La historia nos demuestra que el legado del PRIAN en el gobierno incluye matanzas, asesinatos y represión; con atrocidades que van de la Guerra Sucia, la masacre de Tlatelolco (1968), el Halconazo, la persecución contra integrantes del Partido de los Pobres y el EZLN, la Matanza de Acteal, a los casos de San Salvador Atenco, la APPO, la “guerra” de Calderón, Nochixtlán, Ayotzinapa, Ostula… El sistema autoritario prianista incluyó, además, en el fraude electoral, el saqueo de los recursos, la corrupción y el endeudamiento público. Ahora, su “batalla cultural” se basa en la estrategia de intentar “borrar” la memoria histórica colectiva; luego, endilgar el mote de dictadura o autocracia a la actual administración –si eso no funciona, insistirán cada vez más en la estrategia del “narco gobierno”–, para, posteriormente y con ayuda de algunos medios y redes sociales, hacerse pasar por una opción electoral viable para 2027 y 2030

¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria?, es una de las preguntas que se ha hecho la investigadora Elizabeth Jelin, en su libro Los trabajos de la memoria. Como otros investigadores e investigadoras, Jelin reconoce que la memoria histórica es un campo de disputa, lucha, conflicto, y que implica procesos subjetivos. La memoria está sujeta al cambio histórico, a la creación de sentido en distintos momentos de las sociedades. También lo está a disputas políticas, ideológicas y culturales, las cuales son creadoras de sentido simbólico y material.

En el México del siglo XX posrevolucionario, y más concretamente el México construido después del cardenismo dio paso a la conformación de un sistema político cerrado: se olvidaron los principios revolucionarios de 1910 y se conformó un sistema político autoritario y, por lo tanto, antidemocrático. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) encarnó ese proceso profundamente autoritario, retrograda y represivo. Mismo que fue continuado por el Partido Acción Nacional (PAN), que tuvo que hacer frente a un pueblo consciente que supo reconocer en Felipe Calderón un presidente espurio, emanado de un fraude electoral; que sabe que Vicente Fox no fue el presidente de la “transición a la democracia”, sino el presidente del pacto de clase con el PRI y con Estados Unidos. No hubo tal transición, fue la construcción de un bipartidismo que daba continuidad al modelo económico con la conformación de un sistema político que caminó hacia la descomposición orgánica del Estado.

Son esos dos partidos, el PRIAN, los que ahora se dedican a mencionar constantemente que el actual gobierno de México es autoritario, que reprime, censura, que camina hacia una “dictadura”. Nada más ajeno a la realidad. Como se verá a continuación, son ellos los que cerraron el diálogo y nos propinaron balas, represión, cárcel y violación de los derechos humanos. Son ellos los que querían obediencia ciega, explotación y sumisión para poder entregar el país a las grandes empresas. Son ellos los que endeudaron a los 135 millones de mexicanos, los que orillaron a otros millones a migrar y dejarlo todo. Es el PRIAN el que para poder establecer un modelo económico de despojo tuvo que reprimir y negarse a la democratización de México. Solo así pudieron perpetuar el robo a la nación.

Son ellos, los de los vuelos de la muerte, los de las guardias blancas, los que conforman grupos paramilitares, los que reprimieron trabajadores, ferrocarrileros, médicos, estudiantes, indígenas, niños, mujeres.

Volver a recuperar las matanzas, asesinatos, la represión, es parte de ese ejercicio de memoria colectiva que debe hacer el pueblo de México para entender el pasado, para llenar los distintos vacíos que aún perduran en la memoria. Volver al pasado implica entender que disputamos el sentido político del presente que nos permita construir un país diferente a futuro. Por lo tanto, el pueblo de México tiene ante sí, la enorme tarea de reconstruir ese pasado para evitar las canalladas y falsedades de la élite de poder.

De 1968 a la Guerra Sucia

El 2 de octubre de 1968 se efectuó un mitin y concentración estudiantil en Tlatelolco, Ciudad de México, el cual exigía la democratización del país. Cientos de jóvenes, universitarios, maestros y civiles fueron asesinados, reprimidos y detenidos ilegalmente. El movimiento surgió tras la represión policial del cuerpo de granaderos del 22 de julio, tras enfrentamientos estudiantiles entre miembros de la vocacional no. 5 y la preparatoria Isaac Ochoterena. El 26 de julio, en un mitin en solidaridad con la revolución cubana y en otro para condenar la represión policial, se efectuó un atentado más contra la libertad de expresión.

Fuente: AGN, DFS, caja AN 125/4223, leg. 42, exp. 11-4

Tras varias protestas estudiantiles, el 30 de julio el ejército mexicano intervino en las preparatorias 1, 2, 3 y 5 y la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El 1 de agosto, el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) defendió la autonomía universitaria, condenó la represión y llamó al diálogo. Para entonces varias escuelas estaban en paro. Sin un diálogo por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento estudiantil creció. Así, el 18 de septiembre el ejército tomó Ciudad Universitaria, 500 estudiantes fueron arrestados. El 23 de ese mes tomaron el Casco de Santo Tomás y la Vocacional 7 del IPN. La intención del gobierno era terminar con el conflicto ante la inminencia de los Juegos Olímpicos celebrados en México.

Fuente: Gobierno de México, 1 de octubre de 2019

El 2 de octubre, tras un mitin, la represión del ejército mexicano dejó una herida abierta en la población mexicana. La exigencia era de diálogo, respeto a la autonomía universitaria, disolución del cuerpo de granaderos, la democratización del país. Se desconoce con exactitud la cifra de víctimas. El 3 de octubre, el periodista Jacobo Zabludowski pronunció la frase célebre que marcó la alianza del principal medio de comunicación con el PRI: “hoy es un día soleado”.

El 2 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad.

El 10 de junio de 1971 (jueves de Corpus Christi) en una de las primeras grandes marchas estudiantiles después de la matanza de Tlatelolco de 1968, cientos de estudiantes fueron reprimidos por un grupo de choque (paramilitares) conocido como “Los Halcones”, grupos con preparación militar incluidos de manera clandestina dentro de la nómina del Departamento del Distrito Federal. La marcha de estudiantes del IPN, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Escuela Normal Superior, Universidad Iberoamericana, la Escuela de Agricultura de Chapingo, entre otros era en apoyo a la autonomía de la Universidad de Nuevo León (UNL). En aquél entonces el gobierno de Luis Echeverría, negaba la apertura democrática que prometió y dio continuidad a un gobierno autoritario y represivo.

Fuente: AGN, CIG, Fototeca, Fondo Hermanos Mayo/concentrados, tema: Manifestación 10 de junio de 1971.

La conformación de grupos porriles, como se les denominó a grupos de choque en universidades y escuelas de bachillerato, fueron parte del sello represivo del sistema priista para impedir la organización estudiantil. Aún en el siglo XXI hubo varias expresiones de violencia asociados a estos grupos. Uno de los últimos casos fue en 2018 en Ciudad Universitaria, cuando en la explanada de rectoría estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) fueron atacados con palos.

La Guerra Sucia fue un periodo de la historia reciente de México entre las décadas de 1970 y 1980, en las que el Estado persiguió, asesinó, secuestró, y violó derechos humanos sistemáticamente en contra del pueblo de México. En aquel momento la existencia de grupos políticos armados fue parte del objetivo represivo militar para disolverlos y también a grupos políticos y movimientos sociales. Entre los grupos guerrilleros que vivieron la represión sistemática del PRI están el Partido de los Pobres, la Liga Comunista 23 de Septiembre (conformada por varios grupos), Asociación Civil Nacional Revolucionaria, Movimiento de Acción Revolucionaria, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo fueron los encargados de la represión, torturas, asesinatos y de los vuelos de la muerte en contra de la población mexicana.

Respecto a los vuelos de la muerte las víctimas solían ser activistas, miembros de organizaciones y movimientos sociales y de la guerrilla. Las prácticas de los vuelos de la muerte fueron en distintos puntos del país. Como destaca información oficial, al frente de estas operaciones estuvieron “Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo, ambos miembros de la DFS y fundadores de la Brigada Blanca, grupo de élite creado para exterminar a la Liga Comunista 23 de Septiembre y otras organizaciones guerrilleras”[1].

Uno de los libros clásicos para entender a los movimientos armados en México fue el de Verónica Oikión y Marta Eugenia García, titulado Movimientos Armados en México Siglo XX, publicado por el Colegio de Michoacán. Más recientemente, está el libro de Laura Castellanos México Armado, que cuenta con amplia documentación bibliohemerográfica; Los años Heridos de Fritz Glockner; y, desde luego, la basta producción de Carlos Montemayor: Guerra en el paraíso, Las mujeres del alba, Las armas del alba, La violencia de Estado en México, La guerrilla recurrente, entre otros.

Después del informe elaborado por el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico se identificaron dos etapas de los vuelos de la muerte: la primera entre 1971 y 1974, en donde personas arbitrariamente detenidas eran lanzadas al mar, ríos y lagos desde aviones militares, incluidos helicópteros, en el marco de la estrategia contrainsurgente en Guerrero. La segunda fase fue entre 1974 y 1980, cuando se convirtió en práctica sistémica desde las estructuras del Estado y se conformó un grupo especial denominado Grupo Informativo de Inteligencia, integrado por elementos del Ejército y de la Policía civil. Esta información se puede conocer a partir de expedientes públicos en el Archivo General de la Nación, y en expedientes particulares de la DFS en donde se encuentra información a veces detallada, como la que aportó el expediente del agente Gabino Tafoya Barrón (caja 245). Estos vuelos de la muerte fueron practicados también en otros países latinoamericanos, entre ellos Argentina.

La represión neoliberal

En 1996 bajo el gobierno de Ernesto Zedillo –autor del Fobaproa, del rescate carretero y múltiples privatizaciones– fuerzas armadas asesinaron a 17 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en Aguas Blancas, Guerrero. Otros 25 campesinos más resultaron heridos. En su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Resolución 3/96, en la que afirmó que hubo graves violaciones a derechos humanos y señaló directamente al gobernador Rubén Figueroa, del PRI. En la cadena de mando estaban el entonces secretario general de gobierno, José Rubén Robles Catalán; el exprocurador general de Justicia, Antonio Alcocer Salazar; el exprimer subprocurador de Justicia, Rodolfo Sotomayor Espino; y el exdirector de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy.

Tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1997, ya en el marco de la guerra contrainsurgente, en Chenalhó, tras desapariciones y homicidios, robos a casa habitación en los ejidos Los Chorros, Polhó y Majomut, alrededor de 12 mil personas abandonaron sus comunidades. La CNDH en su momento mencionó que “un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas –conformado por indígenas tzotziles– mientras se encontraban orando dentro de una ermita”[2].

En 1997 en Acteal, Chiapas, grupos paramilitares bajo mando del Estado mexicano asesinaron a balazos a 45 indígenas tzotziles, entre ellos, mujeres y niños que estaban en un acto religioso. En aquel entonces, Emilio Chuayffet era secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, y después secretario de Educación con Enrique Peña Nieto. Uno de los testimonios de sobrevivientes permite entender el nivel represivo al que fueron sometidas las comunidades indígenas:

“Las balas se veían como agua. Más abajito hay un lugar para esconderse. Ahí fuimos, pero se veían cómo [sic] los tiros pasaban, levantaban la tierra donde pegaba. Los niños hacían mucho ruido, todos estaban llorando. Fue cuando nos escucharon y los agresores fueron donde estábamos. Fue cuando nos empezaron a disparar por parejo todos los que estábamos ahí. Nos mataron a todos. Yo me salvé porque me escondí en un barranco con mi hermanito”[3].

En 1998, bajo el gobierno de Ernesto Zedillo en la comunidad de El Charco, Guerrero, elementos del Ejército mexicano rodearon una escuela primaria en donde dormían indígenas de la comunidad. Los elementos del ejército dispararon armas y detonaron granadas asesinando a 11 personas, y dejaron 5 heridos, a quienes detuvieron junto con otras 22 personas. Los arrestados fueron trasladados a las instalaciones de la Novena Región Militar, lugar donde fueron retenidos y torturados, violando con ello sus derechos humanos. El argumento del gobierno y el Ejército fue que el ataque en contra de la comunidad fue por su vínculo con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.

También bajo el gobierno zedillista, en noviembre de 1999 en El Bosque, Chiapas, elementos del Ejército mexicano y policías, agentes del Ministerio Público y del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con helicópteros y vehículos artillados dispararon contra tres comunidades indígenas: Unión Progreso, Chavajenal y la cabecera municipal. El saldo fueron 8 personas asesinadas y 53 detenidas. Decenas de familiares de los implicados se refugiaron en la montaña.

En 2009, murieron 49 niños y niñas por negligencia en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. En tanto, otros 106 resultaron con heridas y lesiones. La negligencia fue desde el inicio por la falta de atención a infantes heridos, pues se impidió desde el IMSS su traslado a instituciones especializadas. Hubo una operación de Estado para encubrir a los familiares de Margarita Zavala –esposa del entonces presidente Felipe Calderón– y contó con apoyo del secretario de gobierno Fernando Gómez Mont. Las relacionadas con la tragedia y familiares de Zavala son Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, dueña de la instancia infantil, y Lourdes Laborín Gómez del Campo, esposa de Eduardo Bours, gobernador de Sonora en aquel entonces.

En agosto de 2010, en San Fernando Tamaulipas asesinaron a 72 migrantes, 58 hombres y 14 mujeres de países como Brasil, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras y también de la India. Los migrantes fueron retenidos por grupos delictivos, quienes, según fuentes periodísticas y de derechos humanos, los migrantes fueron torturados y luego asesinados con violencia. El entonces presidente Felipe Calderón mencionó que las acciones de grupos delictivos eran por el “debilitamiento operativo y logístico del narcotráfico”. De su sexenio salió fortalecido el Cártel de Sinaloa.

El 20 de marzo de 2011, cerca de 40 camionetas que supuestamente pertenecían al cártel de Los Z entraron al pueblo de Allende en Coahuila, juntaron a los pobladores y los asesinaron. Además, juntaron a otros residentes de ahí y de pueblos aledaños para mandarlos en camiones al rancho de Los Garza. Uno de los narcotraficantes que rindió testimonio en Texas mencionó que las autoridades estatales y federales, así como militares en Coahuila recibían sobornos. En aquel entonces, el gobernador era Humberto Moreira del PRI.

El 23 de septiembre de 2011 aparecieron 35 cuerpos sin vida en Boca del Río, Veracruz. Desde el gobierno de Javier Duarte se informó que se debía al resultado de enfrentamientos entre bandas criminales. Sin embargo, medios de comunicación locales detallaron otras versiones, incluso, la existencia de menores de edad entre los cuerpos. Los cuerpos tenían también signos de tortura.

En marzo de 2014 en la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México, el pueblo de dicha comunidad se movilizó para exigir la suspensión de la autopista privada Toluca-Naucalpan. El proyecto era impulsado por grupo Higa, grupo empresarial envuelto en varios escándalos de presunta corrupción, entre ellos el de La Casa Blanca, residencia millonaria asociada al entonces presidente Enrique Peña Nieto del PRI. La comunidad indígena de San Francisco se oponía a la construcción porque afectaría la reserva natural del Bosque Otomí-Mexica. En abril de 2014 aproximadamente 300 policías del estado ingresaron a la comunidad de forma ilegal y la sitiaron. Este operativo fue uno de los que se efectuó en el marco de la Ley Eruviel, quien fuera gobernador. La ley permitía el uso de la fuerza incluso letal en el marco de manifestaciones públicas.

El 30 de junio de 2014 militares del Batallón 102 de infantería arremetieron contra personas dentro de una bodega en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Fueron asesinadas 22 personas civiles tras ser sometidas, según testimonios de los sobrevivientes. Este es uno de los pocos casos documentados en los que la orden de los militares fue “abatir”. Tres mujeres sobrevivieron al ataque y mencionaron violaciones a derechos humanos, como tortura y detención arbitraria. En 2016 la extinta Procuraduría General de la República absolvió a tres militares de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación ilícita de vestigio de hecho delictivo[4]. En 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional informó la reaprehensión de los siete militares involucrados.

La madrugada del 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían a la Ciudad de México –para conmemorar el 2 de octubre– fueron interceptados por policías y militares. Tras varias horas de enfrentamientos, tres jóvenes fueron asesinados, otras tres personas fallecieron por las balas perdidas, y desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Hasta la actualidad las investigaciones siguen abiertas, se han hecho varias detenciones sin determinar el paradero de los estudiantes.

El 6 de enero de 2015 miembros de las autodefensas de Apatzingán se enfrentaron al Ejército y Policía Federal. Fueron asesinadas 16 personas de forma extrajudicial y otras más resultaron heridas; se detuvieron a 44 personas. Fueron dos sucesos. En el primero intervinieron elementos del Batallón de Infantería de la 43 zona militar y se efectuó en la Plaza de Apatzingán cuando policías federales atacaron un plantón de autodefensas. El segundo suceso fue cuando policías federales, tras el primer ataque, llevaron vehículos a un corralón. En el trayecto fueron alcanzados por familiares de quienes habían sido reprimidos en el primer suceso. La policía respondió disparando armas de grueso calibre contra civiles desarmados durante 20 minutos[5].

El 18 de marzo de 2015 (Día de la Expropiación Petrolera) en San Quintín Baja California miles de trabajadores rurales –en su mayoría indígenas– protestaron para reivindicar sus derechos laborales. Pedían incremento salarial, acceso a derechos básicos como vacaciones, aguinaldo y seguridad social. La demanda también era la revocación de contratos de supuesta protección que tenían la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, ambas serviles al corporativismo del PRI. Las protestas fueron reprimidas por la Policía Federal y estatal con gases lacrimógenos y balas de goma. Según la prensa nacional, fueron detenidos más de 200 jornaleros, entre ellos 25 menores de edad[6].

El 31 de julio de 2015, en la colonia Narvarte en la Ciudad de México, fueron asesinados Rubén Manuel Espino (fotoperiodista) y Nadia Vera Pérez (activista), ambos eran de Veracruz y salieron del estado por amenazas. Sus investigaciones eran críticas al gobierno de Javier Duarte. Con ellos estaban también Alejandra Olivia Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martín. Todos tenían el tiro de gracia, un balazo en la cabeza y con signos de tortura. Las mujeres, ultrajadas sexualmente. A 11 años del multihomicidio los abogados de las víctimas han denunciado que el área en donde se ubica el expediente dentro de la Fiscalía de la Ciudad de México (la Mesa 21 de la Fiscalía Especializada en Homicidios) dejó de existir y que el expediente fue turnado a la Coordinación General de Control Ministerial[7].

El 15 de julio de 2015, miembros del Ejército Mexicano atacaron la comunidad de Ostula en Michoacán. Personal militar chocó sus vehículos contra puestos de vigilancia de la policía comunitaria y disparó. En paralelo, otros integrantes del Ejército detuvieron a Cemeí Verdía Zepeda, primer comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula. La comunidad luchó por la defensa de tierras comunales y contra grupos del narcotráfico con actividades de tala ilegal en los dos años previos. En protesta por las acciones, civiles de la comunidad de Aquila realizaron un bloqueo, el cual fue “disuadido” con disparos del Ejército mexicano. Producto de la acción militar falleció un niño de 12 años y una niña de seis resultó herida de bala junto con otras tres personas.

Aníbal García Fernández*

*Doctor, magister y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro de los grupos de trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.

[1] https://www.gob.mx/agn/articulos/la-evidencia-oculta-vuelos-de-la-muerte-y-represion-en-los-archivos-de-la-dfs

[2] https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-acteal-chiapas-grave-violacion-los-derechos-humanos-por-parte-del-estado

[3] CNDH, Matanza en Acteal Chiapas, la grave violación a los derechos humanos a la vida, a la seguridad, a la integridad, libertad personal, cometida por el Estado mexicano, 1997, disponible en: https://hist.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2025-12/FRN_DIC_22-3.pdf p. 5

[4] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160514_mexico_tlatlaya_militares_libres_men

[5] https://www.memoriayverdad.org.mx/index.php/casos/masacre-apatzingan.html

[6] https://www.jornada.com.mx/2015/03/19/estados/032n1est

[7] https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/7/31/a-11-anos-del-caso-narvarte-investigacion-se-estanca-y-familias-alistan-acciones-internacionales-377192.html