A casi tres meses de que el Pleno del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) decidió excluir a un grupo de exdirectores de confianza de recibir su indemnización laboral, los líderes de al menos 89 personas plantean no acudir a los juzgados especializados, sino continuar con la presión mediática y con protestas en calle, al mismo tiempo que exigen a sus representados el compromiso de que, en caso de conseguir el pago de liquidaciones, les den el 10 por ciento de lo que obtengan.
Con ello, se calcula que la dirigencia planea recibir entre 900 mil y 3 millones de pesos. Copia de las conversaciones entre los integrantes y una de las líderes del movimiento, la abogada Luz Guerrero –quien ocupaba la Subdirección de Uniformidad de Criterios y Apoyo Jurídico del extinto IFT–, revelan que en la estrategia de presión mediática y de confrontación a través del bloqueo de vías primarias, incluyendo el bloqueo a los accesos de la sede de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), la demanda ante el Tribunal Federal de la Junta de Conciliación y Arbitraje no es un camino que estén evaluando, sino sólo la supuesta conciliación.
Uno de los trabajadores que busca su indemnización mostró los mensajes que Guerrero intercambió con los excolaboradores del IFT. En ellos, Luz Guerrero solicita que cada persona que resulte beneficiada por sus gestiones le entregue al menos el 10 por ciento del pago final que obtengan como indemnización. El argumento es que un abogado laboralista cobraría un porcentaje de 30 por ciento.
La petición de pago por parte de Guerrero generó controversia al interior del grupo, según consta en el intercambio de mensajes: Guerrero explicó en una de las conversaciones con los extrabajadores del IFT que: “una de las razones por las cuales al inicio de estas gestiones no pretendíamos pedir una remuneración, era justamente por evitarnos el rollo de que cada quien opinara cuánto dinero cuesta nuestro trabajo. Es algo a lo que solamente Adrián y yo le ponemos un precio; no le permitimos a nadie más decidir cuánto cuesta nuestro desgaste físico, intelectual y hasta emocional”.
Y revira a uno de los críticos de la propuesta de cobrar el 10 por ciento de cada indemnización y no buscar una resolución en juzgados: “entiendo, Alfonso, que en tu papel de economista te resulta sencillo hacer cálculos vacíos y carentes de objetividad. Y sobre esto ahondo un poco: no hay razón para menospreciar el trabajo de conciliación que hicimos Adrián y yo vs [sic] el trabajo de un abogado en una demanda. La comparación es válida porque para conciliar previamente hubo un trabajo jurídico que sirvió como base para que la CRT aceptara conciliar”. Adrián Rivero Peña ocupó hasta octubre pasado la Dirección de Análisis Jurídico del extinto IFT.
De acuerdo con información de la CRT, funcionarios del nuevo organismo regulador consultaron a la Secretaría de Hacienda sobre la pertinencia de liquidarlos, a pesar de que se trataba del grupo de libre designación, considerado sin estabilidad laboral, en términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La consulta se presentó luego de que la dirigencia de Luz Guerrero, Adrián Rivero Peña y Elvia María Hernández encabezaron el bloqueo de la Avenida Insurgentes.
“Tú mismo [contesta Luz Guerrero al extrabajador crítico a su propuesta] viste una pequeña probada de ese trabajo jurídico el 26 de septiembre que te quedaste en la oficina las mismas horas que nosotros viendo cómo sacábamos argumentos hasta por debajo de las piedras. Así que no sólo hicimos un trabajo de conciliación, sino que establecimos los fundamentos y motivaciones jurídicos [sic] con base en los cuales tu abogado y el de cualquiera que decida demandar van a sostener su escrito ante el Tribunal. Hicimos el doble de trabajo, que quede muy claro”, aseguró Guerrero.
Y arremete contra sus compañeros críticos ante la propuesta: “Si lo que te pica es que el monto final sea mucho, deberías darte por bien servido de que tu expectativa de ganar algo hace dos meses era nula, y que tu expectativa ahora sea de más de 500 mil pesos, según salió en el cálculo preliminar que enviamos a la CRT. Nada despreciable ¿cierto?”
La supuesta estrategia jurídica fracasó, sin embargo, cuando el grupo de 133 extrabajadores, que al final quedó reducido a 89, incluyendo a sus dirigentes, decidieron cobrar el Seguro de Separación Individualizado de la aseguradora Metflife, el cual se aprobó en el Pleno del IFT que encabezaba Javier Juárez Mojica, cuando resolvieron, precisamente, que los trabajadores de libre designación no tenían estabilidad laboral y, por lo tanto, tampoco derecho a indemnización.
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