Bratislava, Eslovaquia. Activistas instan a gobiernos y agencias internacionales a redoblar esfuerzos, con el objetivo de terminar con la impunidad frente a la violencia que sufre la atención a la salud en contextos de guerra. Asimismo, se conoce que las nuevas denuncias de ese tipo de ataques alcanzaron un nuevo máximo histórico el año pasado.

El informe de la Coalición para la Salvaguardia de la Salud en Conflictos (CSSC), la cual reúne a organizaciones dedicadas a temas de salud y derechos humanos, documentó 2 mil 562 incidentes de violencia que obstruyeron o atentaron contra el cuidado de la salud en conflictos en 30 países –500 veces más que en 2022–.

La organización señaló que el 25 por ciento del aumento ocurrió en países afectados por conflictos. En éstos, decenas de millones de personas ya estaban sufriendo guerras, desplazamientos masivos y una gran privación de alimentos y otras necesidades básicas.

Sin embargo, más allá del sufrimiento inevitable que causa esta violencia, el documento resaltó que una característica consistente de los ataques era la continua impunidad de los perpetradores.

A pesar de los reiterados compromisos, los gobiernos no modifican sus prácticas militares, ni dejan de transferir armas a los responsables, ni los llevan frente a la justicia.

La organización llama a líderes nacionales y a jefes de organizaciones internacionales –incluso a las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– a tomar fuertes medidas para garantizar el cese de la violencia.

“Tiene que haber un cambio en la asignación de las responsabilidades por violar el derecho humanitario internacional al no respetar la proteción de la salud ni de los profesionales porque los mecanismos de hoy en día no proporcionan una seguridad adecuada. Tenemos que hacer preguntas difíciles”, recalcó la directora de la organización humanitaria Insecurity Insight, Christina Wille, quien colaboró en la redacción del informe.

Los ataques contra la atención médica se volvieron una característica destacada en los últimos conflictos. El informe de la CSSC afirma que el aumento de los ataques fue producto de la violencia intensa y persistente contra la salud en los territorios palestinos ocupados, y también en Myanmar, Sudán y Ucrania.

Organizaciones de derechos humanos llaman la atención sobre cómo las fuerzas atacantes apuntan contra centros de salud y el personal médico.

Los hospitales y otros centros de salud están destinados a la protección de civiles en el marco del derecho internacional. Es ilegal atacarlos u obstruir la atención. Las ambulancias tienen el mismo estatus. Esto no se aplica si el hospital o centro de salud es utilizado por combatientes con objetivos que sean considerados dañinos para un enemigo. Sin embargo, incluso en esos casos, la fuerza atacante debe avisar de la agresión y permitir la evacuación.

Sin embargo, en muchos conflictos, las fuerzas combatientes parecen ignorarlo cada vez más.

El informe de la CSSC resalta que, desde el principio de las dos nuevas guerras de 2023 –Sudán y el conflicto entre Israel y Hamás–, las partes en guerra mataron a profesionales de la salud, atacaron clínicas y destruyeron sistemas de salud enteros.

Mientras, en Myanmar y Ucrania, los ataques no disminuyen: en cada conflicto, superaron los 1 mil desde sus inicios en 2021 y 2022, respectivamente. En muchos otros conflictos crónicos, las fuerzas de combate secuestran y matan a profesionales y saquean instalaciones médicas.

De igual manera, el informe identificó una nueva e inquietante tendencia. Los combatientes entran a los hospitales o los ocupan de manera violenta, como sitios en los que realizan operaciones militares. Hieren y matan a pacientes y personal médico.

Por su parte, Len Rubenstein, presidente de la CSSC, dijo a IPS que en muchos conflictos, la conductas revelan un “abierto desprecio por su deber de proteger a los civiles y a la salud bajo el derecho humanitario internacional”.

Subrayó que Israel, “si bien pretende adherirse a él, promueve una visión de sus obligaciones que, de ser aceptada, socava las protecciones fundamentales que el derecho internacional pone en práctica para proteger civiles y la salud durante una guerra”.

“El informe también destaca muchas tendencias alarmantes desde el comienzo de un conflicto. No parece haber moderación a la hora de atacar hospitales, y también vimos, por ejemplo, un aumento de hospitales utilizados con fines militares, y es muy perturbador ver hospitales de niños ser blanco de ataque”, se lamentó, en diálogo con IPS.

“Estas tendencias subrayan la necesidad de liderazgo [en materia de rendición de cuentas]. […] Esto no es una solución mágica –atribuir responsabilidad a asesinos no va a detener a todos los asesinos, por ejemplo–, pero la falta de consecuencias sí garantiza más violaciones”.

Además, el director de Estudios e Investigaciones de Médicos por los Derechos Humanos (MDH), también miembro de la CSSC, sugirió que la impunidad por los ataques a la salud en situaciones de conflicto ha envalentonado a ciertas fuerzas para repetirlos en nuevas guerras.

“Esto se remonta a la evolución histórica de los ataques contra la salud y a las consecuencias de la impunidad. Los patrones de los ataques de las fuerzas rusas y el gobierno de Siria en el conflicto sirio tienen muchas conecciones con la manera en la que Rusia llevó adelante la invasión a Ucrania”.

En su informe, la CSSC hizo varias recomendaciones, con el propósito de ayudar a que se terminen los ataques contra la atención médica, y promover la rendición de cuentas.

Éstas incluyen la toma de nuevas medidas por parte de la ONU, las autoridades nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI) para terminar con la impunidad; fortalecer la prevención de conflictos; mejorar la recolección de datos sobre los ataques a nivel nacional y mundial; reforzar el liderazgo local, regional y global –sobre todo a través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en particular, y de la ONU, en general–, con el fin de salvaguardar la salud, y apoyar y proteger a los profesionales.

Esos planes también prevén el papel clave de actores locales, incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otras más activas en cuestiones de salud y derechos humanos.

Sin embargo, la CSSC reconoce que varias de las medidas pueden ser difíciles de implementar.

“Nuestras recomendaciones son aspiracionales y aceptamos que su implementación puede ser difícil en el contexto de las dificultades y los conflictos inherentes, pero hay algunas áreas en las que creemos que se puede llegar a dar un cambio definitivo”, precisó Wille.

“Se necesita entrenamiento para entender, abordar y manejar la seguridad y los riesgos en un conflicto dentro del sector de la salud. Este apoyo se le debería dar a aquellos responsables de supervisar los planes de atención médica en conflictos para que los servicios se sigan proporcionando, pero con la mayor seguridad posible”.

Sin embargo, agregó que los gobiernos podrían hacer una gran diferencia si presionaran para asegurar “la supresión de conflictos”. Por este proceso, una organización de salud anuncia a las partes quiénes son, dónde trabajan, qué están haciendo y cómo pueden reconocerlos, a cambio de recibir garantías de que no serán blanco de ataques.

“Estos mecanismos existen, sin embargo, en este momento a menudo no se los respeta ni se aplican. Los gobiernos pueden insistir en la supresión de conflictos, sería una gran ayuda”, destacó Willie.

No obstante, los expertos coinciden en que si se quieren cambios significativos en materia de rendición de cuentas por los ataques contra la salud, sólo se logrará mediante un fuerte compromiso político.

Al respecto, Rubenstein subrayó: “A lo largo de los años, hemos visto que este compromiso no está, y que lo que necesitamos es un compromiso fuerte que vaya más allá de las palabras y de las declaraciones de condena, y derive en acciones concretas”.

La destrucción masiva y deliberada de centros de salud cambió la amplia percepción política de los efectos de esos ataques, observó.

“Lo que cambió es el conocimiento de la magnitud de estos ataques y el enorme sufrimiento que traen consigo, no sólo directamente en el momento del ataque, sino también mucho tiempo después. Esta comprensión puede estimular el tipo de liderazgo que necesitamos para esto”.

Y De Vos señaló que la prominencia de los ataques contra la salud en la guerra entre Israel y Hamás “muestra claramente la devastación y el sufrimiento que causan dichos ataques”.

“Esto tal vez derive en el cambio [en lo que respecta a la impunidad] que nos gustaría ver”.

Si bien muchos especialistas pueden tener cierto optimismo al respecto, no se muestran tan positivos frente a la perspectiva de que se reduzca el volumen de ataques contra los centros de salud en el futuro inmediato.

“Desafortunadamente, la trayectoria no es positiva. No hay un alto al fuego en Gaza, la guerra en Ucrania continúa, y siguen habiendo conflictos donde más hemos visto estos ataques contra la salud. Es un estado bastante severo”, se lamentó De Vos.

Ed Holt/Inter Press Service (IPS)*

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