Golpe de Estado blando inició tras cancelación del NAICM: Gandarilla Salgado

La cancelación del Aeropuerto de Texcoco –impulsado por la administración peñista–, desencadenó que una parte del sector empresarial estableciera una estrategia similar a lo que se conoce como golpe de Estado blando, para desestabilizar al gobierno del presidente López Obrador, corroer las bases sociales y socavar la credibilidad del primer mandatario, señala el doctor José Gandarilla Salgado, investigador de la UNAM

Una de las primeras acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López con respaldo de una consulta popular  –la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)  que se construía sobre el Lago de Texcoco, en el Estado de México– habría sido la punta de lanza para que la cúpula del poder empresarial iniciará con el golpe de Estado blando que se gesta contra del titular del Ejecutivo, considera el doctor en filosofía política José Gandarilla Salgado. El investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) agrega que ese megaproyecto se echó para atrás por el gasto oneroso que representaba y la conflictividad social que generó en la zona.

De acuerdo con el politólogo estadunidense Gene Sharp, el golpe blando se reproduce con  armas psicológicas, económicas, sociales y políticas en contra del gobierno en turno para desestabilizarlo, corroer las bases sociales y la credibilidad del primer mandatario; así como de los miembros de su gabinete. Y eso es lo que está pasando en el país.

El académico universitario indica que este fenómeno se ha ido presentando no sólo  aquí, sino en la región de América Latina. En México, dice, hubo una estrategia muy señalada después de la cancelación del NAICM –obra con un valor superior a los 300 mil millones de pesos y con severos impactos ambientales–, “en donde los grupos del capital que se vieron afectados en dicho proceso no fueron los únicos, porque también se afectó al gobierno entrante que tuvo que mantener muchos de los contratos que se habían acordado desde la administración pasada”.

Para el experto, otro factor que acrecentó el descontento en el sector empresarial fue que, con esta cancelación, se frustró la especulación inmobiliaria alrededor de la zona. También hubo grupos de capital afectados de manera indirecta, “porque querían valorizar todos los terrenos y una gran inversión inmobiliaria de todo lo que hubiera significado el establecimiento del nuevo aeropuerto. Desde ese momento, optaron por una oposición al gobierno clara que, cómo daban por perdido el ámbito legislativo y el del Ejecutivo, promovieron aspectos judiciales”.

Más empresarios aliados

A la estrategia de desestabilizar al gobierno de López Obrador no sólo se unieron los damnificados del NAICM, sino también otros grupos empresariales que han perdido privilegios, sean en el terreno de las contrataciones o en el escaso pago de impuestos.

Al respecto, el investigador del CEIICH advierte que otra dimensión que ocupa el golpe de Estado blando está dada en lo que algunos analistas llaman la “constitucionalización del neoliberalismo”, es decir el marco legal que les permite seguir con sus negocios privatizadores.

Esta doctrina  económica ha pretendido mantener las políticas que han beneficiado al gran capital, a las estructuras de integración global, a los procesos de globalización y se plantean estructuras jurídicas o de otra naturaleza, los llamados organismos autónomos que regulan la competencia que pretenden en los hechos garantizar los intereses del régimen anterior, explica.

Como ejemplo, el doctor Gandarilla Salgado cita lo que ha pasado en las telecomunicaciones y en las leyes de energía, hidrocarburos y en la industria eléctrica. “Los organismos autónomos no son sino estructuras que pretenden garantizar los códigos, las formas de competencia económica favorables al neoliberalismo”, señala en referencia al papel que han jugado la Comisión federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Transparencia al promover amparos o controversias constitucionales para frenar las nuevas reformas.

Esto, dice, “tiene que ver con un debate muy interesante, porque cuando esos organismos autónomos pretenden legitimarse diciendo que regulan la competencia [Cofece], regulan la competencia entre monopolios y los defienden bajo el cuento de que las anteriormente empresas estatales también se constituyen en monopolios”.

Además, critica que “los órganos autónomos han emprendido una batalla de carácter jurídica para frenar, primero, los fideicomisos y, luego, aquellos en donde estaban amenazando los ordenamientos anteriores, como al Inai, las comisiones en contra de la discriminación [Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación] y el INE [Instituto Nacional Electoral]”.

Empresarios y medios

—¿Cuál ha sido el papel de los empresarios y los medios de comunicación en esta estrategia del golpe de Estado blando?

—La estrategia ha sido muy clara en el caso de los empresarios desde un inicio del gobierno actual: hay que considerar que, como decía Maquiavelo, el gobernante puede actuar por virtud o por fortuna. La segunda parte de la actuación por fortuna ha sido a contracorriente desde el estallido de la pandemia. La situación que toma López Obrador ya era de por sí muy complicada, con un Estado desfondado en el sentido de sus posibilidades del ejercicio fiscal de sus gastos, con la caída de los precios internacionales del petróleo y otros commodities; así como con la afectación de una crisis global, que la pandemia sólo vino a confirmar y profundizar, facilitaron una actitud del empresariado que ya se anunciaba desde los primeros meses de administración.

El investigador agrega que “desde un inicio, algunos empresarios vinculados al antiguo régimen y sobre todo en los espacios de comercialización de materias, los grandes empresarios que juegan con la importación y la adjudicación de mercancías en el mercado interno, decidieron no invertir: afectar al gobierno en curso instalándose en una posición de un cierto estancamiento de la producción y de la comercialización”.

Agrega que “siempre estuvieron a la expectativa de lo que resultara de la negociación del T-MEC [Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos y Canadá]. Después, vino el escenario de la pandemia de la que querían recoger beneficios a través de que el Estado les adjudicara préstamos o fondos sin justificar, como ocurrió con el Fobaproa [Fondo Bancario de Protección al Ahorro], para reactivar sus procesos productivos. Eso no ocurrió, el gobierno optó por una política distinta, de apoyar directamente desde abajo y no como había sido anteriormente, desde arriba y a los grandes grupos para que estos con base en una política neoliberal que se conoce como la del goteo vieran cierto beneficio a ciertos sectores de las ramas económicas a sectores más pequeños y hasta empresas familiares, pero el gobierno optó por una política al revés, de abajo hacia arriba”.

Para el doctor en filosofía política, “hay una política deliberada de no incremento de la inversión. Esta expectativa fue contraria a las propias estimaciones del gobierno entrante porque una de las políticas firmes es que no iba a haber una política fiscal en los primeros tres años y que esto se plantearía hasta la segunda parte del mandato”.

Por el contrario, del lado del gobierno advierte que realmente “no hubo nuevos impuestos, lo que hubo fue un proceso de cobrar lo que se debía. Raquel Buenrostro [jefa del Servicio de Administración Tributaria] ha llevado a cabo una política muy acertada de insistencia al pago de las deudas y, aún así, grupos de capital se han amparado, incluso grupos que se dicen afines a la 4T”. Muchos empresarios, observa, van a hacer uso de todos los recursos legales a su disposición con tal de no pagar.

Respecto de los medios de comunicación, considera que su papel en la estrategia del golpe de Estado blando es muy clara y tiene que ver con el proceso de oposición en conjunto. “Esto consiste en fake news o de lanzar mensajes que no son acertados, sino políticamente intencionados y las páginas editoriales de los grandes medios, de la televisión y la radio, los que tienen un mayor efecto masivo”.

El doctor Gandarilla Salgado considera que entre quienes participan de esto fueron afines al anterior régimen y a sus tropelías con el Pacto por México: son las plumas y las voces que no le dejan pasar ninguna situación al Ejecutivo o al partido por el cual llegó al gobierno y se han identificado a sí mismos por su propio comportamiento: Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, el exdiplomático foxista Jorge Castañeda Gutman, los diarios Reforma y El Universal.

—¿Ya han podido cumplir su cometido con las bases sociales?, ¿ya han sido corroídas?

—No. La moneda está en el aire todavía, incluso podría decir que es una batalla campal en la que se han integrado un tipo de frente o de fuerza que, incluso, fue señalado por el propio jefe del Ejecutivo en una de las mañaneras y que después negó el BOA (Bloque Amplio Opositor)… Eso se ha instrumentado con tal descaro que también la opinión pública comienza a ver de manera clara qué está pasando.

Estrategias contra el golpe blando

Para el doctor José Gandarilla Salgado, investigador titular en el CEIICH, la administración del presidente López Obrador sí ha reaccionado y aplica maniobras en contra del golpe de estado blando. “La estrategia ha sido muy clara por parte del Ejecutivo, en el sentido de llevar, primero, una labor muy oficiosa y cuidadosa en términos de no incurrir en ningún vacío jurídico en su actuación para no incurrir en una situación punible”.

Aunado a ello, indica que debería plantearse la necesidad de cambiar no sólo ciertos ordenamientos jurídicos –como proponer la reforma administrativa del Estado–, sino también principios de la Carta Magna. “Aquí estamos ante una discusión pública muy viciada porque bajo el neoliberalismo, la Constitución se cambió y se parchó como ellos quisieron y como su proyecto les dio a entender. Y cuando se plantea que puede haber cambios en leyes secundarias o en leyes fundamentales para que permitan construir un proyecto político diferente como el que anuncia la cuarta transformación, se pone el grito en el cielo de que no es posible avanzar en esos cambios y aquí estamos ante una situación que es enteramente de teoría política, es decir, que para que haya una situación de cambio en el sentido de las propuestas de una nueva política y de nuevas políticas sociales, nueva política pública o nueva política económica, evidentemente todo está articulado y en el complejo de relaciones que sea la propuesta diferente, evidentemente, leyes secundarias u organismos que están actuando para defender los intereses del antiguo régimen deben ser puestos en la discusión pública que aviva al proceso electoral para que justamente tenga legitimidad el proceder a los cambios necesarios”.

Por ello, el investigador considera que la mejor defensa del Ejecutivo es no dejar ningún hueco, ningún espacio que permita cualquier posibilidad de punición o cualquier señalamiento jurídico porque estos grupos son capaces de llevar esto a su última consecuencia.

Agrega que la estrategia del golpe blando busca deslegitimar u obstaculizar la acción del gobierno; pero, como no es factible destituir gobiernos nada más porque sí, a través de los medios convencionales se instrumentan otras estrategias más flexibles, dúctiles o blandas: legislativas, legales o jurídicas, conocidas como lawfare [guerra jurídica]. Y eso es lo que ha estado pasando en México con la guerra sucia de los medios y las centenas de amparos.