Por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, las autoridades federales abrieron dos expedientes para determinar a quienes resulten responsables de este daño al patrimonio de la nación. En ellos se investiga la presunta responsabilidad, entre otros, de quien fuera secretario con Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, y del actual director en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, quien entonces operaba como titular del Consejo de Seguridad Nacional. Las indagatorias también se enfocan en una serie de empresas factureras, y están vinculadas al caso Álvarez Puga-Gómez Mont
Primera parte. En dos investigaciones abiertas por el presunto desvío de 6 mil millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado (cada caso por alrededor de 3 mil millones de pesos) aparecen, entre otros funcionarios, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, y el actual director en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Gabriel Mendoza Jiménez, extitular del Consejo de Seguridad Nacional.
En el primer expediente, un juez federal libró a finales del año pasado las primeras órdenes de aprehensión en contra del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez-Mont, sobrina de quien fuera también secretario de Gobernación en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Gómez-Mont.
Los delitos que les imputan a la pareja prófuga de la justicia son los de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por su presunta complicidad en un entramado financiero que permitió desviar unos 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, mediante la asignación de contratos a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
Es claro que el entonces titular de Gobernación conocía todas esas operaciones irregulares, pues se trata de montos por miles de millones de pesos que salían del presupuesto de la dependencia que dirigía Osorio Chong y es imposible que no supiera de ellos; sin embargo, hasta ahora este senador priísta no ha sido llamado a declarar al Ministerio Público Federal ni a la Secretaría de la Función Pública.
Otro funcionario de alto nivel que también aparece en esa indagatoria es Gabriel Mendoza Jiménez, extitular del Consejo de Seguridad Nacional en los primeros dos años del actual gobierno y quien ahora se desempeña como director en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya cabeza de sector es Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Mendoza Jiménez aparece involucrado porque es el socio principal de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV (Registro Federal de Contribuyentes: SPI0705255BA), la cual está incluida en la lista negra de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por realizar operaciones inexistentes o simuladas, conocidas como factureras, y además es una de las empresas que fue utilizada para que la Secretaría de Gobernación asignara contratos por alrededor de 3 mil millones de pesos que posteriormente fueron triangulados a varias cuentas bancarias de otras empresas factureras propiedad de los hermanos Álvarez Puga, lo que las autoridades judiciales y financieras consideran delincuencia organizada en donde están involucrados empresarios y funcionarios para lavar dinero sustraído del erario público.
Por lo anterior, el cargo que ostenta Gabriel Mendoza Jiménez en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es por lo menos insostenible en la actual administración, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza el combate la corrupción gubernamental como su principal tarea sexenal.
En los dos primeros años del gobierno –diciembre 2018 hasta febrero de 2021Mendoza Jiménez, de origen michoacano, se mantuvo como titular del Consejo de Seguridad Nacional, periodo en el que cobró salarios de la nómina directa de la Presidencia de la República por un monto total de 3.2 millones de pesos, pero fue despedido por haber participado en 2009 en la firma de un contrato entre el gobierno de Michoacán y la empresa Odebrecht para la construcción de la presa Francisco J Mújica.
Como se conoce, dicho consorcio brasileño está acusado y sus directivos procesados por sobornar funcionarios en México y en otros países para la obtención de contratos a cambio de comisiones. En nuestro país los casos de corrupción más sonados en el gobierno anterior fueron los sobornos a funcionarios de Pemex para obtener contratos y, el segundo antecedente, es la entrega de dinero a integrantes de la campaña del PRI cuando Peña Nieto contendía por la Presidencia de la República.
En el caso de la construcción de la presa Francisco J Mújica en Michoacán, la participación de Odebrecht en el proyecto se empezó a negociar en la administración estatal de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008), actual coordinador de asesores del presidente de la República, pero la ejecución de la obra pactada la realizó la administración estatal del entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, y según el expediente de Odebrecht se pagaron sobornos a funcionarios estatales por dicha obra que, según la prensa local, costó el doble de lo presupuestado.
Esa relación laboral que tuvo Mendoza Jiménez con los entonces gobernadores Cárdenas Batel y Godoy Rangel puede explicar ahora porque ese funcionario después de haber sido cesado en febrero del año pasado por instrucciones del presidente de la República, fue reintegrado en julio pasado como director de área en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta que le hicieron en marzo del año pasado en la conferencia matutina, relativa a una información publicada por la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción, en donde daba cuenta de que Mendoza Jiménez había firmado el dictamen de adjudicación directa a favor de Odebrecht cuando se desempeñaba en 2009 como director de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de Tierra Caliente en el gobierno de Michoacán, en la gubernatura de Leonel Godoy.
En esa ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: “Todos los que estén involucrados en un presunto delito deben ser investigados, no hay impunidad en mi gobierno. Entonces, vamos a informar a Mexicanos Contra la Corrupción de este asunto, hago ese compromiso”.
Por varias vías se buscó a Mendoza Jiménez para que explicara su participación accionaria en la empresa facturera Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, pero los encargados de las áreas de prensa explicaron que ya se le había hecho la solicitud y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán en la mira de la justicia
Otro involucrado con la asignación de contratos a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, SA de CV, empresa que factura operaciones simuladas, es quien fuera gobernador de Michoacán hasta el 30 de septiembre del año pasado, el perredista Silvano Aureoles, en cuya administración fue el principal proveedor de ingresos a esa empresa facturera, de la cual es socio Mendoza Jiménez.
Entre 2018 y 2019, la administración de Silvano Aureoles Conejo pagó 290 millones de pesos a Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, lo cual forma parte del amplio expediente que distintas autoridades financieras y judiciales reúnen en contra del exgobernador perredista.
Otros de los ingresos relevantes que tiene esta compañía utilizada por sus dueños para elaborar facturas apócrifas, evadir el pago de impuestos, ocultar dinero sucio, desviar dinero del erario y triangular recursos, provienen de las empresas Aqua Interactive y TIC Defense, ambas dedicadas al sector tecnológico para la “ciberseguridad”, con montos correspondientes a 44.3 millones de pesos en 2018 y 30.4 millones de pesos entre 2018-2019, respectivamente. Ambas empresas también son investigadas por las autoridades hacendarias y judiciales.
En los estados financieros de la facturera Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética aparece que los principales gastos en 2018 de esta empresa son por 125 millones que entregó a la empresa Mavape, SAPI, dedicada a servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad; 88.4 millones de pesos para Almaty Dun; otros 75.8 millones de pesos a Bandar Seri, y 35 millones más entre 2018 y 2019 para Erlive.
De acuerdo con el acta constitutiva de la empresa Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética, son tres sus representantes legales y socios: Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, Margarito Estrada y Rogelio Torres Jiménez, además de su principal accionista que es el funcionario federal Gabriel Mendoza Jiménez.
Zorrilla Habana, quien tiene orden de aprehensión y está identificado como uno de los prestanombres de los hermanos Álvarez Puga, también es socio de la empresa Comercializadora Yucoax, de la cual uno de sus representantes legales es Pedro Alberto Rukos Hadad, tesorero del Club Libanés.
Otros ingresos por nómina transferidos a Zorrilla Habana corresponden a Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, la cual ha sido también declarada por el SAT como facturera desde 2018, y de Blumine recibió 122 mil pesos entre 2018 y 2020, esta empresa forma parte de una red de compañías que simulan operaciones para evadir el pago de impuestos y supuestamente lavar dinero sucio.
En las indagatorias financieras se tiene registro de que Zorilla Habana transfería dinero a Inés Gómez-Mont Arena, esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga. Por ejemplo, en el año 2017 le entregó 450 mil pesos a través de la empresa Ingeniería y Arquitectura Tangamanga.
En una intrincada red de triangulaciones de dinero entre empresas clasificadas como EFOS, Blumine recibe ingresos de Inmobiliaria RG-88, cuya representante legal también lo es de la empresa Fatinatio, dedicada a la administración de inmuebles, la cual reporta gastos comerciales por 750 mil pesos anuales en promedio con Carlos Maldonado Mendoza, quien era secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán.
La justicia se acerca cada vez más al exgobernador, quien todos recordamos que antes de terminar su gestión se fue a sentar en un banco de plástico a las puertas de Palacio Nacional, en demanda de una audiencia con el presidente de la República, pero poca resistencia tuvo el perredista porque López Obrador no lo recibió y las investigaciones en su contra por mala administración y supuesto desvío de recursos públicos siguen avanzando. Pronto daremos a conocer más información de este exmandatario de Michoacán.
Otro de los representantes legales de Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética es Margarito Rangel Estrada, quien se desempeñó como tesorero del ayuntamiento de Pátzcuaro y también como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Michoacán, cuando el gobernador era Leonel Godoy. Ese exfuncionario fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría del Estado por “irregularidades en el desempeño de sus funciones”.
Rogelio Torres Suárez es también representante legal de varias empresas que son investigadas: Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética; Infraestructura y Pavimentos de México y Potenzia Asesores.
Otro representante legal de Infraestructura y Pavimentos de México es Germán Oteiza, quien enfrenta varias demandas por defraudación a gobiernos estatales, proveedores y clientes, y la prensa local lo identifica como una persona cercana de los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Silvano Aureoles Conejo.
Torres Suárez representa junto con Humberto Suárez Treviño a la empresa Potenzia Asesores y el padre de este último, Ricardo Humberto Suárez López fue secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán en las administraciones de Cárdenas Batel y Godoy Rangel.
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