No obstante que los intentos de los representantes de la Iglesia Católica por influir en la política son ilícitos, en este sexenio no hay registros de sanciones administrativas a ministros de culto, de acuerdo con la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Segob. Ni siquiera para casos ya probados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como por ejemplo el del arzobispo emérito Juan Sandoval Íñiguez y Mario Ángel Flores Ramos, que vulneraron la separación Iglesia-Estado al realizar proselitismo durante los comicios de 2021. A esas expresiones se sumaron los diversos llamados de religiosos a que se votara por el PRIAN en las elecciones del 2 de junio pasado, así como su activismo para pedir la intervención extranjera para impedir la supuesta “dictadura” de la izquierda

La actuación de varios ministros de culto que, públicamente, instaron a los feligreses a no votar por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones presidenciales en México, del 2 de junio de 2024, fue una muestra de cómo algunos representantes del clero han buscado incidir en la vida política, a pesar de que el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público se los prohíbe expresamente.

“Como no hay sanciones severas a los ministros de culto sino multas y, en todo caso, le corresponde no a la autoridad electoral sino a la Secretaría de Gobernación, pues los ministros de culto suelen hacer lo que quieren en los procesos electorales”, afirma el doctor en derecho Jaime Cárdenas.

En el programa Sacro y Profano, el académico y exconsejero electoral Marco Antonio Baños declaró: “la historia ha demostrado que la Secretaría de Gobernación, por razones políticas, difícilmente se mete a establecerles sanciones a las iglesias”.

El 29 de mayo de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los sacerdotes de meterse en el proceso electoral, pese a que la Constitución restringe la intervención de la Iglesia en la política. Pero esto no implicó sanciones. Él mismo dijo ese día: “ni modo que vamos a iniciar un proceso por esta situación. No, la conciencia de cada quien; más cuando se trata de un religioso. No, somos libres”. Días antes, el video de un sacerdote de Jalisco que llamaba al “voto útil” a favor de Xóchitl Gálvez se había hecho viral en redes sociales.

La actitud desafiante a la ley de algunos jerarcas católicos continúa: en el marco actual de la discusión de la reforma judicial, la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestó –a través de un comunicado– que este cambio a la Constitución afecta la autonomía del Poder Judicial y pone, desde su punto de vista, en entredicho la división de poderes. La CEM también aseguró que la reforma, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia en México, no ofrece ninguna garantía para superar la corrupción y la impunidad, lo que claramente incide en la vida política del país y nuevamente coincide con la posición que abandera el PAN.

Pero éstas no son las únicas injerencias de representantes de la Iglesia Católica en la política mexicana. Ya durante el proceso electoral de 2021, el arzobispo emérito Juan Sandoval Iñiguez publicó un video en el que convocó a no votar por el partido Morena. En ese entonces declaró: “está en juego también el bien de la familia y de la vida, porque este gobierno ha adaptado la ideología de género que trae todas esas barbaridades antinaturales que puedan desbaratar la familia y, por lo tanto, impedir el nacimiento y la educación de los hijos: el aborto, el divorcio exprés, la aprobación de la homosexualidad y del matrimonio homosexual que, por supuesto, es estéril y etc, etc”.

Estos comentarios provocaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulara las elecciones en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, pues se consideró que este video había influido en el resultado. De esta forma, se volvieron a realizar los comicios en aquel sitio, además de que la Sala Superior del TEPJF remitió este caso a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que ésta emitiera las sanciones correspondientes.

Lejos de ser sancionado, el arzobispo emérito Sandoval Íñiguez volvió a infringir la ley en la veda electoral de 2024. En otro video llamó nuevamente a no votar por Morena: “si ganan los que están en el poder, se viene el comunismo. Téngalo claro. Se viene el comunismo con todos los males que trae consigo: falta de libertad, se arruina la economía, se combate la religión y se empobrece a los pueblos, como está Cuba, o como está Venezuela, que era un pueblo muy rico, o Nicaragua”.

En esta ocasión el Tribunal Electoral de Jalisco determinó que este mensaje se limitaba a hacer un llamado a un voto consciente y, al no hacer alusión directa a Morena ni a alguna de sus candidatas o candidatos, afirmó que no se vulneraba el principio de laicidad por parte del clérigo.

No obstante, el TEPJF revocó esa sentencia y ordenó a su homóloga estatal reabrir la queja promovida por Morena; esto, al considerar que el Tribunal Electoral de Jalisco tuvo una incorrecta valoración del video, al omitir estudiar lo que éste significaba en su sentido integral y en el contexto que fue emitido.

Casos como estos evidencian que la Segob no ha actuado contra los ministros de culto que violan la ley. La comisión sancionadora de la Segob puede imponer un apercibimiento –corrección disciplinaria– o una multa; al respecto, el doctor Cárdenas Gracia señala que “ninguna autoridad electoral o la Secretaría de Gobernación, o cualquier otra autoridad que fuese competente, podría ir más allá de lo establecido. Y si lo establecido son amonestaciones y multas, hasta ahí va a llegar”.

Aún cuando la Sala Superior del TEPJF determinó, el 19 de enero de 2022, que los sacerdotes Juan Sandoval Íñiguez y Mario Ángel Flores Ramos, en este gobierno no se tiene registro de sanciones administrativas impuestas a ministros de culto. Así lo confirma a Contralínea Héctor Humberto Miranda Anzá, director general de Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.

Mediante una respuesta por escrito, Miranda Anzá informa que el 12 de abril de 2022, la comisión sancionadora –integrada por la Unidad General de Asuntos Jurídicos, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección General de Asuntos Religiosos– resolvió que era inexistente la infracción al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Específicamente en el caso del arzobispo emérito Sandoval Íñiguez, quien ha reincidido en su intromisión en la política desde la plataforma que le da su participación en la Iglesia Católica, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM considera que es “muy complicado que alguna autoridad haga algo consistente, serio, respecto a ese sacerdote. Lo veo muy difícil”.

Si bien existe una separación Iglesia-Estado, el antropólogo religioso Ariel Corpus explica que, a lo largo del siglo XX, el modelo católico, especialmente el integrista, buscó juntar lo social con lo religioso; esto, a partir de la defensa de ciertos valores, tales como el derecho a la vida desde la concepción o la manera de querer o fomentar las relaciones del amor. Por lo tanto, cuando el gobierno mexicano impulsa alguna política que no favorezca al clero, éste buscará influir para que no se realice.

Ello, a pesar de que la propia CEM tiene un protocolo en materia electoral. El canciller de la Arquidiócesis Primada de México, Alán Téllez Aguilar, dice a Contralínea que con estos lineamientos se busca prevenir algún hecho delictivo o alguna imprudencia, además de exponer de manera sistemática y ordenada la legislación aplicable para los mismos de culto y las asociaciones religiosas relacionadas con materia electoral en la República Mexicana.

“Nos va a mostrar el marco legislativo, por ejemplo, del artículo 130 constitucional, en el que se nos menciona el principio histórico de separación de Iglesia y Estado. ¿Qué quiere decir este principio? Quiere decir que el Estado reconoce la existencia de la Iglesia y la Iglesia el Estado, pero se reconocen como dos entes autónomos que tienen libertad, que tienen funciones propias y que, por lo tanto, tendrán que ponerse de acuerdo en el ámbito público”, explica el sacerdote.

En estos lineamientos también se recuperan los artículos que refieren a la libertar religiosa; a las infracciones que pueden cometer las asociaciones religiosas y los ministros de culto, tales como asociarse con fines políticos o realizar proselitismo; y las sanciones que les serán impuestas a éstos en caso de infringir la ley.

Sin embargo, esta norma no actúa en forma sancionatoria. “Es más bien una manera de cómo actuar prudentemente. En la prudencia no estamos tanto en el ámbito de la legalidad, sino de la virtud, de actuar de manera adecuada según las circunstancias”, dice el canciller.

Y si bien su postura política es que los ministros de culto no se pronuncien en materias que no les competen, afirma Téllez Aguilar, la CEM no es una autoridad competente, como lo es así el Tribunal Electoral, la Dirección de Asuntos Religiosos y la Secretaría de Gobernación. “No es que la Iglesia tenga que sancionar eso también, porque ya está sancionado”.

De la misma manera, Alán Téllez apunta que, en caso de que un sacerdote sea acusado por incumplir la ley, “nosotros como diócesis, como institución, actuamos lo más neutral que se pueda”. Inclusive, para evitar conflicto de interés, el abogado que defienda al sacerdote denunciado, si es que el obispo le asigna uno, no será el mismo de la diócesis.

De acuerdo con el canciller, la CEM no mantiene ningún registro de los sacerdotes que han sido sancionados. Esto por dos razones principales: cada diócesis es autónoma y el TEPJF da aviso de sus resoluciones sólo a los ministros de culto involucrados, y no a la diócesis a la que pertenece.

“Queremos que se haga un proceso justo para el sacerdote. Y si se llegara a probar que, efectivamente se acredita una responsabilidad en materia electoral, bueno, que reciba una sanción que sea justa, que sea adecuada”, declara el canciller.

Por el contrario, el sociólogo y experto en derechas mexicanas Israel Jurado Zapata asegura que los ministros de culto “claramente saben que se trata de una violación al orden constitucional; ellos lo saben. Y estoy seguro que lo hacen a propósito para convertirse en mártires, es decir, que Morena, el Estado mexicano, aplique la Constitución y sancione a esos ministros de culto. Entonces se vuelven mártires”.

Este papel de “mártires” ha sido explotado por la oposición, la cual ha buscado desprestigiar al actual gobierno y tacharlo de intolerante. Lo hizo así Xóchitl Gálvez a fines de mayo de 2024, cuando aseguró que la Segob estaba investigando a 60 sacerdotes, lo cual fue desmentido después por la CEM. También cuando, durante uno de los debates presidenciales, la entonces representante del PRIAN acusó a la candidata Claudia Sheinbaum de usar la fe de los mexicanos como oportunismo político.

“Tengo una pregunta para la candidata de las mentiras. Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le dijiste a su Santidad cómo usaste la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios?, ¿le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan?”, dijo, lo cual es falso.

Este oportunismo fue criticado por el presidente en una de sus conferencias mañaneras: “Los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No. Hablando de lo mismo: amor y paz”.

La dificultad de sancionar a los sacerdotes también deviene de la cultura religiosa dentro del territorio mexicano. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020, 77.7 por ciento de la población profesaba la religión católica, lo cual representa más de la mitad de los habitantes en México.

Esto se vuelve de especial relevancia cuando los ministros de culto provienen de entidades profundamente católicas, como lo son Guanajuato, donde 90.8 por ciento de la población es católica, o Jalisco con 89.2 por ciento, según el Inegi.

El doctor Cárdenas Gracia pone como ejemplo el caso del arzobispo emérito Sandoval Íñiguez, quien “fue un hombre muy importante en la Iglesia. Fue cardenal de la Iglesia Católica, es decir, de las pocas personas que tienen competencia para elegir un papa. Y cuando uno va a Jalisco y conoce algo de la vida institucional y política de Jalisco, sabe que es un personaje muy poderoso. Es un sacerdote con mucha influencia en las estructuras de poder económico, institucional, jurídico del Estado de Jalisco”.

Para Jurado Zapata, durante el milagro mexicano, el clero presionó a la clase política para obtener los recursos y los permisos del obispado con los cuales podrían construir el templo a Cristo Rey, en Guanajuato, en el Cerro del Cubilete. “Entonces, ellos están reafirmando su presencia no solo espiritual, sino política en el país”, dice el experto.

Asimismo, el sociólogo insiste que “la Iglesia nunca dejó de entrometerse en los aspectos de política en el país, porque, a pesar de la derrota de los conservadores, de la promulgación de la Constitución liberal, la Iglesia no va a perder sus prebendas, sus privilegios. Va a aprender a negociar con estos gobiernos liberales”.

Afirma que las reformas que promovió el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en las cuales se reconocía la personalidad jurídica de la asociación religiosa y se concedían derechos políticos y civiles más amplios a los ministros de culto, solo fueron parte de una estrategia de los grupos fácticos, ya que la Iglesia sólo cosechó parte de la alianza que construyó con la tecnocracia priista para tener una plataforma legal más clara para ellos; y, más que eso, una plataforma que les favoreciera y los protegiera.

Corpus Flores afirma que estas reformas, realizadas por Salinas, hicieron sentir importante a la Iglesia en los procesos de visibilización de candidatos, así como en los de elección popular y en el diálogo político. Ejemplo de ello, según el experto en religiones, son los llamados que el clero realizó a Andrés Manuel López Obrador y a Felipe Calderón para saber cuál sería la política de éstos en tanto aborto y matrimonio igualitario.

Esto se pudo observar cuando, en las elecciones pasadas, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a firmar a los, en ese momento, candidatos a la Presidencia el “Compromiso Nacional por la Paz”, el cual buscaba atender temas como la familia, la atención a víctimas, la valoración de la vida, la reintegración de personas involucradas en actividades delictivas, la convivencia pacífica.

No obstante, Claudia Sheinbaum Pardo manifestó su desacuerdo sobre “la evaluación pesimista del momento actual”, y sobre algunas afirmaciones y propuestas, por lo que, a pesar de firmar, adjuntó el documento ‘Sigamos dialogando. Coincidencias y diferencias con el documento Compromiso por la paz. Estrategias de política pública para la paz de la Conferencia del Episcopado Mexicano’”

Esto se puede ver, dice Ariel Corpus, como un intento por parte del clero para sentar en la mesa a los candidatos y, a partir de eso, mostrar, o pretender mostrar, públicamente la influencia y el poder que tienen. “Lo que busca es visibilizar una idea de una institución fuerte, de una institución que puede dominar, ceñir a los candidatos y de que, de alguna manera, su modelo de visión, de cómo está el asunto de la seguridad, es el imperante”.

El investigador comenta que esa es la razón por la cual causó tanto problema el que la doctora Claudia Sheinbaum, ahora presidenta electa, se resistiera a aceptar los términos concretos: “les dice enfrente de ellos que no está de acuerdo con esa visión”.

En este sentido, el padre Alan Téllez opina que en México se deberían encontrar soluciones para que los sacerdotes, sin tener que participar en materia política ­–“porque no queremos, ni podemos”– puedan tener medios legales para regular aquellas situaciones que son de común interés del Estado mexicano y de las iglesias, como son la salud, la migración o fuerzas armadas.

“En otros países han hecho lo que se llaman concordatos, que son tratados internacionales entre la Sede Apostólica y Estados modernos. Estoy hablando de Estados laicos, como el nuestro; no estoy hablando de estados confesionales, sino de Estados actuales que han logrado hacer tratados internacionales”, dice el canciller. Agrega que, en los temas de salud, de educación y de asistencia social podrían encontrar, sin vulnerar el principio de laicidad, mecanismos jurídicos para regular esas materias.

Un concordato en México, explica el doctor Cárdenas Gracia, implicaría un cambio en la Constitución. “Para que hubiera un concordato con el Vaticano, tendríamos que hacer modificaciones al artículo 27, al 130 de la Constitución. Tal vez al 73 o al 76 en materia de Senado, pero tendría que haber algunos cambios constitucionales y legales que sirvieran de punto de referencia para celebrar ese tratado”.

Añade que “seguramente está en el interés de la Iglesia Católica lograr este concordato, aunque ellos saben que nuestra tradición es restrictiva. Y para darse ese concordato, para celebrarlo, pues tal vez tendríamos que realizar esos cambios constitucionales y legales”.

 

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