El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, acusó a la jueza Karla María Macías Lovera de extralimitar sus funciones al suspender la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Al rendir su informe semanal “Cero Impunidad” en la conferencia presidencial, el funcionario exhibió a la juzgadora y al juez de Distrito Álvaro Niño Cruz, quien puso en libertad a dos traficantes de droga capturados en la zona de económica exclusiva.
“Continuando con jueces que afectan la seguridad, la jueza Karla María se excedió en sus facultades, porque planteó la contradicción sólo a la Corte, y decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo sobre el paso de la Guardia Nacional a la Sedena”, argumentó. Tal decisión de la titular del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato genera impunidad y será impugnada, aseguró Mejía Berdeja.
El subsecretario federal explicó que plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución Política, en términos del artículo 105 de la Constitución, corresponde a la Suprema Corte de Justicia y no al Poder Judicial.
“No obstante que fue revocada esta suspensión, la juez dictó una nueva resolución, en este caso estableciendo la suspensión definitiva del decreto que transfiere, administrativa y operativamente, la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Molesto, expresó que el caso se hace del conocimiento público “porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública. Además, la juez se excede en sus facultades”.
Durante la conferencia presidencial, también acusó al juez de Distrito Álvaro Niño Cruz, quien ordenó la libertad de dos traficantes de droga detenidos frente a las costas de Huatulco, Oaxaca.
En este punto, ambos traficantes fueron interceptados por personal de la Secretaría de Marina. En la persecución para detenerlos realizaron disparos y lanzaron una lona con la intención de provocar un accidente a los marinos.
“No obstante todos estos elementos, el juez decretó de ilegal la detención y los puso en libertad. Aquí ya nada más faltaba que el juez les regresara a los 601 kilogramos de cocaína”, incluso, no respetó el derecho marítimo internacional. La droga estaba contenida en 67 ladrillos colocados dentro de 24 bultos cuyo peso bruto es de 601 kilogramos de cocaína pura.
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