Seis gobiernos estatales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación financiaron con dinero del pueblo al consorcio LatinUs. De 2019 a 2024, las cinco empresas que lo conforman, más otras dos que les transfieren recursos, se embolsaron 2 mil 437 millones 285 mil 272 pesos del erario. Parte de ese dinero acabó triangulado a cuentas bancarias radicadas en el paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos, refiere la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los hechos podrían constituir presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción, reveló esta mañana el titular de la UIF, Pablo Gómez. Agregó que por ello se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, desde el 20 de mayo de 2021, contra el consorcio LatinUs. El comunicador Carlos Loret de Mola no es parte de la denuncia, aclaró.

Acerca del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se les imputa a las cinco personas morales que integran LatinUs, indicó que se configuraría porque han obtenido recursos públicos ilegalmente y los han triangulado a Delaware.

“De las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama LatinUs, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre”, expuso el funcionario.

En la conferencia presidencial, Gómez detalló que esa denuncia penal tampoco incluye a otros periodistas o comentaristas –entre los que destacan Denise Dresser y Lorenzo Córdova Vianello– que obtuvieron sueldos de las cuentas del consorcio radicadas en Delaware. “La política del gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo séptimo de la Constitución, que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas, de todo tipo a través de cualquier medio”.

LatinUs, explicó el licenciado Gómez, está integrado por cinco empresas propiedad de Cristian González Guadarrama: Latinus Media Group, constituida el 13 de enero de 2020;Latinus Media Radio, SA; Latinus Media Mx, SA de CV; y las “empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales” –y que popularmente se les conoce como empresas fantasma–: Digital Beacon Programatic; y BCG Limited Consulting, SA de CV.

Estas compañías se conectan con otras dos, cuyos ingresos –en su totalidad– provienen de entidades públicas, por la venta de productos farmacéuticos y servicios de salud. Éstas, aclaró, “son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama”.

Acerca de las entidades públicas que acabaron financiando al consorcio LatinUs, expuso, son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; así como de los gobiernos de Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. Además, hay financiamientos indirectos de los negocios de salud, provenientes de los gobiernos del Estado de México –cuando era gobernado por el PRI–, Michoacán e Hidalgo. En 2023, declaró el titular de la UIF, tan sólo del gobierno del Estado de México, LatinUs obtuvo más de 540 millones de pesos. “En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de 2 mil 437 millones de pesos”.

Pablo Gómez detalló que al consorcio LatinUs se le denunció por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. Asimismo, expuso que los productos de inteligencia que realiza la UIF tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control–federales y de las entidades federativas–, quienes solicitan la información que el sistema financiero provee a la Unidad de Inteligencia Financiera.

“No se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así porque la aplicación del artículo séptimo de la Constitución es parejo y es para todos. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno?, pues ha evitado utilizar la vía judicial para combatir la calumnia. Y el hecho que haya sido así, que la política del gobierno no lucha contra la difamación y la calumnia a través de medios judiciales, como se hace en casi todo el mundo, es sencillamente porque el respeto, el nivel de respeto a la libertad de difundir ideas que tenemos hoy día en este país nunca lo habíamos tenido, nunca en la historia”.

Pablo Gómez solicitó al presidente López Obrador permitirle responder a Loret de Mola, quien “dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68, la generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México, no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio, hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio LatinUs se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica”.

Finalmente, consideró que este caso “es un reto para el Ministerio Público. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber, pero el gobierno no controla el Ministerio Público, así está ahora la Constitución, y qué bueno que así es, no estamos diciendo que esté mal”.

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