La nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación prohíbe la transferencia de dinero público a las grandes corporaciones –como Kimberly Clark, Bayer-Monsanto, BMW, Intel, entre otras– a través del Conahcyt, que hicieron ilegítimamente los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, señala en entrevista la doctora Álvarez-Buylla. Considera que los más de 45 mil millones de pesos que se regalaron a las trasnacionales en esos tres sexenios es comparable a la “estafa maestra”. Advierte que la verdadera ciencia está al servicio de causas justas y no de la privatización del conocimiento, y por ello el modelo actual busca beneficiar al pueblo de México

Segunda parte. La verdadera ciencia está al servicio de causas justas y no de la privatización del conocimiento, señala la doctora María Elena Álvarez-Buyllá Roces, directora general del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Es por ello que el modelo actual tiene como prioridad beneficiar al pueblo de México y romper con los vicios del pasado, que llevaron a regalar más de 45 mil millones de pesos a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras en los sexenios de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y del priísta Enrique Peña Nieto.

En este cambio, la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación es fundamental, pues prohíbe la transferencia de dinero público a las trasnacionales –como Kimberly Clark, Bayer-Monsanto, BMW, Intel, entre otras–, que en el pasado habría causado daños al erario de la nación comparables a la “estafa maestra”.

Tras arrebatar esa mina de oro a las corporaciones, éstas han desatado una campaña mediática de desprestigio no sólo contra la nueva ley sino también contra el Conahcyt, argumentando entre otras cosas que hay un abandono a la ciencia. No obstante, lo que está en marcha es una visión de país en la cual este sector es fundamental para la defensa de la soberanía y la creación de conocimiento en beneficio de las minorías.

Por ejemplo, la doctora Álvarez-Buylla expone que uno de los objetivos es “dejar muy bien fincada esta capacidad de producir equipo médico de alto nivel para un número importante de diferentes equipos de cómputo, para fortalecer todavía más con soberanía tecnológica el gran programa del presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] de salud gratuita y universal para todas y todos, para toda la población, atender a los millones de personas que no tienen ningún tipo de derechohabiencia”.

Asimismo, se busca profundizar el desarrollo de vacunas. “Patria es una gran noticia pero tenemos otros proyectos que queremos avanzar lo más posible, también todo esto de la mano con la Secretaría de Salud”. Por ello, resalta el sentido humano del doctor Jorge Alcocer, a quien califica como un gran científico.

El nuevo Conahcyt también tiene como meta que se reconozcan y se atiendan las demandas de las regiones de emergencia socio ambiental, “acorde a lo que son los principios del humanismo mexicano, muy importante. Y no solamente es la cuenca del Alto Atoyac, por ejemplo, es el Salto Jalisco. En fin, hay diferentes regiones que requieren atención urgente y otros temas de salud”.

Además se seguirá avanzando en salvar vidas con avances científicos propios. Como en la atención de la leucemia linfoblástica aguda. “Tenemos ya un laboratorio de referencias, se están salvando vidas de niños, niñas afectadas por esta enfermedad, pero en este año queremos lograr y aterrizar mucho más”.

Las contribuciones de la nueva ley

Para lograr todos esos objetivos ha sido esencial dar un viraje en las políticas públicas, y en todo este proceso es fundamental la nueva normativa. En entrevista con Contralínea, la científica María Elena Álvarez-Buylla detalla los beneficios de la Ley General:

“El primer beneficio es que es la primera Ley General que tiene el país en materia de HCTI [humanidades, ciencias, tecnologías e innovación]. Eso quiere decir que es la primera vez que vamos a poder armonizar, a lo largo y ancho del país en todas las entidades federativas y en sus municipios, una normativa coherente que nos permita hacer un uso más eficiente y, además, más pertinente de todas las capacidades científicas que tenemos en el país. Entonces, ese es el primer beneficio.”

La bióloga, especializada en botánica, ecología evolutiva y biología del desarrollo indica que el segundo beneficio es que “hay una armonización y una definición clara y precisa de competencias en el quehacer HCTI, que es muy importante para el presente y para el futuro, tanto a mediano como a largo plazo. El quehacer científico soberano que genere autosuficiencia tecnológica en beneficio de las mayorías y que no sea más una normativa vacía, hueca que permita que este quehacer y todos los recursos millonarios que se transfirieron a intereses privados se vuelvan recursos que en detrimento, en perjuicio del pueblo México que se desvían a intereses creados: corporativos privados y también políticos. Porque, así como la ‘estafa maestra’, me atrevo a decir –aunque no ha habido ese tipo de tipificación– que también hubo mucha manipulación a través de los recursos, mucha co-opción de voluntades y mucha generación de grupos, no para beneficio de la ciencia, del desarrollo tecnológico y de la humanidad. Porque si beneficia a México, beneficia a toda la humanidad. Y la verdadera ciencia, por cierto, siempre está a favor de las causas justas”.

La doctora explica a Contralínea que desviar la vocación tan generosa, tan virtuosa, tan humanística de la ciencia para favorecer a intereses creados, fue posible gracias a una carencia de normativa y a una ley hueca, muy al estilo neoliberal, que permitió, por ejemplo, que la Ley Orgánica de Conacyt subrogara el quehacer científico. “¿Qué es lo que ellos querían? Igual que en todo el gobierno neoliberal, subrogar, privatizar, derivar el quehacer público hacia entidades privadas”.

Como ejemplo, cita el caso del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, que en la ley anterior estaba inscrito y mandatado como órganos internos de consulta, sin que esto implicara una erogación particular, más que tener los espacios adecuados, facilitar las reuniones y, se planteaba como un órgano de consulta abierto, democrático, eso estaba de manera muy sucinta en la ley, pero estaba.

“¿Qué hicieron? Modificaron la Ley Orgánica, que no estaba dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología, la modificaron a modo pero, además a posteriori, que generara una asociación civil de interés privado que arrebató, que secuestró esa función tan importante. Entonces, imagínate, generan una mesa en una entidad privada que es una asociación civil, y ya ahí es a donde concurrían nada menos que los rectores de las universidades más importantes del país, que los directores generales pero también los representantes de los grandes intereses del país”. Dicha asociación, indica, es el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, AC.

Por ello, la doctora Álvarez-Buylla identifica que un beneficio para el interés general público de esta primera Ley General de HCTI, hoy vigente, “es que hay una sola normativa que integra la Ley Orgánica del Conacyt dentro de la Ley General, de tal manera que no puede modificarse esta normativa que es la Ley Orgánica, a modo inclusive entrar en contradicción por la propia ley. Eso es lo que yo me encontré: una Ley Orgánica del Conacyt en contradicción a la ley, porque ellos no la podían modificar así de fácil, pero la Ley Orgánica sí, la pudieron modificar con una junta de gobierno a modo. En donde, por cierto, centraron a quien representaba a esta asociación civil, imagínate. Y en esa mesa de la asociación civil que, además, no solamente tomó o secuestró, o a ella le subrogaron las funciones tan importantes de consulta que debería ejercer el propio Conacyt como cabeza de sector, sino que también tomó su nombre.

En esa misma línea de beneficios de interés general, indica, se tiene articulado un capítulo completo que rige jurídicamente al Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación. “Estos Centros Públicos de Investigación que coordina el Conahcyt, en conjunto con una red, con un sistema, constituye el sistema de desarrollo tecnológico más importante del país junto con el Instituto Politécnico Nacional. Y también en el ámbito científico tiene una potencia comparable en algunos campos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y sin embargo, disgregados, privatizados parcial o casi completamente a favor de intereses de grandes corporaciones, de fabricación, por ejemplo, de automóviles o inclusive de aviones, cuando México no es una potencia aeronáutica, aunque podría hacerlo si nos empeñamos, como nos empeñamos con los ventiladores, con la vacuna y con muchísimos ejemplos”.

Para la científica, se trata de una forma de privatizar, de desviar el dinero. Y aunque aún no hay una tipificación legal, indica, sí se derivaron recursos públicos a favor de intereses creados. Además, como funcionaban de manera desarticulada y como si fueran entidades particulares privadas, expone que empezaban a competir entre ellos los centros públicos del propio Conacyt. “¿Y eso a quién favorecía?, pues a los intereses que estaban chupando, chupando y chupando, todos esos recursos públicos”.

Por ello, califica este cambio como otro gran beneficio a favor del país, del interés general: “toda esa capacidad científica de desarrollo tecnológico ahora está organizada, coordinada. Bueno, todavía hay retos, pero está ahora una Ley General que eso es lo que mandata y ya se instauró, porque vamos rápido en los reglamentos, en los lineamientos. Entonces ahora tenemos ya instaurado un Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación. En dónde, ¿qué es lo que estamos buscando? llegar a metas ambiciosas a favor de todas y todos. Como son, repito, los ventiladores, toda una industria nacional para salvar vidas, que implica la capacidad soberana, autosuficiente de diseñar y de producir para el sector social, el sector público de atención de la salud, muchísimos equipos”.

Al respecto, explica que esta pequeña empresa mixta de rectoría, totalmente estatal, tiene capacidad de producir más de 24 mil equipos al año; no solamente ventiladores, monitores fetales, cardiógrafos de alto nivel, sistemas de cómputo propios hechos en el país por talento mexicano. Ello genera empleo para los ingenieros e ingenieras, colegas que tienen un doctorado y que pueden dar su talento en este tipo de industrias de interés general.

Recuperación de posgrado

Respecto de los estudios, indica que la Ley General garantiza la reorganización y recuperación de los posgrados públicos, que también se habían ido privatizando al seno de instituciones de educación superior públicas. Y esto todavía es un reto, porque hay algunas universidades públicas que todavía cobran cuotas a los estudiantes.

“En la Ley General de Educación Superior quedó una cláusula para formar un fondo de gratuidad. Porque esto se deriva, también, de las distorsiones en el acceso de los recursos. A lo mejor sí se necesitan más recursos en algunas universidades públicas, pero también en la administración. Tiene que haber una mayor pulcritud y eficiencia en el uso de los recursos públicos en las instituciones de educación superior.

En los gobiernos pasados, destaca la doctora, se generaron grupos de interés que fueron atomizando los posgrados; privatizándolos, inclusive al seno de las instituciones públicas, haciendo crecer las matrículas en las entidades privadas a costa de las públicas, a costa de los bolsillos de las familias, que esforzándose para que sus hijos estudien pues a veces se endeudaban. Y todo esto derivado de este vacío también normativo de la ley pasada, pero también de los instrumentos a modo, que iban más bien en favor de los intereses, otra vez, privados y los grupos de control al seno de las instituciones públicas.

Ahora se toma en cuenta a los estudiantes de humanidades, a los médicos, historiadores, geógrafos, filósofos y artistas. Porque, pregunta, “¿qué país puede vivir sin el arte y sobre todo un país como México? con esa potencia y ese fervor de los jóvenes que se comprometen a pesar de todo a crear y pues sanar las sociedades. Porque los artistas apuntan hacia contradicciones, hacia paradojas. Y en ese quehacer creativo sacan a flote y sanan muchos aspectos de la sociedad. El arte es importantísimo en toda la historia de la humanidad.

¿En qué cabeza cabe que ni el arte, ni la filosofía, ni la historia, ni la literatura; que es parte del arte por cierto, eran importantes y que había que despreciar a todos los jóvenes?”

Con la nueva ley, indica, los posgrados públicos de investigación tienen acceso universal. “Es decir, ni un solo matemático, ni un solo biólogo, ni un solo artista, ni un solo filósofo, se puede quedar sin beca del Conahcyt, sin su universidad. Porque hay una responsabilidad de concurrencia, tanto en la ley de educación superior, porque las universidades reciben recursos del erario para becar y esperemos que cada vez bequen a un número mayor de estudiantes”.

La Ley General de HCTI garantiza la entrega directa y acceso universal a todas y todos los estudiantes de posgrado público de investigación en el país de todas las áreas del conocimiento, sin discriminar a ninguna. Y también se garantiza el acceso universal a las profesiones de más alto nivel de prioridad.

Al respecto, la directora del Consejo asegura que la junta de gobierno acaba de aprobar una lista larga de posgrados potencialmente prioritarios, que se irán asignando de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

“Entonces, este es el tercer beneficio de nuestra Ley General que garantiza una recuperación de los posgrados públicos, una reorganización, reordenamiento de los posgrados en general, una dirección de estos posgrados a favor de las prioridades para que no se vaya abriendo una brecha laboral. Porque sí, se formó muchos maestros doctores pero encontramos a miles de colegas con doctorado sin trabajo, hemos atendido ya el 75 por ciento de esa demanda con estancias postdoctorales con investigadores de México.”

El cuarto beneficio

La doctora Álvarez- Buylla indica que el cuarto beneficio es que por primera vez se garantiza el Sistema Nacional de Investigadores. “Hasta hoy ese Sistema Nacional de Investigadores estaba en toda fragilidad y de hecho, pues, antes no había tantas protestas. Pero, a veces se dejaba de pagar, que en un mes luego ya se recuperaba. Había criterios bastante opacos, poco democráticos para establecer las comisiones, solamente un grupito pequeñito una y otra vez participaba. Este elitismo que dejaba fuera por ejemplo a los jóvenes, un elitismo disciplinar. Ahora también se garantiza el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, ahora con “doble i” dentro de esta Ley General”.

También, detalla, se garantiza el acceso abierto a la información científica y la obligación del Estado de mantener repositorios, que ahora sí existen por primera vez porque era obligación del Conahcyt pero no funcionaban.

También, dice, otra garantía ahora de la ley es con la ciencia fundamental, la ciencia frontera, que es imprescindible. “No podemos pensar en ciencia aplicada si no hay ciencia básica. La ciencia es la generación de nuevo conocimiento y todo nuevo conocimiento se aplica, pero hay que aplicarlo en favor del interés general. Entonces, la ciencia aplicada actualmente está regida por, en general, lo que es la filosofía del humanismo mexicano organizada en programas nacionales estratégicos que han tenido resultados como los que ya hemos comentado y muchos más: en salud, en agua, en manejo de residuos sólidos”.

La ley también garantiza el apoyo sostenido a la ciencia básica y de frontera, que es la base para estas otras aplicaciones pertinentes para el país. “Eso se dejó con cero pesos cero centavos en 2017 y en 2018. Los neoliberales que son tan ‘científicos’ dejaron sin apoyo a toda la comunidad, y eso me consta porque yo soy parte de esta comunidad de HCTI, sin un solo peso para hacer investigación científica, para hacer ciencia básica, eso ya no puede pasar”.

A diferencia de lo ocurrido en el pasado, con la nueva ley se garantiza que haya suficientes recursos para el sector y que se incrementen, pues establece la obligación del acceso a las becas, del apoyo a la ciencia básica fundamento de la ciencia aplicada, la agenda nacional, el interés general del bienestar de todas y de todos, del pueblo de México, siempre guiando y además el respeto del conocimiento vernáculo y tradicional para poder llegar a soluciones o a resguardar la gran riqueza cultural.

“Y finalmente también tiene beneficios en términos concretos de cómo hacer realidad el acceso universal. Y término con lo que es el principio de la ley: el derecho humano a la ciencia. Es la primera ley en el mundo que seguía de esa manera tan clara y explícita de un mandato que hoy es constitucional gracias a la cuarta transformación, a la guía tan clara del presidente de México, un quehacer científico, una ciencia y sus derivados, sus resultados como derecho humano no solamente individual sino colectivo para esta y para futura generaciones.”

La doctora Álvarez-Buylla destaca que con todo ello, “México es el primer que tiene en su Constitución esa claridad de hacer del quehacer científico y sus beneficios un derecho humano; pero, muy importante, que no quede hueco como habilitador de todos los demás derechos, y he ahí la importancia de la agenda nacional: derecho humano a una alimentación saludable y suficiente, derecho humano a lo que ahora está logrando el presidente de la república en este primer gobierno de la cuarta transformación un sistema de salud universal y muy importante gratuito que implica salud preventiva, estudios, atención y medicamentos cien por ciento gratuitos”.

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