Justicia inconclusa: García Luna, culpable; pero falta Calderón

De los cinco cargos imputados por la Fiscalía de Nueva York a Genaro García Luna, el jurado encontró responsable de todos al exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. El juez, Brian Cogan leyó fuerte y claro el veredicto, en cinco ocasiones: “Culpable”.

Ahora que en las cortes estadunidenses se conoció a detalle toda la génesis y podredumbre que envolvió al área de seguridad pública en el narcogobierno de Calderón Hinojosa, puesta al servicio de ciertos grupos del crimen organizado con el dinero de los mexicanos, no hay ruta de escape ni justificación para el exmandatario ni para su antecesor, Vicente Fox Quezada.

Ambos son directos responsable de haber ubicado en un cargo de tal importancia a García Luna, quien de acuerdo con la promesa de Fox en 2001, combatiría a la delincuencia y los cárteles de la droga con métodos científicos de investigación, para lo cual se le dotó de vastos recursos presupuestales para crear la así llamada Agencia Federal de Investigación (AFI).

Desde que García Luna tomó el control de la seguridad en el territorio mexicano, inició el despegue y consolidación de los cárteles que aceptaron pactar con el corrupto policía y, claro está, con los políticos panistas que ahora buscan deslindarse a toda costa de lo que ellos mismos prohijaron y consintieron.

Como nunca antes en la historia, se permitió el crecimiento exponencial de los peligrosos grupos de la delincuencia organizada a la par de cientos y cientos de sus células que aparecieron como un incontenible cáncer que ha carcomido el tejido social por todos los rincones del país, desde entonces.

Tanto Fox como Calderón deben responder a la justicia mexicana por haber utilizado las instituciones del Estado, para secuestrar al país y cometer infinidad de delitos contra su población y los ciudadanos estadunidenses, cuyas ciudades fueron inundadas de drogas por las garantías que García Luna ofreció a los capos en el trasiego de armas y drogas.

Sus vínculos con el crimen organizado bien pueden equipararse a una traición a la patria, donde además de los presidentes del Partido Acción Nacional (PAN), también son responsables muchos políticos de ese partido que se preguntan el porqué se pide al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelarles su registro por haber fungido más como un brazo armado de los peligrosos capos que como gobernantes comprometidos con la seguridad de millones de mexicanos.

Ahora que García Luna espera una sentencia que puede ir desde los 20 años hasta cadena perpetua, es hora de que las autoridades mexicanas retomen uno de los principales hilos conductores de esta aberrante génesis delictiva de la que alertó desde 2008, en dos cartas enviadas al entonces presidente Felipe Calderón, por el entonces Comisario de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles.

El jefe policiaco puso al descubierto desde entonces, y con abundantes pruebas, el andamiaje de venta de plazas, secuestros, homicidios y protección a la delincuencia organizada que García Luna y gente de su primer círculo como Luis Cárdenas Palomino, Víctor Garay Cadena y Facundo Rosas, entre otros,  venía operando en todo el país.

Pero el corrupto Calderón, lo mismo que su entonces procurador, Eduardo Medina Mora, y varios de sus funcionarios que conocieron el contenido de los documentos –como el entonces secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo; el asesor jurídico, Juan de Dios Castro, y hasta el secretario particular de la Presidencia, César Nava– decidieron proteger al delincuente con placa oficial, arremetiendo en contra de Herrera Valles, su hermano y su hijo, que también laboraban en la Policía Federal Preventiva (PFP).

Javier Herrera fue acusado en noviembre del 2008 por la entonces Procuraduría General de la República nada menos que de brindar protección al Cártel de Sinaloa, organización delictiva que, como se demostró en las cortes de Nueva York, era a la que apoyaba de manera incondicional García Luna. En 2011 fue sentenciado a 10 años de prisión, pero un año después un juez federal ordenó su liberación por no comprobársele ningún de los cargos inventados por la pandilla de Calderón Hinojosa.

En la información contenida en los anexos ignorados por el presidente Borolas –mote ganado por haber portado sin garbo el uniforme castrense en la base militar de Apatzingán, en enero del 2017–, hay pruebas suficientes para iniciar una averiguación en su contra por su marcada complicidad con el corrupto funcionario, pero además por la irresponsabilidad mostrada de no meter freno a esta delincuencia organizada operada desde el Estado mismo.

El costo de sangre para México fue muy alto: 102 mil 859 homicidios violentos y 22 mil 112 desaparecidos, sin conta el número aún no cuantificado de miles de desplazados, viudas y huérfanos, por una guerra sin sentido donde el objetico primordial nunca fue pacificar al país, sino alentar el fortaleciendo de ciertos cárteles.

Esto sin mencionar el uso fascista que se le dio a la Policía Federal y a las propias Fuerzas Armadas utilizadas para reprimir a la clase trabajadora, como el vergonzoso testimonio del violento desalojo en contra de los electricistas del SME, la madrugada del 11 de octubre del 2009.

Con el análisis a detalle de las pruebas que sirvieron para sentenciar a García Luna y testimonios como el de Herrera Valles, hay elementos de sobra para fincar responsabilidades penales a Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada, lo mismo que a sus funcionarios, quiénes deben salir a explicar al pueblo de México el porqué sabiendo de las tropelías violentas y sanguinarias del entonces secretario de Seguridad en contra de la inerte población, se cruzaron de brazos, dejando que los cínicamente llamados “daños colaterales”, cobraran miles de vidas inocentes.

En agosto del 2020, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), presento una denuncia ante el fiscal Alejandro Gertz Manero por conductas constitutivas de delito en contra de Felipe Calderon y funcionarios de su gobierno, a consecuencias del irregular proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La demanda ante la Fiscalía General de la Reública (FGR) no ha procedido, pues la dependencia determinó el no ejercicio de la acción penal; por lo que el SME ha recurrido al amparo para que estos crímenes contra el patrimonio nacional no queden impunes, como tantos otros cometidos por esta gavilla panista.

Ahora el país sufre los remanentes de haber dejado crecer sin control alguno a los grupos de la delincuencia organizada; esas células se han reproducido en todas las comunidades, municipios, barrios y colonias, cuando se estuvo a tiempo de parar este cáncer que ahora devora a toda la sociedad.

La quíntuple sentencia que halló culpable a Genaro García Luna debe hacerse extensiva a todos los panistas que lo protegieron desde el poder, porque son miles los enlutados hogares que claman justicia en todo el país. Y Calderón debe estar en la primera fila de los acusados.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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