El gobierno mexicano envió el jueves 6 de mayo una nota diplomática a su contraparte estadunidense en la cual solicita aclarar el financiamiento otorgado por una agencia de la nación vecina a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que con fines políticos es un grupo opositor al gobierno del presidente López Obrador.
La revelación la hizo el propio presidente apenas unos minutos antes de la conversación con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, señalando abiertamente que el apoyo, a partir de recursos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), es una acción injerencista, reprobable y violatoria a la Constitución, con características propias de actos golpistas.
“Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo el cual –añadió– no sólo significa uso de armas por parte del Ejército, sino también los movimientos gestados con apoyo de gobiernos extranjeros y medios de comunicación, como lo que ocurrió en Chile en 1973 o al presidente Madero en 1913.”
Por tanto, consideró el presidente López Obrador que es una práctica equivocada de Washington, que antes infiltrara agentes en los países y ahora subsidie a opositores a gobiernos legítimamente constituidos. No obstante, descartó que el episodio afecte la relación bilateral.
Señaló que esa asociación, encabezada por Claudio X González junior, “es una banda, una organización delictiva de cuello blanco, una reacción conservadora que ahora articuló a todos los opositores como Diego Fernández de Cevallos; Roberto Madrazo; desde luego, Carlos Salinas de Gortari; Felipe Calderón y los medios de información, para arrebatar la mayoría en el Congreso y que su gobierno no pueda usar el presupuesto en beneficio de los pobres.
“Imagínense, dinero de la Embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra”, dijo. Esos recursos, indicó como hipótesis, pudieron haber ido a comentaristas o hacia abogados que elaboran amparos contra el gobierno.
Según los documentos exhibidos en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el grupo opositor ha recibido de 2018 a la fecha alrededor de 50 millones de pesos, incluidos 40 millones reportados por el Servicio de Administración Tributaria, junto con otras organizaciones receptoras de donaciones hechas por la embajada de Estados Unidos.
En la nota diplomática, el gobierno de México reconoce como esencial y respetable el trabajo de la sociedad civil, lo mismo la lucha contra la corrupción, pero advierte que miembros de la organización, como Claudio X González, han sido explícitos en su militancia contra el gobierno de México.
Por tanto, solicita suspender el apoyo financiero, porque va contra las relaciones de respeto mutuo y no intervención propios de la relación entre ambos gobiernos.
El tema cobra especial relevancia porque Claudio X González fue el principal artífice de la alianza opositora PRI-PAN-PRD rumbo a las elecciones intermedias de 2021, a través de la iniciativa Sí por México. ¿Es válido legalmente que un gobierno extranjero financie a una organización cuyo dirigente fue clave en una coalición electoral en México?
Y no nos llamamos a sorpresa, pues no hace falta mucho esfuerzo para recordar cómo se ha comportado el vecino del Norte. La historia habla claro, y los mexicanos tenemos memoria y sabemos bien que en la agenda de Washington siempre ha estado el objetivo de intervenir en México, no podemos olvidar la invasión de 1846-1848 y la “compra de la Mesilla” que nos arrancó más de la mitad del territorio. O la invasión de 1914 para ocupar el Puerto de Veracruz, o la de 1916-1917 encabezada por Pershing –quien luego fue general que encabezó tropas de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. O una decena de intervenciones más a lo largo de la historia.
Hoy México lucha por la soberanía energética y con la Ley de Hidrocarburos y la Ley Eléctrica quiere poner límites a las corporaciones estadunidenses. Ayer Madero le impuso un impuesto de 3 centavos de barril al petróleo y la Embajada estadunidense encabezada por Henry Lane Wilson organizó el golpe de Estado y el asesinato del presidente y del vicepresidente; y cuando el presidente Carranza, en febrero de 1918, decretó un impuesto sobre los terrenos petrolíferos y sobre los contratos petroleros, celebrados con anterioridad al día primero de mayo de 1917, con el objeto de arrendar terrenos para la explotación de carburos de hidrógeno, fue asesinado pocos meses después durante la “huelga de los generales” con apoyo también de las compañías petroleras y de Washington. Hoy como ayer el gobierno de Estados Unidos apoya por todos los medios los intereses de las corporaciones estadunidenses y desde luego a sus corporaciones petroleras tan beneficiadas por la Reforma Energética de Peña.
Para imponer sus intereses, que son los de las corporaciones, Washington trabaja clandestinamente a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) y de manera abierta y “legal” por medio de USAID y de la Fundación Nacional para la Democracia (NED, po su sigla en inglés). Ha propiciado innumerables golpes de Estado violentos como en Venezuela (1948), Irán (1953), Guatemala (1954), Paraguay (1954), República Dominicana (1963), Brasil (1962), Bolivia (1971), Chile (1973), Argentina (1976), y muchos otros. Pero ya que ha quedado exhibido por su historial de intervenciones violentas, ha comenzado en las últimas décadas a organizar golpes de Estado blando, suave, golpe encubierto con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de su acción. En ocasiones, el golpe de Estado blando se relaciona con el llamado lawfare (guerra jurídica o guerra judicial), cuando la desestabilización o derrocamiento del gobierno se realiza mediante mecanismos aparentemente legales, como fue en Honduras (2009), o a través del Congreso, como en Paraguay (2012) y Brasil (2016) y el golpe en Bolivia en 2019. Estos golpes no sólo se dan en América Latina, desde luego. Lo aplicaron al georgiano Eduard Shevarnadza (2003) y le abrieron paso a Viktor Yushchenko en Ucrania (2004). En todas partes Washington usa métodos subversivos para minar a los gobiernos de países que buscan soberanía y reforzar a los gobiernos que están bajo su control.
Desde la década de 1960 la CIA se vio envuelta en tantos escándalos que llevaron al Congreso a limitar sus actividades. Era preciso actuar con otros instrumentos más discretos. En respuesta fue creada la USAID por el presidente John F Kennedy en noviembre de 1961, tras el fracaso de su intervención en Cuba, en Bahía de Cochinos, en abril de ese año. El objetivo, intervenir con sigilo con el pretexto de “ayudar” y “promover el desarrollo social y económico”. Actualmente “presta ayuda” a más de 100 países. Dicen que para “fortalecer los derechos humanos, promover gobiernos responsables y transparentes, además de sociedades independientes y políticamente activas.” Su matriz se ubica en el Departamento de Estado y busca “reforzar la política exterior” estadunidense, o sea, imponer por cualquier medio su hegemonía mundial “cooperando con los países receptores en la economía, agricultura, sanidad, política y humanitaria”. Bajo estas banderas la USAID colabora con la CIA para desestabilizar gobiernos no alineados con Washington, apoyando a la oposición. Donde existen gobiernos dictatoriales y represivos que obedecen a Estados Unidos también se meten, pero para desarticular los movimientos democráticos.
Tras la creación de la USAID, Ronald Reagan fundó en 1983 la NED, también ligada a la CIA, para financiar proyectos que promuevan la democracia “estilo americano” y contribuir a la lucha anticomunista durante la Guerra Fría. Ambas agencias trabajan en estrecha coordinación con la CIA para penetrar en los países objeto de su actividad, ya sea para ayudar a la oposición contra gobiernos que no les conviene como para atacar los movimientos sociales progresistas en las dictaduras que protegen. Todo bajo el pretexto de la “democracia”. Ha dicho Eduardo Galeano: “No sólo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo. Y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia”.
La USAID y la NED han sido denunciadas por Cuba, Venezuela, Bolivia y Rusia de actuar de forma encubierta para financiar a la oposición. En 2002 apoyaron a organizaciones vinculadas con el golpe de Estado de abril contra el presidente Hugo Chávez. En 2005 Rusia expulsó a la agencia de su territorio por “intentos de influenciar los procesos políticos a través de sus programas” y en 2013 el presidente boliviano Evo Morales acusó a la USAID de interferir en los asuntos internos y “seguir conspirando” contra su gobierno y continuaron así hasta propiciar el golpe de noviembre de 2019. Así actúa el frente civil de la CIA.
Su discurso es engañoso. Dicen trabajar “en todo el mundo para ayudar a la gente a que ejerciten sus derechos universales y para darles acceso a herramientas que mejoren sus vidas y los conecten con el mundo que está afuera”, o sea, que los coloquen bajo la dependencia de Estados Unidos.
Para oponerse a las medidas aprobadas en pos de la soberanía energética y otros temas, Claudio X González ha financiado una lluvia de amparos ante el poder judicial en defensa de las corporaciones extranjeras. De modo que tiene muchas implicaciones y es inadmisible que Claudio X González, y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, reciban recursos del extranjero, siendo que actúan abiertamente de cara a la elección del 6 de junio promoviendo la coalición Va por México de PRI-PAN-PRD, los mayores promotores de la corrupción. Y tienen una agenda política muy clara, lo que va en contra de la ley. No pueden ser financiados por agencias dependientes del Departamento de Estado. El Instituto Nacional Electoral (INE) tendría que investigar y actuar de inmediato. Según dicen sus consejeros, son muy estrictos en cuestiones financieras. ¿En esto no?
Pablo Moctezuma Barragán*
*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social
