Magistrada García González, en empresa acusada de fraude por 70 millones

Amanda García González, la magistrada federal que votó a favor de descongelar las cuentas de la esposa de García Luna, mantiene en la estructura del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa a su “familiar” Alberto Limón Lasón González. Ambos aparecen como directivos de un rancho que supuestamente ha defraudado por alrededor de 70 millones de pesos, al menos, a 11 particulares. En su modus operandi, Limón se ostenta como “dueño” de la empresa ­­–de la que en realidad es socio mayoritario­– y se encarga de buscar “inversionistas” para aparentes proyectos agropecuarios. En el proceso de convencimiento hace alarde de su puesto en el Consejo de la Judicatura Federal y su parentesco con la magistrada. Las víctimas no vuelven a ver su dinero y las denuncias no avanzan en el Poder Judicial

Amanda Roberta García González, magistrada federal del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es tesorera de una empresa agropecuaria que supuestamente ha sido utilizada para defraudar, al menos, a 11 personas por casi 70 millones de pesos. El encargado de captar recursos –que según denuncias son estafados a inversionistas– es Alberto Limón Lasón González, quien funge como secretario del mismo Tribunal y se presenta como “familiar” de la magistrada. Al mismo tiempo es socio y presidente del Consejo de Administración de la empresa agropecuaria. La juzgadora fue quien el 21 de febrero pasado votó, junto con sus pares del Tribunal, Rolando González Licona y Eduardo Baltazar Robles, el desbloqueo de las cuentas de : Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna, quien ese mismo día era encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

Corporación Rancho San José, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (SPR de RL de CV), es el nombre de la unidad económica acusada de presuntamente participar en los fraudes. Está asentada en 23 hectáreas del poblado y municipio Doctor Mora, en Guanajuato. Se dedica, formalmente, a la cosecha de hortalizas y vegetales de exportación hacia Estados Unidos, como indican documentos del Registro Público de la Propiedad del estado.

Demandas penales y mercantiles dan cuenta de, al menos, 11 personas defraudadas por alrededor de 70 millones de pesos, de acuerdo con dos sistemas de bases de datos de información legal y judicial consultados por Contralínea. Al monto se deben sumar los intereses ordinarios y moratorios que han generado los incumplimientos de pago, se advierte.

Según la información documental recabada, las personas defraudadas habrían entregado a Limón Lasón González cantidades que van de los 460 mil a los 22 millones de pesos, entre 2017 y 2022.

Un documento del Registro Público de Comercio de San José Iturbide, Guanajuato –del cual Contralínea posee copia– da cuenta de la estructura de la empresa utilizada en los supuestos fraudes. Fechado el 8 de octubre de 2018, consigna la realización el 27 de julio de ese año de una asamblea ordinaria y otra extraordinaria para actualizar la representación de Corporación Rancho San José, SPR de RL de CV.

Los integrantes del Consejo de Administración, según el instrumento, son: Alberto Limón Lasón González, presidente; José Ramón Martínez Zepeda, secretario, y Julio Ricaud Garza, tesorero. Mientras, los del Consejo de Vigilancia: Alejandra González Fernández, presidenta; Roberto Limón Lasón Roldán, secretario, y Amanda Roberta García González, tesorera.

Es decir, la jefa de Limón Lasón González en el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, y al mismo tiempo su “familiar” –la magistrada García González–, es la encargada de vigilar y administrar los recursos que ingresan al Corporativo Rancho San José.

Todas las personas que se dicen estafadas celebraron contratos para “invertir” en la empresa agropecuaria a cambio de recibir rendimientos mensuales de entre el 5 y el 9 por ciento, más tasas de hasta el 10 por ciento en caso de moratoria.

La magistrada García González, por su parte, omitió informar de su participación en la Corporación Rancho San José en la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses que presentó el 24 de mayo de 2022 ante el propio Poder Judicial de la Federación. En el documento se puede observar que es propietaria de siete bienes inmuebles –un edificio y seis casas­– que adquirió entre 1985 y 2017 por 24 millones 198 mil pesos. En la mayoría de los casos, pagó de contado. También posee tres vehículos de lujo: una camioneta Infiniti, un automóvil Jaguar y una camioneta Outlander.

Alberto Limón Lasón González es un licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), graduado en 2011 y, según su credencial expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, con número 00668, es “secretario de tribunal del 17mo. Tribunal Colegiado en Mat. Administrativa del 1er. Cto.” (sic).

En las cuentas de redes sociales tanto de la magistrada y como del secretario abundan las fotografías de reuniones familiares en las que ambos aparecen festejando cumpleaños o incluso, vacacionando. Y también, por separado, dan cuenta de una vida de lujos y derroche.

Según las denuncias, Alberto Limón Lasón González se hace pasar como “legítimo propietario” del Rancho, cuando en realidad es socio mayoritario de la empresa Corporación Rancho San José. Una de ellas, que data de 2018, establece que el objeto del contrato es “crear una sociedad de inversión para la adquisición y producción de hortalizas”. Mediante este instrumento recibió más de 3 millones, por ejemplo.

En las cláusulas del contrato se señala que como resultado de la asociación, el asociante recibiría como rendimiento el 9 por ciento del valor de lo aportado.

Uno de los pagarés –de más de una decena con que cuenta este medio de comunicación– está fechado el 3 de noviembre de 2020 por 3 millones, más el 3 por ciento mensual de los intereses ordinarios y del 5 por ciento de intereses moratorios.

Limón, socio y no dueño

De acuerdo con el Certificado de Historia Registral –emitido por el Registro Público de la Propiedad de San José Iturbide, Guanajuato, y del cual Contralínea posee copia– el predio que ha servido para concretar los fraudes fue adquirido por la Corporación Rancho San José, S de PR de RL de CV el 4 de septiembre de 2017.

Se asienta en el documento que la empresa estuvo representada en esa transacción por Alberto Limón Lasón González y José Ramón Martínez Zepeda. La propiedad fue vendida por Gerardo Gabriel González Fernández. Es decir, Limón Lasón no es el propietario del rancho, sino el socio mayoritario y presidente del Consejo de Administración del Corporativo. Sin embargo, oculta este hecho a quienes invita a invertir.

En audios, de los cuales Contralínea posee copia, se escucha a Limón Lasón discutir con algunas de sus víctimas. En ellos reconoce haber recibido millones de pesos y asume que no tiene ya ese dinero. Conforme las discusiones suben de tono, se ufana de haber recibido incluso dinero sin documentar y les espeta a sus interlocutores: “¡Bendito Dios y agradezco a la corte celestial” (que obtuvo ese dinero abusando de la confianza sin que quedara registro en algunos de los casos). Incluso, en uno de los audios se le escucha decir: “¡Déjense venir..!” y “¡Háganle como quieran, yo no voy a pagar nada!”

Una carrera de irrgularidades

Amanda Roberta García González se ha visto envuelta en otros asuntos polémicos en su paso por el Poder Judicial. En el hecho controversial más reciente –el 21 de febrero pasado–, votó junto con sus pares del Tribunal, Rolando González Licona y Eduardo Baltazar Robles, el desbloqueo de las cuentas de la esposa de Genaro García Luna: Linda Cristina Pereyra Gálvez.

Lo anterior, a pesar de que quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) ya había sido encontrado culpable en Estados Unidos de traficar droga y pertenecer a una organización delictiva. Y a pesar, también, de que la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana considere a Pareyra Gálvez parte integrante de la banda de García Luna y de que México interpusiera una denuncia contra la pareja en una corte civil de Florida Estados Unidos.

Unas horas después de que en ese país el Jurado de una Corte de Nueva York encontrara culpable a García Luna de todos los cargos que se le imputaban, en México la magistrada García González ­–junto con los otros dos integrantes del 17 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa– revocó la sentencia del Juzgado Décimo Segundo con la que se había negado a Pereyra Gálvez el amparo por su inclusión en la lista de personas bloqueadas desde el 9 de diciembre de 2019.

Linda Cristina Pereyra Gálvez pudo entonces disponer de los recursos a pesar de estar denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había incluido a Pereyra Gálvez en la lista de personas bloqueadas, como medida cautelar a efecto de que no pudiera realizar movimientos financieros mientras se resolvía el procedimiento penal. Para la FGR, Pereyra formó parte de la trama de lavado de dinero que encabezó su marido, Genaro García Luna.

Además, Pereyra Gálvez está demandada ante una corte civil del estado de Florida, Estados Unidos, por una supuesta sustracción del erario en México —por parte de García Luna— de 745.8 millones de dólares y posteriormente trasladados a Miami.

Otra irregularidad en que se vio envuelta Amanda Roberta García González data del año 2000, cuando amparó a los giros negros que habían sido cerrados por las autoridades locales del entonces Distrito Federal. En esa época, como jueza sexta administrativa, concedió suspensiones provisionales y definitivas a favor de establecimientos que no cumplían con las leyes y en los que, se presumía, se venden drogas ilícitas y se comente delitos como el de trata de personas.

La polémica motivó que quien se desempeñaba como delegada en Iztacalco en esos momentos, Diana Bernal, interpusiera cuatro quejas administrativas –una con folio 2402/2000, otra con el de 2501/2000 y dos bajo el número 0802/2000– en contra de García González ante el Consejo de la Judicatura Federal. Una vez que esta instancia desechara las acusaciones, la jueza fue promovida como magistrada en septiembre de ese año.

García González y Limón Lasón González serían parte de una de las 89 redes familiares detectadas en 2019 por el propio Consejo de la Judicatura Federal en 21 estados de la República. El Plan Integral de Combate al Nepotismo, firmado por el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, buscaba frenar esa añeja práctica con la readscripción de juzgadores.

El caso de los González muestra las limitantes de la Ley Federal de Austeridad Republicana, pues señala que se incurre en nepotismo cuando un servidor público designa, otorga un nombramiento o contrata a “personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado”. Es decir, hasta primos-hermanos; pero deja fuera a primos o tíos segundos y demás grados de parentesco.

Como magistrada, García González obtiene del erario 5 millones 670 mil 717.48 pesos al año, es decir, en promedio, 472 mil 559.79 al mes. Por su parte, Limón Lasón González se lleva 1 millón 786 mil 491.8 pesos o, en promedio, 156 mil 374.32 pesos cada 30 días. Sin embargo, lo que obtienen por fuera es, por mucho, superior.

Amanda Roberta García González, como magistrada del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado, cuenta con un monto mensual bruto de la remuneración de 212 mil 340.29 pesos, lo que suma anualmente 2 millones 548 mil 83.48 pesos. Además recibe un aguinaldo anual de 379 mil 572 pesos, una prima vacacional semestral por 62 mil 414 pesos; una prima quinquenal mensual por 1 mil 530 pesos; un Estímulo Día de las Madres por 1 mil 515; un seguro anual de vida institucional por 24 mil 716 pesos; un seguro de separación mensual por 28 mil 369.72 pesos (anual de 340 mil 436.64); un seguro de gastos médicos anual por 67 mil 129.36 pesos, y un pago cuatrimestral por riesgo de 722 mil 259 pesos.

Mientras, Alberto Limón Lasón González, como secretario del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado cuenta con un monto mensual bruto de la remuneración por 103 mil 262.12 pesos; un aguinaldo anual de 192 mil 527 pesos; una prima quinquenal mensual de 618.75 pesos; una prima vacacional anual de 32 mil 130 pesos; un estímulo del Día de la Madre por 1 mil 471 pesos; un seguro de vida institucional anual por 12 mil 724; un seguro de gastos médicos anual por 67 mil 129.36, una ayuda de despensa anual de 14 mil 154 pesos, y “asignaciones adicionales anuales” por 309 mil 786 pesos.

Semanas antes de publicar, Contralínea solicitó entrevista con la magistrada Amanda Roberta García González y con el secretario Alberto Limón Lasón González, ambos funcionarios del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, del Poder Judicial de la Federación.

Limón Lasón González fijó lugar, día y hora de la entrevista. Sin embargo, no acudió a la cita. Al sitio, además de Contralínea, sólo se presentó la directora de Información del Consejo de la Judicatura, Sara Salas Franco. La servidora pública efectuó llamadas telefónicas y envió mensajes de texto al secretario para saber las razones de su demora, primero, e inasistencia después. Salas Franco no recibió respuesta alguna.

Al día siguiente, Alberto Limón Lasón González se comunicó con el reportero para agendar una nueva cita. Se le ofreció realizar la entrevista de manera telefónica y se le expuso la información que se publicaría. El funcionario declinó hacer comentario alguno.

Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta de la magistrada Amanda Roberta García González.

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