Inservibles, 170 sitios estratégicos de monitoreo antihuachicol en Pemex

El 45 por ciento de los sitios que Pemex equipó con tecnología Scada está fuera de operación: 170 de 379. Aunque son estratégicos en el combate al robo de combustibles –pues miden la presión en ductos–, 40 fueron vandalizados y aún no se reparan, y otros 98 ni siquiera fueron instalados. El costo supera los 3 mil millones de pesos.

 

 

Ciento setenta de 379 sitios que Petróleos Mexicanos (Pemex) seleccionó para su monitoreo a través de un sistema llamado Scada, se encuentran fuera de operación.

A pesar de ser estratégicos en el combate al robo de combustibles, pues esa tecnología mide la presión de ductos que transportan hidrocarburos y sus derivados y con ello detecta tomas clandestinas, en Pemex a nadie le importaba su funcionamiento en tiempos de Emilio Lozoya Austin, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño.

Y es que estos exdirectores heredaron un sistema desmantelado: mientras el 45 por ciento de los puntos que la petrolera identificó como de alto riesgo para el huachicoleo carece de infraestructura para monitorear la presión o, de plano, ni siquiera la utiliza; el otro 55 por ciento opera sin medidas mínimas de seguridad, con deficiencias y, en algunos casos, omisiones premeditadas.

Según la empresa estatal, uno de los criterios más importantes para seleccionar esos sitios fue el número de incidentes por tomas clandestinas que registró la Gerencia de Transporte por Ducto, dependiente de su subsidiaria Pemex Logística. Por ello, este sistema es crucial para la lucha contra ese flagelo que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, genera pérdidas al erario por 65 mil millones de pesos anuales.

La supervisión con esta tecnología se relaciona con los protocolos de seguridad que inhiben el saqueo de hidrocarburos. El Sistema de Automatización Scada, refiere la petrolera, “permite la detección inmediata de caídas de presión en el flujo de la Red Nacional de Ductos, así como la atención oportuna de las tomas clandestinas a fin de salvaguardar la seguridad de la población, ya que el robo de combustibles pone en riesgo a las comunidades de las zonas aledañas y al medio ambiente”.

Los motivos de la inactividad en 170 de esos sitios son diversos, pero destaca el vandalismo y el incumplimiento de contratos en los que habrían incurrido dos empresas privadas. En el primer escenario, se trata de 40 puntos que fueron sacados de operación por actos vandálicos entre 2015 y 2018, según consta en reportes de inspección internos del personal de Pemex Logística (antes Pemex Refinación).

En 30 de esos casos, ni la subsidiaria ni el Corporativo presentaron denuncias ante las autoridades competentes, pese a que el área jurídica está obligada a reportar este tipo de “incidentes” al Ministerio Público. Del resto, la empresa desconoce qué pasó con las investigaciones ministeriales.

A la fecha, 38 de esos 40 sitios permanecen inutilizados por falta de rehabilitación a pesar de que el costo de instalación de éstos superó los 18 millones de dólares (unos 342 millones de pesos). Los otros dos operan parcialmente porque tampoco han sido remediados.

Entre éstos se encuentran el 118, Matamoros; el 228, Manuel; el de Jaltipán Sur; el de Nuevo Madero; y el de Peñón. Por los tres últimos, las pérdidas superan los 700 mil dólares.

En caso de que los 40 sitios se reparen, Pemex cubrirá los gastos porque la garantía en los contratos de instalación se fijó a 1 año –y ya venció– y los actos vandálicos no se consideraron un riesgo en las pólizas de seguros.

El gasto multimillonario

Los 379 sitios que se debían habilitar formaron parte del proyecto denominado Implantación del Sistema Scada en los Sistemas de Transporte por Ducto de Pemex Refinación (hoy Logística), que inició en el sexenio de Felipe Calderón (2011).

Los contratos asociados fueron asignados vía licitación a las empresas Integradores de Tecnologías, SA de CV, y Automatización y Modernización Industrial, SA de CV, con un costo que superó los 3 mil millones de pesos (más de 155 millones de dólares) en total.

Estas contrataciones estuvieron vigentes hasta diciembre de 2018, tras varios convenios modificatorios que no sólo extendieron el tiempo y el alcance de los objetivos, sino que ampliaron en más del ciento por ciento los montos. Y es que pasaron de un total de 74.8 millones a los más de 155 millones de dólares finales.

No obstante el tamaño de la inversión, otro de los factores que contribuyó a la inoperancia de los sitios fue el incumplimiento de los contratos: las empresas no instalaron la tecnología en 98 casos o la entregaron a medias, lo que aún no se ha podido remediar.

Al respecto, Pemex Logística debía exigir a los proveedores la devolución de anticipos por más de 11 millones de dólares (unos 209 millones de pesos), pero tampoco lo ha hecho.

Información de la petrolera refiere que de esos 98 sitios inhabilitados, 62 sufrieron modificaciones en su calendarización y por ello no fueron instalados; 22 se suspendieron; 12 sólo recibieron el equipo sin que se colocara ni activara, y los últimos dos fueron cancelados.

Según los informes de inspección internos, los otros factores por los cuales no se monitorean los sitios inutilizados son: inactividad, cancelación, suspensión o resguardo del equipo por parte del Sector de Ductos.

Problemas en sitios habilitados

Pero esto no es todo. En 28 sitios que sí cuentan con la tecnología habilitada se presentaron retrasos en su entrega, por los cuales Pemex Logística debió cobrar penalizaciones a las empresas por más de 3.5 millones de dólares sin que lo haya hecho.

Para su control, los 379 sitios que se deberían supervisar de forma permanente con el Sistema Scada se dividieron en siete regiones: Tula, Madero, San Martín Texmelucan, Veracruz, Hermosillo, Torreón y Minatitlán.

A su vez, se clasifican en tripulados y no tripulados. En el primer caso se trata de los sitios cuyos equipos de medición se ubican dentro de las instalaciones de Pemex, principalmente en refinerías y Sectores de Ductos.

En el segundo caso se trata de los sitios localizados en el derecho de vía a lo largo de los propios ductos, operados de forma remota (sin personal).

En éstos últimos, las empresas contratadas debían colocar cajas anti-vandálicas para evitar actos de sabotaje pero, en la mayoría no lo hicieron. Por el contrario, hay sitios tripulados como el que se ubica dentro de la Refinería de Salamanca a los que sí les colocaron esa protección.

Los responsables del monitoreo Scada son, por parte de Pemex: la Gerencia de Seguridad de la Información y la Dirección Corporativa de Tecnologías de la Información SCADA; y por parte de Pemex Logística: la Gerencia de Soluciones para Procesos Industriales; la Gerencia de Medición y Calidad del Tratamiento, Transporte y Almacenamiento; y la Gerencia de Transporte, Mantenimiento y Servicios de Ductos, a través de sus Sectores de Ductos.

Todas la áreas serían copartícipes de las deficiencias: en el caso del Corporativo de Pemex, las fallas se ubican sobre todo en el Centro de Control Principal (ubicado en la Torre Ejecutiva de Pemex y desde donde se monitorea la red de ductos). Y es que al menos hasta enero pasado, cuando se intensificó el combate al robo de combustibles, esta área omitía informar los llamados “eventos de baja de presión”.

Así, mientras que el Scada tiene tecnología para detectar en tiempo real las caídas de presión en el flujo de la Red Nacional de Ductos, los funcionarios petroleros que administran esa infraestructura omiten atender los reportes de las bajas de presión.

La importancia de vigilar y atender de forma inmediata los indicadores radica en que, cada vez que alguien ordeña el combustible de un ducto, las pantallas del Centro de Control Principal del Scada reportan cómo desciende en forma vertiginosa la línea de presión.

Sólo dos motivos causan esta baja: los accidentes (rompimiento del ducto, sea por falta de mantenimiento o por un desastre natural) o los actos deliberados (una toma clandestina o incluso algún sabotaje, como los ocurridos en enero pasado).

En ambos casos se trata de situaciones de emergencia, porque el derrame del producto no sólo contamina, sino que puede generar una explosión con iguales o mayores dimensiones que la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de un centenar de personas perdieron la vida y otras decenas fueron gravemente heridas.

No obstante, Pemex aún no considera como riesgos relevantes en torno a la operación de este Sistema el vandalismo, el robo de infraestructura, los desastres naturales ni los llamados “casos fortuitos”, de tal manera que tampoco cuenta con pólizas de seguros para estos casos.

Por este cúmulo de deficiencias se explicaría en parte la denuncia que hizo el presidente López Obrador, de que a Pemex le robaron combustibles por alrededor de 65 mil millones de pesos sólo en 2018.

 

En el Scada también falla la ciberseguridad

A pesar de la importancia del Sistema Scada, Petróleos Mexicanos no ha priorizado la ciberseguridad de esta plataforma tecnológica. A la fecha, carece de herramientas para identificar de forma automática las intrusiones maliciosas (hackeos), por lo que cualquier equipo externo se puede conectar a la red y alterar los archivos.

No obstante, será hasta mayo próximo cuando la petrolera tenga la capacidad de ejecutar diversos ejercicios Red Team (simuladores de ataques cibernéticos con agentes externos esponsorizados para acceder de forma no autorizada al sistema y detectar las vulnerabilidades).

En 3 meses también realizará pruebas de penetración al sistema que permitan identificar claramente las llamadas puertas traseras que dan entrada a hackers y ciberdelincuentes.

Aunado a lo anterior, y como parte de las deficiencias que heredó la administración de Enrique Peña, sus sistemas operativos vinculados al Scada no han sido actualizados con los software de Microsoft.

Otro tema que quebranta su seguridad cibernética tiene que ver con los respaldos en medios ópticos de los servidores del Scada, que a pesar de ser resguardados bajo llave en sus instalaciones carecen de protocolos para su realización. Incluso no se han establecido los periodos en los cuales se deben ejecutar ni cuánto tiempo se debe guardar la información.

En este tema, hasta diciembre pasado no se habían realizado restauraciones de emergencia.

 

Nancy Flores

[INVESTIGACIÓN][PORTADA]