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Una de las investigaciones más profundas del gobierno mexicano contra el lavado de dinero –que también requirió la cooperación internacional– dio sus primeros resultados: 13 casinos fueron cancelados por la Secretaría de Gobernación (Segob) y las cuentas bancarias asociadas a éstos fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Ello, porque los centros de apuestas físicos y en línea habrían blanqueado capitales, producto de fraudes fiscales o incluso del crimen organizado. En este último caso, el dinero sucio proveniente sobre todo del narcotráfico se introducía a los establecimientos mediante compras masivas de fichas o pago de servicios simulados.
Entre los casinos cancelados se encuentran dos del Grupo Salinas (Ganador Azteca, SAPI de CV, y Operadora Ganador Tv Azteca, SAPI de CV), y algunos de los que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) –del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– designaron el pasado 13 de noviembre como presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa: en Sonora, los casinos Emine (San Luis Río Colorado), Midas (Agua Prieta) y Palermo (Nogales); en Sinaloa, los casinos Mirage (Culiacán), Midas (sucursales Los Mochis, Guamúchil y Mazatlán); en Baja California, casinos Midas (Rosarito) y Skampa (Ensenada); y en Villahermosa, Tabasco, el Casino Skampa.
En el caso de estos últimos, la OFAC y el FinCEN afirmaron que la designación y las acciones contra los casinos mexicanos se hicieron en coordinación con el gobierno de México. Al respecto, la mañana del 14 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó en su conferencia: “ayer, Estados Unidos puso sanciones a casinos mexicanos, muchos de ellos de los que fueron sancionados por la UIF, que se presentaron el miércoles [12 de noviembre] aquí [en la “mañanera del pueblo”], y es un trabajo también que se está realizando de manera conjunta”.
La primera mandataria añadió que con los cambios a las leyes –que se harán próximamente– se buscará regular las nuevas actividades de apuestas: primero, que “se actualice, porque todo lo digital, todo lo que son las plataformas, no está realmente regulado; y, segundo, que no se preste al lavado de dinero, así de sencillo”.
Consultada por Contralínea –en su conferencia del viernes 14 de noviembre– sobre las denuncias penales contra los casinos, el monto estimado de cuánto habrían lavado y los permisos que aún están vigentes, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dichos permisos se otorgaron en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Acerca de los 13 casinos bloqueados, indicó que ya entraron al listado de cuentas bancarias congeladas. “Es un procedimiento también, no es que se anuncie y ocurre a los 5 minutos, sino que se tiene que notificar a los bancos y los bancos tienen que proceder al congelamiento de las cuentas. En este momento se está en esa parte del procedimiento”. Detalló que “a partir de ahí, ya se puede saber el monto, porque está en esas cuentas; entonces ya puede ser público y ya se puede informar aquí en ‘la mañanera’”.
La primera mandataria recordó que el modus operandi que se descubrió arroja que algunos casinos y salas de apuestas en línea lavan dinero de la delincuencia organizada, pero en otros casos es blanqueo de dinero en efectivo que viene de otras fuentes. “Entonces, se apostaba en el casino, en línea, principalmente. La persona que apostaba, o le robaron su identidad o la convencieron, muchas veces a través de supuestamente un regalo que le llega, o por correo, o de manera física, de una tarjeta de regalo. Entonces, dicen: ‘te doy 300 pesos de regalo para que apuestes en este casino’. La gente entra a la plataforma, apuesta los 300 pesos y le dicen: ‘te ganaste mil pesos’. Ah, pero en realidad se reporta que se ganó 25 millones de pesos; y esos 25 millones de pesos se mandan al extranjero a ciertas cuentas. Y después, muchas veces, esos 25 millones de pesos regresan al país como 50 millones de pesos, es decir, algo se hizo en ese otro país en donde hicieron algo probablemente similar, de tal manera que aumenta, es decir, tiene que haber una asociación delictuosa con alguien en ese otro país, y regresa a una empresa como 50 millones de pesos, de los 300 originales”.
Al respecto, la presidenta Sheinbaum explicó que esos millones de pesos ya “provienen del llamado lavado de dinero ilegal de efectivo que se va blanqueando de esa manera. Entre otros modus operandi, como ese. Y todo es electrónico, todo es de manera electrónica, y va cambiando de cuentas para que no haya supuestamente seguimiento de ese recurso. Entonces, tiene que haber el uso de dinero en efectivo, principalmente para ese procedimiento. Eso es lo que se quiere regular”.
La jefa del Ejecutivo federal también dijo a Contralínea que “ahora que ya se termine o avance el proceso jurídico, ya se puede informar de cuántos eran los montos en un año, por ejemplo, de este tipo de transacciones que lavaban el dinero; y también las denuncias penales, si son solamente a personas morales o también a personas físicas”.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad y las autoridades hacendarias, el modus operandi de estos 13 casinos bloqueados incluyó uso de efectivo en operaciones unitarias por hasta 50 millones de pesos, simulación fiscal, transferencias millonarias a paraísos fiscales, transferencias internacionales a empresas financieras tecnológicas, uso de empresas fachada, intermediarios de bajo perfil y retorno del dinero al beneficiario real.
En la conferencia presidencial del 12 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que los 13 casinos que fueron bloqueados por las autoridades federales hicieron uso de efectivo para borrar el rastro del origen del dinero, simulación fiscal y transferencias millonarias a paraísos fiscales.
El funcionario detalló que, en los últimos meses, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis integral sustentado en la integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, mediante el cual se identificaron “operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta”.
También, dijo, se detectaron “patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito: casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos sin justificar su procedencia; [y] casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional”.
García Harfuch calificó la indagatoria sobre este entramado de operaciones ilícitas como “un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades utilizadas para lavado de dinero”. Agregó que los 13 establecimientos de juegos y sorteos físicos y virtuales operaban de forma irregular en Sinaloa, Jalisco, Sonora, Baja California, Nuevo León, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Añadió que se trató de un trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, lo que “permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”.
Para ello, dijo, se analizaron casinos físicos y virtuales, considerados de por sí como un sector con riesgos relevantes de lavado de dinero, porque emplea de manera intensiva recursos en efectivo y transacciones digitales. El secretario de Seguridad expuso que la Procuraduría Fiscal de la Federación ya analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones.
El trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar estas redes financieras vinculadas con lavado de dinero, indicó el secretario de Seguridad, requirió la cooperación internacional, especialmente de las estadunidenses FinCEN y OFAC. “Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI”.
El trabajo investigativo se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, de acuerdo estándares del GAFI en materia de prevención y combate al lavado de dinero. Tras los hallazgos, García Harfuch aseguró que ya se tomaron acciones, como dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario; “presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos; suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales; bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales; [y] bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares”.
También adelantó que la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con el Gabinete de Seguridad y la Procuraduría Fiscal “desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que generen un daño al sistema financiero”.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó: “decidimos, desde que entramos al gobierno, que parte de la Estrategia de Seguridad tenía que ver también con lo que dicen muchos expertos conocedores de estos temas y que, además, es obvio y evidente, que es dar seguimiento al recurso que está vinculado presuntamente con la delincuencia organizada o con algún esquema de lavado de dinero. Entonces, es parte de esta investigación”.
La primera mandataria subrayó que se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y se trabaja de forma coordinada con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para evitar el flujo de dinero que pueda fortalecer a grupos de la delincuencia organizada.
Además, durante el anuncio de este mega operativo se mostró un video en el que se explicó que las 13 empresas de juegos y apuestas seguían tres tipos de patrones: “uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país, y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero”.
Los 13 casinos, agregó el video, “registraban montos millonarios de efectivo de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales, así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa, utilizando diversas divisas”.
La investigación que duró meses también detectó un patrón operativo dentro de casas de apuestas y centros de entretenimiento: primero, el “ingreso del dinero en efectivo: los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados, como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero”.
En segundo lugar, el “uso de empresas fachada y transferencias. Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias; también se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios, con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos”.
En tercer lugar, “los intermediarios de bajo perfil. Estas redes empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección.
Y, en cuarto lugar, el “retorno del dinero al beneficiario. Finalmente, los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques, pagos por supuestos servicios o compras verificables, dando apariencia de ingresos lícitos”. En el video se expuso que los casinos con movimientos financieros irregulares tienen vínculos con redes del crimen organizado.
También presente en la conferencia presidencial del 12 de noviembre, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, reiteró que los casinos y plataformas de juego suspendidos bajo sospecha de que lavan dinero utilizan “a personas físicas, muchas veces con engaños o mediante robo de identidad. Se trata, sobre todo, de jóvenes, estudiantes, trabajadores, amas de casa o jubilados, personas que no ganan ni manejan grandes cantidades de dinero”.
Galeano García detalló las seis formas en las que esto ocurre:
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), hasta 2023 habían 36 permisionarias para operar casinos en México, y 422 establecimientos de este tipo en el país. En su auditoría de desempeño 2023-0-04100-07-0315-2024, el máximo órgano de fiscalización apunta que en el periodo 2019-2023, la Segob expidió 5 mil 336 permisos relacionados con juegos, sorteos y apuestas.
“En 2019 se autorizó el mayor número, a partir de 2020, las autorizaciones presentaron un comportamiento descendente, siendo 2021 el año en el que se expidió el menor número de permisos con 659, lo que significó 64.6 por ciento menos que lo autorizado en 2019. A partir de 2022, la Secretaría no autorizó la instalación de CARSS [centros de apuestas remotas y salas de sorteos], también conocidos como casinos, por lo que, al cierre de 2023, se mantuvieron vigentes 51 permisos otorgados a 36 permisionarias, de las cuales 34 reportaron ingresos de la operación de 422 establecimientos”.
Otros datos disponibles corresponden al DENUE 2025, del Inegi, que refiere que hay 5 mil 256 unidades económicas conocidas como casinos, loterías y otros juegos de azar en el país.
En el informe de la ASF también se apunta que, “en 2023, la Segob expidió 1 mil 189 permisos: 849 (71.4 por ciento) correspondieron a cruces de apuestas en escenarios temporales, de los cuales 743 (87.5 por ciento), a peleas de gallos y 106 (12.5 por ciento) a carreras de caballos; 331 (27.8 por ciento), a sorteos; y nueve (0.8 por ciento) a ferias, de las que, en seis (66.7 por ciento) se llevaron a cabo peleas de gallos, y en tres (33.3 por ciento) se instalaron salones de juegos con apuestas”.
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