por este decreto, y éste accedió; por lo cual, ahora, “en México las productoras y productores de maíz pedimos a este gobierno que contrademande a Estados Unidos, porque nuestra contraparte ha incumplido con los beneficios que prevé el T-MEC, es decir la garantía de inocuidad y no daño, pues no se han considerado las maneras de consumo humano de maíz en México”.

Asimismo, le solicitaron al gobierno de México que “exija una indemnización por el incumplimiento de los beneficios que mencionamos y que están contemplados en el T-MEC”.

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