Este 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se embolsará 3 millones 568 mil 836 pesos brutos sólo por concepto de sueldo (297 mil 403.77 pesos por mes), a los que se le suman más de medio millón de pesos por aguinaldo; las vacaciones pagadas (un mes en total); los 261 mil 648 pesos anuales por seguro de separación individualizado y 35 mil 552 pesos por seguro de gastos médicos mayores. Aunque la retahíla de lujos y prebendas es mucho más grande.
Al igual que Norma Lucía Piña Hernández, las ministras y ministros de la Corte –Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf– violan el artículo 127 de la Constitución al ganar más que el presidente de la República, señaló Andrés Manuel López Obrador.
En su conferencia, recordó que el sueldo de dichos juzgadores asciende a 297 mil mensuales; sus aguinaldos, a 586 mil pesos equivalentes a 40 días de sueldo; “primas vacacionales, 95 mil 474, o sea, 10 días de sueldo más; un fondo para comer en restaurantes de lujo, por 723 mil anuales; un comedor especial en la Suprema Corte, pueden ordenar alimentos a la carta y bebidas alcohólicas”.
Los ministros también cuentan con un presupuesto de 5 millones 540 mil 930 mensuales para contratar personal; “o sea, ellos pueden ejercer esos 5 millones para contratar personal, sus trabajadores domésticos”, dijo el primer mandatario. Por ello, acusó que “es un acto de corrupción en sí mismo ganar ese sueldo, es una inmoralidad en un país con tanta pobreza, y más si se trata de un impartidor de justicia. Entonces no son siervos de la nación, como decía Morelos”.
López Obrador detalló que el erario de la nación también les paga a las ministras y ministros “dos vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones de pesos, que se renuevan cada dos años; pago por riesgos, 640 mil 372 al año; apoyo para gasolina, 22 mil pesos mensuales; apoyo ilimitado para el pago de peajes en autopistas; algunos cuentan con escoltas; seguro para autos y casa-habitación; atención especial para reservaciones en restaurantes, trámites de licencia, visas y cualquier otro trámite”.
Asimismo, indicó que se les da atención personalizada en el aeropuerto: no hacen filas ni son revisados. “Viáticos para vuelos, hospedaje, comidas, pasaporte diplomático, para ellos y su familia nuclear; salón especial en el aeropuerto; dos periodos vacacionales de 15 días cada uno, o sea, un mes de vacaciones; tres equipos de cómputo e impresión; seis teléfonos celulares de gama alta para ministros y familiares; tres iPads con servicio de internet ilimitado; papelería personalizada; computadoras, impresoras, internet en su domicilio; apoyo de soporte técnico”.
Entre sus privilegios que les paga el dinero del pueblo se suma el hecho de que pueden instalar video de vigilancia en sus casas. Además, se les paga “seguro de gastos médicos, esto ya lo hemos visto, de cómo ministros se han hecho cirugía plástica a costillas del erario; compra de medicamento; seguro de vida institucional; pago por defunción, ayuda para gastos funerales; apoyo económico para lentes; cuando se retiran, pensión vitalicia con casi la totalidad del sueldo; tienen derecho a un haber de retiro, o sea, una liquidación; en la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados”.
El presidente añadió que “se llevan al personal de apoyo ya estando jubilados; tienen un seguro cuando terminan, 20 millones de pesos; un estímulo por antigüedad de mil pesos anuales; y tienen un fideicomiso de 20 mil 149 millones de pesos, que es el que les da respaldo a todas sus prestaciones”.
Por ello, López Obrador expuso que entiende muy bien la respuesta que las y los ministros de la Corte dieron a la Secretaría de Gobernación, respecto de por qué no respetan el artículo 127 de la Constitución y siguen con sueldos superiores al del presidente de la República. Los juzgadores indicaron que no están obligados a ganar menos que el primer mandatario, ya que no forman parte del Poder Ejecutivo.
En su oficio de respuesta, aseguraron también que “el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral constitucional, empezando por la del presidente de la República, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones, porque su remuneración es el referente máximo para la determinación del resto de salarios del servicio público, permitiendo con ello una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública”.
Ante ello, el jefe del Ejecutivo federal indicó que “no queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está especificado bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo. Entonces, voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución”.
Detalló que esa reforma eliminará el abuso de los ministros y ministras, pues todo lo que les paga el erario del pueblo es “ofensivo”.
El presidente también criticó que los juzgadores nunca han estado del lado de la mayoría en este país. “¿Qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Díganme una cosa que hayan hecho. Nada; al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular. Por ejemplo, se dedicaron a defender a las empresas de la industria eléctrica, sí, y a las que hacen jugosos negocios y afectan el presupuesto público, los dineros del pueblo”.
López Obrador afirmó que nunca han promovido la justicia en México. “¿Hicieron algo cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Hicieron algo cuando el lamentable accidente de la Guardería ABC? ¿Hicieron algo cuando imperaba el narco Estados en la época de García Luna? Sí, sí hicieron, hace poco: liberar las cuentas de la esposa de García Luna. ¿Qué han hecho? Lo de Aguas Blancas, nada, nada. Hicieron la investigación, pero no hubo justicia. Es el único caso donde dos ministros asumieron su responsabilidad, se formó una comisión, presentaron un informe, pero no se aplicó; al contrario, metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Aguas Blancas. Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y poner a Aguirre, es lo único, y eso no fue por resultado de la investigación de la corte, eso lo decidieron en Gobernación, Gutiérrez Barrios. Nada, nada, nada”.
Añadió que en la actualidad, la mayoría de ministras y ministros están en contra del proyecto de nación que él representa y del proceso de transformación, que vive el país, pues como forman parte del mismo bloque conservador permiten que se abuse de amparos para detener las obras de infraestructura que significan progreso, bienestar y empleo para el pueblo.
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