A unos meses de que arranquen las campañas electorales para renovar en 2027 gubernaturas, congresos, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, al interior del Instituto Nacional Electoral hay confrontaciones e investigaciones administrativas y penales que preocupan a las autoridades federales, por lo que se han abierto expedientes en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Hacienda ­–a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)– contra exfuncionarios electorales, empresarios y personas morales vinculadas en contratos supuestamente amañados por las áreas administrativa y jurídica del INE, para desviar recursos públicos en la adquisición de bienes y servicios.

Las investigaciones están enfocadas en descubrir operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita; constitución de empresas fantasma o fechada y delitos graves como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal.

Son cinco las empresas en la mira de las autoridades judiciales y fiscales, de las cuales señalamos algunas en esta columna a finales del año pasado: Cajas Graf, SA de CV; Formas Finas y Materiales, SA de CV; Corporativo Zeg, SA de CV; Comercializadora JVYL, SA de CV; y Formas Finas Fernando Fernández, SA de CV.

De acuerdo con los avances de las indagatorias, entre los funcionarios y exservidores públicos del INE sujetos a investigación por supuestas conductas delictivas destacan: Jesús Octavio García González, quien hasta hace seis meses (abril de 2026) se desempeñó como director ejecutivo de Administración; Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello; Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario ejecutivo del OPLE (Organismo Público Local Electoral) en Veracruz, y Jonathan Navarrete Torres, presunto testaferro de los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, propietarios de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, y ambos en la lista de personas bloqueadas por la UIF y el SAT, quienes constituyeron una red corporativa para ocultamiento del beneficiario final de contratos por cientos de millones de pesos otorgados indebidamente por el INE.

Dichas empresas y exfuncionarios del INE habrían participado en esquemas financieros de peculado mediante licitaciones amañadas, posible cobro de cuotas a proveedores y dispersión de recursos a cuentas en el extranjero.

Entre las líneas de acción que siguen las autoridades federales son el análisis financiero para identificar redes fraudulentas de personas, empresas y terceros involucrados; también se investiga a consejeros electorales que pudieran estar involucrados en dichas redes a cambio de obtener beneficios económicos.

En los próximos días se espera que las autoridades fiscales amplíen la lista de personas bloqueadas de sujetos que están involucrados en hechos de corrupción al interior del INE y acusarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.

El expediente del exadministrador del INE

Quien fuera encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE hasta abril de 2026, Jesús Octavio García González, se le vincula en los expedientes criminales de alterar las bases de licitación para la fabricación de credenciales de elector en el año 2025, con el propósito de favorecer a la empresa Litoformas, SA de CV, controlada por su tío José Alfredo Hernández Casillas, en donde también fungió como representante legal, lo que para las autoridades habría cometido el delito de ejercicio abusivo de funciones.

Además, este exdirectivo del INE mantenía relaciones con redes de empresas que facturan operaciones sospechosas (EFOS); por ejemplo, con Alumisel participó en una operación de envió de recursos por 7.3 millones de pesos a Federico García y de ese montó se reenviaron 300 mil pesos a Jesús Octavio García González.

El exdirector de Administración también armó nóminas simuladas con la empresa Walmart de México, al recibir 12 pagos semanales bajo el concepto de “pago de nómina” por 26 mil 500 pesos en 2025, y aquí las autoridades consideran que se trató de un robo de id corporativa y evasión de sistemas de prevención de lavado de dinero (PLD).

En su declaración patrimonial, García González también mintió al ocultar su patrimonio inmobiliario, pues adquirió un local comercial por 1.6 millones de pesos mediante un pago de contado que hizo el 26 de mayo de 2021 y en 2024 donó el inmueble a Kanahuatti Prior Haretschina para trata de ocultarlo y borrar esa operación financiera antes de ingresar al INE.

Este exfuncionario electoral realizó movimientos financieros internacionales, catalogado por Hacienda como fuga internacional de capitales, al enviar a cuentas en China 2 mil dólares el 13 de septiembre de 2024; a Estados Unidos 1 mil 500 dólares y 1 mil pesos en 2025, y a España 1.7 mil euros, sin explicar el motivo de la transferencia de recursos ni la procedencia del dinero.

Ficha de investigación de funcionario del OPLE-Veracruz

Luis Fernando Reyes Rocha, actual secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz, es investigado por los delitos graves de lavado de dinero y peculado, que no es otra cosa más que el desvío de recursos públicos de ese órgano electoral estatal, mediante la inyección acelerada y masiva de capital para la compra de vehículos de lujo a través de las concesionarias Shinyu Automotriz y Súper Autos Jalapa.

Se trata de vehículos lúdicos y deportivos como un Ford Mustang GT Premium 2025, múltiples camionetas Ford Explorer ST y Platinum 2025 que eran desviadas hacia particulares y miembros de una red de contactos del funcionario electoral, quien designó como beneficiarios de las unidades a exservidores públicos, uno de ellos Rafael Zavaleta Ramos, exvocal de capacitación electoral del organismo.

También se le vincula a Reyes Rocha con una red de posibles empresas que facturan operaciones sospechosas, por la recepción de transferencias electrónicas SPEI injustificadas, provenientes de Utstanding Trainned Services, S de RL de CV.

El funcionario electoral de la OPLE buscó armar una arquitectura de blindaje legal ante cualquier investigación en su contra, al otorgarle poder notarial a Luis Gabriel Rivera Hernández, con lo que buscó impedir el rastreo directo en el Registro Público de la Propiedad.

Investigan cohecho de director de Coordinación y Análisis del INE

Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, quien fuera director de Coordinación y Análisis del INE durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello, es investigado por el delito de cohecho al recibir transferencias de dinero a cuentas bancarias.

Las empresas contratistas del INE: Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas realizaron transferencias de dinero a la cuenta personal en Scotiabank del exdirectivo del INE, bajo conceptos simulados como “viáticos”, “préstamos” y “boletos de avión”.

Las autoridades fiscales descubrieron también que Cuervo Escalona hizo una estructura financiera en efectivo, al mover 1.7 millones de pesos en billetes; en 2025 realizó cinco depósitos por 150 mil pesos en sucursales de Nuevo León, con lo que intentó evadir el radar de su lugar de residencia y de trabajo que es la Ciudad de México.

También movió cheques respaldados con elevados montos de dinero e integración inmobiliaria, al recibir 3 millones de pesos por Cecoban y adquirió un departamento valuado en 1.95 millones en efectivo.

De acuerdo con el análisis de las autoridades judiciales y hacendarias, el riesgo sistémico mayor se da porque la sustracción de recursos públicos se agrava por el hecho de que dichas empresas privadas elaboraban material electoral sensible, tal como boletas y mamparas, sin certificaciones de protección de datos ni cadena de custodia técnica, lo que habilita un riesgo tangible de fraudes en los procesos electorales locales y federales.

Usan como testaferro a profesor de secundaria

En las indagatorias, las autoridades federales identificaron a un profesor de secundaria con apariencia de testaferro (persona que presta su nombre, firma o identidad para simular ser titular de bienes, contratos, cuentas bancarias o empresas que realizan actividades ilícitas), Jonathan Navarrete Torres, quien de acuerdo con las indagatorias habría sido utilizado como prestanombres de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, dueños de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, actualmente en la lista de personas bloqueadas por el SAT y la UIF.

Estos hermanos, a través de dichas empresas, son investigados por los delitos de fraude y desvío de recursos electorales, pues están acusados de monopolizar licitaciones amañadas para la producción de materiales, urnas y boletas en el INE y en organismos electorales de diversos estados, como es el caso de Veracruz, Campeche y Morelos.

Para obtener dichos contratos contaban con la anuencia y protección de funcionarios del INE y, según empleados de ese órgano electoral, mantenían una relación muy cercana con la presidenta Guadalupe Taddei.

También están involucrados en la captación irregular de recursos sindicales mediante transferencias electrónicas desde agrupaciones gremiales hacia la cuenta Banorte, propiedad del profesor Navarrete Torres, la cual tuvo operaciones desde julio de 2019 y hasta julio de 2025 para mover 247 mil 113 pesos en 67 operaciones.

En las indagatorias fiscales se identifica también la adquisición de joyas, metales y relojes de lujo, como uno de marca Richemont de México por 146 mil pesos en efectivo y otros bienes.