Nadie debe ser intocable. Crímenes de lesa humanidad, traición a la patria, corrupción y saqueo de recursos públicos no pueden quedar impunes. Los asesinatos, la tortura, la migración forzosa, los desplazados, el ataque generalizado contra los pueblos deben ser castigados.

 

Un ejemplo de impunidad es el de Luis Echeverría, quien orquestó las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971 e inició la Guerra Sucia, está documentado que fue agente de la CIA con el seudónimo Litempo 8, nos endeudó y ató a México a los designios del Fondo Monetario Internacional, lo que abriría las puertas al deterioro salarial, el alza de impuestos y el inicio del neoliberalismo una década después. Pero vivió siempre impune.

 

En la consulta del día primero de agosto se incluyen los presidentes que impulsaron el neoliberalismo desde Salinas hasta Peña Nieto. En el caso de Carlos Salinas, él fue quien sometió a México a los designios de Washington, privatizó la banca, Teléfonos de México e impulsó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), poniendo a México a competir con una economía 15 veces mayor (la de Estados Unidos) y otra del doble de tamaño (la de Canadá). Este tratado destruyó la economía nacional, abriendo puertas y ventanas a las corporaciones, acabó con la industria nacional, devastó el campo, impulsó el narcotráfico, provocó la migración.

 

Carlos Salinas de Gortari hizo aprobar en 1992 la Ley Nacional de Aguas para entregar este vital recurso a las más grandes empresas, además que modificó el Artículo 27 de la Constitución para privatizar el ejido y, desde luego, en la minería entregó nuestras riquezas minerales a intereses extranjeros. Se desató una ola de asesinatos contra los militantes sociales del entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de diversos políticos. Sin hablar que operó el fraude por el cual llegó a la presidencia en 1988, pisoteando la voluntad popular. Tras el asesinato de Colosio hizo llegar a la Presidencia a Ernesto Zedillo.

 

Ernesto Zedillo Ponce de León, privatizó la deuda de los magnates y, en el robo del siglo, los rescato por medio del llamado Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) en el que el Estado compró la deuda de la banca privada, y nos hizo pagar a los contribuyentes. Por 556 mil millones de pesos pagamos casi 1 billón y seguiremos pagando hasta 2070. Privatizó Ferrocarriles Nacionales que compró la Union Pacific, empresa que lo contrató posteriormente. Con él se comenzó a disparar la deuda interna. Durante su gobierno se perpetraron masacres como la de Acteal, Chiapas, donde fueron asesinados 49 tzotziles; el Charco, Guerrero, donde ejecutaron a 11 na’saavi. Con Zedillo nació el PRIAN, que había gestado Salinas.

 

Vicente Fox llegó como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia, prometiendo un “cambio”, que fue cambio… en reversa. Atacó ferozmente a los huelguistas de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, en Michoacán, donde murieron dos obreros y hubo 45 heridos. Encubrió el crimen de Pasta de Conchos, en que murieron 65 mineros. Asaltó Atenco, asesinando a dos jóvenes y abusando de 26 mujeres. Reprimió salvajemente en Oaxaca a la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), en 2006, que cobró 26 vidas. Liquidó la línea aérea Mexicana de Aviación, despidiendo a 8 mil 500 trabajadores. Cobijó fraudes y despilfarros como los del programa educativo Enciclomedia y los negocios de sus hijastros, como el de Oceanografía con Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, orquestó el fraude electoral de 2006.

 

Fox firmó la ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) con George Bush en el que comenzó la anexión de México por Estados Unidos, integrando seguridad y energía con ese país y Canadá. Comenzó la integración de México al Comando Norte bajo el mando del Pentágono.

 

Felipe Calderón asumió tras fraude en 2006, desatando la guerra en México por órdenes de Karen Tandy, administradora general de la DEA (siglas en inglés de la estadunidense oficina para el control de drogas), que se reunió en octubre de 2006 con Medina Mora y García Luna. Su guerra causó cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos. En 2011 se tenía un registro de más de 200 mil muertos. Genaro García Luna, estaba coludido con el Cártel de Sinaloa, situación por la que hoy es juzgado en Estados Unidos. Con el gobierno de Calderón, prosiguió la integración militar con ese país a través de la Iniciativa Mérida y actuaron agentes armados de Estados Unidos en México, se integró la Armada a ejercicios navales, hubo injerencia del Ejército estadunidense, el sobrevuelo de drones sobre nuestro cielo y la ulterior incorporación al Comando Norte. Entregó millones de hectáreas a las mineras, solapó los crímenes de la Guardería ABC y el de las seis trabajadoras de Tiendas Coppel en Culiacán, culminando con una contrarreforma laboral que negó todos los derechos laborales.

 

Desde el 2006 la empresa Odebrecht llegó a México de la mano de Felipe Calderón, haciendo negocios sucios al amparo del poder, entre ellas la operación Etileno XXI, firmando contratos leoninos a favor de las corporaciones que llevó a un quebranto de 15 mil millones de pesos, por subsidio en venta de gas etano a bajo precio, dañando petroquímicas de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.

 

Enrique Peña Nieto usó recursos ilícitos en su campaña presidencial y compró millones de votos, con la complicidad del entonces Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral (INE). Entregó nuestro petróleo con la Reforma Energética. Peña usó 164 millones pesos para sobornar a exlegisladores para que éstos aprobaran la reforma energética en 2013. Realizó fraudes como la compra “chatarra” de Agronitrogenados.

 

Peña fue cómplice de los responsables en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, así como en la masacre de Nochixtlan y de crímenes como el de Tlalaya. Y muchas otras corruptelas. Por ejemplo, el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, envió 46 millones de dólares a través de empresas ligadas con el Cártel de Sinaloa.

 

 

En medio de la pandemia descubrimos que Fox, Calderón y Peña dejaron 317 hospitales en obra negra…

 

¿Cómo calificar estos crímenes? ¿Traición a la patria? La misma es entendida como un problema de seguridad nacional cuando se vulnera la seguridad del Estado; cuando una acción atenta contra la estabilidad de los intereses nacionales.

 

Es traición a la patria cuando se realizan actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana para someterla al extranjero; cuando se coloca a las Fuerzas Armadas a las órdenes de un Estado extranjero; afecte límites del territorio nacional, playas y fronteras y facilite la ocupación extranjera de nuestro territorio; se subordine a aparatos de inteligencia de gobiernos extranjeros, les proporcionen información vital sobre nuestra seguridad y colaboren con sus planes de anexión, o subordinación de México; se entregue sectores estratégicos y/o enajene territorio nacional para beneficio del extranjero. ¿Han cometido estos crímenes de traición a la patria exmandatarios mexicanos?

 

¿Qué ha significado el endeudamiento acelerado que vulneró nuestra soberanía nacional, la privatización de sectores estratégicos de la economía, el saqueo de bienes públicos, el desvío de recursos hacia corporaciones extranjeras y las corruptelas realizadas?

 

Contra viento y marea avanza la consulta sobre si juzgar o no a los expresidentes. De entrada, hay que reconocer que la aplicación de la ley no se consulta. Los crímenes se castigan. La impunidad se combate. Sin embargo, la consulta da pie a recuperar memoria histórica y socializar la información sobre el catálogo innumerable de crímenes cometidos por los jefes de Estado mexicanos. En todo el mundo y en América Latina también tenemos muchos expresidentes encarcelados, desde Guatemala hasta Argentina. Sólo en México han gozado de total impunidad, incluso aunque cometieran delitos que se pueden calificar como traición a la patria. Y desde luego, no se les investiga por corrupción y delitos electorales, ni se les exige que regresen lo robado.

 

Llegar a esta consulta significó un esfuerzo significativo. En pocos días se juntaron 2.5 millones de firmas. A su vez, el presidente solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que decidiera sobre la constitucionalidad de la consulta sobre si se debe juzgar o no a los expresidentes. La pregunta debería ser: ¿Estás de acuerdo en que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, si se les comprueba algún delito, pueden ser juzgados y condenados? Sí o no. Pero la SCJN aunque la aprobó el 1 de octubre, determinó plantear la pregunta de la siguiente manera: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Esta fórmula es muy ambigua y general y le quita filo a las preguntas. Pero hay que recordar que la mayoría de los ministros ha sido nombrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) o el PAN o han militado o estado cerca de alguno de estos partidos.

 

La Suprema Corte la turnó para su aprobación al Senado de la República, que le dio su aval por mayoría el 8 de octubre y procedió a mandarla a la Cámara de Diputados que el 22 de octubre determinó que la consulta se realice el 1 de agosto de 2021 como publicó el Diario Oficial de la Federación. Para que la consulta sea vinculante el porcentaje de participación debe ser del 40 por ciento, o sea, de 38 millones de personas, lo que explica que el INE realice sabotajes para que no se alcance el objetivo.

 

El INE se ve obligado a realizar la consulta, aunque dice que no tiene recursos. Su presupuesto de 2021, de 21 mil millones de pesos, sí le permite gastar 520 millones de pesos para realizar la consulta. Además, sabemos que cuenta con tiempo oficial en radio y televisión, además de sus recursos para publicidad. Pero para bajar la participación no ha realizado gran difusión y sólo instalará 57 mil casillas, cuando para el 6 de junio se planteó la instalación de 163 mil casillas.

 

Para finalizar, surge la pregunta: ¡¿Habrá que investigar y juzgar a los expresidentes!? Vamos a votar en la consulta del 1 de agosto. Yo digo que sí. Participemos e impulsemos la consulta. ¿No cree?

 

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