México requiere de una reforma del Estado, de sus órganos de inteligencia y de seguridad nacional para frenar el avance incontenible de la delincuencia organizada trasnacional y la violencia en gran parte del territorio nacional, coincidieron expertos, especialistas y académicos.
Es muy difícil considerar que el país transite a un nuevo estadio de impartición de justicia, a una nueva funcionalidad de los aparatos de inteligencia, a una nueva dimensión re-funcionalizada de la seguridad si no se empieza por una reforma del Estado mexicano, consideró el doctor Jorge Retana Yarto.
Cuestionó que frente a la aglomeración de las organizaciones criminales en torno a dos grandes organizaciones trasnacionales (Cártel del Pacífico y Cártel del Golfo) “¿no se hace necesario una reforma a los aparatos de inteligencia del Estado, el civil, el militar y el policial?”
Sin embargo, dijo, lo único que ofrece el gobierno actual como perspectiva de aquí a que termine el sexenio es una reforma para regular la presencia y acción de agentes de inteligencia extranjeros en el país, cuando está pendiente una gran reforma a la inteligencia en México.
“La inteligencia nacional se tiene que poner al día porque las organizaciones criminales van modificando constantemente sus formas de operación y sus estructuras de organización y de penetración de las instituciones del Estado”, subrayó.
Durante el foro virtual “Las dimensiones de la seguridad y defensa nacional”, convocado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Retana Yarto refirió que México ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de impacto del crimen organizado en la sociedad y en el Estado, detrás del Congo, Colombia y Myanmar. Además, encabeza los mercados criminales, porque se considera que las organizaciones trasnacionales en el son de las más sofisticadas que existen y tienen capturado e intimidado al Estado a través de la corrupción.
“¿Qué más necesitamos para entender que estamos frente a un reto histórico descomunal y que no nos sirven pequeñas reformas, ni pequeños cambios, ni en el área de la justicia, ni en el de la inteligencia, ni el de los cuerpos armados y, en sí, de la seguridad? ¿Qué más necesitamos para entender que tenemos que responder al fenómeno delictivo de acuerdo con las características que éste tiene y al impacto que ha tenido en el desarrollo de la vida nacional en los últimos 40 años?”, cuestionó el exdirector de la Escuela de Inteligencia de Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Sin embargo, el investigador matizó: si bien “el Estado ha sido rebasado en esta problemática, pero no vencido y creo que todavía se pueden hacer muchas cosas”.
El discurso de libertad y democracia como los grandes estandartes del proceso de apertura económica y política que proliferó desde la década de 1990, y que es la base de la globalización, regionalización e interdependencia económica, también es la causa del desmantelamiento del Estado, afirmó por su parte el profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Lumbreras Castro.
“El Estado se fue haciendo más chico, bajo la idea de que la riqueza se producía en el mundo de lo privado, el Estado dejó de tener facultades, fue anatemizado, desde arriba y desde abajo”, apuntó. Fue “la gran desconfianza en las instituciones de gobierno, el desmantelamiento de las estructuras del Estado que se encargaban de ciertas funciones, entre ellas, las de seguridad y defensa nacional”.
Pero, este discurso no fue y estas medidas no fueron comunes en todos los países. Curiosamente, mientras en Estados Unidos crecía la narrativa de la democracia liberal, la apertura, la globalización, la interdependencia y el impulso de derechos humanos, su gasto militar crecía. “Algo se ocultaba dentro de todo este proceso de democratización y neoliberalismo, que era el fortalecimiento de los ejércitos con nuevas capacidades y visiones”, apuntó Lumbreras Castro.
Para otros países, la narrativa fue “por qué no conviertes tu ejército en policía”, una agenda de desarrollo social humano, como una agenda de la Unesco que nada tiene que ver con defensa y seguridad nacional, pero sonaba bien. Y algunos países cambiaron la seguridad humana por la nacional, explicó.
El resultado fue que los Estados son cada vez más cuestionados, sujetos a un proceso de escrutinio mayor, con críticas a los aparatos de inteligencia, seguridad nacional y estructuras militares, añadió Lumbreras Castro.
“Con ese Estado, que fue deliberadamente desmantelado, común para América Latina, ahora a ese Estado le dicen que debe responder a las agendas del terrorismo, trata de personas, ciberterrorismo, narcotráfico, amenaza bilógica, pandemias, crisis de credibilidad, pobreza, hambre, enfermedad”, asentó el catedrático. A ese Estado Se le exige que resuelva esos problemas. Es una paradoja subrayada por todos los líderes del mundo, y es la misma que acontece con los temas de seguridad nacional, social, exterior e interior.
Estamos en un proceso de incomprensión, porque vemos con los ojos de ayer un Estado que ya no existe, que fue limitado en sus funciones, en sus capacidades de análisis de inteligencia, de sistemas, para poder comprender y responder amenazas tradicionales y no, en materia de seguridad y defensa nacional.
Señaló que no sólo hacen falta estudios en materia de ciberseguridad, ciberdefensa, bioterrorismo, pobreza, sino que los Estados cada vez dispusieron de menos capacidades para enfrentar esos retos.
Recordó que las naciones se constituyen políticamente por estados, estos tienen instituciones, y éstas se rigen por una carta, establece la defensa de la sociedad y nación. Lumbreras Castro refirió que el país está en una encrucijada: primero por reconstituir las capacidades académicas y centros de investigación “que nos adviertan sobre cuáles son las agendas, su impacto, proximidad, capacidad disruptiva”; segundo, “se requiere del análisis del sistema de seguridad nacional, de los organismos que lo acompañan. Tercero, masa de recursos que supone la reconstitución de las capacidades del Estado como ente políticamente constituido en democracia, y legitimado jurídicamente, para disponer de las capacidades para defender a la sociedad”.
Añadió que mientras se da la discusión de cómo se reconstituye el Estado en ambientes democráticos, con flexibilidad, maleabilidad y prestancia, para enfrentar agendas simultáneas que ponen en riesgo la seguridad nacional y exterior, las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina se cuentan por docenas.
“Hablamos del papel del Estado en la vida social, y del andamiaje jurídico, de acuerdos y pactos nacionales que permitan, en ambientes democráticos, disponer de capacidades para ejercer en los nuevos tiempos en la seguridad nacional y social. Es la reconstrucción del Estado capaz de defender a la nación. Ese es el debate mundial. Es el debate que vivimos en México. Vemos problemas con los ojos de ayer. Ése es el gran debate del siglo XXI”, concluyó el catedrático.
Por su parte, Tomás Martínez Sánchez, doctor en estudios latinoamericanos por el Centro de Estudios Políticos de la UNAM, enfatizó la necesidad de desarrollar inteligencia criminal ministerial, reformar el Estado y el análisis de las sociedades delincuenciales. A lo largo de décadas, dijo, las organizaciones criminales fueron permeando a la sociedad, los pueblos y localidades enteras, como es el caso del llamado Triángulo Dorado. Esos lugares dan abrigo a personajes que se convierten en héroes para algunos y anti-héroes para otros.
Al mismo tiempo se presenta una debilidad institucional, pues –señaló– hay individuos que, una vez que llegan a una posición de poder y de manejar recursos públicos, inmediatamente se convierten sujetos de tráfico de influencias, para “darle la vuelta” a los concursos que tienen que ver con licitación. “Son personajes, actores públicos y funcionarios que, una vez que están en posiciones, inmediatamente, entonces, muy fácilmente son delincuentes latentes”, advirtió el maestro en administración militar para la seguridad y defensa nacionales por el Colegio de Defensa Nacional.
Martínez Sánchez dijo que ahí es donde la corrupción y la impunidad hacen su fuerza, porque hablar de los niveles de corrupción y de impunidad es hablar de esa cultura de la sociedad delincuencial, abre el camino para que sea muy fácil reclutar a jóvenes, a funcionarios por la delincuencia.
Insistió en que el poder de la delincuencia, que se ha concentrado a lo largo de muchos años, y si no es a base de dinero es a base de amenazas de muerte.
Replantear el análisis del crimen organizado
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