Justo el 1 de mayo, día en que se conmemora a los mártires de Chicago que pelearon por derechos laborales, en la conferencia presidencial, se condensó una gran parte de la historia reciente de México: Zedillo, el Fobaproa, las decisiones de la clase política y los amplios beneficios a la clase económica. Fue uno de los mayores robos al pueblo mexicano y que arrastramos hasta nuestros días. Un día después, se dio cuenta de las masacres acontecidas en ese periodo de represión

Ni paladín de la democracia ni vocero de la oposición. Ernesto Zedillo Ponce de León expresa justamente la decadencia de un proyecto político económico que, mediante modificaciones estructurales, dejó saldos sociales terribles. Uno de ellos, la pobreza: entre 1994 y 1996, aumentó 17 millones de personas a nivel nacional, para alcanzar los 64 millones de personas en esa condición, de los 92 millones de aquél entonces. Quiere decir que siete de cada 10 estaban en condiciones de pobreza.

Pero no contento con aumentar la pobreza, también se fue contra el sistema de pensiones, al privatizarlo, como también lo hizo con los ferrocarriles, creando mayores desarrollos geográficos desiguales. Vale la pena recuperar las preguntas que planteara en enero de 2024 el expresidente López Obrador: “¿por qué dañó a los trabajadores con su reforma de pensiones? ¿Por qué desapareció los trenes de pasajeros? ¿Por qué absorbió deudas de particulares con el Fobaproa? ¿Por qué no aumentó el salario de los trabajadores?”

Y del Fobaproa no podemos dejar de lado el papel importante que jugó José Ángel Gurría –el “Ángel de la dependencia”– que. como detalló la revista Contralínea, fue pieza clave en el cabildeo con Acción Nacional, que tenía como presidente de su bancada ni más ni menos que al ex presidente Felipe Calderón. Fueron 1 mil 325 deudores con créditos por arriba de 20 mil millones los que fueron rescatados.

El 12 de diciembre de 1998, el PRIAN avaló la socialización de la deuda. El Fobaproa se transformó en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), beneficiando así al capital financiero: Bancomer, Inverlat, Banamex, Unión, Santander Mexicano, Serfín y Banpaís.

En septiembre de 2024, López Obrador declaró que el Fobaproa había costado 3 billones de pesos. En septiembre de 2024 en la conferencia de prensa, señaló también a Guillermo Ortiz, como parte de la tecnocracia que entregó los bancos y la deuda. Definió también a Zedillo: “tráfico de influencias y corrupción”.[1]

En la conferencia de prensa del 1 de mayo se presentó un video en donde mencionan a los beneficiados del Fobaproa: Vicente Fox, Fernando Senderes Mestre, Fernando Canales Clariond, José Eduardo Robinson Bours Castelo. Caso especial el de Carlos Hank Rhon, quien donó 25 millones de dólares a las campañas electorales de Zedillo y de Roberto Madrazo en 1994. Carlos Cabal Peniche, Fernando Lankenau Rocha y Ángel Isidoro Rodríguez. Grupos empresariales vinculados con Pablo Escandón Cusi, Manuel Gómez-Daza Rangel, Claudio X González Laporte, Agustín F Legorreta Chauvet, la familia Ballesteros, Valentín Diez Morodo, David Peñaloza, Ricardo Salinas Pliego y Enrique Molina Sobrino.[2]

El error de diciembre, la corrupción, la devaluación del peso que pasó de 3.4 pesos por dólar a 9.4, el desplome de salarios reales del orden del 25 por ciento sexenal, son tan sólo algunos de los saldos. La decisión que tomó su gobierno para hacer frente a la crisis fue, como suele hacer la tecnocracia, aumentar la deuda por la vía de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional –así como hizo Mauricio Macri en Argentina y hoy Javier Milei con saldos terribles para la clase trabajadora argentina.

No fue la primera vez que Zedillo se hacia cargo de una crisis económica. Ese personaje histórico que hoy pasa como uno de los mayores cínicos –pues no sólo defiende su pensión vitalicia que a 2025 es de un millón 716 mil 240 pesos al año (143 mil 20 pesos mensuales)–, le tocó hacerse cargo de la crisis de 1982. Dice quien hoy está en el ojo del huracán por los vínculos de su esposa con el narcotráfico: “entre otras responsabilidades, me correspondió encabezar la renegociación de la deuda externa de multitud de empresas productivas generadores de miles de empleos, cuya viabilidad para seguir funcionando estaba en duda al estallar la crisis financiera de 1982”.

Sólo en intereses del Fobaproa, sus decisiones le han costado a los mexicanos 2 billones de pesos, de una deuda original de 687 mil 844 millones de pesos. Detalla La Jornada: equivale a 6 por ciento del Producto Interno Bruto, a una quinta parte del presupuesto federal de 2025, a 4.5 veces el presupuesto destinado al sector educativo y más de 30 veces lo destinado a salud. Precisamente, estos dos sectores son los que sufrieron recortes desde el presupuesto público en su sexenio. El rescate del sector privado, se estima, se terminará de pagar hasta 2042.

La compra-venta de Pemex

Uno de los textos más completos sobre lo que vivió México entre la década de los ochenta y noventa es sin duda La compra-venta de México, de John Saxe Fernández, académico de la UNAM y maestro de múltiples generaciones. En dicha obra de forma detallada y documentada relata cómo la clase política mexicana remató al país, sus recursos y sus empresas, poniendo a disposición de Estados Unidos, la riqueza nacional. Manuel Buendía les llamó neopolkos.

Según documenta John P Sweeney de la Heritage Foundation, el dinero del paquete de rescate de 1995, mediante el cual, Zedillo hipotecó la venta de petróleo por parte de PEMEX, tuvo destinatarios provenientes del capital financiero que, a su vez, formaron parte del gobierno estadounidense, algo que se conoce como puerta giratoria (revolving door). Sweeney menciona que 8 mil 500 millones del rescate a México fueron para Fidelity of Boston; 2 mil 900 millones para Scudder, Merrill Lynch, Salomon Brothers y Citigroup –que dicho sea de paso, fue un banco que se capitalizó con el oro robado del Banco Central de Haití–;[3] y 5 mil 700 millones para Goldman Sachs.

Los políticos que estuvieron también en el gobierno estadounidense y eran parte de estos bancos eran James Jones, embajador de EU en México y el secretario del Tesoro, Robert E Rubin.[4] El “rescate” a México, sirvió para aumentar las arcas del capital financiero estadunidense.

El préstamo de Zedillo para rescatar a la clase económica mexicana implicó ceder soberanía energética. La carta de intención con el FMI, mediante la cual se solicitó un crédito contingente de 18 meses por 7 mil 575 millones de dólares, implicó la suscripción de un Acuerdo de Estabilización Cambiaria de Mediano Plazo y un Acuerdo de Garantías. Esas garantías hipotecaron a Pemex.

La investigadora de la UNAM Sarahí Ángeles Cornejo (QEPD) detalló así en 1995: se instruyó “irrevocablemente a todos los clientes actuales de cada Entidad de Pemex a que envíen todos sus pagos por la entrega o compra de petróleo crudo o derivados a una cuenta en Swiss Bank Corporation, sucursal de Nueva York, para ser trasladados a una Cuenta de Fondos Especiales en el Banco de la Reserva Federal de EU, en donde quedarán como garantías del crédito de 20 mil millones de dólares otorgado por EU.

Pemex debe entregar al Tesoro y a la Reserva Federal de EU toda la información contable y financiera de la empresa, comprobada y auditada al cien por ciento. Pemex se compromete a no vender, crear o permitir que sea creado algún gravamen, prenda o hipoteca o cualquier otra afectación sobre sus derechos a recibir pagos, ni entrar en otros arreglos.

Se comprometió a Pemex a entregar al Tesoro de Estados Unidos la información que éste razonablemente le solicite. Le entrega confirmación de auditores externos, sobre estados financieros, revisión de facturas por exportación. El acuerdo estableció que se deberá entregar en el plazo de 180 días contados a partir del cierre de su último ejercicio fiscal anual, los estados financieros anuales auditados”.[5]

Con esto se dejaba expuesta a Pemex ante el gobierno estadunidense, al que se le tienen que entregar estados financieros, la forma en la cual se maneja la empresa, se establecen condicionalidades al gobierno en torno a la política energética y en particular a la política pública hacia Pemex y se entrega el pago de la producción petrolera a un banco como garantía de préstamo.

La reforma al Poder Judicial, condensación de la lucha del pueblo mexicano

Hay momentos de la historia en la que se condensan, se saturan luchas políticas, económicas y sociales. Hoy, México está como en 1910, 1810, en otro gran momento de su historia, la elección al Poder Judicial. La etapa actual no está exenta de disputas económicas y políticas, pues no es menor cambiar a uno de lo tres poderes de la unión, el único que no se elije por el voto popular.

Se oponen los mismos sectores que se beneficiaron del Fobaproa, de la política económica de la globalización capitalista y, también Estados Unidos. Zedillo sale a defender su proyecto. Es importante recordar que, ante la entrada de México al TLCAN, fue necesario reestructurar la economía en su conjunto, pero también el orden legal. Así, la Constitución de 1917 fue modificada 413 veces entre 1982 y 2018 para dar sustento jurídico a eso que hemos denominado neoliberalismo.

Pero no sólo fue la Constitución, fueron también las modificaciones al Poder Judicial, mismo que impuso Ernesto Zedillo “a dedazo”, por fuera de la democracia, sin consultar a nadie. Para dimensionar, entre diciembre de 1994 y 2000 se modificaron 12 veces los artículos 94, 96, 97,100, 105 y 107 del Poder Judicial de la Federación, sin consultar a nadie, sin oposición de sus trabajadores. La actual Suprema Corte de Justicia y su Consejo de la Judicatura tienen una falla de origen, su profunda antidemocracia.

Artículo 94: organización del Poder Judicial de la Federación	Reducción del número de ministros de la SCJN de 26 a 11.
	Creación del Consejo de la Judicatura Federal y ampliación de sus competencias. Se sometió el CJF a la SCJN.
Articulo 96: designación de ministros de la Suprema Corte	Cambió el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte.
Artículo 97: facultades de la SCJN y protesta de magistrados	Otorga a la SCJN la capacidad de revisar leyes y decisiones importantes para homologar sus funciones con las modificaciones constitucionales. Tiene un rol más activo en temas de derechos humanos.
Artículo 100: carrera judicial	Aplicación de un sistema formal de evaluación y ascenso, basado en méritos y desempeño.
	garantizar la independencia de los jueces y magistrados.
Artículo 105: acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales	Ampliación de las facultades de la SCJN.
Artículo 107: juicios de amparo	Mejorar la efectividad del amparo y la distribución de competencias entre tribunales.

Modificaciones al Poder Judicial en el sexenio de Ernesto Zedillo

A mitad de la campaña electoral por los diferentes puestos del Poder Judicial, el pueblo de México se enfrenta de nuevo al pasado, para recordar cómo instauraron un régimen de despojo de la riqueza nacional, de acumulación de riqueza en pocas manos, de pérdida de derechos, del pacto transnacional para cambiar de partido único del poder y dar paso al Partido Acción Nacional y, de violaciones a derechos humanos.

El ABC de las violaciones a derechos humanos de Zedillo

A pesar de la supuesta protección a los derechos humanos, en el sexenio de Zedillo continuaron las atrocidades y graves violaciones a derechos humanos contra el pueblo mexicano comenzando con Aguas Blancas en junio de 1995: 17 campesinos fueron asesinados; catorce heridos.

Tras embargos, remates y desalojos, el Barzón que comenzó desde 1993 una serie de protestas que se agravaron con la crisis de 1994. Era la expresión de los grandes procesos de privatización, de desinversión en el campo por parte del Estado mexicano.

Entre 1994 y 2000, la CNDH documentó el asesinato de 349 militantes de aquel partido por razones políticas. Extendiendo el periodo, de 1988 hasta 2007 fueron asesinados 696 militantes. Esa es la democracia que añoran en la oposición.

Acteal en mayo de 1997: en el marco de la guerra contrainsurgente contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chenalhó tras desapariciones y homicidios, robos a casa habitación en los ejidos Los Chorros, Polhó y Majomut, alrededor de 12 mil personas abandonaron sus comunidades. En diciembre de ese mismo año la CNDH detalla que “un grupo de 60 paramilitares, vestidos de negro, dispararon con armas exclusivas del Ejército contra Las Abejas –conformado por indígenas tzotziles– mientras se encontraban orando dentro de una ermita”.[6]

El Charco en junio de 1998: elementos del ejército mexicano en la comunidad de El Charco en Ayutla, Guerrero, balacearon a indígenas que e encontraban dentro de la escuela “profesor Caritino Maldonado Pérez”. Se impidió la entrada de periodistas y defensores de derechos humanos hasta dos días después de la masacre.

El Bosque noviembre de 1999: elementos del Ejército Mexicano y policías, agentes del Ministerio Público y del extinto Cisen con helicópteros y vehículos artillados, dispararon contra tres comunidades indígenas, Unió Progreso, Chavajenal y la cabecera municipal. El saldo fueron 8 personas asesinadas y 53 detenidos. Decenas de familiares de los implicados se refugiaron en la montaña.[7]

Y cómo olvidar la represión durante la Huelga de la UNAM, cuando estrenaron a la recién formada Policía Federal Preventiva, rompiendo en febrero del 2000 la huelga más larga en la máxima casa de estudios en la que sus estudiantes defendieron la gratuidad de la universidad pública.

Los actos en contra del pueblo de México y sobre todo las violaciones graves a derechos humanos cometidas durante su sexenio, no prescriben al ser delitos de lesa humanidad. Zedillo tiene más de una cuenta pendiente con el pueblo de México, de ahí la necesidad de reescribir el pasado a la luz del presente, porque de democracia y justicia no puede dar lecciones. Porque de economía arrastra la crisis de 1982, la socialización de la deuda privada que pagaremos hasta 2042, la privatización de sectores estratégicos como energía y los ferrocarriles. Por los vínculos de sus familiares con el narcotráfico. Con todos estos elementos, que sea el pueblo de México quien juzgue, cada que sea necesario, a Ernesto Zedillo Ponce de León.

[1] https://amlo.presidente.gob.mx/18-09-24-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/

[2] https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-de-la-presidenta-claudia-sheinbaum-pardo-del-01-de-mayo-de-2025

[3] https://www.nytimes.com/es/2022/06/06/espanol/haiti-wall-street-crisis.html

[4] Saxe Fernández, John, La compra-venta de México. Una interpretación histórica y estratégica de las relaciones México-Estados Unidos, México, UNAM-CEIICH, 2016. https://ru.ceiich.unam.mx/handle/123456789/2924

[5] Ángeles Cornejo, O. Sarahí, “Avances en la privatización de Pemex “, en Problemas del Desarrollo, julio-septiembre 1995, Vol. 26, No. 102 , pp. 250-251.

[6] https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-acteal-chiapas-grave-violacion-los-derechos-humanos-por-parte-del-estado

[7] https://www.jornada.com.mx/1999/11/28/mas-guerra.html

Anibal García Fernández*

*  Doctor, magíster y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es miembro de los Grupos de Trabajo de CLACSO “Crisis y economía mundial” y “Violencias en Centroamérica”. Sus principales líneas de estudio son la guerra fría interamericana, geopolítica energética, dependencia e integración latinoamericana, militarismo y relaciones económicas entre Estados Unidos y América Latina.

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