Libertad y justicia para sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas

FOTO: CUARTOSCURO.COM

Este viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibió en sus manos una carta firmada por la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y familiares de cuatro sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas.

El documento, del cual esta columna posee copia, expone brevemente los casos de Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena, Orlando Ávila Mesino y Gerónimo Hernández Refugio, quienes sobrevivieron a la matanza pero siguieron siendo perseguidos y, desde hace 20 años, recluidos en diferentes cárceles bajo acusaciones fabricadas.

Al mismo tiempo, de manera respetuosa, el documento advierte al presidente del grave riesgo de que –usando las propias palabras del titular del Ejecutivo– la burocracia de los tres Poderes y los tres niveles de gobierno, ese “elefante mañoso y anquilosado”, haga naufragar una política de justicia, bandera de la 4T: la liberación de los injustamente presos.

Como se recordará, la masacre se perpetró el 28 de junio de 1995 en el vado del río Aguas Blancas, Guerrero. México y el mundo se horrorizaron, primero, al conocerse el saldo de 17 muertos y decenas de heridos; y, luego, al darse a conocer un video que mostró cómo se suscitaron los hechos.

El crimen de Estado ocurrió cuando, en tres camionetas, integrantes de la OCSS se dirigían a un mitin a Coyuca de Catalán. En el trayecto, de terracería y junto al río, fue detenida la primera camioneta con unos 60 campesinos. Los elementos policiacos que cerraron el paso obligaron a las personas a bajar del vehículo y tirarse bocabajo. También detuvieron a la segunda camioneta y ordenaron apearse a los ocupantes. En ese momento abrieron fuego contra los campesinos inermes. La tercera camioneta frenó su marcha al escucharse la balacera.

Los autores de la matanza, elementos de las policías Motorizada y Judicial del estado de Guerrero, reportaron “un enfrentamiento” con integrantes de la OCSS; colocaron armas junto a los cuerpos, y aseguraron que la agresión había sido iniciada por los campesinos. La difusión de un video que mostró cómo ocurrieron realmente los hechos echó abajo esa primera versión oficial. Desde entonces, el crimen cometido bajo el gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer y del federal de Ernesto Zedillo Ponce de León, está impune. Un año después, en ese mismo lugar, haría su presentación pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

La persecución continuó contra la OCSS. Quienes sobrevivieron a la masacre fueron perseguidos, acosados y, en muchos casos, obligados al destierro. Otros fueron ejecutados extrajudicialmente. Decenas de familias tuvieron que desplazarse de manera forzada. Y también a algunos más se les encarceló con delitos fabricados y confesiones obtenidas por medio de tortura. Son los casos de Antonio, Gilberto, Orlando y Gerónimo.

Que los cuatro fueron sometidos a salvaje tomento ha sido ya acreditado por organizaciones defensoras de derechos humanos. Por ello, solicitan que formalmente se les aplique el Protocolo de Estambul sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degradantes para demostrar que sus “confesiones” fueron obtenidas bajo suplicio.

La persecución contra la OCSS fue dirigida personalmente por Genaro García Luna, entonces coordinador de Inteligencia para la Prevención, una sección de la Policía Federal Preventiva creada con cuadros, como él, formados en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

La obsesión de García Luna con la OCSS inició en este organismo de inteligencia civil del Estado mexicano, al que ingresó en 1989 y donde se desempeñó como responsable de Contrainteligencia y Terrorismo. Su fanatismo contra todo lo que significara organización popular o campesina, y que él inmediatamente consideraba “insurgencia”, se mantuvo a su paso por la PFP y luego lo llevó a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), cuando se convirtió en su primer titular. Sus “investigaciones” contra estos cuatro luchadores sociales se basaron en la tortura no sólo de ellos sino, incluso, de quienes los acusaron.

El decreto por el que el gobierno federal promueve la liberación de los injustamente presos podría quedar en meras buenas intenciones y liberar apenas a algunas personas. La mayoría están acusados de delitos graves y les han fabricado numerosas “pruebas”. Tales condiciones los descartarían para ponerlos en libertad.

Las víctimas de la masacre de Aguas Blancas, la OCSS y el campesinado mexicano aún aguardan justicia por ese crimen de Estado continuado desde 1995. Podría empezarse por liberar a Gilberto, Antonio, Orlando y Gerónimo, injustamente presos. Estaremos pendiente a la respuesta que el presidente dé a la carta.

Fragmentos

Ojalá la advertencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) encuentre oído atento en el gobierno federal. La disputa por el poder en 2024 ya ha iniciado y Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas, juega claramente a incendiar el estado. El “fuego amigo” al interior del propio partido del presidente podría desencadenar hechos irreparables. Los zapatistas han apostado por la paz desde el fin de los combates en 1994. Todas sus iniciativas han estado encaminadas en encontrar alternativas a la violencia. Las agresiones, incentivadas desde el gobierno estatal y que incluyen asesinatos y secuestros contra dirigentes y bases de apoyo zapatistas desde hace meses, han llegado al límite. El reinicio de la guerra en Chiapas sería el fin de sexenio y de la 4T.

Te puede interesar: Masacre de Aguas Blancas, 26 años de impunidad