Juicio en Florida: en rebeldía, García Luna, Cristina Pereyra y los Weinberg

FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

El exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente Felipe Calderón –Genaro García Luna–, así como su esposa Linda Cristina Pereyra Gálvez, “junto con otras personas del entorno más íntimo de García Luna, fueron citadas a la Corte [de Florida, Estados Unidos], no concurrieron al juicio y se les pasó el tiempo. Están en una situación como de rebeldía”, explicó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

Se trata de todas las personas físicas y morales demandadas civilmente por el gobierno de México ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida: caso 2021-021562-CA-01. Entre ellos, figuran los socios del exsecretario: Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro; así como las empresas Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; y Gull Holding Enterprises, Inc, entre otras.

En la conferencia presidencial, Pablo Gómez indicó que esa situación de rebeldía “no se considera desacato porque no tienen obligación de concurrir. La persona que es demandada por la vía civil que no concurre pues está implícitamente admitiendo frente a ese tribunal que las cosas son como el demandante las dice. […Y] ninguno de los dos concurrió”.

El titular de la UIF expuso que a pesar de que García Luna ya estaba detenido cuando todavía tenía tiempo de concurrir a la Corte de Florida, “lo pudo haber hecho a través de sus abogados. Sus abogados y ellos decidieron no concurrir”.

Como Contralínea lo documentó, al seguir la ruta del dinero que amasó ilegalmente García Luna en México y en el extranjero –fortuna que podría superar los 1 mil millones de dólares–, la UIF documentó que éste orquestó una trama financiera para perder el rastro del origen de su riqueza, similar a la que utilizan los grupos del crimen organizado.

Para ello, su red de corrupción utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel –donde está refugiado su subordinado Tomás Zerón de Lucio–, pero también trianguló miles de millones de pesos a reconocidos paraísos fiscales.

La investigación de la UIF arrojó que esa red de corrupción usó sobre todo a la empresa Nunvav, Inc, para obtener la mayoría de los contratos con el gobierno federal y posteriormente enviar los recursos a Tel Aviv; Curacao; Letonia; Panamá; China; Estados Unidos; y Bridgetown, Barbados. El destino favorito para ese dinero desviado del erario nacional era ese último paraíso fiscal.

Respecto del sistema financiero mexicano, los hallazgos de la UIF apuntan a que éste se utilizó únicamente para posibilitar los cobros de las contrataciones, pero casi de inmediato los recursos eran sustraídos y enviados a otros países. Al final, el dinero se concentraba en el sistema financiero estadunidense, en especial en Florida. En esa entidad, García Luna, su familia y sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles y motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil.

Una vez que el pasado 21 de febrero García Luna fue encontrado culpable de los cinco cargos por narcotráfico y participación en una empresa criminal [el Cártel de Sinaloa] de forma continuada, en la Corte federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, se reanuda ese otro proceso civil entablado por el gobierno mexicano, para tratar de recuperar parte de los 745 millones 879 mil dólares (unos 14.1 mil millones de pesos) que el exfuncionario defraudó al erario de la nación.

De acuerdo con la investigación, el fraude a la Hacienda Pública ocurrió mediante al menos 30 contratos ilegales asignados en el sexenio de Calderón desde la Policía Federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que dependían del propio secretario de Seguridad Pública; y en el sexenio de Peña, desde el Cisen y el OADPRS; además, desde el gobierno capitalino en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones favorecieron a cuatro empresas: Nunvav, Inc; Nunvav Technologies, Inc; Nice Systems, Ltd; y GLAC.

Entre las pruebas que ha presentado la UIF, en nombre del Estado mexicano, se encuentra un rastreo pormenorizado de los movimientos financieros de García Luna, otras siete personas –Linda Cristina Pereyra Gálvez (su esposa), Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro– y 44 empresas. Todos, identificados como parte de la red de corrupción del exfuncionario y aliado del Cártel de Sinaloa.

En el presunto caso de peculado, para la UIF las compañías que tuvieron una participación más relevante son Nunvav, Inc, y Nunvav Technologies, Inc. Éstas concentraron 26 de los 30 contratos ilegales, por un monto global de 675 millones 268 mil 906.92 dólares.

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