El gobierno está modificando el panorama laboral en México, asegura la titular de la Secretaría del Trabajo. Ahora la clase obrera cuenta con herramientas para acabar con el charrismo y asegurarse mejores prestaciones. Pero no será el gobierno el que intervenga, ataja la secretaria de Estado más joven de la 4T. Serán los propios trabajadores los que tendrán que defender sus derechos y hacer valer lo que ahora les reconoce la ley. Señala que se investiga la participación de la General Motors en el sabotaje a la validación del sindicato

En México hay nuevo marco jurídico y un renovado ambiente político a favor de los trabajadores, asegura Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Pero los trabajadores deberán ser quienes recuperen sus sindicatos y defiendan sus derechos. El gobierno no intervendrá para quitar o posicionar a determinados líderes sindicales, ataja.

Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con estudios de maestría en la Universidad de Berkeley California, Alcalde Luján reconoce la huelga de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) como uno de los casos laborales álgidos del sexenio. Rechaza que su padre, el famoso abogado laboral Arturo Alcalde Justiniani esté asesorando a los trabajadores inconformes. Asegura que tendría el derecho de hacerlo, “pero no es el caso”. Ello, pese a que eso podría constituir un conflicto de interés.

En entrevista con Contralínea, Alcalde Luján, de 34 años de edad, defiende los avances del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de recuperación salarial, regulación del outsourcing o subcontratación y democratización de los sindicatos.

Cuando se le cuestiona sobre las limitaciones de cada avance, responde espontánea reelaborando la pregunta. No es triunfalista. Calibra los logros, pues dejar 40 años de neoliberalismo llevará tiempo. Señala que se camina en el camino correcto, pero con “responsabilidad”.

—La reciente reforma que acota a la subcontratación u outsourcing ha sido celebrada por todos los sectores. Desaparecerla era una de las demandas más sentidas en materia laboral que tenía el sector trabajador de México. Pero la reforma que impulsó el actual gobierno no lo eliminó por completo. Subsiste en algunas actividades y bajo ciertas condiciones, lo que celebró el sector patronal. ¿La reforma llegó a donde tenía que llegar o a donde se pudo llegar para contar con el aval de todos los involucrados? –se le pregunta.

—Llegó a donde debía llegar en este momento con estas circunstancias –valora–. Es una muy buena reforma porque cierra las puertas a la simulación. El fenómeno de la subcontratación ha venido generando graves daños precisamente porque se convirtió en un esquema de evasión no sólo fiscal sino de responsabilidades laborales. Empresas muy grandes que no tienen ningún trabajador, que facturan millones de pesos, pero que no reconocen a ningún trabajador. Y por el otro lado, empresas que tienen a todo el personal, pero que no tienen ninguna actividad productiva y no generan ninguna utilidad. Se fue convirtiendo en un esquema a través del cual se permitía que las empresas no tuvieran que reconocer a sus trabajadores, reconocer las relaciones obrero-patronales que generan derechos pero que también generan obligaciones. De ese tamaño es la importancia de la reforma: establecer el cumplimiento de derechos y prestaciones históricamente conquistadas por los trabajadores que existen en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo y en las leyes de los institutos de seguridad social. Pero que con los años fue generando huecos e incluso contradicciones en las propias leyes que permitían esta simulación y esta evasión. Por eso es muy buena reforma y es la reforma que necesitábamos para cancelar la simulación por la vía de subcontratación.

—Pero no se cancela del todo.

—Es que es necesario, por fenómenos de globalización en que hay empresas que se van especializando en diferentes procesos, que empresas puedan contar con servicios especializados que prestan otras empresas que son mejores que ellos en esa tarea. Por eso la importancia de haber reconocido la subcontratación exclusivamente para servicios u obras especializadas y bajo una modalidad regulada, que consiste en que las empresas que prestan estos servicios deberán estar registradas en un padrón público y transparente, acreditando que cumplen con sus derechos laborales y fiscales. Hoy en día una de las problemáticas es que actuaban en la opacidad. Nosotros, cuando realizamos los operativos para identificar la subcontratación abusiva, era difícil saber a qué lugar físico ir porque son empresas fachada o fantasma. El hecho de tener un registro donde podamos contar con toda la información, no solamente del que va a prestar el servicio sino del que lo va a recibir, pues da muchísima transparencia en la contratación de estos servicios especializados.

—Se celebró mucho la reforma laboral de hace 2 años, pues se decía que había llegado la democracia a los sindicatos y prácticamente se acababa con el charrismo sindical. Qué evaluación hace de la reforma ahora que tiene 24 meses de vigencia.

—La reforma parte del principio de reconocer el derecho a los trabajadores al voto personal, libre, directo y secreto en la elección de sus dirigentes. La democracia, lamentablemente, sólo se discutía en otros terrenos y se había dejado de lado en el terreno laboral. No se cuestionaba que los dirigentes vinieran de decisiones cupulares o de procesos a mano alzada donde el común denominador era que hubiera presiones, consecuencias, despidos.

—Pero ya es una ley en vigor y sigue habiendo líderes charros.

—Esta reforma es importante porque regresa la herramienta tan poderosa del voto libre a los trabajadores para poder no solamente elegir a sus dirigentes sino también participar de manera activa en las negociaciones colectivas. El voto será utilizado en los procesos de elección pero también cada 2 años cuando se revisen los contratos. Estos contratos deberán ser consultados, estas revisiones contractuales deberán ser consultadas a los trabajadores. Es fundamental, porque si son los trabajadores los que eligen quién los va a representar, habrá esta responsabilidad de los representantes de representarlos bien y de pelear por las mejoras salariales o de condiciones de trabajo. El otro modelo fundamental de la reforma laboral es que cambia todo el modelo de justicia, creándose centros de conciliación y tribunales laborales especializados que no sólo van a permitir y garantizar la imparcialidad, sino que van a hacer juicios mucho más cortos. Vamos a pasar de 6 años en promedio a resolver asuntos en  45 días en la conciliación, o máximo 6 meses si no llegan a conciliarse y llegan a los tribunales.

—Pero hay cacicazgos, incluso famosos, enquistados en las estructuras sindicales. Son poderosos y no parece que vayan a dejar a los trabajadores votar en libertad. ¿El gobierno federal apoyará los cambios en estas organizaciones?

—No es de la noche a la mañana. Tienen que ser los propios trabajadores los que decidan estos cambios. No le toca a ninguna autoridad. Y quizá es el cambio más importante de la reforma: entender que al gobierno no le toca quitar o poner a dirigentes, así se trate de un dirigente que lleva muchísimo tiempo o que se considere que no ha actuado bien. Esa decisión corresponde a los trabajadores. En el monto en que ellos se organicen, se empiecen a generar alternativas, en ese momento habían estos cambios. Lo importante es garantizar que la herramienta del voto esté protegida. ¿Cuándo existirán esos cambios? Cuando los trabajadores lo determinen. En el momento en el que toque la elección de su secretario general exista la decisión de los trabajadores de cambiar de dirigencia.

—Que no intervenga el gobierno en la vida sindical es importante, pero también tiene que hacer cumplir la ley. ¿Qué pasa si una empresa interviene en la validación de un sindicato? No es un ejemplo retórico. La General Motors saboteó el proceso de validación del sindicato el pasado 22 de abril. Intervino abiertamente y, hasta el momento, no hay sanción alguna.

—En el caso de General Motors se inició un proceso de legitimación de contratos colectivos, el cual muestra las resistencias que todavía existen para permitir a los trabajadores voten en libertad. Esto sucedió porque finalmente intervinieron en la elección y se destruyó el material electoral que permitiera concluir con la elección. De entrada, la Secretaría del Trabajo estuvo presente con sus inspectores en el proceso y nos percatamos de estas circunstancias, de que hubieron estos bloqueos para impedir la elección libre. No tenemos a la fecha ninguna denuncia de despidos. Eso sí lo hemos llevado con mucha vigilancia. Habría una situación compleja y grave. No puede haber represalias a los trabajadores. No sabemos de ningún despido después del proceso de legitimación. Y si lo hubiera, estaríamos nosotros obligados a intervenir de inmediato. Se quiera o no se quiera, lo trabajadores van a tener la última palabra.

—¿Pero habrá un tipo de sanción a la empresa?

—La autoridad se allega de información. Es difícil decir si fue la empresa la que intervino, si es el propio sindicato, si fueron otros grupos. Pero para nosotros es fundamental tener información que ponga en evidencia qué fue lo que sucedió ahí porque es un asunto complejo que no se debe repetir. No importa las resistencias que existan, nosotros vamos a garantizar que estos procesos realmente sean los trabajadores los que definan sin que haya represalias. No contamos hoy en día con información que permita identificar que fue la empresa la que intervino en esa decisión.

—Es innegable la recuperación de poder adquisitivo de los salarios mínimos. Por más de 35 años estuvo cayendo hasta perder más del 70 por ciento de su valor. Pero el incremento no se reflejó en otros salarios, en aquellos que superiores apenas del mínimo, por ejemplo. ¿Tienen algún programa para que este incremento de los salarios mínimos termine beneficiando a los que ganan un poco más del salario mínimo?

—Sí ha habido un impacto en el salario promedio que coriza el Instituto Mexicano del Seguro Social. Una parte fundamental es garantizar a través del salario  mínimo que cualquier mujer y hombre que trabaje por lo menos tenga para lo indispensable, cosa que no sucedía en el pasado. El salario mínimo ya estaba en niveles por debajo de la pobreza. Es decir, ni siquiera para poder comprar una canasta básica. Es el absurdo al cual llegó el salario mínimo en el país. Se han venido haciendo incrementos muy importantes en consenso, de la mano del sector privado y de la de los dirigentes sindicales. Ha habido un incremento importante que también ha venido impactando en el salario promedio de los trabajadores. Cuál es la idea, que continuemos por esta ruta de recuperación. Una recuperación constante, responsable, pero sí decidida, porque aunque se ha hecho un esfuerzo mayúsculo, aun así estamos por debajo de lo necesario puesto en comparación con otros países, incluso, de Centroamérica.

—¿Hay algún programa para aquellos trabajadores que no están en el sector formal? Porque hasta ahora, todos los logros siguen siendo para los trabajadores formales. Pero la mayoría son informales y no tienen sindicatos ni reciben un salario cada quincena.

—Hay varias acciones que estamos llevando a cabo desde esta trinchera. De entrada, hay una parte importante dentro del sector informal que trabaja en empresas formales. Es a través de la propia inspección y verificación de la propia Secretaría donde estamos avanzando en detectar a aquellas empresas que no tienen inscritos a sus trabajadores en el seguro social, cuando deberían de hacerlo. Es un área de oportunidad, que es el incumplimiento en sí mismo. Se vincula con subcontratación, pero no solamente en esquemas de subcontratación  pasa esto. Pasa en otras donde tú llegas y tienen inscritos una parte de la plantilla y la otra no la tienen inscrita en evidente incumplimiento. Esto es un área. Por el otro, se ha ido trabajando de manera coordinada con el IMSS esquemas para flexibilizar el reconocimiento de las relaciones laborales. En el pasado la seguridad social tenía una concepción muy rígida de las relaciones laborales: un solo empleador, un solo trabajador, un horario fijo y un solo lugar de trabajo. Ha venido pasando que ahora hay varios esquemas distintos como la multiplicidad de patrones o que hay un trabajador, como es el caso de las trabajadoras del hogar, donde vienen martes y jueves, entonces yo como empleadora me tengo que hacer responsable por lunes, miércoles y viernes. Estos esquemas no existían en la inscripción del seguro social. Por lo cual hemos trabajado de la mano del IMSS. Como ejemplo está el piloto para trabajadoras del hogar, donde cada empleador puede hacerse responsable por la parte proporcional de su responsabilidad frente al trabajador. Es un esquema que nos está ayudando para incorporar sectores que históricamente estaban excluidos de la seguridad social por tener una realidad distinta a una relación obrero-patronal tradicional. Otro elemento son los autoempleados, muchos trabajadores que lo hacen por su cuenta y que tampoco están incluidos en la seguridad social. En ese sentido se ha venido flexibilizando y reconociendo todos los derechos que antes no tenía el famoso seguro voluntario, que era muy caro y tenía muchas restricciones. Es un tema fundamental y el IMSS ha hecho un trabajo estupendo en entender las nuevas realidades y empezar a proponer mecanismos de inclusión.

—Pero cuáles son los avances. Cuántos trabajadores informales, de los millones que son, ya tienen seguridad social. Son tantos, que incluso están en el sector gubernamental. Se les trata como trabajadores eventuales en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en las universidades públicas, por ejemplo.

—El propio presidente ha dicho públicamente que se está en un proceso de regularización y reconocimiento. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana, porque lo que se dejó durante muchos años de descuido, y de promover estos esquemas que carecen de toda estabilidad en el empleo, es gigantesco. Se está haciendo con responsabilidad pero dando pasos firmes. Está el caso del sector salud y el educativo. Están estos trabajadores “eventuales” que en realidad tienen tareas permanentes. Se ha avanzado en las diferentes dependencias en la regularización poco a poco.

—Uno de los casos álgidos en materia laboral es el de Notimex. Lleva más tiempo en huelga que trabajando durante el actual sexenio. ¿Qué ha frenado la solución ahí?

—En el caso de Notimex sigue un conflicto colectivo, una huelga, y seguimos como autoridad tratando de que se acerquen las partes para que puedan llegar a un acuerdo. Estamos convencidos de que la mejor vía, cuando existe este tipo de conflictos, es que las partes se sienten, se escuchen, lleguen a un acuerdo y puedan finamente levantar la huelga y reiniciar las actividades. Sobre todo tratándose de esta agencia tan importante para nuestro país. Seguiremos promoviendo eso: que exista un consenso entre el sindicato y la propia empresa para que pueda resolverse de fondo. Eso puede realizarse a través de estos procesos de diálogo.

—¿Pero pueden dialogar las partes? Hay incluso denuncias que podrían ser penales y que son esgrimidas de un lado y de otro. Parecería un conflicto político más que laboral –se le cuestiona.

—También sabemos que existe en la Junta Federal un procedimiento de imputabilidad, es decir, un procedimiento jurisdiccional donde se pone a decisión de la autoridad jurisdiccional si se tiene o no responsabilidad frente a la huelga. Este proceso ha seguido su marcha y será la propia autoridad jurisdiccional en su momento la que deba tomar una decisión. Lo mejor es que las partes se pongan de acuerdo. Ése es el tema de Notimex.

—¿Hay algún tipo de asesoría de su papá, que es un abogado muy respetado y famoso en el ámbito laboral hacia el sindicato de Notimex?

—De ninguna manera. Lo he dicho muchas veces y lo repito ahora: no hay ningún tipo de relación, nunca la ha habido, pero siempre se ha utilizado este argumento para manchar nuestra labor. Pero no es el caso. No es el caso con este sindicato. Mi padre se ha dedicado al mundo del trabajo y al mundo laboral durante toda su vida y tiene el derecho a hacerlo. Si fuera el caso, se lo diría; pero no es. No tiene ninguna relación con este sindicato. A veces también, y lo lamento, se argumenta la participación de mi padre en cualquier asunto que se presente en la Secretaría: parecieran asumir que por mi edad y por mi género no puedo yo tomar decisiones. No es el caso.

—En otro tema, a los jubilados no les está yendo nada bien con su pensión en este sexenio. ¿Hay algo que se pueda hacer con respecto de ello, cuyas pensiones tienen que calcularse ya no en términos de su salario sino en las Unidades de medida y Actualización (Umas)?

—Ésta es una decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de una reforma constitucional donde se estableció que para que pudiera subir el salario mínimo debía no utilizarse como una unidad de medida para ningún concepto, es decir, para multas, créditos y para las propias pensiones. Esa reforma constitucional que en su momento existió es la que finalmente se debatió en la Suprema Corte y ya definió. Si bien es cierto que se afectaría a los pensionados, se ha anunciado por parte del presidente [López Obrador] que va a tener una modificación el propio programa de pensiones para poder incrementar lo que reciben todas y todos independientemente de su condición de trabajador en el programa de pensión de adultos mayores. Esto va ayudar a largo plazo.

—¿Pero no habrá alguna iniciativa para que las pensiones se calculen en salarios mínimos?

—Bueno, hay que ver la importancia que tienen los trabajadores en activo, porque de verse impactadas las pensiones ya no podría subir más el salario y habría una afectación en el salario mínimo. Y habría una afectación a los trabajadores en activo, los que están trabajando hoy en día.

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