Bogotá, Colombia. Varios sucesos que tienen lugar en Colombia dan la razón al presidente, Gustavo Petro, al alertar sobre la intención de sectores de oposición de sacarlo del poder antes de agosto de 2026.
La radicación de una ponencia en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la cual lo señala de supuesta violación de los topes de dinero a gastar en una campaña, fue calificada como el inicio de un golpe blando.
Si bien el CNE carece de potestad para procesar a un jefe de Estado, el expediente podría ser remitido hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual sí puede iniciar un acto judicial.
De acuerdo con la ponencia, las supuestas irregularidades de la campaña de Petro se relacionan con pagos a testigos electorales custodios de los votos. Según aclaró Petro, no constituiría un gasto proselitista.
Sin embargo, no es la única de las maniobras, con la cual se busca torpedear la gestión del primer mandatario de izquierda de Colombia.
A dos años de su triunfo en las elecciones, el gobierno todavía batalla con un Congreso hostil ante las iniciativas legislativas presentadas y diseñadas, con el objetivo de beneficiar a los sectores poblacionales más pobres.
A punto de finalizar la actual legislatura, que concluye el próximo 20 de junio, la reforma pensional es la única de las presentadas que se abrió paso. Aunque está pendiente su aprobación en la Plenaria de la Cámara de Representantes, al parecer, se salvará de saboteos, faltas de quórum y demandas de archivo.
En el camino, quedó la reforma de salud, hundida el pasado mes de abril, mientras que la reforma a la educación, pese a salir con buen pie de la Cámara Baja, corre el riesgo de fenecer, pues no la han discutido en la Comisión Primera del Senado.
De igual manera, el futuro de la reforma laboral está en vilo. Aún no completa su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y sólo cuenta con 16 artículos aprobados de los 84 incluidos en el proyecto.
A juicio del expresidente de Colombia, Ernesto Samper (1994-1998), lo que prima es una forma de guerra pasiva, la cual consiste en ir quitándole condiciones a un gobierno elegido democráticamente.
No es que lo tumben o se caiga, es que queda maniatado sin posibilidades de gobernar, afirmó en referencia a las operaciones destinadas a la desestabilización, al tiempo que refrendó la idea que se “cocina” en la nación un golpe blando.
A estas cuestiones presentes en la escena política, se suman escándalos de corrupción en determinadas instancias del Estado, como el denunciado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Si bien no hay indicios de que Petro estuviera involucrado, o siquiera al tanto de la malversación de fondos públicos ocurridos en esa entidad, sus detractores se ceban en esa situación al acusarlo. A la vez, añaden leña a un escenario político preñado de ataques contra el Ejecutivo.
Por si fuera poco, al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien, al mismo tiempo es el primer exgobernante en enfrentar un juicio penal por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal, le ha dado por incitar a las Fuerzas Militares a desconocer las órdenes de la máxima figura del país.
A pocos días de una primera instigación, en la cual afirmó que lo peor que pueden hacer las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, vino la segunda donde, entre otras arremetidas contra Petro y sus propuestas sociales, convocó a una acción que detenga el actual debate sobre las reformas sociales.
“Las fuerzas armadas de Colombia no han estado al servicio de caudillos, han estado al servicio de la Constitución”, instó.
Para entender a profundidad el complejo entramado, Prensa Latina dialogó con Jaime Cedano, periodista y columnista colombiano del semanario Voz, del Partido Comunista de Colombia y también de Mundo Obrero, periódico del Partido Comunista Español.
—¿Qué tan cerca está de concretarse un golpe blando contra Petro y en qué consiste exactamente?—, preguntó Prensa Latina.
—El golpe blando está en desarrollo desde antes de la misma posesión del hoy presidente Gustavo Petro—, respondió Cedano. —Los sectores oligárquicos no han aceptado plenamente el resultado de las elecciones de 2022 y se propusieron como objetivo que Gustavo Petro no pudiera completar su mandato. Se han conocido intervenciones de líderes y lideresas del Centro Democrático, expresadas en actos internos de este partido, en las que lo expresan claramente.
No se trata de un golpe al clásico, al estilo de los golpes de Estado que durante décadas ha conocido América Latina y el Caribe. Y no porque no lo hayan pensado las derechas más retardatarias, sino porque la correlación de fuerzas y el ambiente internacional no es favorable a un golpe de mano.
Petro sabía estas cosas. Antes de posesionarse, expresó que la táctica era crear alianzas y no dejarse aislar, pues si ello ocurría, lo iban a tumbar. Por ello, y porque necesitaba acuerdos para empujar las reformas, propuso la idea del Acuerdo Nacional, que funcionó en los primeros meses del gobierno, lo que le permitió la aprobación de la reforma Tributaria.
Podemos pensar que quienes manejan la estrategia diseñaron un plan de desgaste permanente para impedirle gobernar y fortalecerse como alternativa para las elecciones de 2026.
Este plan incluiría una fuerte oposición mediática, procesos judiciales y en la Procuraduría contra congresistas del pacto Histórico y su destitución, enjuiciamiento de la campaña electoral por supuestos sobre costos, movilizaciones callejeras, trabas al interior de los ministerios e instituciones para el desarrollo de los planes de gobierno y saboteo a los debates parlamentarios acudiendo a la prolongación de los mismos y a la ruptura del quórum en los momentos de las votaciones. La suma de todo ello es lo que se denuncia como el Golpe blando. Una estrategia de desgaste permanente.
—¿Quiénes y por qué lo hacen?—, inquirió Prensa Latina.
—Es la vieja oligarquía—, fue la respuesta de Cedano. —Lo que se considera como el régimen. Las familias que han gobernado a Colombia desde los tiempos posteriores a la independencia y que han usufructuado un poder cada vez más corrupto y mafioso.
Aunque el programa de gobierno de Gustavo Petro no representa un peligro para sus intereses de clase y de acumulación, no es una ruptura revolucionaria. Pero se resisten a reformas moderadas, de contenido social, porque el nivel de su ambición es inmenso y además por cuanto la vida política de buena parte de la clase política tradicional depende del uso y abuso de los dineros públicos para poder mantener sus maquinarias electorales. Y por un concepto claramente de clase. Es el primer gobierno plebeyo en la historia de Colombia.
—¿Es inevitable su salida del poder ante las maniobras golpistas o sí existe una manera de detener esas acciones?—, cuestionó Prensa Latina.
—No es inevitable—, indicó Cedano. —Y podemos decir que Gustavo Petro estará en el gobierno hasta el 7 de agosto de 2026. El tema es la capacidad que tenga para gobernar con su propio programa.
Dependerá mucho de la capacidad de hacer alianzas y acuerdos, que se construirán en el día a día, reforma tras reforma. Estas semanas hemos visto que las cosas cambian de un momento a otro, como buen país tropical que es Colombia. Un día alguna reforma, parece en las horas de la mañana que se va a hundir irremediablemente, y en la noche brota algún inesperado acuerdo que le permite salir adelante.
Ante los ataques a su gobierno, e incluso a su familia, vemos a veces a un presidente radicalizado en la diatriba y en los trinos, que parecieran romper los puentes con los enemigos y adversarios, pero luego retoma su capacidad de acuerdos y entendimientos, apoyado por el círculo más firme de ministras, ministros, parlamentarias y parlamentarios que saben jugar en el complejo tablero de la política nacional, y también, por un movimiento popular que no ha decrecido en su apoyo y en las movilizaciones.
Vienen dos años de vértigo. De tiras y aflojes, de polarización. Y de movilizaciones que van y movilizaciones que vienen.
Quien pierda la calma, pierde el partido.
Ivette Fernández Sosa/Prensa Latina
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