FOTO: JUAN PABLO ZAMORA/CUARTOSCURO.COM
Segunda parte y última. Juan Ramón Collado Mocelo –abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– estaría implicado en al menos cinco esquemas de presunto lavado de dinero, de acuerdo con los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Uso de paraísos fiscales, negocios de apuestas, manejo de divisas en mercados financieros internacionales, fraudes al fisco, inmobiliarias y dinero en efectivo podrían configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del cual se le acusa sólo por el manejo de Caja Libertad. Además, se le acusa de su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Como se recordará, el abogado fue detenido el 9 de julio de 2019 mientras comía con el entonces líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte y ha buscado llegar a acuerdos bajo el criterio de oportunidad (testigo protegido) con el gobierno federal para obtener su libertad.
A fines de junio, su defensa consiguió que un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal –con sede en el Reclusorio Norte– determinara no vincularlo a proceso por una de las causas que se le siguen por fraude; al respecto, el pasado 30 de junio la FGR informó que volverá a judicializar el mismo caso, por lo que solicitará un nuevo dictamen a la UIF.
Los expedientes a los que Contralínea tuvo acceso dan cuenta de los cinco presuntos esquemas que Juan Collado habría usado para lavar dinero. Además de la estrategia ya conocida que usó a la Caja Libertad –misma que implicó el envío de divisas al paraíso fiscal de Andorra–, el abogado habría participado en otras actividades catalogadas como altamente vulnerables a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por ejemplo, en las indagatorias se le relaciona con esquemas financieros que implican a empresarios del sector de los casinos. De acuerdo con los documentos, dos de los principales casineros del país le hicieron depósitos millonarios a Juan Collado.
En el primer caso, el vínculo es con el empresario Carlos Riva Palacio Magaña, conocido como el Zar de los Casinos y a quien se le menciona en los documentos como “intermediario y asesor de Jordi Pujol Ferrusola, quien fue acusado de lavar dinero y enviar recursos a empresas fachada en Croacia, Argentina, Andorra, Uruguay y México”.
De acuerdo con los expedientes, se advierte una triangulación de recursos por 8 millones de pesos entre 2016 y 2017, a favor del abogado de los Salinas de Gortari, lo cual se presume tendría su origen en el negocio de las apuestas.
Los datos refieren que el dinero provino de dos personas morales: Promociones e Inversiones de Guerrero, SA de CV y Electrónica Informática Brasil-España, S de RL de CV. En la primera de ellas –con RFC: PIG930806GL1–, destaca que Carlos Riva Palacio Magaña es presidente y director general, Joaquín Riva Palacio Rodríguez es secretario, director operativo y consejero, y José Carlos Morales Rojas es tesorero, director de planeación y consejero.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, Promociones e Inversiones de Guerrero –vinculada a Operadora Ahis, SA de CV– se constituyó el 6 de agosto de 1993 y cuenta con el permiso DGAJS/SCEVF/P-03/2005, con vigencia hasta el 17 de mayo de 2030. Éste lo faculta para operar un frontón (jai-alai), 53 centros de apuestas remotas y 53 salas de sorteo de números en todo el país. Sus negocios se ubican, por ejemplo, en Acapulco, Zapopan, Hermosillo, Ciudad Juárez, Ciudad de México.
De acuerdo con la ruta del dinero que conecta a Juan Ramón Collado Mocelo con el Zar de los Casinos, los expedientes indican que Promociones e Inversiones de Guerrero realizó varias transferencias electrónicas de fondos por 50.1 millones de pesos a Electrónica Informática Brasil-España, entre 2015 y 2018. De esos recursos, 8 millones acabaron en las cuentas bancarias del abogado de los Salinas de Gortari.
A Electrónica Informática Brasil-España –que es la empresa que terminó transfiriendo los recursos a Collado Mocelo– se le describe como una persona moral dedicada a “otros servicios como máquinas que funcionan con monedas” y se le liga al negocio de los casinos.
A cargo de Alejandro Ortiz, esa empresa estuvo involucrada, en 2013 y 2014, en acusaciones de incurrir en violación a las leyes en materia de comercio (por conductas de competencia desleal). Y es que se le ubicó como una de las presuntas compañías que operaban en México máquinas tragamonedas piratas. Al respecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial le impuso multas por más de 3 millones de pesos.
En las operaciones financieras que conectan con Collado Mocelo y estas dos compañías de apuestas, también se involucraron otras dos empresas: Deltamina, SA; y Equilibrio XXI, SA de CV. Aunque de estas no se da mayores detalles en las indagatorias.
La segunda operación que vincula al abogado con el negocio de los casinos tiene que ver con transferencias por 9.3 millones de pesos a su favor, cuyo origen fue el empresario Óscar Rodríguez Borgio. Este último es alto ejecutivo de la cadena Big Bola (que opera bajo la firma Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV) y del que se anota en el expediente que fue “diagnosticado” por la UIF desde 2014 e “identificado en FA [Fiscalía Anticorrupción] como defraudador del fisco y vinculado al negocio de casinos. Radica en Querétaro. Se le relaciona también al caso de Oceanografía”. Comercial de Juegos de la Frontera también está relacionada con Electrónica Informática Brasil-España; mientras que Rodríguez Borgio está ligado a la Caja Libertad (adquirió en 2014 un paquete accionario por 850 millones de pesos).
En este caso, el vínculo entre Óscar Rodríguez Borgio y Juan Collado se dio a través de la empresa Cobi Consultores en Administración y Ventas, SA de CV, dedicada a los servicios relacionados con la intermediación crediticia, identificada como posible empresa fachada. En este caso, la ruta del dinero va a favor de Rodríguez Borgio por 2.3 millones de pesos, y de Juan Collado por 9.3 millones de pesos. Las operaciones financieras ocurrieron entre 2015 y 2016 en el primer caso, y en 2016 en el segundo.
A fines de abril pasado, la cadena Big Bola y Francisco Javier Rodríguez Borgio (hermano de Óscar y accionista de los casinos) ganaron el juicio de amparo 929/2021, con el cual lograron que la Unidad de Inteligencia Financiera los sacara de su lista de personas bloqueadas, a la cual habían sido ingresados años antes por supuesta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita que les imputaba la entonces Procuraduría General de la República.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son vulnerables al lavado de dinero “las actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento”.
Por ello, desde 2013 los casinos y salas de apuestas deben informar al Servicio de Administración Tributaria y a la UIF todas las operaciones iguales o superiores al equivalente a 645 unidades de medida, y dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores o equivalentes a 325 unidades de medida.
Otra actividad que Hacienda cataloga como vulnerable al blanqueo de capitales es “la prestación habitual o profesional de desarrollo de bienes inmuebles, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios”. El sector inmobiliario es precisamente otro de los esquemas que las autoridades le detectaron al abogado, y que además se conecta con otro presunto delito que deriva en operaciones con recursos de procedencia ilícita: el fraude fiscal.
Con registro federal de contribuyentes COMJ6406248E1, Collado Mocelo ha sido objeto de una amplia investigación por parte de la UIF y la FGR. En esas indagatorias se documenta su recurrente participación en empresas inmobiliarias. Por ejemplo, figura como accionista de Residencial Bosques Huixquilucan, SA de CV, misma que facturó 1.2 mil millones de pesos entre 2014 y 2018, pero causó ISR ante el SAT por sólo 88.3 mil pesos en ese mismo periodo, por lo que se sospecha que habría evadido impuestos. Además, ésta lo conecta con el general brigadier Eduardo León Trawitz y con el exgobernador César Duarte Jáquez.
Juan Collado aparece como secretario de Inmobiliaria Collado Mocelo, SA de CV, con RFC: ICM880324RL9. De acuerdo con la UIF, esta empresa “no presenta operaciones financieras”, pero transfirió 300 mil pesos al abogado en 2016. Aunado a ello, su padre Ramón Collado Amieva (ya fallecido) era el presidente, y su madre Carmen Mocelo Ortiz, la tesorera. Los datos del SAT indican que entre 2015 y 2018 tuvo ingresos acumulables por 24 millones 175 mil 784 pesos, mientras que sólo en 2015 causó ISR por 2 millones 738 mil 816 pesos, y en los demás años se reportó en ceros. Ello podría configurar fraude fiscal.
Una tercera empresa probablemente utilizada en este esquema es Eje Bosque Real, SA de CV, con RFC: EBR1712014J0, de la que el abogado es accionista al igual que Jaime Jesús Sánchez Montemayor –principal colaborador para la firma de abogados Collado & Asociados–, y que de acuerdo con la UIF no presenta información financiera ni declaraciones fiscales.
La cuarta compañía es Inmobiliaria Sueños Dorados, SA de CV, con RFC: ISD111107NP6, de la que Juan Collado, Sánchez Montemayor y Mario Andrade Manzana son accionistas. Ésta no presenta información financiera, mientras que sus declaraciones fiscales de 2014 a 2018 se reportaron en ceros.
Una quinta empresa de este mismo rubro es Inmobiliaria CM, SA de CV, de la que es accionista Juan Collado al igual que Manuel Guerrero Hernández. Con RFC: ICM040128IS2, ésta se fusionó el 18 de octubre de 2017 con ABD Comunicaciones y Servicios; sin embargo, previo a ello transfirió 1 millón de pesos, respectivamente, a las sociedades estadunidenses CAE Simuflite, Inc; y Jet Support Services, Inc; y a la mexicana Servind Servicios y Mantenimientos, S de RL de CV.
El abogado de la familia Salinas figura en una sexta empresa como accionista: Inmobiliaria Collado y Asociados, SA de CV, con RFC: ICA021001GE2. En 2018, ésta obtuvo ingresos totales por 6 millones 10 mil pesos, de los cuales causó ISR por 482 mil 114 pesos. De ésta, se informa además que recibió un depósito por 1 millón de pesos de parte de José Ignacio del Collado Cuevas.
Y hay una séptima compañía de la que Collado Mocelo es accionista y se dedica a esta actividad vulnerable: Cumbres Bosques Inmobiliaria, SA de CV.
De acuerdo con las autoridades hacendarias, el delito precedente del lavado de dinero también puede ser el de fraude fiscal o evasión fiscal. Y es que se apunta que el blanqueo de capitales “es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo) con el fin de evitar la identificación de su origen ilícito y hacerlos aparentar como legítimos”.
Al respecto, no sólo las inmobiliarias en las que participa el abogado de los Salinas estarían en esa situación, sino incluso también la empresa que comparte con su actual esposa –la actriz Yadhira Carrillo Villalobos, administradora única– y sus cuñadas –Belén y Oralia Carrillo Villalobos, accionistas–. Y es que Azurbronce, SA de CV, con RFC: AZU100323BT3, no presenta declaraciones fiscales, advierte el expediente de la UIF.
Asimismo, se apunta que la persona moral presentó operaciones en efectivo por 2.5 millones de pesos entre 2011 y 2014, y se dedica al comercio al por menor de calzado, agujetas, tintas, plantillas y accesorios de calzado. Este último señalamiento, en sí mismo, es considerado otra actividad vulnerable a las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así, el jurista también habría incurrido en esa otra práctica que a ojos de las autoridades hacendarias es altamente vulnerable al lavado de dinero: el uso de fondos en efectivo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, por sus riesgos se ha establecido una restricción de uso de efectivo y metales, basada en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Esta normativa “establece en ciertos actos u operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y metales preciosos”.
Las actividades enlistadas son la compraventa de: inmuebles, vehículos –nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres–, relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas –por pieza o por lote–, obras de arte, acciones o partes sociales. Además se apunta la adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como la entrega a pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos; los servicios de blindaje, y el arrendamiento de inmuebles nuevos o usados.
Al respecto, en los reportes de la autoridad se indica que empresas ligadas a Collado Mocelo, además de Azurbronce, utilizan como práctica frecuente el dinero en efectivo.
Entre los esquemas de lavado de dinero en los que se ha implicado al abogado destaca el que le imputaron la FGR y la UIF. Ambas instituciones señalan que Collado organizó un grupo para delinquir y, ante todo, desviar fondos de la institución financiera Libertad Servicios Financieros, SA de CV LFD (Caja Libertad), de su destino legal y con ello configurar ese delito.
La carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 advierte que los activos defraudados se enviaron a distintas entidades mercantiles “justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos”. Los beneficiarios finales, aseguran ambas instituciones, fueron el propio Collado Mocelo y su socio José Antonio Rico Rico.
Por su parte, la UIF indica que, a partir de la denuncia interpuesta por el presunto defraudado –Sergio Hugo Bustamante Figueroa–, se comprobaron una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, SA de CV, y adquirido por Libertad Servicios Financieros.
Estas operaciones podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el sistema financiero nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son.
Asimismo, se documenta que Libertad Servicios Financieros operó transferencias a entidades financieras del exterior, especialmente radicadas en España y Andorra. En enero de 2021, las autoridades de Andorra confiscaron unos 48 mil millones de pesos a 23 empresarios mexicanos, entre los que se encontraba el abogado Juan Collado.
Finalmente, las autoridades revisaron sus operaciones financieras en mercados internacionales. Al respecto, la UIF documentó que Collado realizó transferencias internacionales a seis países, incluido Andorra, considerado por la organización Oxfam Intermón como un paraíso fiscal por la laxitud de sus leyes.
Entre 2013 y 2019, se documentó que el abogado envió divisas a Andorra en 18 ocasiones por 298 mil 388.8 euros; a Alemania por 59 mil euros en dos operaciones; a España, en seis transferencias, por 20 mil 709 euros; a Francia, en una ocasión, por 14 mil 179.2 euros; y a Estados Unidos, en 39 operaciones, por 2 millones 850 mil 261.3 dólares.
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