Un documento confidencial de la Sedena identifica a Celso Ortega Jiménez como líder de Los Ardillos. Se trata del hermano del abogado Bernardo Ortega, exdiputado coordinador de la bancada del PRD en el Congreso del estado. La organización criminal somete a decenas de comunidades de seis municipios

Los Ardillos controlan decenas de comunidades de, al menos, seis municipios de la región de la Montaña Baja, Guerrero. Un documento confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identifica como líder de esta organización criminal a Celso Ortega Jiménez, alias Vela, la misma persona con la que supuestamente se reunió en días pasados la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez.

El informe identifica como “áreas de influencia” de Los Ardillos los municipios de Zitlala, Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, José Joaquín Herrera y Acatepec. Este cártel mantiene una disputa con el de Los Rojos en otros municipios aledaños también ubicados en la región de La Montaña: Copalillo, Chilapa, Copanatoyac, Zapotitlán de Tablas y Tlapa de Comonfort.

Las dos organizaciones se disputan la ruta de trasiego de droga y armas que corre, en ambos sentidos, de Chilpancingo a Tlapa de Comonfort.

Elaborado a mediados de 2020, el documento ya identificaba a la región como un “área de riesgo” por el crecimiento de estas organizaciones. “Un factor importante para la expansión de estos grupos delictivos es la complicidad que existe de parte de autoridades municipales y estatales”, asienta.

Además de Celso Ortega Jiménez, los otros hermanos que encabezan la organización son Jorge Iván y José Antonio. Son hijos de Celso Ortega Rosas, la Ardilla, asesinado en 2015.

Otro de los hermanos Ortega Jiménez es el abogado Bernardo, cuatro veces diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del estado. Dos de ellas fungió como coordinador de la bancada de ese instituto político en el Poder Legislativo guerrerense. También fue presidente municipal de Quechultenango.

Contralínea visitó en diciembre de 2019 la Montaña Baja para documentar la resistencia de los pueblos indígenas frente al narcotráfico. Se encontró que 22 comunidades nahuas se habían organizado para rebelarse contra las organizaciones criminales. Expulsaron de sus territorios a los cárteles y hasta la fecha resisten los embates armados.

Los Ardillos –que durante el sexenio de Felipe Calderón surgieron como una facción de los Beltrán Leyva– mantienen cercada la región y disputan a las comunidades las veredas, caminos terregosos y carreteras. Son temidos por los niveles de violencia que ejercen, en las que incluyen violaciones tumultuarias, torturas, asesinatos por decapitación y desmembramiento de cuerpos.

En junio de ese año, las comunidades nahuas organizadas entorno al Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las acciones que Los Ardillos realizaban en su contra.

En aquella ocasión el Estado mexicano pidió a la CIDH “declinar la solicitud de medidas cautelares para la región”. Entonces el gobierno federal negó la existencia de grupos narcoparamilitares y de grupos de civiles armados en la región.

De acuerdo con lo documentado por Contralínea, los pobladores de las comunidades ocupadas por Los Ardillos son obligados a convertirse en “base social” del cártel. Con su vida y la de sus familiares paga quien se resiste. La otra opción es escapar y desterrarse de la región.

Como se recordará, este lunes 10 de julio, alrededor de 5 mil pobladores de los municipios de Quechultenango, Mochitlán, José Joaquín de Herrera y Chilpancingo paralizaron la capital del estado. Algunos iban armados, de acuerdo con los reportes de prensa tanto del estado como de la Ciudad de México. Bloquearon vialidades y replegaron a más de 500 elementos de distintas corporaciones de seguridad, tanto federales como estatales y municipales.

Además, se llevaron un auto blindado de la policía (blindado Black Mamba o Rino) y privaron de la libertad a 10 policías y tres funcionarios. El martes serían liberados y las vialidades desalojadas. Exigían la libertad de Jesús Echeverría Peñafiel, conocido como el Topo, dirigente de transportistas del poblado de Colotlipa, detenido el pasado miércoles en posesión de armas y drogas.

Los contingentes “base social” de Los Ardillos también atacaron la sede del Congreso del estado y el Palacio de Gobierno.

Por la mañana, en la ciudad de México, el presidente de la República advirtió que su gobierno no es rehén de nadie y recordó que este grupo delincuencial creció al amparo de gobierno federales, estatales y municipales anteriores.

El titular del Poder Ejecutivo federal aseveró que, aunque los manifestantes tomaran carreteras, no se liberaría a la persona detenida en posesión de drogas y armas.

Esta tarde, alrededor de las 13:15 horas fueron puestas en libertad las 13 personas que fueron retenidas ayer por seguidores de Los Ardillos. También fue liberada la Autopista del Sol México-Acapulco, a la altura del Parador del Marqués. Las autoridades estatales se comprometieron con una “comisarios municipales” en que en el presupuesto del próximo año se incluirán obras que demandan los pobladores, entre ellas, caminos para sus pueblos.

El documento de la Sedena de cuanta de otros 18 grupos de la delincuencia organizada actuantes en Guerrero. Entre ellos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo ubica nueve rutas de trasiego en las que se mueven estas organizaciones y que atraviesan todo el estado.

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