Guanajuato: guerra del crimen trasnacional y gestión de la ultraderecha panista

Guanajuato –como otras plazas de los estados y ciudades principales de la República– es una zona de disputa intensa de las principales organizaciones del crimen trasnacional organizado (COT). A consecuencia de ello, entre el 1 y el 13 de enero de 2024, se cometieron 75 asesinatos en sólo nueve días. Si extendemos el registro un mes más, a febrero, ocurrieron 123 homicidios (los 75 más 48), lo que mantiene a la entidad entre las más violentas del país (de acuerdo con la SSPC).

Esta lucha ha rebasado a las autoridades estatales, de inteligencia, gobierno y cuerpos armados. Son cuatro las estructuras criminales que contienden por el control del estado: “los Jaliscos” (CJNG), “los Sinaloa” (CDS), “los Santa Rosa” (CSRL) y “los Golfos” (CDG). Según reportes de inteligencia, la disputa al inicio se había polarizado entre el CDS y el CSRL.

Este último, formado y expandido al influjo de la extracción de huachicol y el cobro de derechos de piso a contratistas de las gasolineras y la refinería de Salamanca (desde 2014). Es territorio estratégico por sus colindancias con los bastiones de poder del CJNG (en Jalisco). Al interés inicial ligado a los negocios ilícitos de la petroquímica mexicana, se sumaron pronto la oferta de metanfetaminas, cocaína, y otros de incidencia ordinaria, como, asalto en carreteras, extorsión y sicariato. El robo de combustible sigue ocupando un lugar preponderante.

Precisamente, es ésta la materia de mayor conflicto del CSRL con “los golfos”, pero con “los jaliscos” la confrontación es por el control territorial y el mercado de las metanfetaminas o “cristal”. El CJNG vende el “cristal azul” y el CSRL el “cristal blanco” y, aparentemente por ello, tendrían seccionado el mercado, pero no es así: tercian en la disputa “los Sinaloa” y la “Unión León” (aliados del CJNG) por el control de lo que se ha denominado “el corredor del Bajío”, punto clave en la red carretera usada en el traslado de drogas hacia la región norte del país.

Y aquí tenemos una pieza central para el entendimiento analítico con relación a Guanajuato: el crimen trasnacional en disputas territoriales y de mercado, la violencia en general, la violencia política en particular, especialmente, la más reciente en Celaya.

Mercado de drogas ilícitas

En Guanajuato, el 20 por ciento de los hombres han consumido drogas ilegales, casi todos (18.5 por ciento), y el 17.6 por ciento de las mujeres, estamos hablando de un mercado de drogas ilícitas cercano al 40 por ciento de la población adulta joven que usa drogas. Y está aumentando el consumo de alcohol, tabaco y cocaína, entre menores de edad (entre 9 y 17 años), de acuerdo con la secretaría de salud del estado.

Una parte fundamental de la conflictiva socio-política y criminal es esta disputa territorial por el “corredor del Bajío”; dentro de ésta, la zona llamada “meca industrial Loja-Bajío” es fundamental por la concentración empresarial (hay más de 100 empresas de manufactura automotriz compleja listas para instalarse allí). Los municipios que allí se ubican son: Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Celaya, Cortázar, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jaral del Progreso, Tarimoro y Villagrán –en este municipio está la localidad Santa Rosa de Lima en donde nació el cártel–.

A las organizaciones que disputan territorio para apropiarse del “cobro de piso” les resulta muy atractiva toda esta región, cinturón de municipios industriales, en el cual se ha reportado un incremento de 62.5 por ciento de los actos de “extorsión” en este corredor industrial (durante 2023), y las denuncias también se han incrementado.

De 96 denuncias presentadas en 2023, 70 se registraron en Celaya, que equivalían al 73 por ciento del total. Otro dato relevante: entre enero y octubre de 2023, Guanajuato fue el tercer estado con mayor número de extorsiones: 8 mil 809 carpetas abiertas, sólo por debajo del Estado de México y Veracruz, quienes están a la cabeza de este tipo de incidencia delictiva (Zona Franca, noviembre, 2023), además, controlando una ruta central del trasiego de drogas hacia el norte del país. Celaya es uno de los municipios con mayor concentración poblacional, tiene cerca de 500 mil habitantes.

Adicionalmente, este estado y la región mencionada, albergan a la crucial y decisiva zona geográfica llamada “Triángulo de Guanajuato” (también conocido como “Triángulo de las Bermudas”), constituido por: León, Villagrán, Salamanca, Irapuato, Los Apaseo (dos) y Celaya, controlado por el CSRL, región cuya importancia más relevante es que concentra la mayor parte de los tendidos de ductos de Pemex que llegan a la refinería de Salamanca.

No exageramos si decimos que estas subregiones en Guanajuato son “territorios de guerra criminal”. Celaya, Irapuato y Silao estarán integrados al proyecto denominado “Corredor Central del Bajío”, que partirá de Querétaro, hacia Guanajuato, el Estado de México e Hidalgo. Es un cruce de caminos de importancia estratégica. Esto es lo que quiere arrebatar el CJNG. En otras palabras, el “corredor del Bajío” y particularmente la “Loja-Bajío” son hoy subregiones de “confrontación criminal y violencia armada” entre estructuras del crimen trasnacional que disputan el estado, las subregiones y las principales ciudades, como León y Celaya. Esta última, es sabido, bastión territorial, organizativo, económico y paramilitar más importante del CSRL dirigido por José Antonio Yépez Ortiz, alias el Marro, en prisión desde agosto de 2020, al igual que Noé Israel “N”, el Puma. Luego estuvo a cargo Adán Ochoa, el Azul. Han caído también otros que sustituyeron a los primeros mencionados. Según la inteligencia militar (Sedena), el CSRL lo encabeza actualmente Karem Lizbeth Yépez Ortiz, hermana del Marro.

Ante la embestida del CJNG luego de la detención del líder del CSRL, apoyado en sus aliados de la “Unión León” y “Los Durango”, la agrupación criminal del Marro tendió puentes de apoyo con el CDS. Hoy son aliados para defender todas las subregiones, territorios y mercados en Guanajuato (El Financiero, diciembre, 2023).

La misma inteligencia nacional (Sedena) ha reportado que el CSRL, a raíz de la detención de su líder criminal, se ha reforzado con exmilitares colombianos y paramilitares nicaragüenses, lo que lo ha mantenido en un estatus competitivo frente a las estructuras criminales rivales. Esta feroz disputa es responsable de la parte fundamental de la violencia en Guanajuato, violencia inter-criminal, que da una cobertura muy importante a la violencia política.

Asesinato político: caso Gisela Gaytán

De esta ultra conflictiva y parte central de los territorios en “guerra criminal”, la ciudad de Celaya, deseaba ser presidenta municipal Gisela Gaytán Gutiérrez, luchadora social asesinada recientemente. Su candidatura e inicio de campaña fue considerada un desafío directo a los intereses delictivos del CSRL, dentro de un espacio público que consideran es de su exclusiva autoridad y control.

El Cártel Santa Rosa de Lima no estaba dispuesto a aceptar una autoridad formal en paralelo a su autoridad de facto, aunque no hay elementos probatorios para afirmar que los integrantes de ese grupo delictivo fueron los responsables.

Sin embargo, hay una lógica severa en los hechos, en el contexto, en las disputas territoriales y los negocios criminales en disputa. Incluso, en la reacción de las autoridades estatales ante el pedido de protección. Podía considerarse una “traición” que tuviera consecuencias al dificultar el trabajo planeado. Hubo también temor u “omisión por complicidad”, no podemos afirmarlo con certeza. Pero hay algo muy raro en esta negativa de protección a los candidatos de Morena.

Dos años atrás, un especialista como el doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez afirmaba que algo “raro” sucedía con la violencia criminal en Guanajuato, ya que crecía rápidamente pero casi nadie en los medios hablaba de ello, lo analizaba así:

“Hay al menos dos factores (…) el conflicto criminal en Guanajuato ha golpeado sobre todo a las clases populares. (…) se han ensañado con los barrios pobres dentro de núcleos industriales, en particular Celaya, Irapuato y Salamanca (…).no ha afectado ni a San Miguel de Allende, donde se concentra el turismo internacional, ni a la capital del estado (…) también es relevante que Guanajuato no es un estado fronterizo (en Ciudad Juárez, en Tijuana y en Tamaulipas, los hechos de violencia inmediatamente tienen resonancia en la prensa internacional). El segundo factor es que las autoridades estatales han sido hábiles para minimizar la crisis. La Fiscalía General (…) no ha sido capaz de desarticular a las células criminales más violentas. Pero sí ha evitado los grandes fiascos mediáticos (…) reporta cifras de homicidios a todas luces maquilladas (para rebajar la cifra real de homicidios dolosos, un porcentaje inverosímil de las muertes violentas (…) se clasifican como homicidios culposos”. (El Financiero, 2022)

No pudieron ocultarlo indefinidamente. A conclusiones similares llegó Carmen Pizano en la revista Proceso: “el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, siguen sin revertir la incidencia de esos delitos. Sin embargo, cobijados por la mayoría de legisladores del PAN en el Congreso del estado, presumen que la procuración de justicia rinde resultados y que su policía es, “si no la mejor, una de las mejores del país”. Remata diciendo: “Guanajuato está convertido en una fosa clandestina” (8 de abril, 2024).

A los últimos asesinatos de candidatos a cargos de elección popular, les precedieron otros, como el de una exregidora del PVEM, conocida como “Pita” Corral, en Silao, Guanajuato (abril, 2023), asesinada con saña por hombres a bordo de una motocicleta que le dispararon (misma forma que a Gisela Gaytán). Sólo mencionar estos casos que ilustran nuestro dicho; pero la tendencia estadística es que los “homicidios dolosos”, considerados del orden federal (los que refiere Eduardo Guerrero que se maquillan) se han disparado en los últimos cinco años en Guanajuato, lo cual involucra miles de vidas.

Hacia finales de 2023, dicho estado apareció como el de mayor número de este tipo de delitos últimos mencionados, un total de 3,029 “homicidios dolosos” (Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, al 16 de diciembre), menos en 2022 que fueron 4,329, pero considerando lo afirmado por el Dr. Guerrero sobre el “maquillaje de cifras”. Entre 2018 a 2023, los “homicidios dolosos” sumaron un total de 21 mil 568 personas asesinadas en dicha forma, constituyen el 12.36 por ciento del total para el periodo (Infobae, diciembre, 2023).

La disputa con el CJNG se ha recrudecido en los primeros meses de 2024: se indica que lo fundamental es el mercado y transporte hacia el norte del “jale blanco” el “cristal” o metanfetamina, y el centro de dicha disputa está en Celaya en donde se han localizado “narco mensajes” en los que el CSRL advierte a los “distribuidores” del CJNG, junto a costales que parecían contener restos humanos. La lucha es brutal, “narco mensaje” que termina diciendo “acá puro Marro” (Cano, Infobae, febrero, 2024).

La ultraderecha panista

Otro elemento a considerar es el papel de la ultraderecha. El Yunque, que es un grupo secreto de ultraderecha dentro del PAN que ha existido históricamente, ha venido teniendo un debilitamiento histórico, parecía que desaparecería, pero no, se concentró en Guanajuato, tradicional Estado muy influenciado por el pensamiento de la ultraderecha ligada estrechamente a la jerarquía católica. Fue tierra de auge de los cristeros. Se ha mencionado por analistas y periodistas, que detrás del actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, está el “Yunque”, y que Carlos Zamarripa, el Fiscal, es miembro importante en Guanajuato de dicha organización secreta protofascista.

En suma: a) una lucha encarnizada, sin cuartel entre el bloque criminal del CDS-CSRL vs el bloque criminal del CJNG-UL-LD por, por el control del corredor del Bajío, la zona del cinturón de municipios-ciudades industriales llamada “Loja-Bajío”, y más en específico, el “Triángulo de las Bermudas” o “Triángulo de Guanajuato”, cruce de caminos para el control del estado, y del trasiego de drogas hacia el norte de México, en cuya disputa territorial la ciudad de Celaya, bastión económico y de poder del CSRL, es fundamental; b) lucha por un mercado de consumo creciente de opiáceos y cocaína entre la población joven del estado. De igual manera, por el dominio de los nuevos rubros de acción criminal, el sicariato, el “cobro de derechos de piso”, el robo a transporte de carga (en camión y en tren), y otros; c) en la trama política, el Yunque como organización de la ultraderecha mexicana, tiene una gran influencia o domina en el gobierno actual del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y su Fiscal del estado, Carlos Zamarripa es miembro destacado de el Yunque, por ello es inamovible. Pero sus actitudes, respecto al auge del CTO resultan por lo menos, “sospechosas” por permisivas, por omisas y porque la situación empeora cada vez más sin que se aprecien esfuerzos en serio por contenerla. En dicho contexto, se producen crímenes eminentemente políticos contra la oposición.

El tema por investigarse, entonces, es la tendencia que despunta en la actual coyuntura electoral estatal, como son los asesinatos políticos con una lógica e hipotética participación del crimen transnacional que actúa en Guanajuato, y los posibles vínculos de la alianza criminal del CSD-CSRL con la ultraderecha del estado, el Yunque, para evitar la derrota política del PRIAN-PRD que modificaría el panorama socio-político y criminal en Guanajuato, con un eventual triunfo de Morena en el estado. Hablaríamos de una historia muy distinta.

Jorge Retana Yarto*

*Exdirector de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional; licenciado en economía con especialidad en inteligencia para la seguridad nacional; maestro en administración pública; doctor en gerencia pública y política social. Académico de la UNAM.

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