FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM
Segunda y última parte. En nueve puntos de Guerrero se han intensificado las labores de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa –desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala–, donde ya se han tenido algunos hallazgos, revela el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla. Indica que los trabajos en campo son una de las prioridades que tiene el gobierno federal para atender este asunto de Estado; las otras son: diálogo con los padres, madres y parejas de los jóvenes; búsqueda de verdad; no repetición; reparación cuando lo quieran los familiares; y el trabajo técnico-jurídico para colaborar permanentemente con la Fiscalía General de la República.
En campo, asegura el maestro en derecho, “estamos trabajando de manera muy intensa. Ahora tenemos nueve puntos de búsqueda simultáneos en diferentes municipios del estado de Guerrero; y en todos está la Fiscalía General –encabeza un ministerio público–, hay peritos, hay antropólogos, [personal de] la Comisión Nacional de Búsqueda, la CoVAJ [Comisión para Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa], que es esta comisión para la verdad que presido, la Guardia Nacional, está Sedena y está una representación de los padres”.
En entrevista con Contralínea, el funcionario agrega que “todo ese ejército de gente que está en Iguala desde hace algunos meses, por lo menos de octubre para acá que estamos trabajando todos los días –reforzado, porque en toda la administración se ha estado buscando [a los estudiantes], pero en este proceso reforzado desde hace algunos meses– pues exige una articulación importante, exige mucha coordinación y con toda la disposición de los recursos materiales, humanos, capacidad técnica que nos permita llegar a la verdad. Estamos en eso y queremos dar algunos resultados y vamos a estar trabajando así hasta el último día de la administración”.
—¿Estos nueve puntos en campo son nuevos puntos de interés o están regresando a algunas zonas que, quizá en el pasado, no tuvieron la atención que merecían? –se le pregunta al también titular de la CoVAJ–.
—Algunos son nuevos puntos que hemos obtenido en este diálogo, en la ruptura del pacto de silencio, que es otro tema en el que hemos tenido avance y que nosotros lo vemos como esta ruptura de pacto criminal de silencio. Hemos buscado entrar con personas que quieren hablar, que tienen información y que además hoy quieren aportar elementos para llegar a la verdad. Y el presidente [Andrés Manuel López Obrador] lo ha dicho: vamos a corresponder a esa información si nos permite llegar a los jóvenes. Entonces hacemos un llamado, y aprovecho para decir que nos interesa mucho que si alguien sabe [algo de este caso] que nos busque, que nos diga y nosotros vamos a estar muy atentos.
Acerca del trabajo en campo, el maestro Arturo Medina Padilla abunda que en esos nueve puntos “hay lugares nuevos, donde ya hemos tenido algunos avances y estamos procesando la información; y hay lugares donde hemos regresado. En los últimos tres meses –enero, febrero y marzo– llevamos 83 sitios de búsqueda, los mismos que tuvimos el año pasado. Por eso hablaba yo de que hemos intensificado [las labores], y este fortalecimiento de la búsqueda tiene que ver con [el hecho de] que queremos dar resultados y que estamos agotando toda la capacidad operativa del Estado en la búsqueda, que es nuestra prioridad. Si tú o alguien quiere saber, si se pregunta cuál es la prioridad del Estado en el caso Ayotzinapa: encontrar a los jóvenes; la segunda, que se conozca la verdad; la tercera, que se haga justicia; la cuarta, que no se repitan hechos como éste; y [quinta], reitero, cuando los padres lo digan, la reparación integral del daño para las víctimas, para los padres, para las madres, para las esposas o parejas e hijos de los jóvenes desaparecidos, y sobre todo, para que se sepa qué les ocurrió a las víctimas directas que son los 43 jóvenes”.
Las jornadas son exhaustivas. “Hay compañeros que están sudando de sol a sol, es el trabajo y lo hacen además con mucho gusto. Empezamos antes de las ocho de la mañana y terminamos apenas oscurece en todos los puntos, con grandes equipos a quienes hay que reconocerles esa vocación, es su chamba, pero también es su corazón. O sea, lo están haciendo con convicción. Porque yo voy también algunas veces y platico con ellos; se emocionan cuando hay algún hallazgo, alguna pista. Y los papás saben que estamos trabajando, porque ellos tienen un representante ahí a quien también le reconocemos que lleva meses y meses de sol a sol. Y ellos saben que lo que digo es así porque están presentes a través de este representante. Y vamos a seguir trabajando”.
Consultado acerca de en qué momento se encuentra la investigación de la CoVAJ, cuáles son sus principales avances y si ya se está cerca de conocer la verdad, el abogado expone que para el Estado mexicano, para el presidente en particular y para el gobierno federal resolver el caso Ayotzinapa es una prioridad. “Es un tema sensible, es un tema que duele no solamente a los padres, sino a la sociedad de todo el estado de Guerrero y de todo el país. El compromiso que tenemos desde la creación de la CoVAJ, en diciembre de 2018, a tres días del inicio de la gestión del presidente López Obrador, la creación de esta Comisión de la Verdad pues da cuenta del compromiso del presidente para buscar la verdad, para poder tener elementos, y encontrar a los jóvenes; esa es nuestra prioridad, y ha habido algunos avances, no los que quisiéramos, es un reto fuerte: han pasado nueve años con cuatro meses y estamos trabajando para encontrarlos, pese a que el tiempo ha pasado”.
Agrega que se trabaja diario sobre este asunto: “no hay día en que no nos pidan informe, que nos pidan un avance, y en coordinación con la Fiscalía General de la República, con la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Comisión Nacional de Víctimas, con peritos, ministerios públicos, antropólogos, pues estamos trabajando cualquier pista, cualquier indicio, cualquier información. Hay avances: tenemos personas tras las rejas, hay más de 120 personas detenidas por este caso; hay algunas órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar: más de 40. Tenemos funcionarios de alto, nivel detenidos: los responsables de fiscalías federales, de la extinta Procuraduría General de la República; al mismo titular de la Procuraduría está detenido [Jesús Murillo Karam], tenemos líneas de investigación. Tenemos pruebas, tenemos diálogo con testigos de identidad reservada, como se les ha llamado, o testigos colaboradores; con personas de buena fe que nos ayudan y todo con el objetivo de encontrarlos”.
Respecto del trabajo jurídico, el subsecretario indica que se le da seguimiento permanente a las carpetas de investigación. “Tenemos más de 50 causas penales, tenemos 35 carpetas de investigación, 54 averiguaciones previas que se están sustanciando en la Unidad para la Litigación del Caso Ayotzinapa [UEILCA], que es esta fiscalía especial que se creó para conocer de este asunto y donde todas las pruebas, todos los elementos, todos los testigos se conjuntan y nos marcan estas líneas de tiempo, y estas líneas de investigación que esperamos nos lleven a buenos resultados. Estamos en eso”.
Otra de las prioridades para el gobierno federal, indica el funcionario federal, es mantener el diálogo con las víctimas indirectas. “Estamos en el diálogo con los padres, con los representantes y estamos abiertos a este diálogo. Trabajamos para ellos, la función de la CoVAJ es servirles a los papás, a las mamás; poco se habla pero también hay parejas de los jóvenes desaparecidos, sus parejas, sus compañeras que se quedaron solas, hijos de estos jóvenes desaparecidos y que también hay historias que contar, también tenemos que escucharlos, y pues una comunidad deseosa de conocer la verdad”.
—Este tema del diálogo se encuentra en una situación de complejidad porque se han intensificado algunas protestas, sobre todo de los jóvenes que pertenecen a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y también está el tema de los abogados: el presidente ha manifestado en reiteradas ocasiones que no confía en los intermediarios y que quiere un diálogo directo con los padres y madres de los 43. ¿Cómo se avanza desde la Subsecretaría de Derechos Humanos? –se le pregunta al maestro Arturo Medina Padilla.
—A lo largo de la administración se han tenido 76 encuentros con la CoVAJ, con padres y sus representantes, agencias internacionales y la Comisión Interamericana; 18 han sido con el presidente [López Obrador]. Hace unos meses se llevó a cabo la última y el presidente ha dicho respecto al diálogo que va a recibir a los padres, y nosotros vamos a prepararle un informe muy puntual, amplio, de todas las acciones en estos rubros que ya he mencionado. Y respecto a la CoVAJ, decir que el año pasado estuvimos en comunicación con ellos, con sus representantes, con los propios padres, con quien tenemos diálogo desde hace algún tiempo, antes incluso de esta responsabilidad, y les hicimos llegar una comunicación por escrito.
El funcionario aprovecha para recordar que, por orden del presidente de la República, se les informó a los padres y madres que “estaban abiertos todos los archivos, Todas las puertas de todas las dependencias del gobierno federal, todos los archiveros para que buscaran en compañía de sus abogados y de los especialistas que ellos determinaran –de instituciones académicas mexicanas, como la UNAM, el Politécnico, la UAM, el Colmex–, para que entraran y buscaran la información que ellos dicen que no se les ha entregado. Y como no queremos dejar lugar a duda, no queremos que existan sospechas, que se piense que hay un interés en ocultar algo, pues que se abran las puertas, todas las puertas, fue la orden: ‘diles a los papás que todos los archivos están abiertos’. Así me lo instruyeron y yo lo puse así en un oficio, ‘y que tienen tanto tiempo para pedir lo que quieran y entrar a donde quieran y ,además, diles que sí me voy a reunir con ellos’. Y se los dije”.
Añade que se amplió el plazo porque así lo solicitaron los familiares. “Estuvimos en ese diálogo en el mes de enero y después ya está un poco pausado, pero nosotros seguimos trabajando. Y hay que decirle a los padres que seguimos trabajando. Yo hablé con ellos ahora que estuvieron en el Zócalo. El día uno que llegaron, bueno desde antes, pero el día uno que llegaron acudimos ahí a hablar con ellos, compañeros desde la Secretaría Técnica de la CoVAJ y otros funcionarios de aquí, servidores públicos, acudieron y les hicieron el planteamiento de atención. Lo declinaron porque tenían una agenda de protesta o de acción en el Zócalo. Y al finalizar la protesta, el 6 [de marzo], también la Secretaría Técnica de la CoVAJ los buscó y les recibió un escrito en el que pedían la audiencia con el presidente. Y se le reiteró que sí se va a llevar a cabo esta reunión. Entonces, el diálogo sigue, no como quisiéramos, pero pese a ello seguimos trabajando. Y si los padres quieren hablar de temas colectivos, de temas individuales, pues estamos abiertos”.
—¿Por qué insisten los padres y madres en que faltan folios? ¿Por qué hay esta percepción de que no se les ha entregado la información, si, como nos dice, las puertas están abiertas de los archivos? –se le pregunta al subsecretario de Derechos Humanos.
—Justamente por eso les mandamos el oficio a cada uno de los padres. Y la instrucción fue “entregarle en propia mano a cada uno de los padres y madres, esta comunicación por escrito donde abrimos las puertas”. Porque a ellos ya se les informó que lo que había en las instituciones les fue entregado. A la CoVAJ nos han llegado más de 40 mil folios o documentos que tienen información; y de esos 40 mil, por lo menos 18 mil vienen de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional]. Ellos [los padres y madres] hacen una petición de un número determinado de documentos, de folios, los llamados CERFIS, en donde ellos han argumentado que se contiene posiblemente información que dé con el paradero de los jóvenes. Si existieran, pues para nosotros también nos interesaría muchísimo porque es para lo que estamos, para buscar, para encontrarlos. Lo que nos ha informado de manera muy puntual las instancias es que esos documentos que ya nos entregaron lo que existía y que los documentos faltantes, no hay evidencia de que obren en sus archivos.
—Es decir, ¿nunca existieron o fueron desaparecidos esos documentos?
—No. Nos han informado que no existen en sus archivos. Yo no podría decir lo que tú me preguntas porque no era yo el que detentaba esos archivos. La instancia dice: ‘no existen, no están en mis archivos’. Entonces, como ellos plantean que está ese pendiente y que pareciera que el gobierno no los quiere entregar, el presidente dijo, ‘bueno, pues abran todos los archivos, yo no quiero que haya dudas de la voluntad del gobierno con entregar y transparentar la información’. Y es por eso que les invitamos a entrar a cualquier archivo. Si querían entrar aquí, podían entrar y pedir la información; a la Sedena, a Gobernación, a cualquier instancia para que no haya esa duda, para que no exista esa percepción de que ocultamos algo. No hay nada que ocultar. Estos son hechos que ocurrieron, también hay que decirlo, en el sexenio pasado. Más de tres años antes de que iniciara este gobierno. La investigación, el hecho trágico: la terrible desaparición de los jóvenes y la muerte de otros, y las lesiones de otros que también sobrevivieron, ocurrieron años antes de que empezara esta administración. ¿Cuál sería la razón de ocultar algo que ni siquiera ocurrió en este gobierno? Pero ante esa duda, y para que no sea un argumento, y para que no sientan que algo no se está haciendo, se decidió abrir la casa, se decidió abrir las puertas, todo. Y se les dijo: ‘aquí está la llave, tiene este periodo para que ustedes revisen’. Decidieron no hacer ejercicio de ese derecho.
—¿En este momento sigue abierta esta posibilidad de que entren a los archivos o ya no?
—Pues estuvo. El periodo que fijamos termina en marzo. O sea, en este mes. Pero ellos declinaron, decidieron no hacer uso de esta posibilidad, si no era con el GIEI [Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, bajo el auspicio de la CIDH]. Y el GIEI se fue. Hay que decirlo, ellos [el GIEI] se fueron, decidieron irse antes de que concluyera su convenio que habían suscrito con el gobierno de México. Y entonces, también hay una posición al respecto. Entonces, eso es lo que tenemos que decir de los folios. Hay puertas abiertas, porque entiendo que la preocupación es que el gobierno no quiere entregar los folios. No. No es así. No existen. ‘Entren, pueden ver, hay que buscarlos’. O sea, sí, todos estamos comprometidos. Y también decir que en la última sesión que tuvimos con los padres, al final de enero, les informamos que de algunos paquetes de documentación que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, envió a la UILCA –vamos a decir a la Fiscalía– desde 2019 –eso tiene que ver con lo que me preguntabas del anterior fiscal [Gómez Trejo]–, ya se habían remitido varios de estos folios que ellos solicitan. Es decir, algunos de estos 800 folios, ya están en la investigación desde hace años. Y los tenía el anterior fiscal.
—¿Sin que los padres supieran? –se le consulta, aunque el funcionario sólo se encoge de hombros respecto de ese punto en específico, en señal de que lo desconoce–.
—Y también, en la información que se les dio a sus representantes, venían por lo menos en el año 2021. Porque ellos tienen el paquete de información, las cajas que tienen los 18 mil documentos que dio la Secretaría de la Defensa Nacional las tienen los representantes de los padres, también, y ahí hay folios también, o alguna de la información. Eso es lo que les informamos de manera muy breve el día de la sesión, la última vez que platicamos a finales de enero. Y esto es importante porque tiene que ver con los folios, con la información pero también con lo que hicieron los funcionarios en ese momento con esa información.
Acerca de las acusaciones que se han hecho porque la CoVAJ recibió a los padres expulsados del grupo mayoritario, el maestro en derecho afirma que la razón de ser de la CoVAJ es atender a los padres, madres, parejas e hijos de todos los estudiantes desaparecidos. “Para nosotros todos los padres son víctimas, no hay una diferencia entre ninguno de ellos, todos merecen el mismo trato por parte del Estado y por las instituciones, y entonces vamos a trabajar con ellos. El diálogo está abierto. Son la razón de ser de la CoVAJ”.
Y ante la eventual ruptura con algunos padres y madres de los estudiantes desaparecidos, Medina Padilla les envía un mensaje: “queremos mantener el diálogo, queremos seguirles informando, queremos lo mismo que ustedes [los familiares]: buscamos la verdad, buscamos que se haga justicia. Queremos que el pueblo de México conozca qué pasó en esos trágicos hechos y queremos también que ustedes sepan qué pasó con sus hijos. Entonces, ese diálogo es fundamental. Estamos comprometidos con ellos y vamos a seguir trabajando hasta el último minuto en el que concluya la responsabilidad con la que nos ha honrado el presidente, y que nos ha dado esta experiencia de contribuir en este caso tan doloroso para el país”.
—Hay varios elementos que hacen muy complejo este tema. Ya nos hablaba de algunos: la “verdad histórica” [de Murillo Karam] como un primer momento que entorpeció la búsqueda de la verdad, también el tema del pacto de silencio, la sentencia [de un tribunal de Tamaulipas] que es igual de grave que la verdad histórica, y hay otro tema que el presidente también puso en la mesa que es el de las traiciones internas. Él habló incluso de que el exfiscal [Omar Gómez Trejo], que en su momento tuvo asignado el caso a Ayotzinapa, habría cometido algunos entorpecimientos de la investigación de forma premeditada. En ese sentido, ¿han detectado otras infiltraciones o entorpecimientos internos en la investigación, tanto en el gobierno federal como en las otras instancias que corresponden más a la Fiscalía General de la República?
—Estamos realizando trabajo, si se puede ejemplificar, en varias pistas. En una, estamos revisando la búsqueda y el día a día, el análisis jurídico y el análisis jurídico hacia atrás. Entonces es muy pertinente esto que mencionas, porque justo cuando empezamos a hacer el análisis de esta sentencia en octubre del año pasado, a profundidad, pues encontramos estos hallazgos. ¿Cuál es la consecuencia de haber dejado en libertad a –hoy sabemos– 88 personas y sin validez las declaraciones? Uno, que ya no se puede impugnar porque fue una sentencia de carácter definitivo en cuanto a la sentencia, pero sí se puede revisar la situación jurídica de cada una de las personas que ha sido liberada o que fue liberada. Y yo no sé si existe responsabilidad, eso lo va a determinar los órganos internos de la propia Fiscalía General o las investigaciones que se lleven a cabo. Pero lo que sí vamos a hacer es, si existió una omisión, la vamos a corregir. Y si existió un retraso, una falta de oportunidad de la implementación de alguna acción de quien sea, pues la vamos a poner en evidencia y la vamos a corregir.
Al respecto, el subsecretario indica que no se trata de un asunto de persecución. “No queremos chivos expiatorios porque va a parecer que estamos disculpando algo, queremos llegar a la verdad, y vamos a poner ahí el elemento y decir: ‘mire, no se hizo’, y que eventualmente se investigue. O no se coordinó o no se aportó. Pero nosotros vamos a seguir buscando, no vamos a distraernos en eso. O sea, sí lo vamos a poner en evidencia, lo vamos a señalar, pero no vamos a perder foco. Tenemos que encontrar a los jóvenes”.
Añade que en esta recta final del gobierno se va a seguir trabajando hasta el el último día, para dar resultados en campo, en lo jurídico, que es verdad y justicia y que es encontrarlos.
Contralínea también consultó al subsecretario Medina Padilla qué ha pasado con la reparación del daño. Al respecto, indica que desde el gobierno siempre se ha dicho que se hará cuando ellos, los padres, madres y parejas de los 43 normalistas desaparecidos lo decidan. “Como víctimas tienen derecho a la reparación, y esta reparación del daño es una posibilidad que les da la ley. Es un derecho que les da la ley que no depende de mí, ni de quien esté al frente de la CoVAJ, ni de quien esté al frente de la fiscalía. Es un derecho”.
El funcionario federal recuerda que l reparación integral del daño no sólo es una indemnización, sino que tiene que ver con otras medidas, como la salud, el acceso a la justicia, la verdad, la memoria y la no repetición. Todo esto constituye la reparación integral. “Y es difícil hablar de esto porque algunos papás y mamás sienten que al hablar de eso es como si estuvieran siendo compensados en algo, y que eso va a detener su lucha. Y queremos decirles que no: es su derecho y la ley los asiste. Y con independencia de que existe alguna reparación o alguna medida de reparación, pues el Estado tiene la obligación de seguir buscando [a los estudiantes] hasta encontrarlos. O sea, eso no detiene, no chocan. Más bien es parte inherente. Y cuando los padres y las madres decidan hacer o ejercer ese derecho estamos listos para atenderlos. Hay algunos que ya nos lo han solicitado, es un tema muy polémico. No quisiera profundizar porque eso incluso ha sido factor de división en las posiciones, por lo menos.
Y agrega: “estamos atendiendo a todos a quienes lo necesitan, en salud, en gestiones. Sin adelantar mucho, cuando nos han solicitado algo se ha resuelto y han intervenido las comisiones encargadas. Trabajamos de la mano de la Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Nacional de Víctimas y de la Fiscalía, entonces vamos a estar trabajando a ese ritmo que tenemos para poder dar buenos resultados”.
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